“La intervención de la Cooperativa fue como poner al zorro en el gallinero”
Eugenio Krämer, de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, cuestionó a la actual conducción de la Cooperativa Eléctrica de Trelew y planteó que no alcanza con analizar los balances: también hay que revisar las decisiones políticas que llevaron a la actual situación financiera. “Los números tienen una historia y detrás de las decisiones hay intereses”.
La crisis de la Cooperativa Eléctrica de Trelew no puede analizarse solamente a partir de sus números. Esa es una de las principales conclusiones planteadas por Eugenio Krämer, de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, quien sostuvo que además de revisar los balances es necesario reconstruir las decisiones políticas que llevaron a la entidad a su actual situación.
En diálogo con Jornada Radio, Krämer destacó que los balances de la Cooperativa ya fueron auditados y cuentan con respaldo técnico, aunque consideró importante que la Universidad participe del análisis para aportar mayor rigor. Pero advirtió que “el análisis por el análisis mismo queda ahí” y que el debate debe avanzar hacia las responsabilidades políticas.
En ese sentido, remarcó que la Fundación y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza vienen planteando el problema desde antes de la actual coyuntura y lo vinculan con la política energética provincial y nacional, además del contexto en el que funcionan las cooperativas.
Uno de los puntos que cuestionó fue el discurso que responsabiliza a los trabajadores por las dificultades económicas de las empresas de servicios públicos. Según explicó, los propios números muestran que esa explicación ya no se sostiene: desde 1997 hasta la actualidad, la cantidad de usuarios de la Cooperativa aumentó casi un 50%, mientras que la dotación de trabajadores se redujo.
“Ya es imposible mantener el relato de que los trabajadores son los responsables de esa situación crítica”, sostuvo.
El problema tarifario
Krämer también puso el foco en el papel del Estado como poder concedente y en el esquema tarifario. Explicó que, en un servicio público monopólico y regulado, el Estado debe establecer las condiciones para garantizar tanto la calidad y accesibilidad del servicio como la sustentabilidad económica del prestador.
En ese marco, cuestionó que el Concejo Deliberante haya condicionado la actualización tarifaria a la demostración de austeridad por parte de la Cooperativa.
Según Krämer, las tarifas no deberían entenderse simplemente como un precio que la empresa decide cobrar, sino como una herramienta vinculada directamente con los costos del servicio. Y allí ubicó uno de los principales problemas: el fuerte incremento del costo de la energía.
Afirmó que el precio de la energía aumentó entre un 120% y un 130% en los últimos 15 meses y que, si ese incremento no se traslada a las tarifas, el costo igualmente debe ser afrontado por alguien. “Si no lo paga el usuario, lo paga la cooperativa endeudándose con la prestadora”, explicó.
A esto se suma, señaló, el aumento de los insumos necesarios para sostener la prestación, desde elementos de oficina y limpieza hasta materiales utilizados por los trabajadores para el mantenimiento de las redes y los procesos de saneamiento.
“Poner el zorro en el gallinero”
Otro de los ejes centrales de sus cuestionamientos fue la intervención de la Cooperativa. Krämer fue particularmente crítico y sostuvo que la primera intervención “podría no haber sido necesaria” y que fue solicitada directamente por el gobernador Nacho Torres.
“La intervención es, básicamente, haber puesto el zorro en el gallinero”, afirmó.
Según su análisis, durante la primera intervención se produjo un incremento de la deuda de la Cooperativa, particularmente con CAMMESA. También cuestionó las condiciones de la renegociación y advirtió sobre el impacto que tiene comprometer los flujos futuros de la entidad.
Para Krämer, renunciar a determinados juicios dentro de una renegociación de deuda implica condicionar financieramente a la Cooperativa durante los años siguientes. “La verdad es que te estás pegando un tiro en el pie”, sostuvo al describir el efecto de aquella decisión.
También puso bajo la lupa la segunda intervención y la participación de Juan Manuel Alfonsín, a quien vinculó con CAMMESA. Aclaró, sin embargo, que no cuenta con certezas sobre las motivaciones detrás de esas decisiones. “Las certezas no las tenemos, no las tiene nadie”, reconoció. Pero insistió en que el objetivo de la Fundación es analizar los números y, al mismo tiempo, identificar las responsabilidades políticas que existen detrás de ellos.
“Detrás de esos números hay decisiones. Y detrás de esas decisiones hay intereses. Nadie toma decisiones objetivas en el aire sin responder a intereses”, afirmó.
El contrato con Alfonsín
En ese contexto, Krämer también cuestionó que la nueva conducción de la Cooperativa, que plantea la necesidad de reducir gastos y aplicar criterios de austeridad, haya contratado nuevamente a Alfonsín por $ 12 millones.
La contratación, sostuvo, resulta difícil de explicar en el marco del discurso de austeridad planteado por las nuevas autoridades. “Vos estás auditando al tipo que te llevó al cadalso y lo contratás para que te asesore, no sé, algo no está bien”, expresó.
Para Krämer, esa decisión resulta “incomprensible” y debe ser observada dentro de un entramado más amplio de decisiones y actores que, según su mirada, tienen responsabilidades políticas.
En ese punto mencionó también a Matías Bourdieu y planteó que ambos forman parte de una misma “matriz” que, según su interpretación, comienza a configurarse a partir del proceso electoral de 2023.
Una crisis que excede a Trelew
Más allá de la situación específica de la Cooperativa de Trelew, Krämer planteó que existe un problema estructural de política energética en Chubut.
Sostuvo que las dificultades de las cooperativas no son exclusivas de Trelew y que durante los últimos cuatro o cinco años distintas entidades atravesaron problemas derivados de la misma cuestión: el esquema energético.
“La falta de una política energética provincial es terrible”, afirmó.
Para la Fundación, explicó, hablar de soberanía energética implica que el Estado provincial debe asumir un rol central en la defensa de empresas consideradas estratégicas.
“Si no tenés empresas de servicios públicos, es difícil tener una política de desarrollo”, sostuvo. Y agregó que sin energía a un costo competitivo tampoco es posible desarrollar una política territorial, productiva y social.
Krämer cuestionó que Provincia no haya establecido históricamente lineamientos claros de política energética y consideró que el problema excede a una gestión determinada.
Finalmente, puso el foco en una paradoja que, a su entender, debería formar parte del debate: Chubut es una provincia que produce más energía de la que consume, pero las cooperativas atraviesan fuertes dificultades vinculadas precisamente con el costo de la electricidad.
“¿Por qué estamos en una situación así respecto a la energía?”, planteó. En ese sentido, reclamó discutir cuánto cuesta realmente generar un megavatio en la provincia y por qué el sistema termina pagando valores que, según señaló, llegan a entre 130 y 150 dólares.
Para Krämer, mientras no exista una discusión de fondo sobre el sistema tarifario, el costo de la energía y el papel de la provincia, las crisis de las cooperativas seguirán apareciendo como problemas aislados.
“Si no atendemos el contexto, difícilmente podamos resolver la coyuntura”, concluyó.
La crisis de la Cooperativa Eléctrica de Trelew no puede analizarse solamente a partir de sus números. Esa es una de las principales conclusiones planteadas por Eugenio Krämer, de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, quien sostuvo que además de revisar los balances es necesario reconstruir las decisiones políticas que llevaron a la entidad a su actual situación.
En diálogo con Jornada Radio, Krämer destacó que los balances de la Cooperativa ya fueron auditados y cuentan con respaldo técnico, aunque consideró importante que la Universidad participe del análisis para aportar mayor rigor. Pero advirtió que “el análisis por el análisis mismo queda ahí” y que el debate debe avanzar hacia las responsabilidades políticas.
En ese sentido, remarcó que la Fundación y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza vienen planteando el problema desde antes de la actual coyuntura y lo vinculan con la política energética provincial y nacional, además del contexto en el que funcionan las cooperativas.
Uno de los puntos que cuestionó fue el discurso que responsabiliza a los trabajadores por las dificultades económicas de las empresas de servicios públicos. Según explicó, los propios números muestran que esa explicación ya no se sostiene: desde 1997 hasta la actualidad, la cantidad de usuarios de la Cooperativa aumentó casi un 50%, mientras que la dotación de trabajadores se redujo.
“Ya es imposible mantener el relato de que los trabajadores son los responsables de esa situación crítica”, sostuvo.
El problema tarifario
Krämer también puso el foco en el papel del Estado como poder concedente y en el esquema tarifario. Explicó que, en un servicio público monopólico y regulado, el Estado debe establecer las condiciones para garantizar tanto la calidad y accesibilidad del servicio como la sustentabilidad económica del prestador.
En ese marco, cuestionó que el Concejo Deliberante haya condicionado la actualización tarifaria a la demostración de austeridad por parte de la Cooperativa.
Según Krämer, las tarifas no deberían entenderse simplemente como un precio que la empresa decide cobrar, sino como una herramienta vinculada directamente con los costos del servicio. Y allí ubicó uno de los principales problemas: el fuerte incremento del costo de la energía.
Afirmó que el precio de la energía aumentó entre un 120% y un 130% en los últimos 15 meses y que, si ese incremento no se traslada a las tarifas, el costo igualmente debe ser afrontado por alguien. “Si no lo paga el usuario, lo paga la cooperativa endeudándose con la prestadora”, explicó.
A esto se suma, señaló, el aumento de los insumos necesarios para sostener la prestación, desde elementos de oficina y limpieza hasta materiales utilizados por los trabajadores para el mantenimiento de las redes y los procesos de saneamiento.
“Poner el zorro en el gallinero”
Otro de los ejes centrales de sus cuestionamientos fue la intervención de la Cooperativa. Krämer fue particularmente crítico y sostuvo que la primera intervención “podría no haber sido necesaria” y que fue solicitada directamente por el gobernador Nacho Torres.
“La intervención es, básicamente, haber puesto el zorro en el gallinero”, afirmó.
Según su análisis, durante la primera intervención se produjo un incremento de la deuda de la Cooperativa, particularmente con CAMMESA. También cuestionó las condiciones de la renegociación y advirtió sobre el impacto que tiene comprometer los flujos futuros de la entidad.
Para Krämer, renunciar a determinados juicios dentro de una renegociación de deuda implica condicionar financieramente a la Cooperativa durante los años siguientes. “La verdad es que te estás pegando un tiro en el pie”, sostuvo al describir el efecto de aquella decisión.
También puso bajo la lupa la segunda intervención y la participación de Juan Manuel Alfonsín, a quien vinculó con CAMMESA. Aclaró, sin embargo, que no cuenta con certezas sobre las motivaciones detrás de esas decisiones. “Las certezas no las tenemos, no las tiene nadie”, reconoció. Pero insistió en que el objetivo de la Fundación es analizar los números y, al mismo tiempo, identificar las responsabilidades políticas que existen detrás de ellos.
“Detrás de esos números hay decisiones. Y detrás de esas decisiones hay intereses. Nadie toma decisiones objetivas en el aire sin responder a intereses”, afirmó.
El contrato con Alfonsín
En ese contexto, Krämer también cuestionó que la nueva conducción de la Cooperativa, que plantea la necesidad de reducir gastos y aplicar criterios de austeridad, haya contratado nuevamente a Alfonsín por $ 12 millones.
La contratación, sostuvo, resulta difícil de explicar en el marco del discurso de austeridad planteado por las nuevas autoridades. “Vos estás auditando al tipo que te llevó al cadalso y lo contratás para que te asesore, no sé, algo no está bien”, expresó.
Para Krämer, esa decisión resulta “incomprensible” y debe ser observada dentro de un entramado más amplio de decisiones y actores que, según su mirada, tienen responsabilidades políticas.
En ese punto mencionó también a Matías Bourdieu y planteó que ambos forman parte de una misma “matriz” que, según su interpretación, comienza a configurarse a partir del proceso electoral de 2023.
Una crisis que excede a Trelew
Más allá de la situación específica de la Cooperativa de Trelew, Krämer planteó que existe un problema estructural de política energética en Chubut.
Sostuvo que las dificultades de las cooperativas no son exclusivas de Trelew y que durante los últimos cuatro o cinco años distintas entidades atravesaron problemas derivados de la misma cuestión: el esquema energético.
“La falta de una política energética provincial es terrible”, afirmó.
Para la Fundación, explicó, hablar de soberanía energética implica que el Estado provincial debe asumir un rol central en la defensa de empresas consideradas estratégicas.
“Si no tenés empresas de servicios públicos, es difícil tener una política de desarrollo”, sostuvo. Y agregó que sin energía a un costo competitivo tampoco es posible desarrollar una política territorial, productiva y social.
Krämer cuestionó que Provincia no haya establecido históricamente lineamientos claros de política energética y consideró que el problema excede a una gestión determinada.
Finalmente, puso el foco en una paradoja que, a su entender, debería formar parte del debate: Chubut es una provincia que produce más energía de la que consume, pero las cooperativas atraviesan fuertes dificultades vinculadas precisamente con el costo de la electricidad.
“¿Por qué estamos en una situación así respecto a la energía?”, planteó. En ese sentido, reclamó discutir cuánto cuesta realmente generar un megavatio en la provincia y por qué el sistema termina pagando valores que, según señaló, llegan a entre 130 y 150 dólares.
Para Krämer, mientras no exista una discusión de fondo sobre el sistema tarifario, el costo de la energía y el papel de la provincia, las crisis de las cooperativas seguirán apareciendo como problemas aislados.
“Si no atendemos el contexto, difícilmente podamos resolver la coyuntura”, concluyó.