Luis Campos: “Es el mayor retroceso en derechos desde la dictadura”
El abogado explicó que la iniciativa “avanza sobre prácticamente todas las dimensiones de la relación entre trabajadores y empleadores”.
El especialista en relaciones laborales Luis Campos trazó un diagnóstico durísimo sobre la reforma laboral que el Senado se encamina a aprobar en los próximos días.
En diálogo con Jornada Radio, Campos reconoció que el proyecto representa “un retroceso en materia de derechos laborales de una magnitud inédita en democracia” y recordó que para encontrar antecedentes comparables “hay que remontarse a los primeros años de la última dictadura militar”.
Explicó que la iniciativa “avanza sobre prácticamente todas las dimensiones de la relación entre trabajadores y empleadores”, reforzando el poder patronal tanto en las relaciones individuales como en el plano colectivo. En ese sentido, remarcó que la normativa “fortalece la posición del empleador frente a cada trabajador y trabajadora en el día a día”, y a la vez “dificulta de manera significativa la capacidad de acción colectiva”.
Uno de los puntos más críticos es el impacto sobre el derecho de huelga. Según detalló, la nueva definición de “servicios esenciales” obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de la actividad durante una medida de fuerza, lo que convierte a la huelga en algo prácticamente impracticable. “Es una ley que, en los hechos, implica la prohibición del ejercicio de la huelga para muchísimas actividades”, advirtió.
El especialista también cuestionó las restricciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo. La normativa exige autorización expresa del empleador y prohíbe cualquier afectación del proceso productivo. Campos lo consideró absurdo:
“Supongamos que los trabajadores deciden hacer una asamblea porque hay máquinas que no tienen mantenimiento y ponen en riesgo la vida de quienes las operan. Exigir un permiso patronal previo es un contrasentido”.
ANSES desfinanciado
Otro eje de crítica es el impacto sobre la seguridad social. Campos sostuvo que la ley “transfiere multimillonarios recursos del sistema previsional hacia el financiamiento de despidos”, y que la reducción de contribuciones patronales “desfinancia aún más a la ANSES”, afectando a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. “No trae ninguna buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras”, afirmó.
Respecto a la judicialización, descartó cualquier posibilidad de impugnar la ley en su conjunto. “Va a generar muchos litigios, pero todos individuales. En Argentina la constitucionalidad se discute caso por caso. No hay ninguna chance de un cuestionamiento global como ocurrió con el DNU 70”, explicó.
Finalmente, Campos alertó que el nuevo escenario profundizará tensiones en los lugares de trabajo y obligará al movimiento obrero a un activismo más territorial. “Las arbitrariedades patronales se van a potenciar. Los sindicatos van a tener que reforzar su presencia en cada establecimiento”, señaló. Según el especialista, el desenlace legislativo está prácticamente cerrado, pero la respuesta social no. “Si hay una movilización masiva en todo el país, eso puede generar mejores condiciones para revertir ésta ley en el futuro”, concluyó.
El especialista en relaciones laborales Luis Campos trazó un diagnóstico durísimo sobre la reforma laboral que el Senado se encamina a aprobar en los próximos días.
En diálogo con Jornada Radio, Campos reconoció que el proyecto representa “un retroceso en materia de derechos laborales de una magnitud inédita en democracia” y recordó que para encontrar antecedentes comparables “hay que remontarse a los primeros años de la última dictadura militar”.
Explicó que la iniciativa “avanza sobre prácticamente todas las dimensiones de la relación entre trabajadores y empleadores”, reforzando el poder patronal tanto en las relaciones individuales como en el plano colectivo. En ese sentido, remarcó que la normativa “fortalece la posición del empleador frente a cada trabajador y trabajadora en el día a día”, y a la vez “dificulta de manera significativa la capacidad de acción colectiva”.
Uno de los puntos más críticos es el impacto sobre el derecho de huelga. Según detalló, la nueva definición de “servicios esenciales” obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de la actividad durante una medida de fuerza, lo que convierte a la huelga en algo prácticamente impracticable. “Es una ley que, en los hechos, implica la prohibición del ejercicio de la huelga para muchísimas actividades”, advirtió.
El especialista también cuestionó las restricciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo. La normativa exige autorización expresa del empleador y prohíbe cualquier afectación del proceso productivo. Campos lo consideró absurdo:
“Supongamos que los trabajadores deciden hacer una asamblea porque hay máquinas que no tienen mantenimiento y ponen en riesgo la vida de quienes las operan. Exigir un permiso patronal previo es un contrasentido”.
ANSES desfinanciado
Otro eje de crítica es el impacto sobre la seguridad social. Campos sostuvo que la ley “transfiere multimillonarios recursos del sistema previsional hacia el financiamiento de despidos”, y que la reducción de contribuciones patronales “desfinancia aún más a la ANSES”, afectando a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. “No trae ninguna buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras”, afirmó.
Respecto a la judicialización, descartó cualquier posibilidad de impugnar la ley en su conjunto. “Va a generar muchos litigios, pero todos individuales. En Argentina la constitucionalidad se discute caso por caso. No hay ninguna chance de un cuestionamiento global como ocurrió con el DNU 70”, explicó.
Finalmente, Campos alertó que el nuevo escenario profundizará tensiones en los lugares de trabajo y obligará al movimiento obrero a un activismo más territorial. “Las arbitrariedades patronales se van a potenciar. Los sindicatos van a tener que reforzar su presencia en cada establecimiento”, señaló. Según el especialista, el desenlace legislativo está prácticamente cerrado, pero la respuesta social no. “Si hay una movilización masiva en todo el país, eso puede generar mejores condiciones para revertir ésta ley en el futuro”, concluyó.