Baja de la imputabilidad: prevenir es mejor que castigar
- Por Esteban Gallo
Por mandato del presidente Javier Milei, los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona presentaron el viernes pasado el proyecto del gobierno para un nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajará la edad de imputabilidad a los 13 años.
“Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que es terminar con la impunidad” dijo la ministra y agregó que “es el medio ambiente del menor el que lo lleva a cometer delitos y tenemos que sacarlos de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”.
Bullrich y Milei están empecinados con este tema, seguramente influenciados por cuestiones ideológicas y electoralistas, pero se niegan a abordar la cuestión de fondo del problema de la delincuencia juvenil.
La funcionaria reconoce que los menores que delinquen están expuestos a contextos inapropiados, pero el gobierno al que representa no se preocupa por el lugar que esos jóvenes y niños ocupan en la sociedad.
Quiero hacer un análisis justo. Los gobiernos anteriores tampoco abordaron el tema como una cuestión de Estado. Pero este gobierno nacional en particular, se ha caracterizado no solamente por no generar programas de contención ni políticas de prevención de la delincuencia juvenil sino también por tomar acciones que conducen inexorablemente a que los menores, que están presos de sus contextos, sigan un derrotero delictual, y que otros chicos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, transiten por el mismo camino.
Según estudios privados, la tasa de pobreza en la Argentina es del 49%, que hasta fines del año pasado era de 44%. La desocupación aumentó al 7,7% en el último trimestre. Y cuando se analizan los resultados por rango etario la situación es más grave para las personas jóvenes al punto que duplica el índice del promedio general.
El peor resultado se dio entre las mujeres de menos de 30 años, que registraron una tasa de desocupación del 17,3%.
Para sintetizar. En un país donde los índices de pobreza y desocupación aumentan de manera galopante, con un gobierno que alegremente pulveriza el empleo público y privado, no podemos esperar otra cosa que más delincuencia en la calle y más inseguridad.
Un chico o una chica, hijo o hija de un padre o madre que se quedó sin trabajo, es una persona en estado de fragilidad, seguramente alguien que no podrá acceder a la educación ni tener las oportunidades que otros hemos tenido.
En esas condiciones viven muchos niños en nuestro país, a los que hay que sumarles la falta de una vivienda digna, la carencia de servicios indispensables como el agua o las cloacas, la violencia intrafamiliar, el abuso de drogas y alcohol, y como si todo eso fuera poco, la indiferencia del Estado, que pone toda su energía en bajar la imputabilidad a 13 años pero no se ocupa de abordar el problema de fondo y combatir las causas que moldearon la vida de esos chicos hacia una carrera criminal.
Seguramente no lo harán Milei y Bullrich, pero nos gustaría que alguna vez, los funcionarios de algún gobierno se sienten frente a la sociedad a presentar un plan serio orientado a la prevención de la delincuencia juvenil.
Imagino un plan nacional, financiado por el Estado, que contemple programas y partidas destinadas a proteger el desarrollo de la vida de los niños y jóvenes, con participación plena de las provincias, los municipios, y la comunidad.
El país necesita un plan que incluya atención médica, psicológica, alimentaria, tratamientos gratuitos para chicos con problemas de alcoholismo o drogadicción, programas educativos que incluyan la enseñanza de valores, y la implementación de actividades de integración y socialización.
Lo que necesitamos es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño dejen de ser una mera declaración de principios y se transformen en una obligación para quienes nos gobiernan.
La embestida del gobierno contra los sectores más vulnerables no va a servir para nada y probablemente en un par de años, Bullrich esté anunciando la baja de la imputabilidad a 12 años, o a 10 años, como si el problema y la solución estuvieran ahí.
La prevención es mucho más efectiva que el castigo y protege a la persona y a la sociedad. Si no entendemos eso, no entendemos nada.
- Por Esteban Gallo
Por mandato del presidente Javier Milei, los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona presentaron el viernes pasado el proyecto del gobierno para un nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajará la edad de imputabilidad a los 13 años.
“Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que es terminar con la impunidad” dijo la ministra y agregó que “es el medio ambiente del menor el que lo lleva a cometer delitos y tenemos que sacarlos de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”.
Bullrich y Milei están empecinados con este tema, seguramente influenciados por cuestiones ideológicas y electoralistas, pero se niegan a abordar la cuestión de fondo del problema de la delincuencia juvenil.
La funcionaria reconoce que los menores que delinquen están expuestos a contextos inapropiados, pero el gobierno al que representa no se preocupa por el lugar que esos jóvenes y niños ocupan en la sociedad.
Quiero hacer un análisis justo. Los gobiernos anteriores tampoco abordaron el tema como una cuestión de Estado. Pero este gobierno nacional en particular, se ha caracterizado no solamente por no generar programas de contención ni políticas de prevención de la delincuencia juvenil sino también por tomar acciones que conducen inexorablemente a que los menores, que están presos de sus contextos, sigan un derrotero delictual, y que otros chicos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, transiten por el mismo camino.
Según estudios privados, la tasa de pobreza en la Argentina es del 49%, que hasta fines del año pasado era de 44%. La desocupación aumentó al 7,7% en el último trimestre. Y cuando se analizan los resultados por rango etario la situación es más grave para las personas jóvenes al punto que duplica el índice del promedio general.
El peor resultado se dio entre las mujeres de menos de 30 años, que registraron una tasa de desocupación del 17,3%.
Para sintetizar. En un país donde los índices de pobreza y desocupación aumentan de manera galopante, con un gobierno que alegremente pulveriza el empleo público y privado, no podemos esperar otra cosa que más delincuencia en la calle y más inseguridad.
Un chico o una chica, hijo o hija de un padre o madre que se quedó sin trabajo, es una persona en estado de fragilidad, seguramente alguien que no podrá acceder a la educación ni tener las oportunidades que otros hemos tenido.
En esas condiciones viven muchos niños en nuestro país, a los que hay que sumarles la falta de una vivienda digna, la carencia de servicios indispensables como el agua o las cloacas, la violencia intrafamiliar, el abuso de drogas y alcohol, y como si todo eso fuera poco, la indiferencia del Estado, que pone toda su energía en bajar la imputabilidad a 13 años pero no se ocupa de abordar el problema de fondo y combatir las causas que moldearon la vida de esos chicos hacia una carrera criminal.
Seguramente no lo harán Milei y Bullrich, pero nos gustaría que alguna vez, los funcionarios de algún gobierno se sienten frente a la sociedad a presentar un plan serio orientado a la prevención de la delincuencia juvenil.
Imagino un plan nacional, financiado por el Estado, que contemple programas y partidas destinadas a proteger el desarrollo de la vida de los niños y jóvenes, con participación plena de las provincias, los municipios, y la comunidad.
El país necesita un plan que incluya atención médica, psicológica, alimentaria, tratamientos gratuitos para chicos con problemas de alcoholismo o drogadicción, programas educativos que incluyan la enseñanza de valores, y la implementación de actividades de integración y socialización.
Lo que necesitamos es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño dejen de ser una mera declaración de principios y se transformen en una obligación para quienes nos gobiernan.
La embestida del gobierno contra los sectores más vulnerables no va a servir para nada y probablemente en un par de años, Bullrich esté anunciando la baja de la imputabilidad a 12 años, o a 10 años, como si el problema y la solución estuvieran ahí.
La prevención es mucho más efectiva que el castigo y protege a la persona y a la sociedad. Si no entendemos eso, no entendemos nada.