La intolerancia de los que no saben vivir en democracia
- Por Esteban Gallo
La Legislatura de la provincia del Chubut aprobó el jueves pasado la adhesión al afamado RIGI, que es un régimen con el que se pretende incentivar a las grandes inversiones y que formó parte fundamental de la no menos renombrada Ley Bases, impulsada por el gobierno nacional.
En el cuarto intermedio de la extensa sesión, los diputados oficialistas Andrea Aguilera y Luis Juncos se acercaron junto a sus familiares a la confitería que se encuentra ubicada frente al edificio legislativo, y allí, mientras tomaban un refrigerio, fueron agredidos por manifestantes anti mineros.
Era un grupo de aproximadamente 10 personas, que irrumpieron con actitudes provocadoras, profiriendo reproches y amenazas y advirtiendo a los legisladores que serían escrachados indefinidamente por la postura asumida en el recinto.
Minutos más tarde, la diputada Andrea Aguilera denunció que los manifestantes también agredieron físicamente a su hija de 14 años.
El episodio no puede quedar en una anécdota.
Los autores del hecho, que mientras agredían verbalmente a los legisladores filmaban y viralizaban todo, como si fueran protagonistas de una epopeya, tienen que ser investigados y recibir la sanción que corresponda.
Hay material fílmico, denuncias penales, testimonios que las víctimas de la agresión aportaron ante la Justicia y la Comisaria de la Mujer, con los que se puede avanzar perfectamente en el esclarecimiento del caso.
Este posicionamiento que asumimos no implica apoyo alguno al proyecto que los diputados aprobaron el jueves pasado. Lo expresé en este mismo espacio y lo sostengo: el RIGI otorga a los grupos extranjeros que vengan a invertir un conjunto de ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias absolutamente extraordinarias, injustas y desmedidas.
Establecer que las importaciones de bienes de capital y mercaderías que realicen las empresas estarán exentas de derechos de importación y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales, perjudicará ostensiblemente a la producción local.
Eso y el sometimiento del país al poder extranjero es más o menos lo mismo, porque no hay un solo punto del RIGI que incluya en el juego a las pequeñas y medianas empresas de la región, que son las principales generadoras de empleo y las que deberían recibir especial atención del gobierno en medio de la brutal crisis económica que las afecta. El esquema que se aplicará es tan abusivo que los inversores extranjeros tendrán todas las ventajas impositivas y arancelarias habidas y por haber y ninguna obligación de contratar empresas argentinas ni mano de obra local.
Aclarado esto, decimos lo otro.
La adhesión al RIGI no fue dispuesto por decreto o resolución del gobierno provincial de turno.
Fueron los diputados provinciales, elegidos por el pueblo de Chubut, los que decidieron que ese es el camino que debemos tomar.
Ningún diputado tomó su banca por asalto, y el número de legisladores que integran los distintos bloques tampoco es arbitrario. Algunos fueron elegidos para apuntalar la gestión del gobernador y otros para ejercer el rol de oposición.
Podemos sentirnos contrariados con la decisión que los legisladores adoptan sobre determinado tema. De hecho, podemos decir a voz de jarra que estamos en contra de la implementación del RIGI, pero ni la contrariedad ni la indignación nos da derecho a agredir o amenazar a ningún diputado.
El problema en esta provincia es que hay actores que cumplen roles fundamentales que no dan señales contundentes cuando tienen que hacerlo. Hace algunas semanas, la fiscal de Rawson Florencia Gómez resolvió en juicio abreviado que un individuo que reconoció haber prendido fuego la Casa de Gobierno en diciembre de 2021, pagara su delito con 70 horas de tareas comunitarias en un comedor solidario de Puerto Madryn.
El gobierno calcula el daño económico en mil millones de pesos y para la fiscal el asunto se arregla con tres semanas de servicios comunitarios.
Con ese antecedente, ¡cómo no se van a animar a patotear a dos legisladores, o a zamarrear a una adolescente!
Hacerlo, no es de nenes caprichosos, es de personas intolerantes y cobardes que desconocen el funcionamiento de las reglas de la democracia.
En democracia se gana y se pierde. Lo que no podemos es justificar la violencia ni permitir que se ponga en jaque al sistema porque haya señores y señoras que no están de acuerdo con lo que votan los diputados.
- Por Esteban Gallo
La Legislatura de la provincia del Chubut aprobó el jueves pasado la adhesión al afamado RIGI, que es un régimen con el que se pretende incentivar a las grandes inversiones y que formó parte fundamental de la no menos renombrada Ley Bases, impulsada por el gobierno nacional.
En el cuarto intermedio de la extensa sesión, los diputados oficialistas Andrea Aguilera y Luis Juncos se acercaron junto a sus familiares a la confitería que se encuentra ubicada frente al edificio legislativo, y allí, mientras tomaban un refrigerio, fueron agredidos por manifestantes anti mineros.
Era un grupo de aproximadamente 10 personas, que irrumpieron con actitudes provocadoras, profiriendo reproches y amenazas y advirtiendo a los legisladores que serían escrachados indefinidamente por la postura asumida en el recinto.
Minutos más tarde, la diputada Andrea Aguilera denunció que los manifestantes también agredieron físicamente a su hija de 14 años.
El episodio no puede quedar en una anécdota.
Los autores del hecho, que mientras agredían verbalmente a los legisladores filmaban y viralizaban todo, como si fueran protagonistas de una epopeya, tienen que ser investigados y recibir la sanción que corresponda.
Hay material fílmico, denuncias penales, testimonios que las víctimas de la agresión aportaron ante la Justicia y la Comisaria de la Mujer, con los que se puede avanzar perfectamente en el esclarecimiento del caso.
Este posicionamiento que asumimos no implica apoyo alguno al proyecto que los diputados aprobaron el jueves pasado. Lo expresé en este mismo espacio y lo sostengo: el RIGI otorga a los grupos extranjeros que vengan a invertir un conjunto de ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias absolutamente extraordinarias, injustas y desmedidas.
Establecer que las importaciones de bienes de capital y mercaderías que realicen las empresas estarán exentas de derechos de importación y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales, perjudicará ostensiblemente a la producción local.
Eso y el sometimiento del país al poder extranjero es más o menos lo mismo, porque no hay un solo punto del RIGI que incluya en el juego a las pequeñas y medianas empresas de la región, que son las principales generadoras de empleo y las que deberían recibir especial atención del gobierno en medio de la brutal crisis económica que las afecta. El esquema que se aplicará es tan abusivo que los inversores extranjeros tendrán todas las ventajas impositivas y arancelarias habidas y por haber y ninguna obligación de contratar empresas argentinas ni mano de obra local.
Aclarado esto, decimos lo otro.
La adhesión al RIGI no fue dispuesto por decreto o resolución del gobierno provincial de turno.
Fueron los diputados provinciales, elegidos por el pueblo de Chubut, los que decidieron que ese es el camino que debemos tomar.
Ningún diputado tomó su banca por asalto, y el número de legisladores que integran los distintos bloques tampoco es arbitrario. Algunos fueron elegidos para apuntalar la gestión del gobernador y otros para ejercer el rol de oposición.
Podemos sentirnos contrariados con la decisión que los legisladores adoptan sobre determinado tema. De hecho, podemos decir a voz de jarra que estamos en contra de la implementación del RIGI, pero ni la contrariedad ni la indignación nos da derecho a agredir o amenazar a ningún diputado.
El problema en esta provincia es que hay actores que cumplen roles fundamentales que no dan señales contundentes cuando tienen que hacerlo. Hace algunas semanas, la fiscal de Rawson Florencia Gómez resolvió en juicio abreviado que un individuo que reconoció haber prendido fuego la Casa de Gobierno en diciembre de 2021, pagara su delito con 70 horas de tareas comunitarias en un comedor solidario de Puerto Madryn.
El gobierno calcula el daño económico en mil millones de pesos y para la fiscal el asunto se arregla con tres semanas de servicios comunitarios.
Con ese antecedente, ¡cómo no se van a animar a patotear a dos legisladores, o a zamarrear a una adolescente!
Hacerlo, no es de nenes caprichosos, es de personas intolerantes y cobardes que desconocen el funcionamiento de las reglas de la democracia.
En democracia se gana y se pierde. Lo que no podemos es justificar la violencia ni permitir que se ponga en jaque al sistema porque haya señores y señoras que no están de acuerdo con lo que votan los diputados.