Editorial / El arte de tirar los desmanejos a la basura
La crisis de la Cooperativa de Trelew no nació con sus trabajadores: tiene responsables políticos en la actualidad y una historia que muchos intentan esconder.
Revisar los balances de la Cooperativa Eléctrica de Trelew exige, indefectiblemente, revisar la historia. Pero, sobre todo, exige dejar de subestimar la inteligencia de los vecinos y dejar de buscar chivos expiatorios para ocultar la impericia política.
Durante años, los desmanejos financieros, el endeudamiento asfixiante y el colapso operativo de la prestataria no cayeron de un plato volador: fueron el resultado directo de la especulación, el uso político de la institución y la irresponsabilidad de dirigentes de todos los colores políticos que prefirieron priorizar los favores partidarios por sobre el patrimonio colectivo de los socios.
Sin embargo, el relato oficial actual intenta arrancar la historia desde donde mejor le conviene. Con el respaldo político del gobernador Nacho Torres y la ejecución local del intendente Gerardo Merino, la estrategia oficialista apostó primero a una intervención judicial a cargo de figuras funcionales al poder de turno como Matías Bourdieu y Juan Manuel Alfonsín, dos viejos zorros porteños muy conocidos en el mundillo de los negocios energéticos, acostumbrados a moverse con soltura y voracidad ante las oportunidades que se les presentan.
Bourdieu y Alfonsín no cayeron del cielo. El primero venía de ser gerente general durante muchos años de Edersa, la distribuidora eléctrica de Río Negro, una de las primeras empresas del rubro que en 2013 cayó en manos del ahora poderosísimo Grupo Neuss, extremadamente cercano a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei.
El segundo es un viejo lobbysta, vinculado durante años a la CAPER, la cámara que agrupa a las empresas de energía renovable, y exasesor de otro pez gordo que hizo ruido en Chubut en los últimos años: el exvicepresidente de CAMMESA, Mario Cairella.
Ambos desembarcaron en Chubut, una provincia a la que apenas conocían por los mapas, con la anuencia de Torres, que desde hace años cultiva estrechos vínculos con “Santi” Caputo. Inclusive, el gobernador designó a Alfonsín como representante de Chubut ante el Consejo Federal de Energía Eléctrica y poco después lo sentó a su lado cuando ya estaba en marcha el plan de motorizar la intervención de varias cooperativas eléctricas en alianza con un organismo nacional, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Más allá del objetivo inicial, sólo pudieron intervenir la de Trelew, en octubre de 2024, y la de Rawson, en febrero de 2025.
Tras una intervención que fue un fracaso, porque no ordenó nada y dejó un pasivo mayor al que recibieron, finalmente se dio paso a un proceso eleccionario que incluyó la mano de Torres y el respaldo de Merino para moldear una lista de supuestos “salvadores”, la mayoría paridos al mundo dirigencial trelewense por la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), que terminaron ungiendo a la empresaria de gases industriales Andrea Luna como presidenta.
Los recién llegados prometieron una era de rigor, austeridad y supuesta eficiencia gerencial privada para poner la casa en orden, pero la realidad demostró exactamente lo contrario. Lejos de achicar gastos o sanear las cuentas, el Consejo de Administración de la Cooperativa no hizo más que ensanchar la estructura, inflar gastos corrientes y profundizar el déficit.
Sin embargo, intentan cargarle el “muerto” económico-financiero al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y estigmatizan sistemáticamente a los trabajadores, quienes una y otra vez han demostrado que los problemas de la Cooperativa no los causan quienes sostienen el servicio día a día, sino los ineptos que la conducen o la han conducido.
Como si fuera poco para coronar este festival de demagogia fiscal, ahora impulsaron y lograron aprobar en el Concejo Deliberante un fondo fijo que a todas luces resulta anticonstitucional. Como no se animan a dar la tarifa que la Cooperativa necesita (y le corresponde después de los sucesivos aumentos del costo de la energía dispuestos por Milei y su séquito libertario), los concejales de Trelew aprobaron el “Fondo de Sostenimiento de Emergencia”.
La misma Luna salió hace pocos días a decir que, si no le daban tarifa, la Cooperativa podría entrar en cesación de pagos o directamente quebrar en los próximos 45 días. Aunque sonó a amenaza, algunos entendieron el exceso verbal como un blanqueo de lo que pretenden las nuevas autoridades, al parecer, con anuencia del poder concedente: sacar del medio al sistema privado cooperativo de prestación de servicios para implantar uno privado a la medida de grandes grupos privados que vienen ocupando espacios de manera acelerada.
El sainete de la Cooperativa de Trelew adquirió en los últimos días ribetes más insólitos aún, con el flamante acuerdo firmado con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB para “auditar” balances de la Cooperativa que ya habían sido rigurosamente auditados y rubricados por los profesionales legalmente designados para tal fin.
Es decir: contratan a una universidad pública para auditar lo que ya está auditado, esquivando convenientemente la revisión del período exacto del cierre de la intervención que dejaría al descubierto los verdaderos agujeros negros de su propia gestión. Una tomada de pelo.
Revisar los balances de la Cooperativa Eléctrica de Trelew exige, indefectiblemente, revisar la historia. Pero, sobre todo, exige dejar de subestimar la inteligencia de los vecinos y dejar de buscar chivos expiatorios para ocultar la impericia política.
Durante años, los desmanejos financieros, el endeudamiento asfixiante y el colapso operativo de la prestataria no cayeron de un plato volador: fueron el resultado directo de la especulación, el uso político de la institución y la irresponsabilidad de dirigentes de todos los colores políticos que prefirieron priorizar los favores partidarios por sobre el patrimonio colectivo de los socios.
Sin embargo, el relato oficial actual intenta arrancar la historia desde donde mejor le conviene. Con el respaldo político del gobernador Nacho Torres y la ejecución local del intendente Gerardo Merino, la estrategia oficialista apostó primero a una intervención judicial a cargo de figuras funcionales al poder de turno como Matías Bourdieu y Juan Manuel Alfonsín, dos viejos zorros porteños muy conocidos en el mundillo de los negocios energéticos, acostumbrados a moverse con soltura y voracidad ante las oportunidades que se les presentan.
Bourdieu y Alfonsín no cayeron del cielo. El primero venía de ser gerente general durante muchos años de Edersa, la distribuidora eléctrica de Río Negro, una de las primeras empresas del rubro que en 2013 cayó en manos del ahora poderosísimo Grupo Neuss, extremadamente cercano a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei.
El segundo es un viejo lobbysta, vinculado durante años a la CAPER, la cámara que agrupa a las empresas de energía renovable, y exasesor de otro pez gordo que hizo ruido en Chubut en los últimos años: el exvicepresidente de CAMMESA, Mario Cairella.
Ambos desembarcaron en Chubut, una provincia a la que apenas conocían por los mapas, con la anuencia de Torres, que desde hace años cultiva estrechos vínculos con “Santi” Caputo. Inclusive, el gobernador designó a Alfonsín como representante de Chubut ante el Consejo Federal de Energía Eléctrica y poco después lo sentó a su lado cuando ya estaba en marcha el plan de motorizar la intervención de varias cooperativas eléctricas en alianza con un organismo nacional, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Más allá del objetivo inicial, sólo pudieron intervenir la de Trelew, en octubre de 2024, y la de Rawson, en febrero de 2025.
Tras una intervención que fue un fracaso, porque no ordenó nada y dejó un pasivo mayor al que recibieron, finalmente se dio paso a un proceso eleccionario que incluyó la mano de Torres y el respaldo de Merino para moldear una lista de supuestos “salvadores”, la mayoría paridos al mundo dirigencial trelewense por la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), que terminaron ungiendo a la empresaria de gases industriales Andrea Luna como presidenta.
Los recién llegados prometieron una era de rigor, austeridad y supuesta eficiencia gerencial privada para poner la casa en orden, pero la realidad demostró exactamente lo contrario. Lejos de achicar gastos o sanear las cuentas, el Consejo de Administración de la Cooperativa no hizo más que ensanchar la estructura, inflar gastos corrientes y profundizar el déficit.
Sin embargo, intentan cargarle el “muerto” económico-financiero al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y estigmatizan sistemáticamente a los trabajadores, quienes una y otra vez han demostrado que los problemas de la Cooperativa no los causan quienes sostienen el servicio día a día, sino los ineptos que la conducen o la han conducido.
Como si fuera poco para coronar este festival de demagogia fiscal, ahora impulsaron y lograron aprobar en el Concejo Deliberante un fondo fijo que a todas luces resulta anticonstitucional. Como no se animan a dar la tarifa que la Cooperativa necesita (y le corresponde después de los sucesivos aumentos del costo de la energía dispuestos por Milei y su séquito libertario), los concejales de Trelew aprobaron el “Fondo de Sostenimiento de Emergencia”.
La misma Luna salió hace pocos días a decir que, si no le daban tarifa, la Cooperativa podría entrar en cesación de pagos o directamente quebrar en los próximos 45 días. Aunque sonó a amenaza, algunos entendieron el exceso verbal como un blanqueo de lo que pretenden las nuevas autoridades, al parecer, con anuencia del poder concedente: sacar del medio al sistema privado cooperativo de prestación de servicios para implantar uno privado a la medida de grandes grupos privados que vienen ocupando espacios de manera acelerada.
El sainete de la Cooperativa de Trelew adquirió en los últimos días ribetes más insólitos aún, con el flamante acuerdo firmado con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB para “auditar” balances de la Cooperativa que ya habían sido rigurosamente auditados y rubricados por los profesionales legalmente designados para tal fin.
Es decir: contratan a una universidad pública para auditar lo que ya está auditado, esquivando convenientemente la revisión del período exacto del cierre de la intervención que dejaría al descubierto los verdaderos agujeros negros de su propia gestión. Una tomada de pelo.