Es hora de la Patria, hay que defenderla, repoblarla, y el único ordenador social para hacerlo es el trabajo con salarios dignos y justos. ¡Estúpidos..!
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia fija su posición sobre la Ley de Tierras que impulsa Milei y se tratará este jueves en el Senado.
Las naciones no desaparecen de un día para otro. No se derrumban únicamente por una guerra ni por una invasión. Muchas veces comienzan a perderse cuando dejan de comprender el valor de aquello que las hizo grandes y libres. Se debilitan cuando el territorio, esa tierra, deja de ser Patria para convertirse solamente en un bien económico; cuando el agua deja de ser un derecho para las generaciones futuras y pasa a ser vista como un recurso más; cuando los bienes estratégicos dejan de pensarse como parte del destino colectivo y comienzan a discutirse únicamente desde la lógica del mercado y de intereses coyunturales e individuales de quienes tienen la potestad de defender el interés del pueblo que los votó. Ese pueblo los eligió para defender los intereses supremos de los habitantes del territorio que habitan y no, por el contrario, para representar mezquinos intereses personales o coyunturales de un gobierno, de un senador —que debería representar los intereses de una provincia— o de un diputado, que representa a los ciudadanos de ese pueblo.
La Argentina atraviesa uno de esos momentos. El próximo 6 de agosto, el Senado de la Nación debatirá el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el presidente Javier Milei. Quienes nos oponemos a esa iniciativa entendemos que la discusión excede ampliamente una reforma legal. Creemos que está en juego la forma en que nuestro país protege su territorio, defiende su soberanía y resguarda los recursos que considera estratégicos para un desarrollo soberano, generando valor agregado con trabajo genuino, digno y salarios justos que permitan mantener a las familias ocupando el territorio de la Patagonia Austral.
No es casual que alrededor de este debate se hayan encontrado científicos, trabajadores, universidades, organizaciones sociales, productores, comerciantes, pymes y ciudadanos de distintos sectores. Tampoco es casual que reaparezcan preocupaciones vinculadas con el manejo del fuego, la protección de los glaciares, la hidrovía del río Paraná, el cuidado de los bienes naturales y el control de la tierra, como asimismo de nuestro litoral marítimo. Detrás de todos estos temas existe una misma pregunta: ¿quién o quiénes decidirán, dentro de veinte o treinta años, sobre aquello que hoy constituye la mayor riqueza de la Argentina?
Vivimos en un siglo en el que el agua dulce es considerada uno de los recursos más estratégicos del planeta. La energía condiciona la autonomía de los Estados. Los minerales críticos sostienen la revolución tecnológica. Los alimentos forman parte de la seguridad internacional. En ese contexto, la Patagonia Sur ya no puede verse como un territorio lejano o desintegrado de la Argentina. Es una región de enorme importancia para el presente y el futuro del país.
La Patagonia concentra reservas de agua dulce, recursos energéticos, minerales, biodiversidad, costas marítimas y una ubicación privilegiada sobre el Atlántico Sur. Desde allí, la Argentina proyecta su presencia hacia la Antártida y sostiene un reclamo permanente e irrenunciable sobre nuestras Islas Malvinas. No debe olvidarse que la Argentina es un país bicontinental y que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur constituye la expresión jurídica y política de esa condición. Malvinas no es solamente memoria ni únicamente una causa diplomática. También forma parte de una realidad geopolítica que involucra el control del Atlántico Sur, los recursos pesqueros, las rutas marítimas, la investigación científica y la proyección antártica. La Patagonia, el Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida forman un mismo sistema estratégico y son parte del soberano territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿O también vamos a hacernos los distraídos? Comprender esa unidad es comprender una parte esencial del futuro argentino.
Por eso creemos que cualquier decisión sobre la tierra debe ser tomada con una mirada que trascienda una coyuntura política partidaria o un interés individual. Una Nación puede atraer inversiones, promover el desarrollo y generar crecimiento sin dejar de proteger aquello que considera estratégico. El verdadero desafío consiste en encontrar ese equilibrio, preservando siempre la capacidad del pueblo argentino de decidir sobre los recursos que sostendrán su futuro.
El futuro debe verse como aquello que un abuelo o un padre le deja a su hijo.
El 6 de agosto de 2026, los gobernadores y senadores tendrán una irrenunciable responsabilidad que excede los intereses de un gobierno o de una oposición. Representan a las provincias argentinas, pero también son custodios de una responsabilidad histórica. Su voto será leído por muchos como una definición sobre el modo en que la Argentina entiende la relación entre desarrollo, federalismo y soberanía.
La historia enseña que las decisiones trascendentes rara vez muestran todas sus consecuencias en el mismo momento en que se toman. Algunas revelan su verdadero impacto muchos años después. Por eso, cada generación tiene el deber de pensar no sólo en sus necesidades presentes, sino también en el país que heredarán quienes todavía no tienen voz para defenderlo.
La Patria no nos pertenece. La recibimos de quienes nos precedieron y la conservamos en custodia para quienes vendrán. Ese es el verdadero sentido de la responsabilidad política: administrar el presente sin hipotecar el futuro.
El 6 de agosto el Senado votará una ley. Pero millones de argentinos sentirán que también se está decidiendo cómo queremos proteger nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra proyección sobre el Atlántico Sur, la causa de Malvinas y el lugar que ocupará la Argentina en el mundo que viene.
Porque hay momentos en los que la historia deja de preguntar qué es legal y comienza a preguntar qué fuimos capaces de defender.
Por Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia
Juan Domingo Espinoza
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
Héctor Rubén González
SECRETARIO GENERAL
Las naciones no desaparecen de un día para otro. No se derrumban únicamente por una guerra ni por una invasión. Muchas veces comienzan a perderse cuando dejan de comprender el valor de aquello que las hizo grandes y libres. Se debilitan cuando el territorio, esa tierra, deja de ser Patria para convertirse solamente en un bien económico; cuando el agua deja de ser un derecho para las generaciones futuras y pasa a ser vista como un recurso más; cuando los bienes estratégicos dejan de pensarse como parte del destino colectivo y comienzan a discutirse únicamente desde la lógica del mercado y de intereses coyunturales e individuales de quienes tienen la potestad de defender el interés del pueblo que los votó. Ese pueblo los eligió para defender los intereses supremos de los habitantes del territorio que habitan y no, por el contrario, para representar mezquinos intereses personales o coyunturales de un gobierno, de un senador —que debería representar los intereses de una provincia— o de un diputado, que representa a los ciudadanos de ese pueblo.
La Argentina atraviesa uno de esos momentos. El próximo 6 de agosto, el Senado de la Nación debatirá el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el presidente Javier Milei. Quienes nos oponemos a esa iniciativa entendemos que la discusión excede ampliamente una reforma legal. Creemos que está en juego la forma en que nuestro país protege su territorio, defiende su soberanía y resguarda los recursos que considera estratégicos para un desarrollo soberano, generando valor agregado con trabajo genuino, digno y salarios justos que permitan mantener a las familias ocupando el territorio de la Patagonia Austral.
No es casual que alrededor de este debate se hayan encontrado científicos, trabajadores, universidades, organizaciones sociales, productores, comerciantes, pymes y ciudadanos de distintos sectores. Tampoco es casual que reaparezcan preocupaciones vinculadas con el manejo del fuego, la protección de los glaciares, la hidrovía del río Paraná, el cuidado de los bienes naturales y el control de la tierra, como asimismo de nuestro litoral marítimo. Detrás de todos estos temas existe una misma pregunta: ¿quién o quiénes decidirán, dentro de veinte o treinta años, sobre aquello que hoy constituye la mayor riqueza de la Argentina?
Vivimos en un siglo en el que el agua dulce es considerada uno de los recursos más estratégicos del planeta. La energía condiciona la autonomía de los Estados. Los minerales críticos sostienen la revolución tecnológica. Los alimentos forman parte de la seguridad internacional. En ese contexto, la Patagonia Sur ya no puede verse como un territorio lejano o desintegrado de la Argentina. Es una región de enorme importancia para el presente y el futuro del país.
La Patagonia concentra reservas de agua dulce, recursos energéticos, minerales, biodiversidad, costas marítimas y una ubicación privilegiada sobre el Atlántico Sur. Desde allí, la Argentina proyecta su presencia hacia la Antártida y sostiene un reclamo permanente e irrenunciable sobre nuestras Islas Malvinas. No debe olvidarse que la Argentina es un país bicontinental y que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur constituye la expresión jurídica y política de esa condición. Malvinas no es solamente memoria ni únicamente una causa diplomática. También forma parte de una realidad geopolítica que involucra el control del Atlántico Sur, los recursos pesqueros, las rutas marítimas, la investigación científica y la proyección antártica. La Patagonia, el Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida forman un mismo sistema estratégico y son parte del soberano territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿O también vamos a hacernos los distraídos? Comprender esa unidad es comprender una parte esencial del futuro argentino.
Por eso creemos que cualquier decisión sobre la tierra debe ser tomada con una mirada que trascienda una coyuntura política partidaria o un interés individual. Una Nación puede atraer inversiones, promover el desarrollo y generar crecimiento sin dejar de proteger aquello que considera estratégico. El verdadero desafío consiste en encontrar ese equilibrio, preservando siempre la capacidad del pueblo argentino de decidir sobre los recursos que sostendrán su futuro.
El futuro debe verse como aquello que un abuelo o un padre le deja a su hijo.
El 6 de agosto de 2026, los gobernadores y senadores tendrán una irrenunciable responsabilidad que excede los intereses de un gobierno o de una oposición. Representan a las provincias argentinas, pero también son custodios de una responsabilidad histórica. Su voto será leído por muchos como una definición sobre el modo en que la Argentina entiende la relación entre desarrollo, federalismo y soberanía.
La historia enseña que las decisiones trascendentes rara vez muestran todas sus consecuencias en el mismo momento en que se toman. Algunas revelan su verdadero impacto muchos años después. Por eso, cada generación tiene el deber de pensar no sólo en sus necesidades presentes, sino también en el país que heredarán quienes todavía no tienen voz para defenderlo.
La Patria no nos pertenece. La recibimos de quienes nos precedieron y la conservamos en custodia para quienes vendrán. Ese es el verdadero sentido de la responsabilidad política: administrar el presente sin hipotecar el futuro.
El 6 de agosto el Senado votará una ley. Pero millones de argentinos sentirán que también se está decidiendo cómo queremos proteger nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra proyección sobre el Atlántico Sur, la causa de Malvinas y el lugar que ocupará la Argentina en el mundo que viene.
Porque hay momentos en los que la historia deja de preguntar qué es legal y comienza a preguntar qué fuimos capaces de defender.
Por Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia
Juan Domingo Espinoza
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
Héctor Rubén González
SECRETARIO GENERAL