Por un concurso rodeado de sospechas, echaron al secretario del Consejo de la Magistratura
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
En una decisión unánime, el Consejo de la Magistratura decidió echar a su secretario permanente Diego Cruceño luego de que un sumario consideró que violó la Ley de Ética Pública y las normas del cuerpo para los concursos de cargos.
Se definió en una sesión extraordinaria virtual del Consejo, bajo la Presidencia de Tomás Malerba y la asistencia de Mirtha Lewis, Miguel Coyopay, Paula Cardozo, Raúl Fourgeaux, Esteban Defelice, Mariano Jalon, Mirta Pacheco, Silvina Ruppel, Sonia Donati, Jorge Fruchtenicht, Mirta Antonena y Manuel Burgueño Ibarguren.
El sumario estuvo a cargo de Antonena, que consideró que hubo “faltas graves” en la conducta del ahora exfuncionario. “Configura el quiebre de la relación laboral por pérdida de la confianza por parte de los integrantes del Consejo y se materializa en una causa grave”, escribió.
El escándalo estalló cuando la abogada Silvina Mendoza se inscribió para ser fiscal en Lago Puelo. El concurso cerraba el 9 de febrero. La postulante denunció que nunca fue notificada de si su postulación era aceptada. Lo que ignoraba es que por su cuenta, Cruceño había firmado un acta de cierre de concurso sin postulantes y había rechazado la inscripción de Mendoza.
Sin embargo, contrariamente al acta, la letrada sí se había inscripto. El rechazo a la postulación debió ser una resolución fundada firmada por el presidente Malerba, no del secretario. Nunca ocurrió. Mendoza debió ser notificada para, en todo caso, ejercer su derecho a impugnar.
Según el consejero Burgueño Ibarguren, el cesanteado “privó ilegítimamente a una persona de la posibilidad de concursar y violó el derecho de defensa y debido proceso”.
“Falseó la información de un instrumento público y usurpó funciones y facultades que le son ajena, al rechazar la presentación”, completó.
Este episodio se vincula con otro. Es que además el Consejo debió anular el concurso de fiscal para Puelo por las sospechas de que la elección estaba direccionada a favor de Cruceño. El abogado se había inscripto pero cuando habló con empleados y magistrados cordilleranos, daba a entender que “estaba todo decidido”.
Ante ellos se presentaba como el nuevo fiscal, cuando los exámenes ni se habían iniciado. El cuerpo debió suspender el llamado para evitar suspicacias.
Cruceño habría rechazado la postulación de Mendoza “aprovechándose del cargo para incidir en su beneficio en el concurso”. Sus dichos en la Cordillera “afectaron la transparencia del Consejo. Tenía deber de responsabilidad por ser el funcionario más importante del organismo y es así especialmente sustancial la confianza”.
Tres consejeros viajaron a tomar entrevistas sobre la conducta de Cruceño. Hablaron con seis trabajadores de la Fiscalía de El Hoyo. Revelaron que Cruceño les había dicho que cuando asumiera el cargo “era su intención realizar cambios, como el sistema de turnos; manifestaba `Deberíamos hacerlo de tal o cual manera”. Lo notaron muy seguro”.
Según el informe, hasta le preguntaron: “¿Estás seguro de que vas a ganar? Y respondió sin dudar: sí. Les daba la sensación que hablaba como si estuviera de fiscal”.
“La sensación que dejó en varias trabajadoras y en particular en la jueza penal de Puelo, Silvana Vélez es que parecía que todo ya estaba decidido”, dice el informe. La magistrada hasta mencionó la palabra “arreglado”.
En cuanto a Vélez, el 11 de mayo Cruceño se presentó en su despacho. “Ante su sorpresa le manifiesta que él iba a ser el próximo fiscal general y quería ponerla al tanto de cómo iba a ser su trabajo (..) La mayoría de aquellos con quien hablamos está descreyendo del proceso de selección de magistrados y que este Consejo quedó involucrado como parte de un proceso viciado de favoritismo”.#
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
En una decisión unánime, el Consejo de la Magistratura decidió echar a su secretario permanente Diego Cruceño luego de que un sumario consideró que violó la Ley de Ética Pública y las normas del cuerpo para los concursos de cargos.
Se definió en una sesión extraordinaria virtual del Consejo, bajo la Presidencia de Tomás Malerba y la asistencia de Mirtha Lewis, Miguel Coyopay, Paula Cardozo, Raúl Fourgeaux, Esteban Defelice, Mariano Jalon, Mirta Pacheco, Silvina Ruppel, Sonia Donati, Jorge Fruchtenicht, Mirta Antonena y Manuel Burgueño Ibarguren.
El sumario estuvo a cargo de Antonena, que consideró que hubo “faltas graves” en la conducta del ahora exfuncionario. “Configura el quiebre de la relación laboral por pérdida de la confianza por parte de los integrantes del Consejo y se materializa en una causa grave”, escribió.
El escándalo estalló cuando la abogada Silvina Mendoza se inscribió para ser fiscal en Lago Puelo. El concurso cerraba el 9 de febrero. La postulante denunció que nunca fue notificada de si su postulación era aceptada. Lo que ignoraba es que por su cuenta, Cruceño había firmado un acta de cierre de concurso sin postulantes y había rechazado la inscripción de Mendoza.
Sin embargo, contrariamente al acta, la letrada sí se había inscripto. El rechazo a la postulación debió ser una resolución fundada firmada por el presidente Malerba, no del secretario. Nunca ocurrió. Mendoza debió ser notificada para, en todo caso, ejercer su derecho a impugnar.
Según el consejero Burgueño Ibarguren, el cesanteado “privó ilegítimamente a una persona de la posibilidad de concursar y violó el derecho de defensa y debido proceso”.
“Falseó la información de un instrumento público y usurpó funciones y facultades que le son ajena, al rechazar la presentación”, completó.
Este episodio se vincula con otro. Es que además el Consejo debió anular el concurso de fiscal para Puelo por las sospechas de que la elección estaba direccionada a favor de Cruceño. El abogado se había inscripto pero cuando habló con empleados y magistrados cordilleranos, daba a entender que “estaba todo decidido”.
Ante ellos se presentaba como el nuevo fiscal, cuando los exámenes ni se habían iniciado. El cuerpo debió suspender el llamado para evitar suspicacias.
Cruceño habría rechazado la postulación de Mendoza “aprovechándose del cargo para incidir en su beneficio en el concurso”. Sus dichos en la Cordillera “afectaron la transparencia del Consejo. Tenía deber de responsabilidad por ser el funcionario más importante del organismo y es así especialmente sustancial la confianza”.
Tres consejeros viajaron a tomar entrevistas sobre la conducta de Cruceño. Hablaron con seis trabajadores de la Fiscalía de El Hoyo. Revelaron que Cruceño les había dicho que cuando asumiera el cargo “era su intención realizar cambios, como el sistema de turnos; manifestaba `Deberíamos hacerlo de tal o cual manera”. Lo notaron muy seguro”.
Según el informe, hasta le preguntaron: “¿Estás seguro de que vas a ganar? Y respondió sin dudar: sí. Les daba la sensación que hablaba como si estuviera de fiscal”.
“La sensación que dejó en varias trabajadoras y en particular en la jueza penal de Puelo, Silvana Vélez es que parecía que todo ya estaba decidido”, dice el informe. La magistrada hasta mencionó la palabra “arreglado”.
En cuanto a Vélez, el 11 de mayo Cruceño se presentó en su despacho. “Ante su sorpresa le manifiesta que él iba a ser el próximo fiscal general y quería ponerla al tanto de cómo iba a ser su trabajo (..) La mayoría de aquellos con quien hablamos está descreyendo del proceso de selección de magistrados y que este Consejo quedó involucrado como parte de un proceso viciado de favoritismo”.#