Reapertura de Cracker: nos toman por idiotas

- Por Esteban Gallo

Sobre fines de la semana pasada, Estancia Bahía Cracker publicó una solicitada en algunos medios, efectuando algunas consideraciones referidas al cierre del acceso a la playa, que desencadenó en una denuncia de clubes de pesca y vecinos y una posterior resolución de la jueza Florencia Cordón ordenando la inmediata reapertura de la misma.

Subestimando la inteligencia de la comunidad, los estancieros sostienen que el acceso no fue ni cerrado ni prohibido, sino que se implementó una nueva metodología de ingreso, que incluye días y horarios específicos de ingreso a la costa.

También aclaran que la llave la tiene la Secretaría de Pesca, autoridad encargada de ejercer un debido control.

Imagínense ustedes a los vecinos interesados en pasar un día de pesca o recreación en Cracker haciendo cola en la Secretaría de Pesca para que le den la llave. Que ni se les ocurra ir un fin de semana, porque entonces habrá que ir a golpear las manos a la casa del Dr. Arbeletche.

Que no nos tomen por idiotas. El fallo ejemplar de la Jueza Florencia Cordón dispone la reapertura del acceso a la costa y eso debe cumplimentarse sin peros y sin dilaciones.

La solicitada también enumera una serie de situaciones, vinculadas con la inseguridad, el medio ambiente y la limpieza del lugar, muchas de ellas incomprobables, que exacerban para justificar el cierre del acceso.

Pero de ningún modo la falta de políticas ambientales y de seguridad justifican el cierre de un espacio público. También hay robos en El Doradillo, en Paraná o en Playa Unión. Hay una lista larga de sucesos delictivos perpetrados en esos lugares, pero a nadie se le ocurriría dejar sin playas a los madrynenses o a los rawsences.

Es el Estado provincial el que, haciendo uso de los recursos humanos y técnicos que posee, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que los propietarios de los campos, las personas que viven allí, los pescadores, los vecinos y los turistas, no sufran sobresaltos.

Pero siempre con la playa abierta, no con tranquera y candado.

En otro párrafo de la solicitada, los estancieros manifiestan que “se buscaba una convivencia pacífica entre todos, sin embargo, recibimos el ataque de unos pocos que quieren vivir sin control y sin respetar las leyes, ni rendir cuentas”.

¿De qué ataque están hablando?

Los vecinos y clubes de pesca que se movilizaron por la reapertura de Cracker no violentaron la tranquera ni tomaron la playa, ni escracharon a nadie. Hicieron lo que hacen las personas civilizadas. Preocupados porque sus libertades se encontraban avasalladas se asesoraron con un abogado calificado, que además está comprometido con la causa, presentaron un amparo e hicieron valer sus derechos constitucionales.

Tan errados no estaban, porque una jueza de trayectoria impecable les dio la razón con un pronunciamiento contundente.

¿Recuerdan lo que dice el fallo? Que la Secretaría de Pesca actuó en exceso de sus funciones. Que el cierre del ingreso a la costa es violatorio a las normas establecidas por la Constitución Provincial. Que hay una servidumbre legal de tránsito que obliga a los propietarios de los campos a permitir el acceso a la playa.

También dijo la camarista en una resolución posterior que si no cumplen con la medida dispuesta devengaría automáticamente una multa a los incumplidores de 100 mil pesos diarios.
¿Quién es el violento en esta historia?

¿Los vecinos que recurren a la Justicia para hacer valer sus derechos constitucionales o los dueños del campo que, primero, compulsivamente cierran el acceso a la playa, y luego, se niegan a acatar la decisión de una magistrada?

Incumplir una sentencia judicial es un delito grave. Y es también un acto de soberbia supina. Es propia de los que creen que en nombre de sus intereses se pueden llevar puesto los derechos de los demás y que pueden hacer lo que quieren con la tierra, con la playa y con la ley.

Que se bajen del caballo y abran la tranquera. Y que dejen de hacer el ridículo, que de eso no se vuelve.