Violada por el padre y abandonada por la Justicia
- Por Esteban Gallo
El caso de una mujer de Puerto Madryn, violada por su padre, durante 17 años, a quien la Justicia local, en primera instancia, le dio la espalda de manera vergonzosa sigue generando indignación en la comunidad.
No es para menos.
Inicialmente, el Tribunal de Juicio, integrado por Leonardo Pitcovsky, Marcelo Orlando y Stella Eizmendi, dictó en 2018 el sobreseimiento del imputado, aceptando un planteo del defensor público Lucio Brondes que argumentaba un exceso en el plazo de investigación por 20 minutos.
Hagamos un repaso de los sucesos. La víctima, entre 1988 y 2005, a partir de los 5 años empezó a ser abusada por el adulto en el que confiaba y de quien esperaba protección y afecto. Primero los tocamientos, más tarde la penetración sexual y enseguida la violación sistemática que se extendió hasta que pudo escapar de la casa.
En el medio, un embarazo, provocado por el padre violador, como quedó demostrado en los estudios de ADN que se realizaron con posterioridad.
Por supuesto, con las consecuencias psíquicas horrorosas y brutales, que marcaron y marcarán la vida de la víctima.
Un día, en medio de un episodio familiar, la joven pudo hablar. Su pareja fue el bastión en el que pudo afirmarse para encarar el duro proceso judicial, que la enfrentó incluso con algunos integrantes de su familia.
-Si me denuncias, no te va a creer nadie- le decía la bestia a su hija a la que abusaba.
-Y como no te van a creer te vas a quedar sola- la psicopateaba.
Eso que era una amenaza se cumplió porque en el proceso de investigación del caso, que fue durísimo, los familiares más cercanos, incluidas la madre y las hermanas se alejaron de ella, la abandonaron.
Pero como si no alcanzara con todo eso, la Justicia, que es la que debe poner las cosas en su lugar, y la que debía establecer una reparación adecuada por el daño gravísimo que sufrió esta joven, en una primera instancia, también la abandonó.
Es cierto que hubo operadores judiciales comprometidos, fiscales que recolectaron pruebas, y luego un Procurador General que apeló el fallo de primera instancia por considerar que se estaba cometiendo un "exceso de rigor formal", y que el supuesto retraso no justificaba cerrar la causa.
También se debe valorar la decisión de los ministros de la Corte Suprema que consideraron que las provincias no tienen potestad para crear causales de extinción de la acción penal que no estén previstas en el Código Penal, facultad reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
La Corte expresó: “Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada”. Eso fue lo que permitió que el proceso judicial contra el acusado se reactivara y se hiciera un nuevo juicio que culminó con el fallo de culpabilidad.
10 años de impunidad para un degenerado que gozó de los beneficios de la libertad, mientras la víctima, que es su hija a la que violó sistemáticamente durante 17 años y embarazó, deambulaba por la vida perdiendo afectos, y sufriendo los tormentos físicos y psíquicos a los que fue sometida.
Los peritos hablan de un severo trauma psicológico con efectos post traumáticos por abuso sexual infantil hasta la edad adulta.
Y una cosa es plantearlo con tecnicismos y otra cosa muy distinta y mucho más compleja debe ser estar en el cuerpo, en la cabeza y en el alma de esa joven, cuyas secuelas la acompañarán toda la vida.
Debieron tenerlo en cuenta los Dres. Leonardo Pitcovsky, Marcelo Orlando y Stella Eizmendi cuando dieron por cerrada la causa porque supuestamente las pruebas fueron presentadas 20 minutos después del tiempo previsto por la ley, y también los ministros del Superior Tribunal de Justicia que hace 10 años se lavaron las manos y convalidaron lo hecho por los jueces de primera instancia.
Los jueces del espanto siguen en sus cargos, algunos incluso han logrado ascensos. Los indolentes ministros del Superior que se lavaron las manos hoy gozan de jubilaciones tranquilas y bolsillos gordos.
¿Pero quien se hace cargo del abandono al que fue sometida esta atribulada mujer?
¿Quien paga por estos 10 años de ignominia al que fue sometida por tres magistrados que estuvieron más pendientes de 20 malditos minutos que de toda una vida de tormentos y abusos?
Tal vez, la sentencia que se conocerá la semana que viene, traiga un poco de alivio después de tanto dolor.
Pero esta nueva mancha, al Poder Judicial no se la quita nadie.
Lo bueno sería que alguna vez alguien pague por los horrores que comete. Por ahora, los platos rotos solo los paga el justiciable.
- Por Esteban Gallo
El caso de una mujer de Puerto Madryn, violada por su padre, durante 17 años, a quien la Justicia local, en primera instancia, le dio la espalda de manera vergonzosa sigue generando indignación en la comunidad.
No es para menos.
Inicialmente, el Tribunal de Juicio, integrado por Leonardo Pitcovsky, Marcelo Orlando y Stella Eizmendi, dictó en 2018 el sobreseimiento del imputado, aceptando un planteo del defensor público Lucio Brondes que argumentaba un exceso en el plazo de investigación por 20 minutos.
Hagamos un repaso de los sucesos. La víctima, entre 1988 y 2005, a partir de los 5 años empezó a ser abusada por el adulto en el que confiaba y de quien esperaba protección y afecto. Primero los tocamientos, más tarde la penetración sexual y enseguida la violación sistemática que se extendió hasta que pudo escapar de la casa.
En el medio, un embarazo, provocado por el padre violador, como quedó demostrado en los estudios de ADN que se realizaron con posterioridad.
Por supuesto, con las consecuencias psíquicas horrorosas y brutales, que marcaron y marcarán la vida de la víctima.
Un día, en medio de un episodio familiar, la joven pudo hablar. Su pareja fue el bastión en el que pudo afirmarse para encarar el duro proceso judicial, que la enfrentó incluso con algunos integrantes de su familia.
-Si me denuncias, no te va a creer nadie- le decía la bestia a su hija a la que abusaba.
-Y como no te van a creer te vas a quedar sola- la psicopateaba.
Eso que era una amenaza se cumplió porque en el proceso de investigación del caso, que fue durísimo, los familiares más cercanos, incluidas la madre y las hermanas se alejaron de ella, la abandonaron.
Pero como si no alcanzara con todo eso, la Justicia, que es la que debe poner las cosas en su lugar, y la que debía establecer una reparación adecuada por el daño gravísimo que sufrió esta joven, en una primera instancia, también la abandonó.
Es cierto que hubo operadores judiciales comprometidos, fiscales que recolectaron pruebas, y luego un Procurador General que apeló el fallo de primera instancia por considerar que se estaba cometiendo un "exceso de rigor formal", y que el supuesto retraso no justificaba cerrar la causa.
También se debe valorar la decisión de los ministros de la Corte Suprema que consideraron que las provincias no tienen potestad para crear causales de extinción de la acción penal que no estén previstas en el Código Penal, facultad reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
La Corte expresó: “Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada”. Eso fue lo que permitió que el proceso judicial contra el acusado se reactivara y se hiciera un nuevo juicio que culminó con el fallo de culpabilidad.
10 años de impunidad para un degenerado que gozó de los beneficios de la libertad, mientras la víctima, que es su hija a la que violó sistemáticamente durante 17 años y embarazó, deambulaba por la vida perdiendo afectos, y sufriendo los tormentos físicos y psíquicos a los que fue sometida.
Los peritos hablan de un severo trauma psicológico con efectos post traumáticos por abuso sexual infantil hasta la edad adulta.
Y una cosa es plantearlo con tecnicismos y otra cosa muy distinta y mucho más compleja debe ser estar en el cuerpo, en la cabeza y en el alma de esa joven, cuyas secuelas la acompañarán toda la vida.
Debieron tenerlo en cuenta los Dres. Leonardo Pitcovsky, Marcelo Orlando y Stella Eizmendi cuando dieron por cerrada la causa porque supuestamente las pruebas fueron presentadas 20 minutos después del tiempo previsto por la ley, y también los ministros del Superior Tribunal de Justicia que hace 10 años se lavaron las manos y convalidaron lo hecho por los jueces de primera instancia.
Los jueces del espanto siguen en sus cargos, algunos incluso han logrado ascensos. Los indolentes ministros del Superior que se lavaron las manos hoy gozan de jubilaciones tranquilas y bolsillos gordos.
¿Pero quien se hace cargo del abandono al que fue sometida esta atribulada mujer?
¿Quien paga por estos 10 años de ignominia al que fue sometida por tres magistrados que estuvieron más pendientes de 20 malditos minutos que de toda una vida de tormentos y abusos?
Tal vez, la sentencia que se conocerá la semana que viene, traiga un poco de alivio después de tanto dolor.
Pero esta nueva mancha, al Poder Judicial no se la quita nadie.
Lo bueno sería que alguna vez alguien pague por los horrores que comete. Por ahora, los platos rotos solo los paga el justiciable.