“Las sentencias por violencia de género superan otros delitos”
La jueza penal de Puerto Madryn, Marcela Pérez Bogado advirtió que el 65% de las condenas en 2025 están vinculadas a hechos de violencia contra las mujeres. Alertó (en el marco del Día de Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo) sobre el retroceso de políticas públicas, cuestionó discursos que niegan la violencia de género y defendió la importancia de mantener las herramientas legales para prevenir femicidios.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
En el marco del Día Internacional de la Mujer (este domingo 8 de marzo), la jueza penal de Puerto Madryn, Marcela Pérez Bogado, trazó un panorama preocupante sobre la violencia de género y su impacto en el sistema judicial. Según detalló, durante 2025 la mayoría de las condenas dictadas en la circunscripción están vinculadas a delitos cometidos contra mujeres.
“El porcentaje de delitos de violencia hacia la mujer, donde se incluyen lesiones, desobediencias, daño y femicidio, es de prácticamente el 65%”, explicó. En contraste, los delitos que históricamente encabezaban las estadísticas judiciales, como robos y hurtos, hoy representan alrededor del 31%. Así lo confirmó en una entrevista con Jornada Radio.
La magistrada remarcó que el cambio en las cifras refleja una realidad social que durante años permaneció invisibilizada. “Antes los robos y hurtos representaban el 80% o el 90% de los delitos. Hoy la violencia contra las mujeres aparece claramente en las estadísticas judiciales”, señaló, al tiempo que aclaró que aún existe una “cifra negra” de casos que no llegan a denunciarse.
Pérez Bogado describió un escenario complejo a nivel nacional. Recordó que recientemente se conoció el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que evalúa el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados.
“El informe dice lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo: que muchas políticas vinculadas al género y a la diversidad han sido desfinanciadas”, afirmó. También mencionó los cuestionamientos hacia la educación sexual integral y la reducción de programas de asistencia para mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
En ese contexto, destacó el papel que cumplen las organizaciones sociales en la visibilización del problema. “Quienes llevan estos cuestionamientos al gobierno nacional son las entidades intermedias y las organizaciones que relevan los casos de muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres”, indicó, mencionando el trabajo de observatorios y colectivos feministas que monitorean los femicidios.
La jueza también analizó el impacto que pueden tener algunas reformas laborales en la vida cotidiana de las mujeres. Según explicó, los cambios en la organización del trabajo podrían afectar especialmente a quienes sostienen hogares monomarentales.
“Las jornadas laborales más extensas generan dificultades en la organización familiar, y en la mayoría de los casos son las mujeres quienes llevan y traen a los chicos de la escuela o coordinan el cuidado”, señaló.
Otro de los puntos que abordó fue el debate político en torno a la figura del femicidio. Pérez Bogado cuestionó los discursos que plantean que se trata de una figura que discrimina a los hombres.
“Hay hombres que mueren en manos de mujeres, pero las circunstancias en que las mujeres son asesinadas responden a causas estructurales vinculadas con la discriminación y los roles de género”, sostuvo.
En esa línea, explicó que el concepto de femicidio surge para visibilizar un tipo específico de violencia. “En nuestro Código Penal no aparece la palabra femicidio, pero sí se introdujeron agravantes vinculados al odio de género, la orientación sexual o la violencia vicaria”, precisó.
La magistrada también advirtió que el Congreso podría eliminar tranquilamente esa figura de femicidio. “Puede modificar nuevamente el Código Penal si cuenta con los votos necesarios, lo que implicaría la posibilidad de eliminar los agravantes.
“Si el Congreso sanciona un nuevo Código Penal, perfectamente podría volver a una redacción anterior donde no existía el homicidio agravado por razones de género”, explicó.
Para Pérez Bogado, comprender el origen de la violencia es clave para enfrentar el problema. Describió el femicidio como la expresión extrema de un proceso que suele comenzar mucho antes con violencia psicológica, aislamiento y control económico.
“El golpe muchas veces es lo último que llega. Antes hubo gritos, humillaciones, control del dinero, aislamiento de las redes afectivas”, explicó. Y agregó: “A veces se pasa del grito al golpe, y otras veces del grito directamente al femicidio”.
La jueza recordó además que en muchos casos el sistema judicial ya había advertido el riesgo que corrían las víctimas. “En un porcentaje importante de femicidios existía una orden de restricción de acercamiento previa. La Justicia ya sabía que esa mujer estaba en peligro”, afirmó.
Frente a este panorama, sostuvo que negar la existencia de la violencia de género impide abordar el problema de manera efectiva. “Si desconocemos que existe este fenómeno, siempre vamos a negar la violencia”, advirtió.
Finalmente, de cara al 8 de marzo, la magistrada expresó un deseo vinculado a la continuidad de la lucha por los derechos conquistados.
“Deseo que podamos salir a marchar acompañando a nuestras hijas y también a las personas trans que forman parte de este entramado de violencia”, señaló. Y concluyó: “Ojalá los derechos que venimos conquistando sigan en pie y, si no es así, tengamos la fortaleza para seguir luchando y construir nuevas redes”.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
En el marco del Día Internacional de la Mujer (este domingo 8 de marzo), la jueza penal de Puerto Madryn, Marcela Pérez Bogado, trazó un panorama preocupante sobre la violencia de género y su impacto en el sistema judicial. Según detalló, durante 2025 la mayoría de las condenas dictadas en la circunscripción están vinculadas a delitos cometidos contra mujeres.
“El porcentaje de delitos de violencia hacia la mujer, donde se incluyen lesiones, desobediencias, daño y femicidio, es de prácticamente el 65%”, explicó. En contraste, los delitos que históricamente encabezaban las estadísticas judiciales, como robos y hurtos, hoy representan alrededor del 31%. Así lo confirmó en una entrevista con Jornada Radio.
La magistrada remarcó que el cambio en las cifras refleja una realidad social que durante años permaneció invisibilizada. “Antes los robos y hurtos representaban el 80% o el 90% de los delitos. Hoy la violencia contra las mujeres aparece claramente en las estadísticas judiciales”, señaló, al tiempo que aclaró que aún existe una “cifra negra” de casos que no llegan a denunciarse.
Pérez Bogado describió un escenario complejo a nivel nacional. Recordó que recientemente se conoció el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que evalúa el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados.
“El informe dice lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo: que muchas políticas vinculadas al género y a la diversidad han sido desfinanciadas”, afirmó. También mencionó los cuestionamientos hacia la educación sexual integral y la reducción de programas de asistencia para mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
En ese contexto, destacó el papel que cumplen las organizaciones sociales en la visibilización del problema. “Quienes llevan estos cuestionamientos al gobierno nacional son las entidades intermedias y las organizaciones que relevan los casos de muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres”, indicó, mencionando el trabajo de observatorios y colectivos feministas que monitorean los femicidios.
La jueza también analizó el impacto que pueden tener algunas reformas laborales en la vida cotidiana de las mujeres. Según explicó, los cambios en la organización del trabajo podrían afectar especialmente a quienes sostienen hogares monomarentales.
“Las jornadas laborales más extensas generan dificultades en la organización familiar, y en la mayoría de los casos son las mujeres quienes llevan y traen a los chicos de la escuela o coordinan el cuidado”, señaló.
Otro de los puntos que abordó fue el debate político en torno a la figura del femicidio. Pérez Bogado cuestionó los discursos que plantean que se trata de una figura que discrimina a los hombres.
“Hay hombres que mueren en manos de mujeres, pero las circunstancias en que las mujeres son asesinadas responden a causas estructurales vinculadas con la discriminación y los roles de género”, sostuvo.
En esa línea, explicó que el concepto de femicidio surge para visibilizar un tipo específico de violencia. “En nuestro Código Penal no aparece la palabra femicidio, pero sí se introdujeron agravantes vinculados al odio de género, la orientación sexual o la violencia vicaria”, precisó.
La magistrada también advirtió que el Congreso podría eliminar tranquilamente esa figura de femicidio. “Puede modificar nuevamente el Código Penal si cuenta con los votos necesarios, lo que implicaría la posibilidad de eliminar los agravantes.
“Si el Congreso sanciona un nuevo Código Penal, perfectamente podría volver a una redacción anterior donde no existía el homicidio agravado por razones de género”, explicó.
Para Pérez Bogado, comprender el origen de la violencia es clave para enfrentar el problema. Describió el femicidio como la expresión extrema de un proceso que suele comenzar mucho antes con violencia psicológica, aislamiento y control económico.
“El golpe muchas veces es lo último que llega. Antes hubo gritos, humillaciones, control del dinero, aislamiento de las redes afectivas”, explicó. Y agregó: “A veces se pasa del grito al golpe, y otras veces del grito directamente al femicidio”.
La jueza recordó además que en muchos casos el sistema judicial ya había advertido el riesgo que corrían las víctimas. “En un porcentaje importante de femicidios existía una orden de restricción de acercamiento previa. La Justicia ya sabía que esa mujer estaba en peligro”, afirmó.
Frente a este panorama, sostuvo que negar la existencia de la violencia de género impide abordar el problema de manera efectiva. “Si desconocemos que existe este fenómeno, siempre vamos a negar la violencia”, advirtió.
Finalmente, de cara al 8 de marzo, la magistrada expresó un deseo vinculado a la continuidad de la lucha por los derechos conquistados.
“Deseo que podamos salir a marchar acompañando a nuestras hijas y también a las personas trans que forman parte de este entramado de violencia”, señaló. Y concluyó: “Ojalá los derechos que venimos conquistando sigan en pie y, si no es así, tengamos la fortaleza para seguir luchando y construir nuevas redes”.