Causa tierra arrasada: la justicia debe hacer bien su trabajo
Por Esteban Gallo
El fiscal Gustavo Nuñez, dialogó con Mañana G sobre la Causa Tierra Arrasada, en la que se encuentran investigadas cuatro personas por la millonaria sustracción de áridos en dos canteras clandestinas de Trelew.
Los bienes de los cuatro sospechosos, José Uña y su hija Analía; José Errozarena y Walter Salesky, ya fueron inhibidos por la Justicia, y anunció el fiscal que en dos meses aproximadamente avanzará con la imputación y apertura de la investigación del caso.
Se investiga el apoderamiento ilegitimo del material que se llevaba adelante en terrenos fiscales ubicados en el ingreso norte de Trelew, realizado sin ningún tipo de habilitación comercial ni estudios ambientales. Los peritos verificaron la extracción irregular de casi 400 mil metros cúbicos de material, sumando las dos canteras que los involucrados usufructuaban para beneficio propio.
La actividad se hacía a escondidas pero las operaciones de venta se realizaban en efectivo o mediante mercado pago, tal cual constan en la profusa documentación que está en manos de la Fiscalía.
El investigador judicial confirmó que podríamos encontrarnos frente a una organización criminal más compleja, integrada por más personas, aunque aclaró que por ahora no hay funcionarios municipales involucrados.
La respuesta nos llamó la atención. ¿Cómo es posible que todavía no haya comparecido ante la Justicia ningún funcionario público?
El Ministerio Público Fiscal habla de tierra arrasada, pero parece no estar enfocado en investigar quien o quienes permitieron que se produjera esa devastación.
Durante largos años (algunos dicen que el modus operandi comenzó en 2016) un grupo de individuos armaron un negocio fraudulento y millonario, y delante de las narices de todos los trelewenses se sirvieron “a piacere” de tierras municipales.
El vecino común de Trelew, preocupado por las vicisitudes de la vida, que acá es más jodida que en otros lados, no tiene porqué andar merodeando por las afueras de la ciudad, haciendo trabajo de investigación y desbaratando las tropelías que otros cometen en terrenos fiscales.
Para esas cosas está el Estado. Y esa es la tarea que deben cumplir los funcionarios municipales.
Estamos frente a hechos que se cometieron durante largos años. ¿Ningún funcionario municipal de la gestión anterior se enteró de lo que estaba pasando?
¿Hicieron unos cráteres marca cañón y nadie se dio cuenta?
Es cierto que la actividad se produjo en una zona alejada del centro, pero iban y venían camiones y se desplegaban máquinas retroexcavadoras durante todo el día.
Nadie escuchó nada, nadie vio nada, nadie hizo nada.
Si la Fiscalía, que además cuenta con una oficina que se dedica a investigar los hechos de corrupción pone el foco solamente en las cuatro personas investigadas, transmitirá a la sociedad un mensaje muy pobre.
Siendo buenos, y sin hacer elucubraciones de otra índole, por lo menos, debería investigarse la clara omisión en la que incurrieron en este caso los funcionarios municipales de la gestión Maderna.
Hay algo que se llama deberes de funcionario público y los incumple el agente que omite la observancia de las normas, el que no hace ejecutar lo que la ley expresamente manda hacer.
El código penal establece taxativamente en el artículo 249 que será reprimido con prisión de tres meses a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
Pareciera que estamos en presencia de un caso de estas características. Por lo tanto, será tarea de los fiscales profundizar la investigación e ir al hueso del asunto.
No hay nada peor para una democracia que la impunidad de los funcionarios públicos.
En este caso y en todos los casos, la Justicia debe hacer bien su trabajo y no puede quedarse a mitad de camino.
Por Esteban Gallo
El fiscal Gustavo Nuñez, dialogó con Mañana G sobre la Causa Tierra Arrasada, en la que se encuentran investigadas cuatro personas por la millonaria sustracción de áridos en dos canteras clandestinas de Trelew.
Los bienes de los cuatro sospechosos, José Uña y su hija Analía; José Errozarena y Walter Salesky, ya fueron inhibidos por la Justicia, y anunció el fiscal que en dos meses aproximadamente avanzará con la imputación y apertura de la investigación del caso.
Se investiga el apoderamiento ilegitimo del material que se llevaba adelante en terrenos fiscales ubicados en el ingreso norte de Trelew, realizado sin ningún tipo de habilitación comercial ni estudios ambientales. Los peritos verificaron la extracción irregular de casi 400 mil metros cúbicos de material, sumando las dos canteras que los involucrados usufructuaban para beneficio propio.
La actividad se hacía a escondidas pero las operaciones de venta se realizaban en efectivo o mediante mercado pago, tal cual constan en la profusa documentación que está en manos de la Fiscalía.
El investigador judicial confirmó que podríamos encontrarnos frente a una organización criminal más compleja, integrada por más personas, aunque aclaró que por ahora no hay funcionarios municipales involucrados.
La respuesta nos llamó la atención. ¿Cómo es posible que todavía no haya comparecido ante la Justicia ningún funcionario público?
El Ministerio Público Fiscal habla de tierra arrasada, pero parece no estar enfocado en investigar quien o quienes permitieron que se produjera esa devastación.
Durante largos años (algunos dicen que el modus operandi comenzó en 2016) un grupo de individuos armaron un negocio fraudulento y millonario, y delante de las narices de todos los trelewenses se sirvieron “a piacere” de tierras municipales.
El vecino común de Trelew, preocupado por las vicisitudes de la vida, que acá es más jodida que en otros lados, no tiene porqué andar merodeando por las afueras de la ciudad, haciendo trabajo de investigación y desbaratando las tropelías que otros cometen en terrenos fiscales.
Para esas cosas está el Estado. Y esa es la tarea que deben cumplir los funcionarios municipales.
Estamos frente a hechos que se cometieron durante largos años. ¿Ningún funcionario municipal de la gestión anterior se enteró de lo que estaba pasando?
¿Hicieron unos cráteres marca cañón y nadie se dio cuenta?
Es cierto que la actividad se produjo en una zona alejada del centro, pero iban y venían camiones y se desplegaban máquinas retroexcavadoras durante todo el día.
Nadie escuchó nada, nadie vio nada, nadie hizo nada.
Si la Fiscalía, que además cuenta con una oficina que se dedica a investigar los hechos de corrupción pone el foco solamente en las cuatro personas investigadas, transmitirá a la sociedad un mensaje muy pobre.
Siendo buenos, y sin hacer elucubraciones de otra índole, por lo menos, debería investigarse la clara omisión en la que incurrieron en este caso los funcionarios municipales de la gestión Maderna.
Hay algo que se llama deberes de funcionario público y los incumple el agente que omite la observancia de las normas, el que no hace ejecutar lo que la ley expresamente manda hacer.
El código penal establece taxativamente en el artículo 249 que será reprimido con prisión de tres meses a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
Pareciera que estamos en presencia de un caso de estas características. Por lo tanto, será tarea de los fiscales profundizar la investigación e ir al hueso del asunto.
No hay nada peor para una democracia que la impunidad de los funcionarios públicos.
En este caso y en todos los casos, la Justicia debe hacer bien su trabajo y no puede quedarse a mitad de camino.