Caso Ángel: ni impunidad ni circo mediático
Por Esteban Gallo
El Caso Ángel se mantiene en el centro de la escena en Comodoro Rivadavia con una sucesión incesante de novedades que conmueven y movilizan a la sociedad.
El fin de semana pasado se conoció el informe histopatológico que indica que el niño de 4 cuatro años de edad tenía neumonía cuando falleció.
Roberto Castillo, abogado del padre del menor, Luis López y su pareja Lorena, afirmo que la enfermedad preexistente respiratoria no es lo que le provocó la muerte.
El abogado asegura que el niño murió por los 22 golpes que recibió en la cabeza y dijo algo más: “Van a ser testigos de la construcción de un relato ficticio destinado a manipular la opinión pública en la causa de Ángel. Nos van a querer hacer creer una versión distorsionada del brutal asesinato” enfatizó.
El abogado no solo responsabiliza a la madre y su pareja por la muerte del niño, sino que también apunta contra la psicóloga Jennifer Leiva, acusada de omitir alertas, ignorar reportes del colegio y obstaculizar el vínculo del niño con su padre, la Defensora de Menores Verónica Roldán y el juez Pablo Pérez, por tomar decisiones que habrían contribuido a la desprotección del niño.
En ese sentido, el reclamo de la comunidad es contundente: que la investigación se efectúe sin zonas grises y sin excepciones, para que todas las personas sospechadas, por acción u omisión paguen por las consecuencias de sus actos.
Eso no se discute. Es una necesidad y una exigencia de todos los comodorenses.
En medio de este sentimiento que comparten todos los vecinos, que Luis Armando López y Lorena Andrade hayan sido demorados e imputados por pintar las paredes de la Oficina de Protección de Derechos del Niño no parece ser una decisión muy atinada.
Aunque los Códigos de Convivencia Ciudadana están para cumplirse, debería existir algún atenuante para dos personas que, atravesadas por la pérdida de un hijo, canalizan su dolor pintando una pared.
Las decisiones deben adoptarse con sensibilidad y empatía.
De la misma manera, debe exigirse de los distintos protagonistas del caso público una cuota de seriedad y mesura.
Cinthia Fernández, pareja del abogado Roberto Castillo, escribió en sus redes: “Quieren hacernos creer que ahora Ángel murió de una enfermedad preexistente. No tienen cara”, dijo. Y agregó algo que no puede pasar desapercibido: "En este caso cada vez se levanta más basura porque está manoseado, está totalmente corrompido por las manos negras de los poderosos, de los intocables. Les molesta que salgan las negligencias, los acomodos y las conexiones de los amiguismos”.
Si lo que dice Cinthia Fernández es cierto es muy grave y también es muy grave si lo que expresa no es verdad.
Cuando alguien le dice a la comunidad a través de los medios que hay gente poderosa detrás de esta causa moviendo los hilos para que no se esclarezca, debería estar en condiciones de presentar alguna prueba.
¿Quiénes son las “manos negras” que están obstruyendo? ¿Quiénes son los intocables? ¿Hay gente de poder vinculada a los acusados? ¿Se refiere a los operadores judiciales que actuaron en el caso?
Cualquier acusación pública debe tener un sustento y debería ir acompañada de una denuncia formal, porque “flaco favor” se le hace a la causa, lanzando imputaciones que no se pueden corroborar.
Lo que no puede suceder con el caso Ángel, es que se banalice, que se convierta en un espectáculo mediático, que termine erosionando la seriedad del proceso y debilitando la confianza pública.
En ese ámbito Cinthia Fernández se maneja como pez en el agua. Pero hay una criatura en el medio. Y de esto no se sale con Circo. Sino con JUSTICIA.
Por Esteban Gallo
El Caso Ángel se mantiene en el centro de la escena en Comodoro Rivadavia con una sucesión incesante de novedades que conmueven y movilizan a la sociedad.
El fin de semana pasado se conoció el informe histopatológico que indica que el niño de 4 cuatro años de edad tenía neumonía cuando falleció.
Roberto Castillo, abogado del padre del menor, Luis López y su pareja Lorena, afirmo que la enfermedad preexistente respiratoria no es lo que le provocó la muerte.
El abogado asegura que el niño murió por los 22 golpes que recibió en la cabeza y dijo algo más: “Van a ser testigos de la construcción de un relato ficticio destinado a manipular la opinión pública en la causa de Ángel. Nos van a querer hacer creer una versión distorsionada del brutal asesinato” enfatizó.
El abogado no solo responsabiliza a la madre y su pareja por la muerte del niño, sino que también apunta contra la psicóloga Jennifer Leiva, acusada de omitir alertas, ignorar reportes del colegio y obstaculizar el vínculo del niño con su padre, la Defensora de Menores Verónica Roldán y el juez Pablo Pérez, por tomar decisiones que habrían contribuido a la desprotección del niño.
En ese sentido, el reclamo de la comunidad es contundente: que la investigación se efectúe sin zonas grises y sin excepciones, para que todas las personas sospechadas, por acción u omisión paguen por las consecuencias de sus actos.
Eso no se discute. Es una necesidad y una exigencia de todos los comodorenses.
En medio de este sentimiento que comparten todos los vecinos, que Luis Armando López y Lorena Andrade hayan sido demorados e imputados por pintar las paredes de la Oficina de Protección de Derechos del Niño no parece ser una decisión muy atinada.
Aunque los Códigos de Convivencia Ciudadana están para cumplirse, debería existir algún atenuante para dos personas que, atravesadas por la pérdida de un hijo, canalizan su dolor pintando una pared.
Las decisiones deben adoptarse con sensibilidad y empatía.
De la misma manera, debe exigirse de los distintos protagonistas del caso público una cuota de seriedad y mesura.
Cinthia Fernández, pareja del abogado Roberto Castillo, escribió en sus redes: “Quieren hacernos creer que ahora Ángel murió de una enfermedad preexistente. No tienen cara”, dijo. Y agregó algo que no puede pasar desapercibido: "En este caso cada vez se levanta más basura porque está manoseado, está totalmente corrompido por las manos negras de los poderosos, de los intocables. Les molesta que salgan las negligencias, los acomodos y las conexiones de los amiguismos”.
Si lo que dice Cinthia Fernández es cierto es muy grave y también es muy grave si lo que expresa no es verdad.
Cuando alguien le dice a la comunidad a través de los medios que hay gente poderosa detrás de esta causa moviendo los hilos para que no se esclarezca, debería estar en condiciones de presentar alguna prueba.
¿Quiénes son las “manos negras” que están obstruyendo? ¿Quiénes son los intocables? ¿Hay gente de poder vinculada a los acusados? ¿Se refiere a los operadores judiciales que actuaron en el caso?
Cualquier acusación pública debe tener un sustento y debería ir acompañada de una denuncia formal, porque “flaco favor” se le hace a la causa, lanzando imputaciones que no se pueden corroborar.
Lo que no puede suceder con el caso Ángel, es que se banalice, que se convierta en un espectáculo mediático, que termine erosionando la seriedad del proceso y debilitando la confianza pública.
En ese ámbito Cinthia Fernández se maneja como pez en el agua. Pero hay una criatura en el medio. Y de esto no se sale con Circo. Sino con JUSTICIA.