Desde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia consideramos necesario hablarle con claridad a la comunidad de Trelew.
La Cooperativa Eléctrica atraviesa una situación económica y financiera compleja. Nadie lo desconoce. Lo que no aceptamos es que esa crisis sea utilizada para enfrentar a los vecinos con los trabajadores y presentar a la Bonificación Anual por Eficiencia —BAE— como si fuera la causa de los problemas de la institución.
La BAE no es un privilegio ni un beneficio creado en medio de esta crisis. Es un derecho establecido convencionalmente y forma parte de las obligaciones laborales que la Cooperativa debe cumplir.
Por eso, si vamos a hablar de eficiencia, hablemos de toda la eficiencia. Y si vamos a hablar de números, pongamos todos los números sobre la mesa.
En julio de 2025, la propia Cooperativa informó que pagó a CAMMESA una factura corriente de aproximadamente *$1.950 millones en un solo mes. A eso se suma una deuda vinculada al mercado eléctrico mayorista que, según informes de la propia intervención, supera los *$41.000 millones** entre deuda histórica y deuda denominada corta.
Es decir: la crisis de la Cooperativa se mide en miles y decenas de miles de millones de pesos.
También debemos hablar del contexto nacional. Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei se produjo una reducción y reestructuración profunda de los subsidios energéticos, trasladando una mayor parte del costo real de la energía hacia usuarios y distribuidoras. Durante 2026 el esquema nacional continuó focalizando y limitando las bonificaciones sobre determinados niveles de consumo.
Ese costo no lo determinan los trabajadores.
Los trabajadores no fijan el precio mayorista de la energía. No deciden cuánto factura CAMMESA. No establecen la política nacional de subsidios. No firman los planes de pago. No generan los intereses. Y tampoco administran la Cooperativa.
Sin embargo, cuando llega el momento de explicar la crisis, nuevamente se pretende colocar la mirada sobre sus salarios.
También corresponde recordar qué ocurrió durante la intervención judicial.
La Cooperativa estuvo intervenida desde octubre de 2024 y durante ese período se conocieron costos millonarios asociados a la propia estructura interventora. Información publicada sobre documentación del expediente ubicó esos costos en alrededor de $29,8 millones mensuales entre honorarios y compensaciones de gastos.
Durante la intervención, además, la denominada deuda corta pasó de un capital informado de $19.616 millones a $21.787 millones luego de las actualizaciones correspondientes.
Más tarde, acuerdos firmados con CAMMESA fueron cuestionados públicamente por el peso financiero que podían representar para la Cooperativa, con compromisos mensuales que hacia fines de 2026 podían acercarse a los $2.000 millones. Incluso el interventor Juan Manuel Alfonsín solicitó posteriormente que no se ejecutara un cheque por $465 millones** que había quedado como garantía de uno de esos compromisos.
Y finalizada la intervención, el propio Alfonsín fue contratado nuevamente por la Cooperativa por **$4 millones mensuales durante tres meses, es decir, $12 millones por servicios profesionales.
No cuestionamos el derecho de ningún profesional a cobrar por su trabajo.
Lo que cuestionamos es la doble vara.
Porque mientras existen deudas multimillonarias, costos financieros, honorarios, asesorías, compromisos con CAMMESA y un escenario nacional que encareció fuertemente la energía, se pretende instalar que el problema es un derecho convencional de los trabajadores.
Por eso preguntamos:
¿De verdad la BAE explica una crisis de esta magnitud?
¿De verdad la solución pasa por pedirles a los trabajadores que resignen derechos mientras otras decisiones económicas ni siquiera forman parte del debate público?
Los trabajadores de la Cooperativa son quienes mantienen las redes, atienden las guardias, sostienen los servicios de energía, agua y saneamiento y ponen el cuerpo todos los días para que Trelew funcione.
También son vecinos.
También pagan las tarifas.
También sostienen familias.
Y también sufren las consecuencias de una economía cada vez más difícil.
Queremos una Cooperativa fuerte, eficiente, transparente y sustentable.
Queremos que sus cuentas se ordenen.
Queremos que siga siendo patrimonio de Trelew.
Pero ordenar la Cooperativa no puede significar convertir a los trabajadores en la variable de ajuste.
Si quieren discutir eficiencia, discutamos CAMMESA, la deuda, los intereses, los acuerdos, los honorarios, las contrataciones, el costo nacional de la energía y cada una de las decisiones administrativas que llevaron a la institución hasta este punto.
Y discutamos también la BAE.
Pero todo sobre la misma mesa.
Porque la BAE no fijó el precio de la energía.
La BAE no redujo los subsidios.
La BAE no acumuló la deuda.
La BAE no firmó acuerdos con CAMMESA.
La BAE no administró la Cooperativa.
La BAE no es el problema.
El problema es mucho más profundo.
Y los vecinos de Trelew merecen conocer todos los números antes de que alguien pretenda señalar a los trabajadores como responsables de una crisis que no generaron.
SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA
Los derechos no generaron la crisis.
Los trabajadores no van a pagarla.
Desde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia consideramos necesario hablarle con claridad a la comunidad de Trelew.
La Cooperativa Eléctrica atraviesa una situación económica y financiera compleja. Nadie lo desconoce. Lo que no aceptamos es que esa crisis sea utilizada para enfrentar a los vecinos con los trabajadores y presentar a la Bonificación Anual por Eficiencia —BAE— como si fuera la causa de los problemas de la institución.
La BAE no es un privilegio ni un beneficio creado en medio de esta crisis. Es un derecho establecido convencionalmente y forma parte de las obligaciones laborales que la Cooperativa debe cumplir.
Por eso, si vamos a hablar de eficiencia, hablemos de toda la eficiencia. Y si vamos a hablar de números, pongamos todos los números sobre la mesa.
En julio de 2025, la propia Cooperativa informó que pagó a CAMMESA una factura corriente de aproximadamente *$1.950 millones en un solo mes. A eso se suma una deuda vinculada al mercado eléctrico mayorista que, según informes de la propia intervención, supera los *$41.000 millones** entre deuda histórica y deuda denominada corta.
Es decir: la crisis de la Cooperativa se mide en miles y decenas de miles de millones de pesos.
También debemos hablar del contexto nacional. Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei se produjo una reducción y reestructuración profunda de los subsidios energéticos, trasladando una mayor parte del costo real de la energía hacia usuarios y distribuidoras. Durante 2026 el esquema nacional continuó focalizando y limitando las bonificaciones sobre determinados niveles de consumo.
Ese costo no lo determinan los trabajadores.
Los trabajadores no fijan el precio mayorista de la energía. No deciden cuánto factura CAMMESA. No establecen la política nacional de subsidios. No firman los planes de pago. No generan los intereses. Y tampoco administran la Cooperativa.
Sin embargo, cuando llega el momento de explicar la crisis, nuevamente se pretende colocar la mirada sobre sus salarios.
También corresponde recordar qué ocurrió durante la intervención judicial.
La Cooperativa estuvo intervenida desde octubre de 2024 y durante ese período se conocieron costos millonarios asociados a la propia estructura interventora. Información publicada sobre documentación del expediente ubicó esos costos en alrededor de $29,8 millones mensuales entre honorarios y compensaciones de gastos.
Durante la intervención, además, la denominada deuda corta pasó de un capital informado de $19.616 millones a $21.787 millones luego de las actualizaciones correspondientes.
Más tarde, acuerdos firmados con CAMMESA fueron cuestionados públicamente por el peso financiero que podían representar para la Cooperativa, con compromisos mensuales que hacia fines de 2026 podían acercarse a los $2.000 millones. Incluso el interventor Juan Manuel Alfonsín solicitó posteriormente que no se ejecutara un cheque por $465 millones** que había quedado como garantía de uno de esos compromisos.
Y finalizada la intervención, el propio Alfonsín fue contratado nuevamente por la Cooperativa por **$4 millones mensuales durante tres meses, es decir, $12 millones por servicios profesionales.
No cuestionamos el derecho de ningún profesional a cobrar por su trabajo.
Lo que cuestionamos es la doble vara.
Porque mientras existen deudas multimillonarias, costos financieros, honorarios, asesorías, compromisos con CAMMESA y un escenario nacional que encareció fuertemente la energía, se pretende instalar que el problema es un derecho convencional de los trabajadores.
Por eso preguntamos:
¿De verdad la BAE explica una crisis de esta magnitud?
¿De verdad la solución pasa por pedirles a los trabajadores que resignen derechos mientras otras decisiones económicas ni siquiera forman parte del debate público?
Los trabajadores de la Cooperativa son quienes mantienen las redes, atienden las guardias, sostienen los servicios de energía, agua y saneamiento y ponen el cuerpo todos los días para que Trelew funcione.
También son vecinos.
También pagan las tarifas.
También sostienen familias.
Y también sufren las consecuencias de una economía cada vez más difícil.
Queremos una Cooperativa fuerte, eficiente, transparente y sustentable.
Queremos que sus cuentas se ordenen.
Queremos que siga siendo patrimonio de Trelew.
Pero ordenar la Cooperativa no puede significar convertir a los trabajadores en la variable de ajuste.
Si quieren discutir eficiencia, discutamos CAMMESA, la deuda, los intereses, los acuerdos, los honorarios, las contrataciones, el costo nacional de la energía y cada una de las decisiones administrativas que llevaron a la institución hasta este punto.
Y discutamos también la BAE.
Pero todo sobre la misma mesa.
Porque la BAE no fijó el precio de la energía.
La BAE no redujo los subsidios.
La BAE no acumuló la deuda.
La BAE no firmó acuerdos con CAMMESA.
La BAE no administró la Cooperativa.
La BAE no es el problema.
El problema es mucho más profundo.
Y los vecinos de Trelew merecen conocer todos los números antes de que alguien pretenda señalar a los trabajadores como responsables de una crisis que no generaron.
SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA
Los derechos no generaron la crisis.
Los trabajadores no van a pagarla.