La Justicia de Chubut en el fango
Por Esteban Gallo
El juez de Esquel Carlos Richeri está contra las cuerdas. Jornada publicó recientemente que una abogada de la provincia de Buenos Aires testimoniará en su contra en la causa que se le sigue por ejercicio ilegal del comercio.
El año pasado, los abogados Alfredo Pérez Galimberti, José Raúl Heredia y Federico Ruffa lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por montar una empresa comercial, una suerte de academia privada de enseñanza de destrezas forenses con el uso de la inteligencia artificial, destinada a abogados profesionales y funcionarios judiciales.
La denuncia fue acompañada con elementos de prueba contundentes, entre las que se encuentran, las copias de las páginas en donde constan las tarifas en pesos y en dólares que cobra el magistrado por sus servicios, más los slogans publicitarios de factura muy rudimentaria que utiliza para seducir a los interesados.
El testimonio de la abogada bonaerense Diamela Caradonna es muy significativo porque acompaña capturas de video y transcripciones de los presuntos audios de Richieri enviados por WhatsApp.
Según la reproducción, muy suelto de cuerpo, el juez, le dice a la abogada:
“Voy a necesitar que me pases tu nombre completo, tu CUIT o CUIL, un domicilio que esté asociado con Arca y un correo”.
Según el testimonio de Caradonna, uno de los cursos promocionados por Richeri, denominado “Clínica práctica - Herramientas de inteligencia artificial para abogados no informáticos” costaba $ 249.000 o U$S 175.
Pero lo que se pone en tela de juicio no es el valor del curso, la idoneidad de quien la ofrece, ni el escaso refinamiento comunicacional utilizado para promocionarlo.
El problema radica en que Carlos Richeri es un juez penal de Chubut y como tal tiene deberes y obligaciones que cumplir. Rige en la provincia una Ley de Ética Pública que precisa tajantemente que los jueces y funcionarios judiciales tienen prohibido ejercer el comercio libremente. Cualquier operador del Poder Judicial lo sabe, y Richieri también, porque no es ningún caído del catre, que la única actividad que un magistrado de Chubut está habilitado a efectuar es la docencia universitaria o enseñanza superior equivalente, previo permiso de la autoridad judicial de superintendencia y siempre que no afecte el normal funcionamiento del juzgado.
Richeri no solo está cometiendo una falta grave, además, incurre reiteradamente en prácticas improcedentes, ignorando leyes y reglamentos que él, como juez, debería ser el primero en cumplir.
La novela protagonizada por el gurú judicial de Esquel, no puede quedar circunscripta a su figura.
Es el mismo juez al que la Cámara Penal de Esquel le anuló un fallo por haberlo escrito utilizando inteligencia artificial.
Es el mismo magistrado que en redes sociales armó un video casero muy bizarro para burlarse de los camaristas que anularon su sentencia, demostrando una inmadurez lastimosa.
Al tigre de la Cordillera un lamparón más no le hace nada, pero cada mancha adicional que recibe la Justicia de Chubut, deteriora su credibilidad social.
Y al mismo tiempo, deja muy mal parada a la cúpula del Poder Judicial.
Hay un juez de Chubut denunciado por ejercer una actividad irregular y el Superior Tribunal de Justicia no dice una sola palabra ni mueve un dedo.
Mientras un grupo de abogados prestigiosos de la provincia actúan responsablemente e impulsan la denuncia contra Richeri en el Consejo de la Magistratura, los ministros de la Corte provincial hacen la vista gorda.
Un día de estos nos vamos a encontrar con que un juez maneja una inmobiliaria, un casino, o un local nocturno.
Mientras tanto, la Justicia de Chubut, con la pachorra de su plana mayor, se sigue revolcando en el fango del descrédito del que no puede ni quiere salir.
Por Esteban Gallo
El juez de Esquel Carlos Richeri está contra las cuerdas. Jornada publicó recientemente que una abogada de la provincia de Buenos Aires testimoniará en su contra en la causa que se le sigue por ejercicio ilegal del comercio.
El año pasado, los abogados Alfredo Pérez Galimberti, José Raúl Heredia y Federico Ruffa lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por montar una empresa comercial, una suerte de academia privada de enseñanza de destrezas forenses con el uso de la inteligencia artificial, destinada a abogados profesionales y funcionarios judiciales.
La denuncia fue acompañada con elementos de prueba contundentes, entre las que se encuentran, las copias de las páginas en donde constan las tarifas en pesos y en dólares que cobra el magistrado por sus servicios, más los slogans publicitarios de factura muy rudimentaria que utiliza para seducir a los interesados.
El testimonio de la abogada bonaerense Diamela Caradonna es muy significativo porque acompaña capturas de video y transcripciones de los presuntos audios de Richieri enviados por WhatsApp.
Según la reproducción, muy suelto de cuerpo, el juez, le dice a la abogada:
“Voy a necesitar que me pases tu nombre completo, tu CUIT o CUIL, un domicilio que esté asociado con Arca y un correo”.
Según el testimonio de Caradonna, uno de los cursos promocionados por Richeri, denominado “Clínica práctica - Herramientas de inteligencia artificial para abogados no informáticos” costaba $ 249.000 o U$S 175.
Pero lo que se pone en tela de juicio no es el valor del curso, la idoneidad de quien la ofrece, ni el escaso refinamiento comunicacional utilizado para promocionarlo.
El problema radica en que Carlos Richeri es un juez penal de Chubut y como tal tiene deberes y obligaciones que cumplir. Rige en la provincia una Ley de Ética Pública que precisa tajantemente que los jueces y funcionarios judiciales tienen prohibido ejercer el comercio libremente. Cualquier operador del Poder Judicial lo sabe, y Richieri también, porque no es ningún caído del catre, que la única actividad que un magistrado de Chubut está habilitado a efectuar es la docencia universitaria o enseñanza superior equivalente, previo permiso de la autoridad judicial de superintendencia y siempre que no afecte el normal funcionamiento del juzgado.
Richeri no solo está cometiendo una falta grave, además, incurre reiteradamente en prácticas improcedentes, ignorando leyes y reglamentos que él, como juez, debería ser el primero en cumplir.
La novela protagonizada por el gurú judicial de Esquel, no puede quedar circunscripta a su figura.
Es el mismo juez al que la Cámara Penal de Esquel le anuló un fallo por haberlo escrito utilizando inteligencia artificial.
Es el mismo magistrado que en redes sociales armó un video casero muy bizarro para burlarse de los camaristas que anularon su sentencia, demostrando una inmadurez lastimosa.
Al tigre de la Cordillera un lamparón más no le hace nada, pero cada mancha adicional que recibe la Justicia de Chubut, deteriora su credibilidad social.
Y al mismo tiempo, deja muy mal parada a la cúpula del Poder Judicial.
Hay un juez de Chubut denunciado por ejercer una actividad irregular y el Superior Tribunal de Justicia no dice una sola palabra ni mueve un dedo.
Mientras un grupo de abogados prestigiosos de la provincia actúan responsablemente e impulsan la denuncia contra Richeri en el Consejo de la Magistratura, los ministros de la Corte provincial hacen la vista gorda.
Un día de estos nos vamos a encontrar con que un juez maneja una inmobiliaria, un casino, o un local nocturno.
Mientras tanto, la Justicia de Chubut, con la pachorra de su plana mayor, se sigue revolcando en el fango del descrédito del que no puede ni quiere salir.