Editorial / El último que apague la luz
Qué hay detrás de la movida impulsada por el Gobierno provincial y CAMMESA para disolver el sistema cooperativo de servicios públicos.
Que el sistema de prestación de Servicios Públicos en Chubut está en una grave crisis y hay que modificarlo no es una novedad. Inclusive, desde esta misma Columna se ha venido insistiendo desde hace muchos años acerca de la gravedad de la situación, sin que casi nadie haya hecho nada al respecto. Sobre todo, la clase política, que ha preferido cajonear algunas de las posibles soluciones o, en el peor de los casos, hacer lo que mejor les sale: mirar para otro lado.
Sin embargo, la necesidad de hacer un cambio de paradigma en el sector requiere que antes se hagan algunas consideraciones que son muy oportunas. El Gobierno provincial que conduce Nacho Torres ha anunciado que durante las sesiones ordinarias que arrancarán en marzo se aprobará la creación de una empresa provincial de energía eléctrica. Por ahora, se desconoce la letra fina del proyecto y sólo se ha dejado entrever que podría contemplar la posibilidad de que esa empresa provincial también sea la prestadora de otros servicios esenciales, como el agua y el saneamiento.
También se presume que el encuadre jurídico elegido por el Gobierno sería el de una sociedad anónima que asumiría la distribución de energía que actualmente realiza la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) en el noroeste de la provincia y absorbería algunas cooperativas pequeñas que se proveen en el costosísimo sistema de generación aislada.
La creación de una empresa provincial de energía no es una idea nueva: la había propuesto la anterior gestión provincial que encabezaba Mariano Arcioni, pero con un perfil decididamente distinto: por ejemplo, aquel proyecto -que fue cajoneado- se daba en el marco conceptual y político de la “soberanía energética”, algo que el actual proyecto parecería eludir solapadamente.
El factor CAMMESA
Hay otro aspecto vinculado para seguir de cerca: el sistema de cooperativas prestadoras de servicios públicos, que acumulan una importante deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), está en medio de una avanzada intervencionista que, si bien es institucionalizada a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), es parte de una estrategia por ahora opaca que viene siendo articulada por algunas autoridades de la propia CAMMESA y motorizada e incentivada por el Gobierno provincial.
En ese escenario ya se encuentran intervenidas las cooperativas de Trelew y Rawson; con veedurías del INAES las de Esquel y Puerto Madryn; y con rumores de intervención la CoopSar de Sarmiento. Aun en el caso de que algunas de ellas puedan reunir todas las condiciones para ser intervenidas en defensa de sus asociados (los usuarios), lo curioso es que la estrategia intervencionista parece más enfocada en su disolución que en su saneamiento.
Esta suerte de auditoría profunda, compleja y extendida a buena parte del sistema de distribución eléctrica de Chubut se funda en el fuerte endeudamiento que cada una de ellas mantiene con CAMMESSA. Por eso resulta por lo menos dudoso que en el último cuatrimestre de 2024 se produjeran varios viajes de funcionarios y asesores de CAMMESA a la provincia para mantener reuniones con integrantes del Gobierno local, municipios y cooperativas de servicios públicos. Durante ese período se produjo la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
Algunos de los actores que intervienen como “representantes de CAMMESA” en el monitoreo a las empresas cooperativas no sólo se han quedado al frente de alguna intervención o de las “veedurías”, sino que además han sido designados para representar al Estado provincial en el Consejo Federal de Energía Eléctrica. Es el caso de Juan Manuel Alfonsín, un abogado, lobista empresario y asesor de CAMMESA, que estuvo sentado junto al gobernador el día que se anunció la intervención de la Cooperativa de Rawson en diciembre pasado, y que pocos días antes había sido designado por decreto como representante titular de Chubut ante el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE).
O el de su homónimo Juan Manuel Ibáñez, otro abogado y asesor de CAMMESA, que fue designado como “alterno” de Chubut ante la CFEE y hace pocos días fue confirmado como interventor de la Cooperativa de Rawson. Los mismos personajes y en varios lados del mostrador.
Tras la intervención de la cooperativa capitalina, casi simultáneamente se dio a conocer la decisión del INAES de nombrar un “veedor” en Servicoop, la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Madryn, con participación en el Consejo de Administración y hasta con poder de veto sobre decisiones de este órgano. No tan curiosamente, la tarea le fue encomendada a Alfonsín. Un todoterreno.
El patrón de la oscuridad
Detrás de toda esta movida se puede divisar al jefe político de Alfonsín e Ibáñez, que no es otro que el vicepresidente de CAMMESA, Mario Cairella, que desde que se inició todo este proceso ha comenzado a tener una activa participación y en varias ocasiones se ha hecho presente en Chubut y llevó adelante una profusa actividad mediática, planteando -entre otras cosas- que si las cooperativas que están siendo controladas mediante intervenciones o veedurías no comienzan rápidamente a pagar el 100% de la factura mensual de CAMMESA, procederán a pedir la quiebra de las mismas.
El tono de Cairella con las cooperativas de Chubut no se repite con otros actores mucho más importantes del negocio energético nacional, que inclusive le adeudan a CAMMESA muchísimo más que las entidades cooperativas locales. Por ejemplo, compañías con altos niveles de endeudamiento como Edenor ($ 299.000 millones) o Edesur ($ 172.000 millones), que son empresas privadas comerciales con fines de lucro y, además, han sido beneficiadas a través de los años de condonaciones de deudas por cifras tan abultadas como las actuales (con el argumento de tarifas atrasadas). Ninguna de ellas ha sufrido una presión política tan agresiva por parte de CAMMESA. Todo lo contrario. Curioso.
Un párrafo aparte para Cairella, que se ha venido moviendo en Chubut como un patrón de estancia pero que, sin embargo, tiene sus propios patrones en Buenos Aires: asumió el año pasado como vicepresidente de CAMMESA en medio de un escándalo con el entonces secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que poco después fue echado de su cargo. Cairella llegó a ese lugar a hacer la tarea que le encomendaron Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, y su amigo y compañero de ruta en el partido Avanzar Libertad, José Luis Espert, una experiencia electoral de corto alcance que finalmente fue engullida por la arrolladora performance electoral de La Libertad Avanza de Javier Milei.
También “El Jefe” Karina Milei y el asesor todo servicio Santiago Caputo dieron el visto bueno para el desembarco de Cairella en CAMMESA, a pesar de que lleva consigo una mochila pesada: era el titular de CAMMESA durante el Gobierno de Mauricio Macri cuando se registró el mayor apagón nacional, el Día del Padre de 2019, que dejó sin energía por más de 14 horas a toda la Argentina y también a parte de Uruguay y el sur de Brasil. En total, más de 50 millones de personas a oscuras.
Cairella fue eyectado tras ese papelón pero poco después, enojado, le inició una demanda laboral millonaria a CAMMESA, que el año pasado debió desistir para volver a asumir como directivo de la empresa mayorista de energía. Cosas que pasan.
Apoyo local
No se puede soslayar que CAMMESA viene llevando adelante su estrategia en línea con el Gobierno provincial y con respaldo público de organizaciones siempre listas. Inmediatamente decidida la intervención de la Cooperativa de Rawson, hubo declaraciones de Carlos Lorenzo, presidente de la Federación Empresaria Chubutense (FECh), quien a su vez es asesor del gobernador Nacho Torres, sosteniendo que el modelo cooperativo “está agotado” (sic) y que la solución debería ser la “privatización”.
Lo curioso es que las cooperativas ya son empresas privadas (sin fines de lucro), por lo que la privatización de la que habla Lorenzo debe referirse a exitosos ejemplos como lo de Edenor y Edesur, con numerosos incumplimientos de sus responsabilidades contractuales, falta de inversiones en el sistema y deficiencias significativas en la prestación de los servicios a su cargo, como las que ocurrieron hace pocos días en la Ciudad de Buenos Aires.
Los empresarios locales parecen estar en todo de acuerdo con el avance desembozado de CAMMESA y sus enviados. Hace pocos días, en un claro operativo de prensa. Cairella y el interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Matías Bordieu, cargaron frontalmente contra el CCT 625/11, el Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia. Fue bajo dos premisas: “Si hay un CCT que no es muy eficiente para el resultado económico, hay que charlarlo”, dijeron; y “que cada rubro tenga su sindicato. La gente de agua no tiene por qué tener Luz y Fuerza”, agregaron.
Resulta cuanto menos llamativa esta actitud porque supone dos opciones: un profundo desconocimiento de la incidencia real del Convenio Colectivo de Trabajo 625/11 en la estructura de costos de las empresas distribuidoras de energía; o una evidente mala fe en los dichos de ambos.
En primer lugar, dicho convenio es una derivación (con las lógicas adaptaciones vinculadas a las características de la región patagónica austral) del Convenio Colectivo 36/75 que rige en casi todo el resto del país. Como su nomenclatura lo indica, está vigente desde el año 1975 y nunca y en ningún lugar de la Argentina ha sido señalado como el factor distorsionante de los costos de las empresas de distribución de energía.
Muchos tal vez no recuerden que la elaboración de un Convenio Colectivo que receptase las particularidades regionales surgió hacia el año 2005 por iniciativa del entonces gobernador Mario Das Neves, en quien muchas veces parece inspirarse el actual mandatario provincial.
Detrás del velo
Parece evidente concluir que detrás de toda esta movida motorizada por CAMMESA y el Gobierno provincial está el objetivo de crear la Empresa Provincial de Energía como una sociedad anónima clásica, sin resguardos respecto de la conservación de la mayoría accionaria por parte del Estado provincial y que podría ser transferida a capitales privados por el mero proceso de venta del paquete accionario. Eso dista mucho de lo que impulsan otros sectores que ponen como eje la soberanía energética. Es decir, que Chubut -todos los chubutenses- sea quien controle la generación y distribución de la energía, un activo clave en cualquier desarrollo económico que se intente impulsar.
Es altamente probable que se esté configurando la construcción de un esquema de negocios de alta rentabilidad en torno a la generación de recursos energéticos. Justo en medio del alto poder de generación de energías renovables de nuestro territorio; la finalización de la concesión de la represa hidroeléctrica de Futaleufú; la finalización (y/o renegociación) del contrato de provisión de esa presa a la empresa Aluar; y la caducidad de los beneficios promocionales a la generación eólica que históricamente se conoció como “Ley Guinle”. A lo que habría que agregarle las expectativas abiertas respecto de la producción y posterior comercialización en mercados internacionales del “hidrógeno verde”.
Todos esos aspectos podrían generar altos beneficios comerciales y económicos a la futura Empresa Provincial de Energía, que una vez que esté consolidada podría ser transferida a capitales privados sin más. Pero la creación de esa empresa provincial no es garantía de que vaya a tener las capacidades por sí misma para modificar positivamente el actual estado de situación. Pero sí representará un instrumento para la aplicación de una política energética que impactará directamente sobre la gestión de un recurso económico estratégico de enorme valor, como lo es la generación de energía eléctrica. Esa y no otra es la cuestión de fondo, confesada o no.
Por eso sería necesario debatir en profundidad y con rigurosidad el proyecto de ley para crear la Empresa Provincial de Energía, convocando a todos los actores que responsablemente puedan aportar su opinión y no como un mero trámite de escribanía en una sesión de la Legislatura provincial. De lo que se trata es de la formulación de una política de Estado que influirá de manera estratégica en los próximos 50 años -como mínimo- en el desarrollo socio-económico de Chubut.
La historia de la explotación petrolera en la provincia es un antecedente insoslayable que nos preludia incómodamente.
Que el sistema de prestación de Servicios Públicos en Chubut está en una grave crisis y hay que modificarlo no es una novedad. Inclusive, desde esta misma Columna se ha venido insistiendo desde hace muchos años acerca de la gravedad de la situación, sin que casi nadie haya hecho nada al respecto. Sobre todo, la clase política, que ha preferido cajonear algunas de las posibles soluciones o, en el peor de los casos, hacer lo que mejor les sale: mirar para otro lado.
Sin embargo, la necesidad de hacer un cambio de paradigma en el sector requiere que antes se hagan algunas consideraciones que son muy oportunas. El Gobierno provincial que conduce Nacho Torres ha anunciado que durante las sesiones ordinarias que arrancarán en marzo se aprobará la creación de una empresa provincial de energía eléctrica. Por ahora, se desconoce la letra fina del proyecto y sólo se ha dejado entrever que podría contemplar la posibilidad de que esa empresa provincial también sea la prestadora de otros servicios esenciales, como el agua y el saneamiento.
También se presume que el encuadre jurídico elegido por el Gobierno sería el de una sociedad anónima que asumiría la distribución de energía que actualmente realiza la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) en el noroeste de la provincia y absorbería algunas cooperativas pequeñas que se proveen en el costosísimo sistema de generación aislada.
La creación de una empresa provincial de energía no es una idea nueva: la había propuesto la anterior gestión provincial que encabezaba Mariano Arcioni, pero con un perfil decididamente distinto: por ejemplo, aquel proyecto -que fue cajoneado- se daba en el marco conceptual y político de la “soberanía energética”, algo que el actual proyecto parecería eludir solapadamente.
El factor CAMMESA
Hay otro aspecto vinculado para seguir de cerca: el sistema de cooperativas prestadoras de servicios públicos, que acumulan una importante deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), está en medio de una avanzada intervencionista que, si bien es institucionalizada a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), es parte de una estrategia por ahora opaca que viene siendo articulada por algunas autoridades de la propia CAMMESA y motorizada e incentivada por el Gobierno provincial.
En ese escenario ya se encuentran intervenidas las cooperativas de Trelew y Rawson; con veedurías del INAES las de Esquel y Puerto Madryn; y con rumores de intervención la CoopSar de Sarmiento. Aun en el caso de que algunas de ellas puedan reunir todas las condiciones para ser intervenidas en defensa de sus asociados (los usuarios), lo curioso es que la estrategia intervencionista parece más enfocada en su disolución que en su saneamiento.
Esta suerte de auditoría profunda, compleja y extendida a buena parte del sistema de distribución eléctrica de Chubut se funda en el fuerte endeudamiento que cada una de ellas mantiene con CAMMESSA. Por eso resulta por lo menos dudoso que en el último cuatrimestre de 2024 se produjeran varios viajes de funcionarios y asesores de CAMMESA a la provincia para mantener reuniones con integrantes del Gobierno local, municipios y cooperativas de servicios públicos. Durante ese período se produjo la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
Algunos de los actores que intervienen como “representantes de CAMMESA” en el monitoreo a las empresas cooperativas no sólo se han quedado al frente de alguna intervención o de las “veedurías”, sino que además han sido designados para representar al Estado provincial en el Consejo Federal de Energía Eléctrica. Es el caso de Juan Manuel Alfonsín, un abogado, lobista empresario y asesor de CAMMESA, que estuvo sentado junto al gobernador el día que se anunció la intervención de la Cooperativa de Rawson en diciembre pasado, y que pocos días antes había sido designado por decreto como representante titular de Chubut ante el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE).
O el de su homónimo Juan Manuel Ibáñez, otro abogado y asesor de CAMMESA, que fue designado como “alterno” de Chubut ante la CFEE y hace pocos días fue confirmado como interventor de la Cooperativa de Rawson. Los mismos personajes y en varios lados del mostrador.
Tras la intervención de la cooperativa capitalina, casi simultáneamente se dio a conocer la decisión del INAES de nombrar un “veedor” en Servicoop, la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Madryn, con participación en el Consejo de Administración y hasta con poder de veto sobre decisiones de este órgano. No tan curiosamente, la tarea le fue encomendada a Alfonsín. Un todoterreno.
El patrón de la oscuridad
Detrás de toda esta movida se puede divisar al jefe político de Alfonsín e Ibáñez, que no es otro que el vicepresidente de CAMMESA, Mario Cairella, que desde que se inició todo este proceso ha comenzado a tener una activa participación y en varias ocasiones se ha hecho presente en Chubut y llevó adelante una profusa actividad mediática, planteando -entre otras cosas- que si las cooperativas que están siendo controladas mediante intervenciones o veedurías no comienzan rápidamente a pagar el 100% de la factura mensual de CAMMESA, procederán a pedir la quiebra de las mismas.
El tono de Cairella con las cooperativas de Chubut no se repite con otros actores mucho más importantes del negocio energético nacional, que inclusive le adeudan a CAMMESA muchísimo más que las entidades cooperativas locales. Por ejemplo, compañías con altos niveles de endeudamiento como Edenor ($ 299.000 millones) o Edesur ($ 172.000 millones), que son empresas privadas comerciales con fines de lucro y, además, han sido beneficiadas a través de los años de condonaciones de deudas por cifras tan abultadas como las actuales (con el argumento de tarifas atrasadas). Ninguna de ellas ha sufrido una presión política tan agresiva por parte de CAMMESA. Todo lo contrario. Curioso.
Un párrafo aparte para Cairella, que se ha venido moviendo en Chubut como un patrón de estancia pero que, sin embargo, tiene sus propios patrones en Buenos Aires: asumió el año pasado como vicepresidente de CAMMESA en medio de un escándalo con el entonces secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que poco después fue echado de su cargo. Cairella llegó a ese lugar a hacer la tarea que le encomendaron Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, y su amigo y compañero de ruta en el partido Avanzar Libertad, José Luis Espert, una experiencia electoral de corto alcance que finalmente fue engullida por la arrolladora performance electoral de La Libertad Avanza de Javier Milei.
También “El Jefe” Karina Milei y el asesor todo servicio Santiago Caputo dieron el visto bueno para el desembarco de Cairella en CAMMESA, a pesar de que lleva consigo una mochila pesada: era el titular de CAMMESA durante el Gobierno de Mauricio Macri cuando se registró el mayor apagón nacional, el Día del Padre de 2019, que dejó sin energía por más de 14 horas a toda la Argentina y también a parte de Uruguay y el sur de Brasil. En total, más de 50 millones de personas a oscuras.
Cairella fue eyectado tras ese papelón pero poco después, enojado, le inició una demanda laboral millonaria a CAMMESA, que el año pasado debió desistir para volver a asumir como directivo de la empresa mayorista de energía. Cosas que pasan.
Apoyo local
No se puede soslayar que CAMMESA viene llevando adelante su estrategia en línea con el Gobierno provincial y con respaldo público de organizaciones siempre listas. Inmediatamente decidida la intervención de la Cooperativa de Rawson, hubo declaraciones de Carlos Lorenzo, presidente de la Federación Empresaria Chubutense (FECh), quien a su vez es asesor del gobernador Nacho Torres, sosteniendo que el modelo cooperativo “está agotado” (sic) y que la solución debería ser la “privatización”.
Lo curioso es que las cooperativas ya son empresas privadas (sin fines de lucro), por lo que la privatización de la que habla Lorenzo debe referirse a exitosos ejemplos como lo de Edenor y Edesur, con numerosos incumplimientos de sus responsabilidades contractuales, falta de inversiones en el sistema y deficiencias significativas en la prestación de los servicios a su cargo, como las que ocurrieron hace pocos días en la Ciudad de Buenos Aires.
Los empresarios locales parecen estar en todo de acuerdo con el avance desembozado de CAMMESA y sus enviados. Hace pocos días, en un claro operativo de prensa. Cairella y el interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Matías Bordieu, cargaron frontalmente contra el CCT 625/11, el Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia. Fue bajo dos premisas: “Si hay un CCT que no es muy eficiente para el resultado económico, hay que charlarlo”, dijeron; y “que cada rubro tenga su sindicato. La gente de agua no tiene por qué tener Luz y Fuerza”, agregaron.
Resulta cuanto menos llamativa esta actitud porque supone dos opciones: un profundo desconocimiento de la incidencia real del Convenio Colectivo de Trabajo 625/11 en la estructura de costos de las empresas distribuidoras de energía; o una evidente mala fe en los dichos de ambos.
En primer lugar, dicho convenio es una derivación (con las lógicas adaptaciones vinculadas a las características de la región patagónica austral) del Convenio Colectivo 36/75 que rige en casi todo el resto del país. Como su nomenclatura lo indica, está vigente desde el año 1975 y nunca y en ningún lugar de la Argentina ha sido señalado como el factor distorsionante de los costos de las empresas de distribución de energía.
Muchos tal vez no recuerden que la elaboración de un Convenio Colectivo que receptase las particularidades regionales surgió hacia el año 2005 por iniciativa del entonces gobernador Mario Das Neves, en quien muchas veces parece inspirarse el actual mandatario provincial.
Detrás del velo
Parece evidente concluir que detrás de toda esta movida motorizada por CAMMESA y el Gobierno provincial está el objetivo de crear la Empresa Provincial de Energía como una sociedad anónima clásica, sin resguardos respecto de la conservación de la mayoría accionaria por parte del Estado provincial y que podría ser transferida a capitales privados por el mero proceso de venta del paquete accionario. Eso dista mucho de lo que impulsan otros sectores que ponen como eje la soberanía energética. Es decir, que Chubut -todos los chubutenses- sea quien controle la generación y distribución de la energía, un activo clave en cualquier desarrollo económico que se intente impulsar.
Es altamente probable que se esté configurando la construcción de un esquema de negocios de alta rentabilidad en torno a la generación de recursos energéticos. Justo en medio del alto poder de generación de energías renovables de nuestro territorio; la finalización de la concesión de la represa hidroeléctrica de Futaleufú; la finalización (y/o renegociación) del contrato de provisión de esa presa a la empresa Aluar; y la caducidad de los beneficios promocionales a la generación eólica que históricamente se conoció como “Ley Guinle”. A lo que habría que agregarle las expectativas abiertas respecto de la producción y posterior comercialización en mercados internacionales del “hidrógeno verde”.
Todos esos aspectos podrían generar altos beneficios comerciales y económicos a la futura Empresa Provincial de Energía, que una vez que esté consolidada podría ser transferida a capitales privados sin más. Pero la creación de esa empresa provincial no es garantía de que vaya a tener las capacidades por sí misma para modificar positivamente el actual estado de situación. Pero sí representará un instrumento para la aplicación de una política energética que impactará directamente sobre la gestión de un recurso económico estratégico de enorme valor, como lo es la generación de energía eléctrica. Esa y no otra es la cuestión de fondo, confesada o no.
Por eso sería necesario debatir en profundidad y con rigurosidad el proyecto de ley para crear la Empresa Provincial de Energía, convocando a todos los actores que responsablemente puedan aportar su opinión y no como un mero trámite de escribanía en una sesión de la Legislatura provincial. De lo que se trata es de la formulación de una política de Estado que influirá de manera estratégica en los próximos 50 años -como mínimo- en el desarrollo socio-económico de Chubut.
La historia de la explotación petrolera en la provincia es un antecedente insoslayable que nos preludia incómodamente.