Editorial / Un gobierno de analfabetos
El debate sobre si la universidad pública es o no una forma de movilidad social ascendente, queda saldado con las estadísticas sobre ingresantes que son primera generación de universitarios en sus familias. Los datos de Chubut son contundentes.
El 85,5% de los estudiantes que ingresan a la Universidad del Chubut y el 81,9% de los que lo hacen a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) son primera generación de estudiantes universitarios de sus familias. Los datos pertenecen a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y fueron consolidados la semana pasada por el portal de chequeo informativo Chequeado.com, que ubicó a estas dos universidades públicas de Chubut entre las que mayor movilidad social ascendente han tenido en cuestiones educativas.
En el marco de la marcha federal universitaria, uno de los focos de debate fue si la universidad pública es o no una forma de movilidad social ascendente. Los datos oficiales no dejan lugar a dudas: en promedio, el 62,3% de los nuevos inscriptos en universidades e institutos universitarios nacionales y provinciales de la Argentina en 2022 (último dato disponible) son primera generación de universitarios en sus familias.
La contundencia de los datos estadísticos para responder sobre la importancia o no de la universidad pública, se choca con vergonzosa decisión del presidente Javier Milei (una más y van…) de vetar la ley de financiamiento educativo que aprobó primero la Cámara de Diputados y luego el Senado.
Los argumentos de Milei fueron los mismos que venían repitiendo desde distintos ámbitos del Gobierno nacional en los últimos días,principalmente que el proyecto “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, yafecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional”.
Para que quede claro, lo que el Presidente pretende es desfinanciar a las universidades públicas en nombre del falso “déficit cero”, que no es otra cosa que recortar todos los recursos públicos destinados a jubilados, educación, salud y obra pública, principalmente, para que las cuentas cierren a como dé.
Cinco mentiras
El Consejo Interuniversitario Nacional(CIN) salió al cruce de “las mentiras” que promueve el Gobierno nacionala través de una campaña de desinformación para desacreditar las demandas de los estudiantesy docentes universitarios.
El pronunciamiento público elaborado por los rectores de todas las universidades nacionales fue difundido hace pocos días a través de las redes sociales yexplica uno a uno los argumentos de los que inclusive el presidente Milei se hizo ecodurante estos días.
Las “5 mentiras” del Gobierno versus las “5 verdades” de la realidad universitaria:
1. “Es falso que las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos”. El texto explica que las casas de estudios no reciben fondos de acuerdo a la cantidad de personas que cursan sino que lo que reciben “se actualiza según el último presupuesto consolidado”. Los componentes que se tienen en cuenta son “salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología”.
2. “Es falso que los pobres no estén en las universidades”. Según el CIN, en la actualidad el 48,5% de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario “están por debajo de la línea de pobreza”.
3. “Es falso que no se audite lo que las universidades gastan”. Los rectores dejaron en claro que “todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto”. Luego explicaron cómo es el sistema de control de gastos. Por ejemplo, “los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios registrados y un 10% en gastos de funcionamiento”. Es decir, de “servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento”. De todos esos gastos “se rinden” cuentas, aseguraron.
4.“Es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general”. Según los rectores de las universidades públicas, “los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023” cuando Javier Milei asumió y desató durísima devaluación del 114%. “La pérdida del poder adquisitivo durante 2024 fue de más del 30%”, aseguraron.
5.“Es falso que La Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal”. La ley votada en el Congreso “representa apenas el 0,14%” del Producto Bruto Interno (PBI) y es “similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altor recursos”. “Por otro lado, ese 0,14% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado”, sentenció el documento del CIN.
A las mentiras de Milei, verdades que duelen.
Lo que viene, lo que viene
La masivaMarcha Federal Universitariavolvió a generar un impacto público igual o inclusive mayor al de la marcha de abril pasado. Esto preocupa al Gobierno nacional porque el veto publicado el jueves disparó los movimientos parlamentarios de la oposición para voltear el veto con dos tercios de cada una de las cámaras.
La primera en donde Milei se jugará el veto es en la de Diputados, en donde en principio parece poco probable que el Gobierno consiga los “87 héroes” que cooptó para sostener el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Esta vez, los sectores “dialoguistas” (o “reptantes”, según la visión más descarnada) no se animarían a tanto.
En agosto pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley de financiamiento universitario, los bloques opositores consiguieron 143 votos a favor, contra 77 en contra de sectores libertarios y del PRO.
A favor de aquel proyecto votó la peronista chubutense Eugenia Alianiello, pero en contra de financiar a las universidades públicas estuvieron dos diputados chubutenses: César Treffinger (La Libertad Avanza) y la macrista Ana Clara Romero (PRO). Hubo dos ausentes aquella vez: el peronista José Glinski (quien sin embargo votó a favor varios artículos en particular) y el sindicalista petrolero Jorge “Loma Ávila.
Probablemente, este miércoles haya una sesión en Diputados para rechazar o ratificar el veto. Los bloques de la oposición, tantoUnión por la Patriacomo los “dialoguistas”, ya tenían preparados los pedidos de sesión especial antes de que el veto se publicara en el Boletín Oficial.Las tres convocatorias al recinto se dieron por efecto dominó y son concurrentes para el próximomiércoles a las 11.
Lo que haga o deje de hacer el PRO será decisivo. La incógnita se terminará de despejar, probablemente, en la reunión de bloque del martes a las 18. Un dato no menor: Mauricio Macri ya les dijo a sus senadores que hay que votar en contra del veto. ¿Qué hará la indomable Ana Clara Romero, que hace dos meses votó a favor de desfinanciar las universidades públicas?
El 85,5% de los estudiantes que ingresan a la Universidad del Chubut y el 81,9% de los que lo hacen a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) son primera generación de estudiantes universitarios de sus familias. Los datos pertenecen a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y fueron consolidados la semana pasada por el portal de chequeo informativo Chequeado.com, que ubicó a estas dos universidades públicas de Chubut entre las que mayor movilidad social ascendente han tenido en cuestiones educativas.
En el marco de la marcha federal universitaria, uno de los focos de debate fue si la universidad pública es o no una forma de movilidad social ascendente. Los datos oficiales no dejan lugar a dudas: en promedio, el 62,3% de los nuevos inscriptos en universidades e institutos universitarios nacionales y provinciales de la Argentina en 2022 (último dato disponible) son primera generación de universitarios en sus familias.
La contundencia de los datos estadísticos para responder sobre la importancia o no de la universidad pública, se choca con vergonzosa decisión del presidente Javier Milei (una más y van…) de vetar la ley de financiamiento educativo que aprobó primero la Cámara de Diputados y luego el Senado.
Los argumentos de Milei fueron los mismos que venían repitiendo desde distintos ámbitos del Gobierno nacional en los últimos días,principalmente que el proyecto “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, yafecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional”.
Para que quede claro, lo que el Presidente pretende es desfinanciar a las universidades públicas en nombre del falso “déficit cero”, que no es otra cosa que recortar todos los recursos públicos destinados a jubilados, educación, salud y obra pública, principalmente, para que las cuentas cierren a como dé.
Cinco mentiras
El Consejo Interuniversitario Nacional(CIN) salió al cruce de “las mentiras” que promueve el Gobierno nacionala través de una campaña de desinformación para desacreditar las demandas de los estudiantesy docentes universitarios.
El pronunciamiento público elaborado por los rectores de todas las universidades nacionales fue difundido hace pocos días a través de las redes sociales yexplica uno a uno los argumentos de los que inclusive el presidente Milei se hizo ecodurante estos días.
Las “5 mentiras” del Gobierno versus las “5 verdades” de la realidad universitaria:
1. “Es falso que las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos”. El texto explica que las casas de estudios no reciben fondos de acuerdo a la cantidad de personas que cursan sino que lo que reciben “se actualiza según el último presupuesto consolidado”. Los componentes que se tienen en cuenta son “salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología”.
2. “Es falso que los pobres no estén en las universidades”. Según el CIN, en la actualidad el 48,5% de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario “están por debajo de la línea de pobreza”.
3. “Es falso que no se audite lo que las universidades gastan”. Los rectores dejaron en claro que “todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto”. Luego explicaron cómo es el sistema de control de gastos. Por ejemplo, “los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios registrados y un 10% en gastos de funcionamiento”. Es decir, de “servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento”. De todos esos gastos “se rinden” cuentas, aseguraron.
4.“Es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general”. Según los rectores de las universidades públicas, “los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023” cuando Javier Milei asumió y desató durísima devaluación del 114%. “La pérdida del poder adquisitivo durante 2024 fue de más del 30%”, aseguraron.
5.“Es falso que La Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal”. La ley votada en el Congreso “representa apenas el 0,14%” del Producto Bruto Interno (PBI) y es “similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altor recursos”. “Por otro lado, ese 0,14% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado”, sentenció el documento del CIN.
A las mentiras de Milei, verdades que duelen.
Lo que viene, lo que viene
La masivaMarcha Federal Universitariavolvió a generar un impacto público igual o inclusive mayor al de la marcha de abril pasado. Esto preocupa al Gobierno nacional porque el veto publicado el jueves disparó los movimientos parlamentarios de la oposición para voltear el veto con dos tercios de cada una de las cámaras.
La primera en donde Milei se jugará el veto es en la de Diputados, en donde en principio parece poco probable que el Gobierno consiga los “87 héroes” que cooptó para sostener el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Esta vez, los sectores “dialoguistas” (o “reptantes”, según la visión más descarnada) no se animarían a tanto.
En agosto pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley de financiamiento universitario, los bloques opositores consiguieron 143 votos a favor, contra 77 en contra de sectores libertarios y del PRO.
A favor de aquel proyecto votó la peronista chubutense Eugenia Alianiello, pero en contra de financiar a las universidades públicas estuvieron dos diputados chubutenses: César Treffinger (La Libertad Avanza) y la macrista Ana Clara Romero (PRO). Hubo dos ausentes aquella vez: el peronista José Glinski (quien sin embargo votó a favor varios artículos en particular) y el sindicalista petrolero Jorge “Loma Ávila.
Probablemente, este miércoles haya una sesión en Diputados para rechazar o ratificar el veto. Los bloques de la oposición, tantoUnión por la Patriacomo los “dialoguistas”, ya tenían preparados los pedidos de sesión especial antes de que el veto se publicara en el Boletín Oficial.Las tres convocatorias al recinto se dieron por efecto dominó y son concurrentes para el próximomiércoles a las 11.
Lo que haga o deje de hacer el PRO será decisivo. La incógnita se terminará de despejar, probablemente, en la reunión de bloque del martes a las 18. Un dato no menor: Mauricio Macri ya les dijo a sus senadores que hay que votar en contra del veto. ¿Qué hará la indomable Ana Clara Romero, que hace dos meses votó a favor de desfinanciar las universidades públicas?