Investigan al abogado que defendió a un abusador y luego a su víctima

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un planteo de la Fiscalía de Esquel y revocó el sobreseimiento del abogado local Daniel Sandoval. Con esta decisión, el máximo tribunal de la provincia ordenó que la causa penal en su contra continúe su curso.

Según el parte de prensa de Fiscalía, al profesional se lo investiga por el presunto delito de prevaricato, una figura penal que sanciona a los abogados que traicionan los deberes de su profesión o representan intereses contrapuestos.

La controversia comenzó tras la condena de un hombre por abuso sexual en perjuicio de su propia sobrina, una adolescente con retraso madurativo. El abogado era defensor del agresor y pocos días después del fallo condenatorio, asumió la representación de la víctima. En su momento, Jornada dio cuenta del caso.

Las alarmas de la Fiscalía se encendieron cuando se constató la estrategia desplegada por el profesional durante ese período.

Por ejemplo, se reunió con la víctima menor de edad y la asesoró para tramitar una nueva denuncia que, bajo la apariencia de beneficiarla, en realidad buscaba desvincular al agresor de la condena firme.

En tanto conflicto de intereses, Sandoval asumió de manera paralela o sucesiva la representación de ambas partes (el condenado y la víctima) en el mismo contexto procesal. Y tras convencer a la joven de realizar la nueva presentación judicial, el abogado renunció a la defensa del condenado.

Frente a esta situación, el Ministerio Público Fiscal impulsó la investigación penal por prevaricato. Si bien un juez local había dictado el sobreseimiento del profesional por considerar que no había delito, la Fiscalía impugnó esa medida argumentando que era prematura, contradictoria y vulneraba el principio de protección hacia la víctima.

Al revisar la causa, el STJ deslizó duros conceptos sobre el accionar del profesional
confirmando la existencia de intereses cruzados, remarcando que el letrado brindó consejos profesionales a la víctima orientados a que abandonara su posición para favorecer la situación de su cliente condenado.

Además se advirtió que las gestiones del profesional tenían un riesgo concreto: frustrar la ejecución de la condena contra el agresor y vulnerar las expectativas de justicia de la menor de edad.

Los ministros concluyeron que existen elementos sólidos que justifican seguir investigando si el abogado perjudicó deliberadamente a la víctima.

Con este fallo, la carpeta regresa a la Oficina Judicial de Esquel para que el Ministerio Público Fiscal avance con la investigación.