Apertura de Pardelas: elegimos creer
Por Esteban Gallo
Punta Pardelas, probablemente la playa más hermosa de la Península Valdés, insólitamente está cerrada para los chubutenses desde hace 9 años.
Los vecinos y vecinas de esta provincia no podemos acceder a la costa, pero tampoco lo pueden hacer los turistas que visitan nuestra región, a los que como ciudadanos de la Argentina que son, les asiste el mismo derecho sobre los espacios públicos.
Hay una tranquera, con candado, colocada por las familias Ferro y Cereijo, con la anuencia del Estado provincial, impidiendo el acceso a la playa.
A principios de esta semana, el ministro de Turismo provincial, Diego Lapenna, habló por primera vez de este tema a través de nuestros micrófonos. No fueron muchas las precisiones que ofreció, pero preferimos quedarnos con lo que expresó al final de la entrevista.
El funcionario indicó que “hay que encontrarle una vuelta al asunto” que “hay que buscar un punto de encuentro” y se comprometió a sentar en la misma mesa a todos los sectores interesados para llegar a un entendimiento. Dijo en el cierre: “Vamos a trabajar para ver si en este verano tenemos buenas noticias para dar”.
Como somos muy memoriosos, y, además, como bien sabe nuestra audiencia, sostenemos como una bandera editorial la defensa de la apertura y el acceso público a las playas”, mantendremos una comunicación constante con el ministro de Turismo para recordarle el compromiso que asumió ante los oyentes.
Que Pardelas esté cerrada es un pecado y es el Estado provincial el que debe garantizar el derecho de libre circulación. La playa es un bien público, y ningún gobierno, a través de cualquiera de sus organismos, ni los dueños del campo, pueden atribuirse la facultad de cerrar el acceso a la costa a los ciudadanos de Chubut.
Hay un antecedente que avala apodícticamente lo que estoy señalando. El fallo ejemplar de la jueza de Trelew Florencia Cordón y la posterior ratificación del Superior Tribunal de Justicia el el caso Bahía Cracker es un antecedente del que puede valerse el ministro de turismo de Chubut para avanzar con la reapertura de Pardelas.
A las leyes provinciales y nacionales que respaldan a los vecinos que exigen que todas las playas estén abiertas, se suman estas sentencias judiciales que han establecido jurisprudencia en Chubut.
Lo que se pone sobre la mesa ahora, no es solamente que el Estado haga cumplir la ley. Eso debería estar fuera de toda discusión. Lo que está en juego es el destino de la política turística que Chubut llevará adelante en los próximos años, si la visión de conservación y manejo privilegia los intereses de los habitantes de esta provincia o si el Estado quedará a merced de la influencia que ejercen los grupos económicos de la región.
No está mal que el ministro intente establecer un canal de diálogo entre los sectores involucrados, pero, lo que no se puede permitir es que las condiciones las ponga una familia que le ha faltado el respeto a los chubutenses de manera sistemática, que ha actuado con la soberbia propia de los terratenientes que se creen los dueños de la Península.
El comportamiento al que nos referimos no se circunscribe a la tranquera y el candado en Pardelas. En enero de este año, Alejandro Ferro y Susana Cereijo, se tomaron el atrevimiento de cerrar los caminos que conducen a los miradores públicos de la pingüinera y de la Boca de la Caleta. Tuvieron que intervenir las agencias de viajes, los guías de turismo y el propio gobierno.
Por este tema, hay un conflicto judicial entre el Estado provincial y los hacendados.
Por lo tanto, los patrones de la tierra, que además se creen los dueños del horizonte, no están en condiciones de hacer planteos pretenciosos, ni tienen margen para exigir, ni la autoridad moral para formular ningún reclamo.
Se los puede convocar, desde un lugar de respeto, para demostrarles que no todos son como ellos, pero inmediatamente hay que decirles que los derechos de los ciudadanos de disfrutar de los espacios públicos son innegociables y que la ley se debe cumplir sin excepciones ni privilegios, porque nadie está por encima de ella, por más poder que crean tener.
“Esperemos que en este verano tengamos buenas noticias para dar” dijo el ministro La Penna.
Nosotros también lo esperamos. Y como estamos en modo mundial, ELEGIMOS CREER.
Por Esteban Gallo
Punta Pardelas, probablemente la playa más hermosa de la Península Valdés, insólitamente está cerrada para los chubutenses desde hace 9 años.
Los vecinos y vecinas de esta provincia no podemos acceder a la costa, pero tampoco lo pueden hacer los turistas que visitan nuestra región, a los que como ciudadanos de la Argentina que son, les asiste el mismo derecho sobre los espacios públicos.
Hay una tranquera, con candado, colocada por las familias Ferro y Cereijo, con la anuencia del Estado provincial, impidiendo el acceso a la playa.
A principios de esta semana, el ministro de Turismo provincial, Diego Lapenna, habló por primera vez de este tema a través de nuestros micrófonos. No fueron muchas las precisiones que ofreció, pero preferimos quedarnos con lo que expresó al final de la entrevista.
El funcionario indicó que “hay que encontrarle una vuelta al asunto” que “hay que buscar un punto de encuentro” y se comprometió a sentar en la misma mesa a todos los sectores interesados para llegar a un entendimiento. Dijo en el cierre: “Vamos a trabajar para ver si en este verano tenemos buenas noticias para dar”.
Como somos muy memoriosos, y, además, como bien sabe nuestra audiencia, sostenemos como una bandera editorial la defensa de la apertura y el acceso público a las playas”, mantendremos una comunicación constante con el ministro de Turismo para recordarle el compromiso que asumió ante los oyentes.
Que Pardelas esté cerrada es un pecado y es el Estado provincial el que debe garantizar el derecho de libre circulación. La playa es un bien público, y ningún gobierno, a través de cualquiera de sus organismos, ni los dueños del campo, pueden atribuirse la facultad de cerrar el acceso a la costa a los ciudadanos de Chubut.
Hay un antecedente que avala apodícticamente lo que estoy señalando. El fallo ejemplar de la jueza de Trelew Florencia Cordón y la posterior ratificación del Superior Tribunal de Justicia el el caso Bahía Cracker es un antecedente del que puede valerse el ministro de turismo de Chubut para avanzar con la reapertura de Pardelas.
A las leyes provinciales y nacionales que respaldan a los vecinos que exigen que todas las playas estén abiertas, se suman estas sentencias judiciales que han establecido jurisprudencia en Chubut.
Lo que se pone sobre la mesa ahora, no es solamente que el Estado haga cumplir la ley. Eso debería estar fuera de toda discusión. Lo que está en juego es el destino de la política turística que Chubut llevará adelante en los próximos años, si la visión de conservación y manejo privilegia los intereses de los habitantes de esta provincia o si el Estado quedará a merced de la influencia que ejercen los grupos económicos de la región.
No está mal que el ministro intente establecer un canal de diálogo entre los sectores involucrados, pero, lo que no se puede permitir es que las condiciones las ponga una familia que le ha faltado el respeto a los chubutenses de manera sistemática, que ha actuado con la soberbia propia de los terratenientes que se creen los dueños de la Península.
El comportamiento al que nos referimos no se circunscribe a la tranquera y el candado en Pardelas. En enero de este año, Alejandro Ferro y Susana Cereijo, se tomaron el atrevimiento de cerrar los caminos que conducen a los miradores públicos de la pingüinera y de la Boca de la Caleta. Tuvieron que intervenir las agencias de viajes, los guías de turismo y el propio gobierno.
Por este tema, hay un conflicto judicial entre el Estado provincial y los hacendados.
Por lo tanto, los patrones de la tierra, que además se creen los dueños del horizonte, no están en condiciones de hacer planteos pretenciosos, ni tienen margen para exigir, ni la autoridad moral para formular ningún reclamo.
Se los puede convocar, desde un lugar de respeto, para demostrarles que no todos son como ellos, pero inmediatamente hay que decirles que los derechos de los ciudadanos de disfrutar de los espacios públicos son innegociables y que la ley se debe cumplir sin excepciones ni privilegios, porque nadie está por encima de ella, por más poder que crean tener.
“Esperemos que en este verano tengamos buenas noticias para dar” dijo el ministro La Penna.
Nosotros también lo esperamos. Y como estamos en modo mundial, ELEGIMOS CREER.