Para Estefanía hay “incompatibilidad” de Castro al ser defensor de Ferreyra

Carina Estefanía, presidenta de la Asociación de Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut, en diálogo con Jornada Radio, pidió que se investigue y aclare si lo que ocurrió en el video que se difundió donde se ve a un abogado presuntamente cobrando coimas para beneficiar a un acusado de atacar a la policía, realmente ocurrió. Además, planteó que la actuación de Castro como defensor de Ferreyra, al igual que su socio en el estudio, son parte del Estado y por lo tanto habría incompatibilidad.

Reconoció que el material viralizado “impacta el doble en quienes trabajamos en el Poder Judicial porque sabemos perfectamente que cuando aparecen imágenes de estas características, en las que se presenta una hipótesis como que algún funcionario del Poder Judicial, en este caso una fiscal, habría cometido un delito, la sociedad no diferencia y se va perdiendo, erosionando la legitimidad del Poder Judicial e indirectamente de todas las personas que trabajamos allí y de nuestras decisiones”.

Para la magistrada “en esta primera etapa el investigador, o sea el propio Ministerio Público Fiscal, debe determinar la autenticidad de ese video y poder determinar efectivamente si fue lo que pasó el año pasado, en mayo del 2025. A mí me llamó un poco la atención de por qué este video se viraliza ocho meses después de que ocurrió, porque si esas imágenes estaban en poder de una persona desde aquel momento, uno tiene conocimiento de la existencia de un delito, lo lógico, lo que indican las reglas de la experiencia, es que la persona inmediatamente realice la denuncia, no espere ocho meses para denunciar. Existen razones que podrían explicar por qué se viralizó un tiempo después, pero también es parte de la investigación de determinar por qué justo en ese momento se publica este video”, consideró.

“Lo primero es determinar la autenticidad para saber si efectivamente existieron los hechos que aquí se denuncian o si los hechos son de otras características, y saber por qué justamente en este momento se publica, cuál es la intencionalidad última si esos hechos no existieran”.

Funcionarios del Gobierno

Estefanía resalta que “esta denuncia no es solamente respecto de dos personas, porque el propio video lo dice, no denuncia solamente a personas que están trabajando en el Poder Judicial, sino que hay dos personas que trabajan en el Poder Ejecutivo que son designadas por el político, de manera que involucra cuestiones judiciales e involucra cuestiones políticas. Y esto es lo que venimos denunciando desde la Asociación de la Magistratura hace muchos años, de que estos hechos ocurren, cualquiera de las hipótesis que se confirmen respecto de lo que el video muestra”.

“Hay una intromisión indebida de la política en el Poder Judicial y respecto a esto tenemos que trabajar fuertemente para volver a encontrar el camino que tenía el Poder Judicial de la provincia del Chubut hace muchísimos años, cuando estas cosas no ocurrían”.

Para Estefanía también este caso muestra “incompatibilidad” de parte de los abogados ya que, según su análisis, “el Doctor Castro está designado como abogado de la Fiscalía de Estado y en los delitos en los que está interviniendo, o sea, en el hecho en el cual se firmó el juicio abreviado, eran delitos contra la Administración Pública”.

“En las causas penales, la víctima del delito contra la Administración Pública es la Provincia del Chubut y la Provincia del Chubut está representada por la Fiscalía de Estado, de manera que el doctor Castro en esa causa mínimamente tenía una incompatibilidad, porque por un lado es abogado de la Fiscalía de Estado, pero a su vez aceptó ser el abogado del acusado”.

“Esa cuestión no es menor, y lo mismo ocurre para su socio el doctor Rodrigo Miquelarena, ya que este delito que se investigaba era cometido contra personas que trabajan en la Policía y él es Subsecretario de Seguridad; como dije, el imputado estaba acusado de delito contra la Administración Pública por haber atacado a la Policía”.

“Mínimamente los abogados que defendían tenían una incompatibilidad para hacerlo porque a su vez eran abogados del Estado en dos organismos que tienen directa relación cuando el delito fue cometido contra el personal policial”.