Videla, sepelio sin honores
El genocida murió ayer a los 87 años de edad. Estaba en una cárcel común por delitos de lesa humanidad. No recibirá honores militares en su entierro. Estaba procesado en tres causas en Chubut.
El represor Jorge Rafael Videla falleció ayer de muerte natural mientras cumplía condena a prisión perpetua en la cárcel “común” de la localidad bonaerense de Marcos Paz, por la comisión de delitos de lesa humanidad.
Según el parte médico, a Videla, de 87 años, “se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realiza un ECG (electrocardiograma) constatándose su óbito, siendo las 08.25 hs del día de la fecha”.
Tras constatarse su muerte “de conformidad con los trámites de rigor, se cursó comunicación del deceso al Juzgado Federal Nº 3, Secretaría Nº 10, de Morón”.
En ese marco, el juez federal 3 de Morón, Juan Pablo Salas, dispuso que se practique la autopsia a Videla, quien fue hallado sin vida en el módulo 4 del Complejo Penitenciario Federal 2, de la ciudad de Marcos Paz.
La autopsia médico legal será realizada en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Capital Federal, ubicada en Viamonte y Junín.
Voceros judiciales indicaron a Télam que “si bien todo hace indicar que se trató de una muerte natural, se ordenó la autopsia como un trámite de rigor y para despejar cualquier tipo de dudas”.
El dictador encabezó el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y ocupó la presidencia hasta 1981 y actualmente enfrentaba un juicio oral por el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación de la represión ilegal entre gobiernos de facto latinoamericanos.
La última visita a los tribunales federales de Retiro fue el martes pasado, cuando se lo trasladó desde la cárcel bonaerense de Marcos Paz para prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 1 por el Plan Cóndor, donde era juzgado junto a otros 24 acusados.
Allí se negó a declarar, pero leyó un breve manifiesto en el que asumió “en plenitud” las “responsabilidades castrenses” por lo hecho en lo que llamó una “guerra” contra el “terrorismo” y deslindó de culpas a sus subordinados.
Tras ser condenado en 1985 a prisión perpetua en la causa 13 en el emblemático Juicio a las Juntas, Videla fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem el 28 de diciembre de 1990 y estuvo libre hasta 1998, cuando el entonces juez federal de San
Isidro Roberto Marquevich lo detuvo en una causa por sustracción de menores, el único delito que quedaba fuera de la órbita del indulto presidencial.
En esa causa fue procesado con prisión preventiva por el ahora ex juez federal Adolfo Bagnasco.
Videla gozó por un breve lapso de arresto domiciliario en su casa sobre avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales, pero luego fue denunciado por violar las condiciones de ese beneficio y se lo envió a prisión.
El 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años de prisión por el Tribunal Oral Federal 6 al ser encontrado responsable de la puesta en marcha de un plan sistemático de sustracción de menores a secuestradas en centros clandestinos de detención y puntualmente condenado por 18 casos, entre ellos el de Guido, el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
La pena de 50 años se transformó en prisión perpetua al unificarse con dos condenas anteriores a perpetua, la de la causa 13 y otra dictada en la provincia de Córdoba en diciembre de 2010 por el asesinato de 31 presos políticos.
Además de estas condenas, Videla estaba procesado por el juzgado federal 4 de Rosario, en una causa por “privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, abuso sexual y asociación ilícita” cometidos en la última dictadura cívico militar.
También cumplía prisión preventiva por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, la causa penal en el marco de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el indulto que lo había beneficiado en los 90.
Hasta su muerte, Videla estaba procesado por tres causas en Chubut
Hasta su muerte, Jorge Rafael Videla estaba procesado en tres causas en Chubut: las torturas contra Jorge Valemberg, dirigente peronista perseguido político que fue presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca; la desaparición en Trelew del dirigente del Partido Comunista Ángel Bel, y la causa Torné, que investiga la detención ilegal de militantes políticos en la Base Almirante Zar.
Tenía un cuarto pedido de procesamiento por el Caso Steding, también conocida como la Causa 500, una megacausa de delitos de lesa humanidad por torturas a presos políticos en la Unidad 6 de Rawson en el período 1976/82. Ahora el Juzgado Federal de Rawson deberá sobreseerlo por extinción de la acción penal.
Los datos los confirmó el fiscal federal Fernando Gélvez, que junto con el juez Hugo Sastre indagó dos veces en persona a Videla por estos casos. El exdictador ya había sido condenado por los secuestros de Mario Abel Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen. Como era el jefe del Proceso de Reorganización Nacional, se lo consideró responsable de los casos ocurridos en Chubut. “Los militares que usurparon el poder tomaron normas que dictó el gobierno de Isabel Perón en 1975, que muchos de ellas firmó Ítalo Luder”, graficó el fiscal.
Gélvez lo indagó una vez en Campo de Mayo y otra en el Hospital Militar. “Fueron dos momentos distintos: en la primera estaba privado de libertad en un lugar donde no estaba enfermo ni en cama”. En cambio, la segunda ocasión Videla lo atendió en pijama.
“Se lo veía bien en lo físico y en el hospital estaba por obtener el alta; la sensación era estar ante una persona que cometió como autor mediato hechos terribles pero trataba de mostrarse como muy correcto. Quería seducir y ser agradable, dentro de su postura militar que ahí dejaba de lado”.
En ambas ocasiones Videla no declaró. Sólo dijo que la justicia federal era incompetente para juzgarlo. “Hacía una declaración genérica de la incompetencia de las autoridades civiles y decía que él era el responsable por haber sido la máxima autoridad de las Juntas. Pero de los hechos no señalaba absolutamente nada”.
Una de sus declaraciones ocurrió en agosto de 2011. “Con el debido respeto al señor juez, deseo manifestar que este tribunal, a mi juicio no tiene jurisdicción y competencia para juzgarme por los hechos protagonizados por el Ejército mientras fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo”, le dijo a Sastre.
Tenía el brazo derecho quebrado e inmovilizado por una caída mientras trotaba por la cancha de fútbol del Regimiento de Campo de Mayo. De 86 años recién cumplidos, Videla sostenía su estado físico con largas caminatas y trotes en su presidio. Algunos oficiales todavía le rendían alguna reverencia. Lo custodiaban 3 penitenciarios por turno, bajo estrictas medidas de seguridad por temor a algún atentado.
Además del pijama lo envolvía una frazada porque en el lugar de la indagatoria no había calefacción. Pidió disculpas de manera ceremonial por su atuendo, se cruzó de piernas y abrió un cuaderno con apuntes, que escribía con la mano izquierda por la fractura.
Videla consideraba su “juez natural” al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y se escudó en la “falta de jurisdicción” del Juzgado de Rawson “por cuanto al momento de la ocurrencia de los hechos que se investigan, la sede de mi comando funcionaba en el Edificio Libertador ubicado en la Capital Federal”.
El represor Jorge Rafael Videla falleció ayer de muerte natural mientras cumplía condena a prisión perpetua en la cárcel “común” de la localidad bonaerense de Marcos Paz, por la comisión de delitos de lesa humanidad.
Según el parte médico, a Videla, de 87 años, “se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realiza un ECG (electrocardiograma) constatándose su óbito, siendo las 08.25 hs del día de la fecha”.
Tras constatarse su muerte “de conformidad con los trámites de rigor, se cursó comunicación del deceso al Juzgado Federal Nº 3, Secretaría Nº 10, de Morón”.
En ese marco, el juez federal 3 de Morón, Juan Pablo Salas, dispuso que se practique la autopsia a Videla, quien fue hallado sin vida en el módulo 4 del Complejo Penitenciario Federal 2, de la ciudad de Marcos Paz.
La autopsia médico legal será realizada en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Capital Federal, ubicada en Viamonte y Junín.
Voceros judiciales indicaron a Télam que “si bien todo hace indicar que se trató de una muerte natural, se ordenó la autopsia como un trámite de rigor y para despejar cualquier tipo de dudas”.
El dictador encabezó el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y ocupó la presidencia hasta 1981 y actualmente enfrentaba un juicio oral por el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación de la represión ilegal entre gobiernos de facto latinoamericanos.
La última visita a los tribunales federales de Retiro fue el martes pasado, cuando se lo trasladó desde la cárcel bonaerense de Marcos Paz para prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 1 por el Plan Cóndor, donde era juzgado junto a otros 24 acusados.
Allí se negó a declarar, pero leyó un breve manifiesto en el que asumió “en plenitud” las “responsabilidades castrenses” por lo hecho en lo que llamó una “guerra” contra el “terrorismo” y deslindó de culpas a sus subordinados.
Tras ser condenado en 1985 a prisión perpetua en la causa 13 en el emblemático Juicio a las Juntas, Videla fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem el 28 de diciembre de 1990 y estuvo libre hasta 1998, cuando el entonces juez federal de San
Isidro Roberto Marquevich lo detuvo en una causa por sustracción de menores, el único delito que quedaba fuera de la órbita del indulto presidencial.
En esa causa fue procesado con prisión preventiva por el ahora ex juez federal Adolfo Bagnasco.
Videla gozó por un breve lapso de arresto domiciliario en su casa sobre avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales, pero luego fue denunciado por violar las condiciones de ese beneficio y se lo envió a prisión.
El 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años de prisión por el Tribunal Oral Federal 6 al ser encontrado responsable de la puesta en marcha de un plan sistemático de sustracción de menores a secuestradas en centros clandestinos de detención y puntualmente condenado por 18 casos, entre ellos el de Guido, el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
La pena de 50 años se transformó en prisión perpetua al unificarse con dos condenas anteriores a perpetua, la de la causa 13 y otra dictada en la provincia de Córdoba en diciembre de 2010 por el asesinato de 31 presos políticos.
Además de estas condenas, Videla estaba procesado por el juzgado federal 4 de Rosario, en una causa por “privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, abuso sexual y asociación ilícita” cometidos en la última dictadura cívico militar.
También cumplía prisión preventiva por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, la causa penal en el marco de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el indulto que lo había beneficiado en los 90.
Hasta su muerte, Videla estaba procesado por tres causas en Chubut
Hasta su muerte, Jorge Rafael Videla estaba procesado en tres causas en Chubut: las torturas contra Jorge Valemberg, dirigente peronista perseguido político que fue presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca; la desaparición en Trelew del dirigente del Partido Comunista Ángel Bel, y la causa Torné, que investiga la detención ilegal de militantes políticos en la Base Almirante Zar.
Tenía un cuarto pedido de procesamiento por el Caso Steding, también conocida como la Causa 500, una megacausa de delitos de lesa humanidad por torturas a presos políticos en la Unidad 6 de Rawson en el período 1976/82. Ahora el Juzgado Federal de Rawson deberá sobreseerlo por extinción de la acción penal.
Los datos los confirmó el fiscal federal Fernando Gélvez, que junto con el juez Hugo Sastre indagó dos veces en persona a Videla por estos casos. El exdictador ya había sido condenado por los secuestros de Mario Abel Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen. Como era el jefe del Proceso de Reorganización Nacional, se lo consideró responsable de los casos ocurridos en Chubut. “Los militares que usurparon el poder tomaron normas que dictó el gobierno de Isabel Perón en 1975, que muchos de ellas firmó Ítalo Luder”, graficó el fiscal.
Gélvez lo indagó una vez en Campo de Mayo y otra en el Hospital Militar. “Fueron dos momentos distintos: en la primera estaba privado de libertad en un lugar donde no estaba enfermo ni en cama”. En cambio, la segunda ocasión Videla lo atendió en pijama.
“Se lo veía bien en lo físico y en el hospital estaba por obtener el alta; la sensación era estar ante una persona que cometió como autor mediato hechos terribles pero trataba de mostrarse como muy correcto. Quería seducir y ser agradable, dentro de su postura militar que ahí dejaba de lado”.
En ambas ocasiones Videla no declaró. Sólo dijo que la justicia federal era incompetente para juzgarlo. “Hacía una declaración genérica de la incompetencia de las autoridades civiles y decía que él era el responsable por haber sido la máxima autoridad de las Juntas. Pero de los hechos no señalaba absolutamente nada”.
Una de sus declaraciones ocurrió en agosto de 2011. “Con el debido respeto al señor juez, deseo manifestar que este tribunal, a mi juicio no tiene jurisdicción y competencia para juzgarme por los hechos protagonizados por el Ejército mientras fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo”, le dijo a Sastre.
Tenía el brazo derecho quebrado e inmovilizado por una caída mientras trotaba por la cancha de fútbol del Regimiento de Campo de Mayo. De 86 años recién cumplidos, Videla sostenía su estado físico con largas caminatas y trotes en su presidio. Algunos oficiales todavía le rendían alguna reverencia. Lo custodiaban 3 penitenciarios por turno, bajo estrictas medidas de seguridad por temor a algún atentado.
Además del pijama lo envolvía una frazada porque en el lugar de la indagatoria no había calefacción. Pidió disculpas de manera ceremonial por su atuendo, se cruzó de piernas y abrió un cuaderno con apuntes, que escribía con la mano izquierda por la fractura.
Videla consideraba su “juez natural” al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y se escudó en la “falta de jurisdicción” del Juzgado de Rawson “por cuanto al momento de la ocurrencia de los hechos que se investigan, la sede de mi comando funcionaba en el Edificio Libertador ubicado en la Capital Federal”.