Editorial / Las aguas bajan turbias
La reforma de la Ley de Glaciares expone una regresión alarmante: habilita el avance extractivo, pone en riesgo el agua y revela complicidades políticas, inclusive de algunos sectores de Chubut.
En territorio de Chubut hay 1.471 glaciares registrados y en toda la Patagonia más de 6.000. Sólo esos dos datos deberían ser suficientes para despertar el interés de los chubutenses y de los patagónicos en general en la reciente aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares, que es un retroceso jurídico flagrante pergeñado por el Gobierno de Javier Milei y sus socios económicos y políticos.
Es verdad que el escandaloso crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, más sus viajes de lujo por el mundo son más sencillos de entender y encienden con facilidad la llama de la indignación. Pero es un poroto al lado del escándalo de la criptomoneda $Libra, que impacta de frente en Milei y su hermana Karina, o del avance escandaloso de leyes regresivas, abusivas o escritas a medida de sectores empresariales, como es el caso de la modificación de la Ley de Glaciares para avanzar contra las reservas de agua dulce de la Argentina con la finalidad de habilitar explotaciones extractivas en lugares que venían siendo protegidos desde hace décadas.
El gran problema de la Argentina actual es que los que venían a arreglar los problemas que dejaron los peronistas y a inundar de agua bendita el Estado bobo y corrupto, no son más que una manga de corruptos y ladrones, tal vez los peores que la sociedad argentina haya visto en su historia.
Milei tiene desde la última elección parlamentaria del año pasado una fuerte influencia en ambas cámaras. Pero para sacar esta ley -como otras anteriores y algunas futuras, seguramente- contó con la inestimable ayuda de legisladores de todos los colores: el PRO casi en pleno; radicales con peluca; peronistas que responden a gobernadores presuntamente peronistas que se vendieron al Gobierno libertario; y también algunos dispersos que responden a Provincias Unidas, ese rejunte de gobernadores dialoguistas no peronistas que con la boca critican los modos de Milei pero con los gestos terminan arreglando en silencio en la Casa Rosada.
El voto a favor de poner en peligro los 1.471 glaciares de Chubut que expresarion los libertarios César Treffinger y Maira “Hipoteca” Frías se descontaba porque a ninguno de los dos le importa un rábano los intereses de Chubut y los chubutenses. Están ahí para defender los intereses de la franquicia electoral que consiguió Treffinger, cuya única aspiración es mantener ese negocio lo más que pueda.
Pero el voto favorable que hizo ruido fue el de Jorge “Loma” Ávila, el dirigente de los petroleros que una vez más borró con el codo lo que dice con su lengua y volvió a sentarse en la banca que le ofrendó el gobernador Nacho Torres en las elecciones de 2023 para responder a algún interés empresario y no el de los chubutenses, como debería ser.
En política, algunas veces se pagan las consecuencias de traicionar la voluntad popular o la de los representados. El tiempo dirá si Ávila debe rendir cuentas por su accionar.
A la Justicia
La avanzada judicial impulsada desde La Pampa expone con claridad el trasfondo de una decisión política que el oficialismo y sus aliados intentaron presentar como un paso hacia el desarrollo. La Pampa no tiene un solo glaciar pero sus reservas de agua dependen de afluentes que son alimentados por glaciares ubicados en Mendoza, lo cual la habilita para reclamar.
La reforma de la Ley de Glaciares no sólo reabre una discusión saldada en términos jurídicos y ambientales, sino que confirma una preocupante tendencia a debilitar estándares de protección en nombre de urgencias económicas. Cuando una provincia sin glaciares advierte que está en riesgo el caudal y la calidad del agua que alimenta sus ríos, queda en evidencia que el problema excede cualquier frontera administrativa y se instala en el corazón mismo del interés nacional.
El amparo colectivo no es un gesto aislado ni oportunista: es la reacción lógica frente a una norma que introduce discrecionalidad donde antes había criterios uniformes y científicos.
Dejar en manos de cada provincia la posibilidad de habilitar actividades extractivas en zonas glaciares o periglaciares implica, en los hechos, fragmentar la protección de un recurso estratégico y abrir la puerta a decisiones condicionadas por intereses de corto plazo.
El resultado es previsible: menos controles, más riesgos y una mayor exposición a daños que, como bien advierten los especialistas, pueden ser irreversibles.
Lo más grave es que esta regresión no ocurre en un vacío normativo, sino sobre un andamiaje constitucional que consagra el derecho a un ambiente sano y obliga a su preservación. La nueva ley no mejora ese esquema: lo debilita. Y lo hace sin ofrecer fundamentos sólidos, más allá de una narrativa que insiste en enfrentar ambiente y economía como si se tratara de opciones excluyentes. En ese falso dilema, la balanza vuelve a inclinarse hacia un modelo extractivo que compromete recursos esenciales y posterga cualquier idea de desarrollo sostenible.
La urgencia de una medida cautelar no responde a un capricho jurídico, sino a la lógica misma del derecho ambiental: prevenir antes que lamentar. Porque cuando el daño se produce sobre ecosistemas sensibles como los glaciares, la reversión no es una opción real. En ese escenario, la intervención judicial aparece como el último resguardo frente a una decisión política que, lejos de ampliar derechos, los reduce.
Esto sin contar que muchos de esos glaciares que están en la zona cordillerana también alimentan fuentes de agua del lado chileno, lo cual también pone en duda si la ley aprobada esta semana no afecta el derecho internacional.
La discusión ya no es sólo legal ni técnica. Es, ante todo, una definición sobre qué país se construye y qué valor se le asigna a sus bienes comunes. Y en ese punto, la reforma de la Ley de Glaciares deja al descubierto una elección preocupante: priorizar la coyuntura por sobre el futuro.
Advertencia
Hubo muchas expresiones en contra de la reforma, la mayoría de organizaciones intermedias y muy pocas de partidos políticos. Al menos en Chubut. Uno de los grupos que se expresó con firmeza antes de la aprobación de la ley fue Agenda Patagonia, que en un contundente documento advirtió que la reforma, tal como había sido planteada, no constituye una simple modificación normativa sino una regresión ambiental con implicancias constitucionales, al debilitar el sistema de presupuestos mínimos establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El documento cuestionaba la delegación de facultades a las provincias para definir criterios de protección, lo que rompería la uniformidad jurídica sobre recursos estratégicos como el agua y abriría la puerta a intereses extractivos de corto plazo.
Además, denunció una falsa dicotomía entre ambiente y economía que prioriza la primarización y la captación de divisas por sobre la preservación de bienes comunes, advirtiendo sobre posibles conflictos interprovinciales y la vulneración de derechos intergeneracionales.
Como ya ha pasado muchas veces en la historia argentina (y también de Chubut) las políticas de gobiernos de turno orientadas a favorecer inversiones con beneficios extraordinarios, en detrimento de la soberanía y del desarrollo sostenible, implican una degradación institucional que pone en riesgo la integridad territorial y el resguardo de recursos críticos para el futuro del país.
El gobernador Torres deberá ser más explícito a la hora de fijar una posición sobre algunos temas sensibles. “Esta ley no va a afectar bajo ningún punto de vista a la provincia. Chubut tiene autonomía sobre sus recursos naturales, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente. Nosotros tenemos una ventaja, y es que somos autónomos en la decisión sobre nuestros recursos, por lo tanto esa ley no nos va a afectar”, afirmó el gobernador.
Torres no parece estar diciendo todo lo que piensa y sabe. Y otra vez está jugando un juego que cada vez le gusta más: mostrarse distante de la Casa Rosada en lo discursivo y coquetear en la intimidad cada vez más cerca del corazón del poder libertario.
En territorio de Chubut hay 1.471 glaciares registrados y en toda la Patagonia más de 6.000. Sólo esos dos datos deberían ser suficientes para despertar el interés de los chubutenses y de los patagónicos en general en la reciente aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares, que es un retroceso jurídico flagrante pergeñado por el Gobierno de Javier Milei y sus socios económicos y políticos.
Es verdad que el escandaloso crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, más sus viajes de lujo por el mundo son más sencillos de entender y encienden con facilidad la llama de la indignación. Pero es un poroto al lado del escándalo de la criptomoneda $Libra, que impacta de frente en Milei y su hermana Karina, o del avance escandaloso de leyes regresivas, abusivas o escritas a medida de sectores empresariales, como es el caso de la modificación de la Ley de Glaciares para avanzar contra las reservas de agua dulce de la Argentina con la finalidad de habilitar explotaciones extractivas en lugares que venían siendo protegidos desde hace décadas.
El gran problema de la Argentina actual es que los que venían a arreglar los problemas que dejaron los peronistas y a inundar de agua bendita el Estado bobo y corrupto, no son más que una manga de corruptos y ladrones, tal vez los peores que la sociedad argentina haya visto en su historia.
Milei tiene desde la última elección parlamentaria del año pasado una fuerte influencia en ambas cámaras. Pero para sacar esta ley -como otras anteriores y algunas futuras, seguramente- contó con la inestimable ayuda de legisladores de todos los colores: el PRO casi en pleno; radicales con peluca; peronistas que responden a gobernadores presuntamente peronistas que se vendieron al Gobierno libertario; y también algunos dispersos que responden a Provincias Unidas, ese rejunte de gobernadores dialoguistas no peronistas que con la boca critican los modos de Milei pero con los gestos terminan arreglando en silencio en la Casa Rosada.
El voto a favor de poner en peligro los 1.471 glaciares de Chubut que expresarion los libertarios César Treffinger y Maira “Hipoteca” Frías se descontaba porque a ninguno de los dos le importa un rábano los intereses de Chubut y los chubutenses. Están ahí para defender los intereses de la franquicia electoral que consiguió Treffinger, cuya única aspiración es mantener ese negocio lo más que pueda.
Pero el voto favorable que hizo ruido fue el de Jorge “Loma” Ávila, el dirigente de los petroleros que una vez más borró con el codo lo que dice con su lengua y volvió a sentarse en la banca que le ofrendó el gobernador Nacho Torres en las elecciones de 2023 para responder a algún interés empresario y no el de los chubutenses, como debería ser.
En política, algunas veces se pagan las consecuencias de traicionar la voluntad popular o la de los representados. El tiempo dirá si Ávila debe rendir cuentas por su accionar.
A la Justicia
La avanzada judicial impulsada desde La Pampa expone con claridad el trasfondo de una decisión política que el oficialismo y sus aliados intentaron presentar como un paso hacia el desarrollo. La Pampa no tiene un solo glaciar pero sus reservas de agua dependen de afluentes que son alimentados por glaciares ubicados en Mendoza, lo cual la habilita para reclamar.
La reforma de la Ley de Glaciares no sólo reabre una discusión saldada en términos jurídicos y ambientales, sino que confirma una preocupante tendencia a debilitar estándares de protección en nombre de urgencias económicas. Cuando una provincia sin glaciares advierte que está en riesgo el caudal y la calidad del agua que alimenta sus ríos, queda en evidencia que el problema excede cualquier frontera administrativa y se instala en el corazón mismo del interés nacional.
El amparo colectivo no es un gesto aislado ni oportunista: es la reacción lógica frente a una norma que introduce discrecionalidad donde antes había criterios uniformes y científicos.
Dejar en manos de cada provincia la posibilidad de habilitar actividades extractivas en zonas glaciares o periglaciares implica, en los hechos, fragmentar la protección de un recurso estratégico y abrir la puerta a decisiones condicionadas por intereses de corto plazo.
El resultado es previsible: menos controles, más riesgos y una mayor exposición a daños que, como bien advierten los especialistas, pueden ser irreversibles.
Lo más grave es que esta regresión no ocurre en un vacío normativo, sino sobre un andamiaje constitucional que consagra el derecho a un ambiente sano y obliga a su preservación. La nueva ley no mejora ese esquema: lo debilita. Y lo hace sin ofrecer fundamentos sólidos, más allá de una narrativa que insiste en enfrentar ambiente y economía como si se tratara de opciones excluyentes. En ese falso dilema, la balanza vuelve a inclinarse hacia un modelo extractivo que compromete recursos esenciales y posterga cualquier idea de desarrollo sostenible.
La urgencia de una medida cautelar no responde a un capricho jurídico, sino a la lógica misma del derecho ambiental: prevenir antes que lamentar. Porque cuando el daño se produce sobre ecosistemas sensibles como los glaciares, la reversión no es una opción real. En ese escenario, la intervención judicial aparece como el último resguardo frente a una decisión política que, lejos de ampliar derechos, los reduce.
Esto sin contar que muchos de esos glaciares que están en la zona cordillerana también alimentan fuentes de agua del lado chileno, lo cual también pone en duda si la ley aprobada esta semana no afecta el derecho internacional.
La discusión ya no es sólo legal ni técnica. Es, ante todo, una definición sobre qué país se construye y qué valor se le asigna a sus bienes comunes. Y en ese punto, la reforma de la Ley de Glaciares deja al descubierto una elección preocupante: priorizar la coyuntura por sobre el futuro.
Advertencia
Hubo muchas expresiones en contra de la reforma, la mayoría de organizaciones intermedias y muy pocas de partidos políticos. Al menos en Chubut. Uno de los grupos que se expresó con firmeza antes de la aprobación de la ley fue Agenda Patagonia, que en un contundente documento advirtió que la reforma, tal como había sido planteada, no constituye una simple modificación normativa sino una regresión ambiental con implicancias constitucionales, al debilitar el sistema de presupuestos mínimos establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El documento cuestionaba la delegación de facultades a las provincias para definir criterios de protección, lo que rompería la uniformidad jurídica sobre recursos estratégicos como el agua y abriría la puerta a intereses extractivos de corto plazo.
Además, denunció una falsa dicotomía entre ambiente y economía que prioriza la primarización y la captación de divisas por sobre la preservación de bienes comunes, advirtiendo sobre posibles conflictos interprovinciales y la vulneración de derechos intergeneracionales.
Como ya ha pasado muchas veces en la historia argentina (y también de Chubut) las políticas de gobiernos de turno orientadas a favorecer inversiones con beneficios extraordinarios, en detrimento de la soberanía y del desarrollo sostenible, implican una degradación institucional que pone en riesgo la integridad territorial y el resguardo de recursos críticos para el futuro del país.
El gobernador Torres deberá ser más explícito a la hora de fijar una posición sobre algunos temas sensibles. “Esta ley no va a afectar bajo ningún punto de vista a la provincia. Chubut tiene autonomía sobre sus recursos naturales, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente. Nosotros tenemos una ventaja, y es que somos autónomos en la decisión sobre nuestros recursos, por lo tanto esa ley no nos va a afectar”, afirmó el gobernador.
Torres no parece estar diciendo todo lo que piensa y sabe. Y otra vez está jugando un juego que cada vez le gusta más: mostrarse distante de la Casa Rosada en lo discursivo y coquetear en la intimidad cada vez más cerca del corazón del poder libertario.