Cooperativa de Rawson: reactivan una multimillonaria denuncia por fraude
En 2025 el interventor Juan Manuel Ibañez realizó una presentación por administración fraudulenta contra el último Consejo de Administración. Aunque tenía fondos y estaba advertida de las consecuencias, esa conducción dejó caer un convenio de pago con FENTOS, que ahora reclama $ 1.200.000.000. Un año después, la denuncia se desarchivó.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
La Fiscalía de Rawson desarchivó una multimillonaria denuncia por administración fraudulenta contra el último Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada.
El interventor Juan Manuel Ibañez la había presentado el año pasado pero el caso estaba archivado desde agosto de 2025 por decisión de la procuradora Silvina Nicholson, que lo había considerado un tema civil.
La carpeta se reactivó en una audiencia el 10 de septiembre de este año ante la insistencia de Ibañez y de su abogado Fabián Gabalachis, que reclamaron más medidas de investigación. Ante la jueza María Laura Martini, el fiscal Leonardo Cheuquemán explicó la decisión del archivo pero admitió que ahora se profundicela pesquisa.
El núcleo del expediente es un convenio que la cúpula de la empresa firmó en agosto de 2023 para reconocer en 24 cuotas una deuda con el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS). En la séptima cuota la Cooperativa dejó de pagar. Este incumplimiento derivó en una demanda del gremio, que ahora reclama capital e intereses por $ 1.200.000.000, un gravísimo perjuicio patrimonial para la entidad.
En su momento y a pedido de la intervención, el contador Cristian Eguillor estudió el trayecto del convenio y emitió un dictamen según el cual el Consejo, al aprobar el acuerdo “asumió una obligación financiera con condiciones estrictas de pago, intereses punitorios elevados y cláusulas de resolución automática en caso de mora”.
Hubo reiteradas advertencias escritas del área de Administración interna de la empresa. “Alertaban con suficiente antelación sobre los vencimientos y las consecuencias jurídicas del incumplimiento”, dice ese documento. En ese período las cuentas bancarias de la Cooperativa tenían saldo suficiente para afrontar las cuotas pactadas.
Paradójicamente, mientras se incumplía con el gremio se gastaba dinero en “decisiones financieras como la suscripción de un Fondo Común de Inversión por $ 90.000.000”. Según el dictamen, este movimiento “es inconsistente frente al incumplimiento de una obligación contractual urgente, cierta y exigible”.
La demanda de FENTOS derivó en una condena judicial firme por $ 302.897.220, más intereses, penalidades y costas. “Actualmente se encuentra aprobada una liquidación por $ 618.750.980,21, a la que deben sumarse $ 76.869.496,75 en concepto de honorarios”. Pero el gremio apeló esta liquidación y reclama un total de más de $ 1.200.000.000. Ya hubo embargos sobre cuentas de la Cooperativa por más de $ 1.165.000.000.
El dictamen añadió un dato que consideró de “extrema gravedad institucional”: la presunta ocultación deliberada de la Carta Documento con la cual FENTOS notificó la resolución, “circunstancia que sólo se advirtió cuando se notificó el traslado de demanda”.
Se concluyó que esa conducción de la Cooperativa conocía las consecuencias del incumplimiento, tenía plata para evitar la mora y recibió múltiples advertencias internas. Pero igual no pagó las cuotas pendientes ni tomó medidas urgentes de corrección. “Se generó un perjuicio patrimonial directo, cuantificable, y de gran magnitud”, dijo el dictamen.
Estos hechos “permiten suponer, al menos prima facie, la existencia de una cadena de omisiones y decisiones desacertadas por parte del anterior Consejo de Administración, cuya consecuencia directa fue un gravísimo perjuicio económico para la Cooperativa”.
Aunque no se puede responsabilizar por estas decisiones a un dirigente en particular, “el carácter colectivo del órgano de administración y la participación directa e indirecta de sus integrantes en los hechos, permite inferir una responsabilidad compartida que amerita una revisión más profunda de las autoridades competentes a fin de clarificar responsabilidades”.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
La Fiscalía de Rawson desarchivó una multimillonaria denuncia por administración fraudulenta contra el último Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada.
El interventor Juan Manuel Ibañez la había presentado el año pasado pero el caso estaba archivado desde agosto de 2025 por decisión de la procuradora Silvina Nicholson, que lo había considerado un tema civil.
La carpeta se reactivó en una audiencia el 10 de septiembre de este año ante la insistencia de Ibañez y de su abogado Fabián Gabalachis, que reclamaron más medidas de investigación. Ante la jueza María Laura Martini, el fiscal Leonardo Cheuquemán explicó la decisión del archivo pero admitió que ahora se profundicela pesquisa.
El núcleo del expediente es un convenio que la cúpula de la empresa firmó en agosto de 2023 para reconocer en 24 cuotas una deuda con el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS). En la séptima cuota la Cooperativa dejó de pagar. Este incumplimiento derivó en una demanda del gremio, que ahora reclama capital e intereses por $ 1.200.000.000, un gravísimo perjuicio patrimonial para la entidad.
En su momento y a pedido de la intervención, el contador Cristian Eguillor estudió el trayecto del convenio y emitió un dictamen según el cual el Consejo, al aprobar el acuerdo “asumió una obligación financiera con condiciones estrictas de pago, intereses punitorios elevados y cláusulas de resolución automática en caso de mora”.
Hubo reiteradas advertencias escritas del área de Administración interna de la empresa. “Alertaban con suficiente antelación sobre los vencimientos y las consecuencias jurídicas del incumplimiento”, dice ese documento. En ese período las cuentas bancarias de la Cooperativa tenían saldo suficiente para afrontar las cuotas pactadas.
Paradójicamente, mientras se incumplía con el gremio se gastaba dinero en “decisiones financieras como la suscripción de un Fondo Común de Inversión por $ 90.000.000”. Según el dictamen, este movimiento “es inconsistente frente al incumplimiento de una obligación contractual urgente, cierta y exigible”.
La demanda de FENTOS derivó en una condena judicial firme por $ 302.897.220, más intereses, penalidades y costas. “Actualmente se encuentra aprobada una liquidación por $ 618.750.980,21, a la que deben sumarse $ 76.869.496,75 en concepto de honorarios”. Pero el gremio apeló esta liquidación y reclama un total de más de $ 1.200.000.000. Ya hubo embargos sobre cuentas de la Cooperativa por más de $ 1.165.000.000.
El dictamen añadió un dato que consideró de “extrema gravedad institucional”: la presunta ocultación deliberada de la Carta Documento con la cual FENTOS notificó la resolución, “circunstancia que sólo se advirtió cuando se notificó el traslado de demanda”.
Se concluyó que esa conducción de la Cooperativa conocía las consecuencias del incumplimiento, tenía plata para evitar la mora y recibió múltiples advertencias internas. Pero igual no pagó las cuotas pendientes ni tomó medidas urgentes de corrección. “Se generó un perjuicio patrimonial directo, cuantificable, y de gran magnitud”, dijo el dictamen.
Estos hechos “permiten suponer, al menos prima facie, la existencia de una cadena de omisiones y decisiones desacertadas por parte del anterior Consejo de Administración, cuya consecuencia directa fue un gravísimo perjuicio económico para la Cooperativa”.
Aunque no se puede responsabilizar por estas decisiones a un dirigente en particular, “el carácter colectivo del órgano de administración y la participación directa e indirecta de sus integrantes en los hechos, permite inferir una responsabilidad compartida que amerita una revisión más profunda de las autoridades competentes a fin de clarificar responsabilidades”.