“A Castillo no podemos dejar de investigarlo”

Zulma Manllauix, fiscal del caso “Pollos de papel” en Trelew explicó que se notificó a las partes para que designen defensores y controlen, por ejemplo, la cadena de custodia de los secuestros para su peritaje. “Seguimos tomando entrevistas y realizando trabajos de campo para evitar que se nos pase algún dato que podamos descartar o sirvan para nuestra teoría del caso que hasta ahora, es positiva”.

Adelantó que hay indicios de una compra irregular vinculada con una licitación pública en la que dos proveedores ofertaron la compra de diez mil kilos de carne y 1.600 kilos de pollo. “Se adjudicó la compra a estos dos proveedores y se les pagó. La irregularidad es que los remitos firmados, manifestaron que se realizó la entrega de carne y pollo a determinadas personas que “eran” la Municipalidad. Al entrar la nueva gestión, constató que esa entrega no era posible porque no tenían la capacidad para almacenar esas cantidades”, detalló en Cadena Tiempo.

“Ahí empezamos con una situación irregular. Ahora siguen las pericias contables y de las personas para reafirmar la teoría del caso que ya no sería una compra irregular sino un delito. Debemos esclarecer lo que pasó y en ese punto, Alfredo Pérez Galimberti y Fabián Gabalachis están haciendo sus descargos”, describió.

“Nos estamos haciendo cada vez de más documental. No deja de ser algo irregular, no podemos analizar livianamente y decir si cumple la ley porque hay una ordenanza que regula el procedimiento y se debe aplicar”.

Si bien no hay apertura formal de investigación, se notificó a tres exfuncionarios públicos. “Al señor(Héctor) Castillo (exsecretario de Acción Social) es la persona a la que no podemos dejar de investigar porque estaba a cargo de esa área”.

Sobre su procedimiento en el Concejo Deliberante, explicó que “se intenta resguardar documentación de la manera más rápida posible para que no se nos escape nada. Nos verán recorrer bastante Trelew”, remarcó.

Por su parte, el defensor Alfredo Pérez Galimberti quien representa a una de las personas que vendió pollos frescos a la Municipalidad de Trelew, respaldó la postura de su defendido, quien dijo poseer la documentación que certifica la venta y entrega de dicha mercadería como los pedidos de los ex funcionarios para que entregara de manera fragmentaria los cajones de pollos a diferentes personas. “Tiene los remitos firmados por las personas que lo recibieron”, explicó.

“No hubiera habido cámara que admitiera tanta carga y no eran pollos congelados sino frescos. El municipio iba determinándole que se entregara un número de cajones a ciertas personas. Era lo que mi asistido hacía, es lo que nos ha dicho y tendremos un detalle completo de compras, remitos, personas que lo ordenaron y recibieron y a esto lo presentaremos en Fiscalía”.

“Cuando fueron a requerir sus celulares, la Policía se llevó ocho de los cuales varios estaban en desuso, sólo dos estaban operativos. Esta persona le quitó las claves a los teléfonos para que pudieran recabar toda la información. En los WhatsApp están los pedidos que se hacían con ese mecanismo; él entregaba de acuerdo a lo que le pedían y hacía firmar los remitos”.

El abogado ratificó que su cliente sostiene “no haber cometido ningún desfalco hacia el municipio. Todo lo que se le pagó, lo entregó e incluso hay mercadería que nunca se le pagó”. Pérez Galimberti agregó que las decisiones surgían desde funcionarios encargados de la Municipalidad respecto a las personas que retiraron los 1.600 cajones de pollos. “Me traerá más documentación, la analizaremos y hablaremos con su contador también para poder entenderla y explicarle a Fiscalía de qué se trata”.

“La gestión administrativa del pago de los pollos merece objeciones. Lo que no lo merece es que no hubo un aprovechamiento económico de este hombre que lo cobró fue en pago a todo lo que entregó. Por lo que me dijo, era difícil que otro proveedor confiara en el cierre de la gestión. Él ya había venido entregando y consideró que podía dejar de cobrar lo que ya había entregado. Son prácticas comerciales que a veces no coinciden bien con las prácticas administrativas”.

“Dice que le deben dinero. Hablamos de un comerciante que vendió, entregó y cobró en parte. No hubo de su lado, una intención para defraudar ni se quedó con nada”.

El abogado definió como “comprensible” la sospecha sobre su cliente. “Si viene una nueva gestión y se encuentra con una licitación con un importe millonario en esa fecha, preguntan dónde se entregó y si los funcionarios no lo saben, tienen la obligación de denunciarlo. Ahora veremos qué se le puede reprochar a los comerciantes y qué a la administración anterior. Quienes integraban la planta municipal darán cuenta de cuál era la práctica corriente y se irá aclarando el asunto”, remarcó Pérez Galimberti.#