Imputaron a Pettovello por delitos en la compra de alimentos
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada por el fiscal federal Franco Picardi en una denuncia por supuestos delitos con una millonaria transferencia de dinero para la compra de alimentos.
La denuncia había sido presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 12 y del fiscal Picardi, informaron fuentes judiciales.
El denunciante pide investigar a la ministra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El fiscal Picardi impulsó la investigación y solicitó medidas de prueba a raíz de la denuncia que indica que el 8 de febrero pasado Pettovello habría firmado una resolución para transferir 14 mil millones de pesos al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado.
La transferencia se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo, según la denuncia.
Además, se indica que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto.
La denuncia había sido presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 12 y del fiscal Picardi, informaron fuentes judiciales.
El denunciante pide investigar a la ministra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El fiscal Picardi impulsó la investigación y solicitó medidas de prueba a raíz de la denuncia que indica que el 8 de febrero pasado Pettovello habría firmado una resolución para transferir 14 mil millones de pesos al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado.
La transferencia se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo, según la denuncia.
Además, se indica que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto.