Editorial / Anticuerpos
Un video, una novela de escándalo, preguntas, hipótesis y el Poder Judicial ante una formidable oportunidad de poner las cosas en claro.
El Poder Judicial apenas salía a tomar aire tras el affaire Carpintero/Severiche cuando apareció un regalito con moño.
El video, de edición prolija y muy fragmentada, muestra en cámara oculta a la madre de Pablo “El Chavo” Ferreyra pagándole $ 12 millones en fajos bancarios a su defensor, el abogado de Trelew Martín Castro. Según el subtitulado, el dinero sería para la fiscal Julieta Gamarra, que a cambio del soborno pediría una pena de sólo un año para “El Chavo”, conocido por su prontuario.
La grabación vinculó con el tema al procurador general Jorge Miquelarena y su sobrino, el subsecretario de Seguridad Rodrigo Miquelarena.
Los celulares estallaron.
Como actual jefa de la Unidad Anticorrupción, Gamarra reaccionó rápido y declaró en Tribunales que nunca pidió ni cobró coima alguna; Castro también subió esas escalinatas y dijo que nunca le ofreció ni le pagó nada a Gamarra; Miquelarena afirmó que no tiene vinculación con el caso.
Los tres son funcionarios públicos y se vindicaron ante el fiscal Omar Rodríguez para que los investigue.
En verdad, el material que como pudo filmó la pareja de “El Chavo” deja muchas más preguntas que certezas.
La condena de Ferreyra fue en la primera semana de mayo de 2025. Necesariamente, el video debe ser anterior a esa audiencia.
¿Qué otras cosas se hablaron en ese encuentro?, ¿por qué la grabación se conoce 11 meses después? “El Chavo” está libre desde enero. Si su familia lo guardó, ¿por qué revelarlo ahora? ¿o acaso se lo “cedió” a algún sector con intereses y recursos para recortarlo, difundirlo e instalarlo en medios nacionales?
Sin arriesgar más detalles, Gamarra –visiblemente golpeada- interpretó que fue un ataque para desprestigiarla en un tiempo de mucha exposición para ella, dado el peso de su cargo. Nada de lo que dijo por casualidad.
Lo mismo opinó Castro, que habló de una “operación” contra la fiscal y los Miquelarena. Según su vindicación, el dinero de la bolsa eran honorarios actuales y atrasados que se habían pactado en dólares pero que la familia Ferreyra había pagado en billetes nacionales de baja denominación. Por eso su volumen.
Como las vindicaciones contienen más información de la que se difundió, en Tribunales aseguran que la pesquisa tendrá derivaciones inesperadas que no se terminarán ni en Trelew ni en funcionarios judiciales. Por eso será importante que la pagadora que aparece en el video declare, ya sin la protección de una edición.
Para la Justicia puede ser una buena oportunidad. Si dilucida y difunde públicamente cuál fue el camino crítico de las imágenes, desde su filmación hasta su edición final y sus motivaciones, podrá dejar a salvo el buen nombre y honor de varios y en cambio complicar a otros que saben sobrevivir y hacer daño desde las sombras.
Es una formidable chance de por una vez deshilachar una “opereta” –si es realmente tal cosa- en una provincia con historia repleta de estas maniobras.
Si en cambio el expediente con su avance se convierte en una madeja cuyos vericuetos no conviene desenredar, la manchita de los $ 12 millones quedará allí, como una anécdota indeleble, desagradable e incómoda para sus protagonistas.
Por ahora es una causa que inicia, y en medio de las especulaciones, nadie garantiza que no haya delito. También pudo ser una picardía profesional que salió bastante mal, de tantas que existen en los foros letrados provinciales y mueren en voz baja.
Sea como sea, es imprescindible saber quién es quién en esta novela. Las cartas están todas jugadas, los involucrados muy visibles y no aparenta ser una pesquisa compleja. Se trata de escuchar a todos y contrastar testimonios con datos.
Si esto no sucede, que nadie se queje luego por la “institucionalidad” rota y los mecanismos que no funcionan.
Tampoco hace falta el ingenio de un analista para predecir que se vienen más escándalos similares. A medida que el clima electoral se acerque y se espese habrá más política judicializada y justicia politizada. Esos vasos comunicantes son fluidos.
Pero justamente episodios como éste ponen a prueba al Poder Judicial y su capacidad de generar anticuerpos y limpiar lo disfuncional.
En Tribunales molesta la mirada externa de la comunidad, que percibe en sus funcionarios privilegios, influencias, comodidades y escasa eficacia. Y molesta más que la política los use para dirimir sus desencuentros.
Aquí hay una chance irrepetible de empezar a acabar con ambos deportes.
El Poder Judicial apenas salía a tomar aire tras el affaire Carpintero/Severiche cuando apareció un regalito con moño.
El video, de edición prolija y muy fragmentada, muestra en cámara oculta a la madre de Pablo “El Chavo” Ferreyra pagándole $ 12 millones en fajos bancarios a su defensor, el abogado de Trelew Martín Castro. Según el subtitulado, el dinero sería para la fiscal Julieta Gamarra, que a cambio del soborno pediría una pena de sólo un año para “El Chavo”, conocido por su prontuario.
La grabación vinculó con el tema al procurador general Jorge Miquelarena y su sobrino, el subsecretario de Seguridad Rodrigo Miquelarena.
Los celulares estallaron.
Como actual jefa de la Unidad Anticorrupción, Gamarra reaccionó rápido y declaró en Tribunales que nunca pidió ni cobró coima alguna; Castro también subió esas escalinatas y dijo que nunca le ofreció ni le pagó nada a Gamarra; Miquelarena afirmó que no tiene vinculación con el caso.
Los tres son funcionarios públicos y se vindicaron ante el fiscal Omar Rodríguez para que los investigue.
En verdad, el material que como pudo filmó la pareja de “El Chavo” deja muchas más preguntas que certezas.
La condena de Ferreyra fue en la primera semana de mayo de 2025. Necesariamente, el video debe ser anterior a esa audiencia.
¿Qué otras cosas se hablaron en ese encuentro?, ¿por qué la grabación se conoce 11 meses después? “El Chavo” está libre desde enero. Si su familia lo guardó, ¿por qué revelarlo ahora? ¿o acaso se lo “cedió” a algún sector con intereses y recursos para recortarlo, difundirlo e instalarlo en medios nacionales?
Sin arriesgar más detalles, Gamarra –visiblemente golpeada- interpretó que fue un ataque para desprestigiarla en un tiempo de mucha exposición para ella, dado el peso de su cargo. Nada de lo que dijo por casualidad.
Lo mismo opinó Castro, que habló de una “operación” contra la fiscal y los Miquelarena. Según su vindicación, el dinero de la bolsa eran honorarios actuales y atrasados que se habían pactado en dólares pero que la familia Ferreyra había pagado en billetes nacionales de baja denominación. Por eso su volumen.
Como las vindicaciones contienen más información de la que se difundió, en Tribunales aseguran que la pesquisa tendrá derivaciones inesperadas que no se terminarán ni en Trelew ni en funcionarios judiciales. Por eso será importante que la pagadora que aparece en el video declare, ya sin la protección de una edición.
Para la Justicia puede ser una buena oportunidad. Si dilucida y difunde públicamente cuál fue el camino crítico de las imágenes, desde su filmación hasta su edición final y sus motivaciones, podrá dejar a salvo el buen nombre y honor de varios y en cambio complicar a otros que saben sobrevivir y hacer daño desde las sombras.
Es una formidable chance de por una vez deshilachar una “opereta” –si es realmente tal cosa- en una provincia con historia repleta de estas maniobras.
Si en cambio el expediente con su avance se convierte en una madeja cuyos vericuetos no conviene desenredar, la manchita de los $ 12 millones quedará allí, como una anécdota indeleble, desagradable e incómoda para sus protagonistas.
Por ahora es una causa que inicia, y en medio de las especulaciones, nadie garantiza que no haya delito. También pudo ser una picardía profesional que salió bastante mal, de tantas que existen en los foros letrados provinciales y mueren en voz baja.
Sea como sea, es imprescindible saber quién es quién en esta novela. Las cartas están todas jugadas, los involucrados muy visibles y no aparenta ser una pesquisa compleja. Se trata de escuchar a todos y contrastar testimonios con datos.
Si esto no sucede, que nadie se queje luego por la “institucionalidad” rota y los mecanismos que no funcionan.
Tampoco hace falta el ingenio de un analista para predecir que se vienen más escándalos similares. A medida que el clima electoral se acerque y se espese habrá más política judicializada y justicia politizada. Esos vasos comunicantes son fluidos.
Pero justamente episodios como éste ponen a prueba al Poder Judicial y su capacidad de generar anticuerpos y limpiar lo disfuncional.
En Tribunales molesta la mirada externa de la comunidad, que percibe en sus funcionarios privilegios, influencias, comodidades y escasa eficacia. Y molesta más que la política los use para dirimir sus desencuentros.
Aquí hay una chance irrepetible de empezar a acabar con ambos deportes.