Bahía Cracker: la ley de la tranquera y el candado
Por Esteban Gallo
El destino de nuestras playas y el derecho que nos asiste como ciudadanos de circular libremente por ellas, vuelve a estar en el centro de la polémica.
Mientras seguimos esperando una resolución sobre el caso Pardelas, que concitó el interés de pobladores de toda la región, instituciones deportivas, e incluso de Derechos Humanos, ahora, Bahia Cracker, otra playa emblemática de la provincia, terminó cerrada con tranquera y con candado, tal cual lo expresa el cartel colocado en el ingreso al lugar por la Secretaría de Pesca de la provincia.
La decisión no surgió como fruto de una discusión sesuda y participativa, sino, como dice la resolución, el 13 de mayo pasado, Andrés Arbeletche, secretario de Pesca, y Martin de Brey, propietario del campo, que asistió a la reunión con su apoderado legal, José Alberto Esain, decidieron cortar por la sano y cerrar el ingreso a la playa.
Como en el caso Pardelas, los dueños de los campos mandan y ordenan, el Estado obedece sin chistar y los ciudadanos de la provincia, se joroban.
La razón del cierre se explica también con pocas palabras. “El acceso conlleva riesgos para quienes habitan en dicha estancia y para los bienes que allí se encuentran”.
Un disparate total. No hay nada que el Estado no pueda resolver con controles apropiados y la implementación de algunas medidas de seguridad que garanticen la tranquilidad de los propietarios del campo y de los ciudadanos que disfrutan del lugar.
Lo dijo hace unos días, por este mismo medio, el presidente del Club de pesca del Valle, Daniel Hughes: “con el mismo criterio, deberían cerrar Trelew, que está lleno de riesgos para los vecinos que viven aquí, por la crisis de inseguridad que sufre la ciudad”.
Otro aspecto del conflicto que llama la atención es el conjunto de facultades otorgadas al secretario de Pesca, que hace un par de semanas estaba otorgando los permisos para pescar langostino a los reyes de la flota amarilla de Rawson y ahora se encargará de supervisar los concursos de pesca, que es lo único que podría realizarse en Cracker.
El funcionario super poderoso determina sobre el millonario negocio del langostino, pero también se ocupa de los cornalitos que se pescan en Cracker.
El hombre decide sobre restricciones a la libertad y circulación de los habitantes, resuelve si usted y su familia pueden ingresar o no las playas, y de paso, se involucra en cuestiones de campamentismo y concursos de pesca.
No se puede circunscribir Bahia Cracker a la pesca. Cracker también es un lugar de recreación, turismo, contemplación y disfrute. Miles de familias de toda la provincia disfrutan de sus playas. Hay cientos de historias de padres e hijos, de abuelos y nietos, de amigos entrañables que forjaron sus vínculos en jornadas inolvidables, vividas en ese lugar que pertenece a todos los chubutenses y al que ahora no se puede entrar más.
¿Quién defiende a la comunidad? ¿Quién vela por los derechos constitucionales de los chubutenses? ¿Quién nos resguarda de los propietarios atrevidos que se creen los dueños de la costa y se arrogan la legitimidad de poner una tranquera y un candado a la playa?
Porque ahí reside el quid de la cuestión.
-Dice la ley provincial 18 Nº 8, artículo 4: “Cuando para poder tener acceso a aguas marítimas, fluviales o lacustres, para las necesidades de pesca, caza submarina deportiva y actividades turísticas sea necesario utilizar un camino privado, los propietarios u ocupantes legales de los fondos respectivos están obligados a permitir el paso a través de dicho fundo, estándole prohibido cobrar taza o derecho alguno por tal concepto”.
Y el artículo 5 agrega: “Queda absolutamente prohibido a los particulares realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que de algún modo dañe, obstruya, y desvíe en forma directa o indirecta un camino de acceso a aguas marítimas, fluviales, lacustres y riberas”.
El camino de acceso a la playa de Bahia Cracker es público. Pasa por un campo privado, pero eso no cambia su naturaleza de bien de dominio público.
Duele tener que explicar algo que es obvio.
Por cada tranquera que se cierra y cada candado que se coloca, hay un derecho que se pierde. Y eso también duele.
Por Esteban Gallo
El destino de nuestras playas y el derecho que nos asiste como ciudadanos de circular libremente por ellas, vuelve a estar en el centro de la polémica.
Mientras seguimos esperando una resolución sobre el caso Pardelas, que concitó el interés de pobladores de toda la región, instituciones deportivas, e incluso de Derechos Humanos, ahora, Bahia Cracker, otra playa emblemática de la provincia, terminó cerrada con tranquera y con candado, tal cual lo expresa el cartel colocado en el ingreso al lugar por la Secretaría de Pesca de la provincia.
La decisión no surgió como fruto de una discusión sesuda y participativa, sino, como dice la resolución, el 13 de mayo pasado, Andrés Arbeletche, secretario de Pesca, y Martin de Brey, propietario del campo, que asistió a la reunión con su apoderado legal, José Alberto Esain, decidieron cortar por la sano y cerrar el ingreso a la playa.
Como en el caso Pardelas, los dueños de los campos mandan y ordenan, el Estado obedece sin chistar y los ciudadanos de la provincia, se joroban.
La razón del cierre se explica también con pocas palabras. “El acceso conlleva riesgos para quienes habitan en dicha estancia y para los bienes que allí se encuentran”.
Un disparate total. No hay nada que el Estado no pueda resolver con controles apropiados y la implementación de algunas medidas de seguridad que garanticen la tranquilidad de los propietarios del campo y de los ciudadanos que disfrutan del lugar.
Lo dijo hace unos días, por este mismo medio, el presidente del Club de pesca del Valle, Daniel Hughes: “con el mismo criterio, deberían cerrar Trelew, que está lleno de riesgos para los vecinos que viven aquí, por la crisis de inseguridad que sufre la ciudad”.
Otro aspecto del conflicto que llama la atención es el conjunto de facultades otorgadas al secretario de Pesca, que hace un par de semanas estaba otorgando los permisos para pescar langostino a los reyes de la flota amarilla de Rawson y ahora se encargará de supervisar los concursos de pesca, que es lo único que podría realizarse en Cracker.
El funcionario super poderoso determina sobre el millonario negocio del langostino, pero también se ocupa de los cornalitos que se pescan en Cracker.
El hombre decide sobre restricciones a la libertad y circulación de los habitantes, resuelve si usted y su familia pueden ingresar o no las playas, y de paso, se involucra en cuestiones de campamentismo y concursos de pesca.
No se puede circunscribir Bahia Cracker a la pesca. Cracker también es un lugar de recreación, turismo, contemplación y disfrute. Miles de familias de toda la provincia disfrutan de sus playas. Hay cientos de historias de padres e hijos, de abuelos y nietos, de amigos entrañables que forjaron sus vínculos en jornadas inolvidables, vividas en ese lugar que pertenece a todos los chubutenses y al que ahora no se puede entrar más.
¿Quién defiende a la comunidad? ¿Quién vela por los derechos constitucionales de los chubutenses? ¿Quién nos resguarda de los propietarios atrevidos que se creen los dueños de la costa y se arrogan la legitimidad de poner una tranquera y un candado a la playa?
Porque ahí reside el quid de la cuestión.
-Dice la ley provincial 18 Nº 8, artículo 4: “Cuando para poder tener acceso a aguas marítimas, fluviales o lacustres, para las necesidades de pesca, caza submarina deportiva y actividades turísticas sea necesario utilizar un camino privado, los propietarios u ocupantes legales de los fondos respectivos están obligados a permitir el paso a través de dicho fundo, estándole prohibido cobrar taza o derecho alguno por tal concepto”.
Y el artículo 5 agrega: “Queda absolutamente prohibido a los particulares realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que de algún modo dañe, obstruya, y desvíe en forma directa o indirecta un camino de acceso a aguas marítimas, fluviales, lacustres y riberas”.
El camino de acceso a la playa de Bahia Cracker es público. Pasa por un campo privado, pero eso no cambia su naturaleza de bien de dominio público.
Duele tener que explicar algo que es obvio.
Por cada tranquera que se cierra y cada candado que se coloca, hay un derecho que se pierde. Y eso también duele.