El municipio perdió más de $ 950 millones en multas sin aplicar
Lo aseguraron los taxistas de la ciudad del Golfo, que critizaron al juez de Faltas y afirmaron que se realizaron 89 infracciones a coches de transporte clandestino pero 26 terminaron en apenas apercibimientos. Criticaron las decisiones de Sergio Segovia.
La Asociación de Propietarios de Taxis de Puerto Madryn cuestionó duramente la actuación de Sergio Segovia, Juez de Faltas Municipal, frente a las infracciones cometidas por vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales sin contar con habilitación municipal.
La información proporcionada por el propio Tribunal revela que, desde 2018, ingresaron solamente 89 actas por infracciones a las ordenanzas que prohíben el uso de aplicaciones para el transporte de pasajeros, de las cuales solamente se individualizaron 40 actuaciones.
Desde la representación de los taxis se indicó que de ese número 26 concluyeron con apercibimientos o desestimaciones y, en solo tres casos, se aplicaron multas de apenas 499 módulos B, pese a que la sanción establecida por la normativa vigente asciende a 15.000 módulos B, equivalente a la cantidad de 27.450.000 pesos.
La Asociación estimó que la sustitución de las multas previstas por apercibimientos y sanciones irrisorias habría ocasionado al patrimonio municipal un perjuicio de, al menos, 958.287.435 pesos. El cálculo fue realizado sobre la base del valor vigente del módulo B y comprende la totalidad de las actas de infracción que habrían sido labradas por la Dirección de Tránsito y respecto de las cuales debieron aplicarse las sanciones con los valores fijados por las ordenanzas.
“Mientras inspectores municipales y efectivos de la Policía del Chubut realizan controles, labran actas y retienen vehículos, las decisiones del Tribunal permiten que esos mismos automóviles regresen rápidamente a la calle para continuar prestando el servicio ilegal” indicaron los taxistas. De esta manera, “los funcionarios encargados de hacer cumplir las ordenanzas terminan convertidos en el hazmerreír de quienes saben que apenas perderán algunas horas antes de recuperar sus vehículos sin pagar nada o abonando sumas insignificantes”, sostuvo la entidad.
Por otra parte, rechazaron que la situación económica de los infractores sea utilizada por el juez para justificar el apartamiento sistemático de las sanciones vigentes. “El juez parece pretender convertirse en una suerte de justiciero social, pero su función no consiste en seleccionar qué sectores proteger ni en reemplazar la voluntad del Concejo Deliberante por su valoración personal. Pretender hacer justicia al margen de las ordenanzas no es impartir justicia” expresaron las autoridades de la Asociación de Propietarios de Taxis.
Asimismo, hicieron hincapié en que la tolerancia de esta actividad tampoco resuelve la situación social de quienes trabajan mediante las aplicaciones. Por el contrario, los convierte en trabajadores absolutamente precarizados, dependientes de empresas multinacionales que los mantienen vinculados mediante ingresos de subsistencia que difícilmente les permitirán afrontar siquiera el reemplazo de una cubierta cuando resulte necesario.
“Se pretende beneficiar a un sector que atraviesa dificultades económicas, perjudicando a otro que también las padece, pero que cumple las normas y soporta todos los costos del sistema. Es el síndrome de la frazada corta. En definitiva, consciente o inconscientemente, con las decisiones del juez de faltas, las únicas beneficiadas son las empresas multinacionales propietarias de las aplicaciones”, concluyó la Asociación.
La Asociación advirtió, además, que esta política expone a los pasajeros a vehículos que no acreditaron ante la autoridad municipal las condiciones de seguridad, higiene, habilitación y cobertura de seguros exigidas para el transporte oneroso de personas. En cambio, los propietarios de taxis, locatarios y choferes cumplen controles, contratan seguros específicos, pagan licencias, tributos y cargas fiscales. Sin embargo, deben competir con vehículos que desarrollan la misma actividad sin afrontar ninguna de esas obligaciones y que recuperan inmediatamente la posibilidad de continuar trabajando luego de ser infraccionados.
Finalmente, concluyeron en solicitar que los organismos municipales competentes investiguen las irregularidades detectadas y evalúen las responsabilidades funcionales y el perjuicio ocasionado al patrimonio de todos los madrynenses.
La Asociación de Propietarios de Taxis de Puerto Madryn cuestionó duramente la actuación de Sergio Segovia, Juez de Faltas Municipal, frente a las infracciones cometidas por vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales sin contar con habilitación municipal.
La información proporcionada por el propio Tribunal revela que, desde 2018, ingresaron solamente 89 actas por infracciones a las ordenanzas que prohíben el uso de aplicaciones para el transporte de pasajeros, de las cuales solamente se individualizaron 40 actuaciones.
Desde la representación de los taxis se indicó que de ese número 26 concluyeron con apercibimientos o desestimaciones y, en solo tres casos, se aplicaron multas de apenas 499 módulos B, pese a que la sanción establecida por la normativa vigente asciende a 15.000 módulos B, equivalente a la cantidad de 27.450.000 pesos.
La Asociación estimó que la sustitución de las multas previstas por apercibimientos y sanciones irrisorias habría ocasionado al patrimonio municipal un perjuicio de, al menos, 958.287.435 pesos. El cálculo fue realizado sobre la base del valor vigente del módulo B y comprende la totalidad de las actas de infracción que habrían sido labradas por la Dirección de Tránsito y respecto de las cuales debieron aplicarse las sanciones con los valores fijados por las ordenanzas.
“Mientras inspectores municipales y efectivos de la Policía del Chubut realizan controles, labran actas y retienen vehículos, las decisiones del Tribunal permiten que esos mismos automóviles regresen rápidamente a la calle para continuar prestando el servicio ilegal” indicaron los taxistas. De esta manera, “los funcionarios encargados de hacer cumplir las ordenanzas terminan convertidos en el hazmerreír de quienes saben que apenas perderán algunas horas antes de recuperar sus vehículos sin pagar nada o abonando sumas insignificantes”, sostuvo la entidad.
Por otra parte, rechazaron que la situación económica de los infractores sea utilizada por el juez para justificar el apartamiento sistemático de las sanciones vigentes. “El juez parece pretender convertirse en una suerte de justiciero social, pero su función no consiste en seleccionar qué sectores proteger ni en reemplazar la voluntad del Concejo Deliberante por su valoración personal. Pretender hacer justicia al margen de las ordenanzas no es impartir justicia” expresaron las autoridades de la Asociación de Propietarios de Taxis.
Asimismo, hicieron hincapié en que la tolerancia de esta actividad tampoco resuelve la situación social de quienes trabajan mediante las aplicaciones. Por el contrario, los convierte en trabajadores absolutamente precarizados, dependientes de empresas multinacionales que los mantienen vinculados mediante ingresos de subsistencia que difícilmente les permitirán afrontar siquiera el reemplazo de una cubierta cuando resulte necesario.
“Se pretende beneficiar a un sector que atraviesa dificultades económicas, perjudicando a otro que también las padece, pero que cumple las normas y soporta todos los costos del sistema. Es el síndrome de la frazada corta. En definitiva, consciente o inconscientemente, con las decisiones del juez de faltas, las únicas beneficiadas son las empresas multinacionales propietarias de las aplicaciones”, concluyó la Asociación.
La Asociación advirtió, además, que esta política expone a los pasajeros a vehículos que no acreditaron ante la autoridad municipal las condiciones de seguridad, higiene, habilitación y cobertura de seguros exigidas para el transporte oneroso de personas. En cambio, los propietarios de taxis, locatarios y choferes cumplen controles, contratan seguros específicos, pagan licencias, tributos y cargas fiscales. Sin embargo, deben competir con vehículos que desarrollan la misma actividad sin afrontar ninguna de esas obligaciones y que recuperan inmediatamente la posibilidad de continuar trabajando luego de ser infraccionados.
Finalmente, concluyeron en solicitar que los organismos municipales competentes investiguen las irregularidades detectadas y evalúen las responsabilidades funcionales y el perjuicio ocasionado al patrimonio de todos los madrynenses.