Ahora, que nos devuelvan Pardelas
- Por Esteban Gallo
La sentencia de la Dra. Florencia Cordón, integrante de la Cámara Civil de Trelew, ordenando la reapertura del camino que utilizan los habitantes de Chubut para llegar a la playa de Bahía Cracker, fue recibido con algarabía por los clubes de pesca, pescadores artesanales y vecinos que presentaron el amparo a favor de la restitución del derecho de libre circulación en ese espacio público.
Es que, aunque el fallo resuelve el asunto particular de Bahía Cracker, establece jurisprudencia fundamental para otros casos similares y pone un freno a eventuales cierres de playa que podrían disponerse para más adelante. El fallo de la magistrada establece con claridad que las playas son bienes públicos, y que ni el Estado, a través de cualquiera de sus organismos, ni los dueños de un campo, pueden atribuirse la facultad de cerrar el acceso a la costa a ningún ciudadano de Chubut.
Los vecinos que presentaron el amparo tenían el respaldo de leyes provinciales y nacionales, pero ahora cuentan con el fallo de una jueza que restituye ese derecho que se encontraba cercenado por una medida que carecía de sustento legal.
Pero el reclamo colectivo no termina con la sentencia de la Dra. Cordón Ferrando. En diálogo con “Mañana G”, el abogado que presentó el amparo por Cracker, Daniel Gómez Lozano, adelantó que el próximo objetivo es judicializar el caso Pardelas, con la finalidad de que la familia Ferro abra la tranquera que nos impide disfrutar de ese paraíso de la naturaleza que pertenece a todos los chubutenses.
El cierre de Pardelas se cristalizó hace 6 años atrás por el atropello del propietario del campo que se cree el dueño de la Península y la complicidad de las autoridades provinciales de entonces que creyeron que podían embestir impunemente contra los derechos de los ciudadanos.
La excusa fue la de siempre. El viejo truco de los hacendados de aludir a cuestiones de limpieza e inseguridad para justificar el cierre de la playa, más la presencia de un médano que obstaculiza una parte del camino, como si el Estado Provincial no tuviera máquinas para efectuar las obras que se necesitan hacer.
Ahora hay un fallo que establece taxativamente que los caminos de acceso a las playas son de uso público, que los caminos de utilidad pública no se pueden cerrar y que los propietarios de los campos, llámense Estancia Bahía Cracker S.A, Alejandro Ferro o Juan de los Palotes no deben obstaculizar el acceso a las playas ni impedir el ingreso a la costa de ningún ciudadano.
Al antecedente del fallo judicial por Cracker hay que sumarle la resolución de la Defensora del Pueblo Claudia Bard, quien recomendó la reapertura inmediata de Pardelas por entender que, con el cierre, se vulneran los derechos de la población.
Las leyes provinciales y nacionales que rigen para Cracker también rigen para Pardelas.
Nadie puede sentirse tan superior como para creer que puede pisotear las leyes vigentes y hacer lo que se le da la gana.
Hace más de un año, el ex ministro de Turismo de la Provincia, Leonardo Gaffet, ante el reclamo de la comunidad, aseguró que reabriría Punta Pardelas, pero se fue de su cargo incumpliendo la palabra empeñada. Hoy, la decisión está en manos de Diego La Penna, quien tras sus primeros 9 meses de gestión no parece muy decidido a cambiar las cosas.
En agosto pasado anunció la reapertura de las cabalgatas en la Península y posó alegremente con Alejandro Ferro, la cara visible del tan promocionado producto turístico.
Lo de los caballitos galopando en la Península nos parece bien. Lo que nos parece mal es que le confieran nuevos beneficios al prepotente que arremetió contra los derechos de los habitantes de este suelo cuando decidió ponerle candado a Pardelas.
Lo que se pone sobre la mesa ahora, no es solamente que el Estado haga cumplir la ley. Eso debería estar fuera de toda discusión. Lo que está en juego es el destino de la política turística que Chubut llevará adelante en los próximos años. Si la visión de conservación y manejo privilegia los intereses de los habitantes de esta provincia o si el Estado quedará a merced de la influencia que ejercen los grupos económicos y terratenientes de la región.
Lo que suceda con Pardelas nos dirá con claridad donde estamos parados y hacia dónde vamos los chubutenses.
- Por Esteban Gallo
La sentencia de la Dra. Florencia Cordón, integrante de la Cámara Civil de Trelew, ordenando la reapertura del camino que utilizan los habitantes de Chubut para llegar a la playa de Bahía Cracker, fue recibido con algarabía por los clubes de pesca, pescadores artesanales y vecinos que presentaron el amparo a favor de la restitución del derecho de libre circulación en ese espacio público.
Es que, aunque el fallo resuelve el asunto particular de Bahía Cracker, establece jurisprudencia fundamental para otros casos similares y pone un freno a eventuales cierres de playa que podrían disponerse para más adelante. El fallo de la magistrada establece con claridad que las playas son bienes públicos, y que ni el Estado, a través de cualquiera de sus organismos, ni los dueños de un campo, pueden atribuirse la facultad de cerrar el acceso a la costa a ningún ciudadano de Chubut.
Los vecinos que presentaron el amparo tenían el respaldo de leyes provinciales y nacionales, pero ahora cuentan con el fallo de una jueza que restituye ese derecho que se encontraba cercenado por una medida que carecía de sustento legal.
Pero el reclamo colectivo no termina con la sentencia de la Dra. Cordón Ferrando. En diálogo con “Mañana G”, el abogado que presentó el amparo por Cracker, Daniel Gómez Lozano, adelantó que el próximo objetivo es judicializar el caso Pardelas, con la finalidad de que la familia Ferro abra la tranquera que nos impide disfrutar de ese paraíso de la naturaleza que pertenece a todos los chubutenses.
El cierre de Pardelas se cristalizó hace 6 años atrás por el atropello del propietario del campo que se cree el dueño de la Península y la complicidad de las autoridades provinciales de entonces que creyeron que podían embestir impunemente contra los derechos de los ciudadanos.
La excusa fue la de siempre. El viejo truco de los hacendados de aludir a cuestiones de limpieza e inseguridad para justificar el cierre de la playa, más la presencia de un médano que obstaculiza una parte del camino, como si el Estado Provincial no tuviera máquinas para efectuar las obras que se necesitan hacer.
Ahora hay un fallo que establece taxativamente que los caminos de acceso a las playas son de uso público, que los caminos de utilidad pública no se pueden cerrar y que los propietarios de los campos, llámense Estancia Bahía Cracker S.A, Alejandro Ferro o Juan de los Palotes no deben obstaculizar el acceso a las playas ni impedir el ingreso a la costa de ningún ciudadano.
Al antecedente del fallo judicial por Cracker hay que sumarle la resolución de la Defensora del Pueblo Claudia Bard, quien recomendó la reapertura inmediata de Pardelas por entender que, con el cierre, se vulneran los derechos de la población.
Las leyes provinciales y nacionales que rigen para Cracker también rigen para Pardelas.
Nadie puede sentirse tan superior como para creer que puede pisotear las leyes vigentes y hacer lo que se le da la gana.
Hace más de un año, el ex ministro de Turismo de la Provincia, Leonardo Gaffet, ante el reclamo de la comunidad, aseguró que reabriría Punta Pardelas, pero se fue de su cargo incumpliendo la palabra empeñada. Hoy, la decisión está en manos de Diego La Penna, quien tras sus primeros 9 meses de gestión no parece muy decidido a cambiar las cosas.
En agosto pasado anunció la reapertura de las cabalgatas en la Península y posó alegremente con Alejandro Ferro, la cara visible del tan promocionado producto turístico.
Lo de los caballitos galopando en la Península nos parece bien. Lo que nos parece mal es que le confieran nuevos beneficios al prepotente que arremetió contra los derechos de los habitantes de este suelo cuando decidió ponerle candado a Pardelas.
Lo que se pone sobre la mesa ahora, no es solamente que el Estado haga cumplir la ley. Eso debería estar fuera de toda discusión. Lo que está en juego es el destino de la política turística que Chubut llevará adelante en los próximos años. Si la visión de conservación y manejo privilegia los intereses de los habitantes de esta provincia o si el Estado quedará a merced de la influencia que ejercen los grupos económicos y terratenientes de la región.
Lo que suceda con Pardelas nos dirá con claridad donde estamos parados y hacia dónde vamos los chubutenses.