Sarmiento: el acusado del triple crimen obtuvo mejores condiciones de detención
Policía tiene 90 días para refaccionar los calabozos de Claudio Lamonega y otros 5 detenidos.
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
Claudio Lamonega, único acusado por el resonante triple crimen de Sarmiento, junto con otros cinco presos alojados en la Comisaría de esa localidad, fueron beneficiados por un habeas corpus admitido por el juez Gustavo Rosales.
El magistrado le dio 90 días al jefe de esa dependencia para que repare el edificio y asegure a los internos el libre acceso y uso de las instalaciones sanitarias, y el mantenimiento y limpieza diaria del baño.
Rosales también ordenó al jefe Jesús González que provea elementos de higiene suficientes y que los seis alojados tengan acceso al espacio común entre celdas unas horas al día. De ser necesario se hará paulatinamente o por grupos, para resguardar la integridad física de todos.
Quiénes
Lamonega está imputado por el homicidio de Marisa Santos y de sus hijos Lucas y Victoria. Además de su caso, el habeas corpus correctivo es a favor de Julián Marín, Denis Gallardo, Daniel Muñoz, Maximiliano Care y Gabriel Díaz. Al recurso lo presentaron Gustavo Oyarzún, abogado adjunto de la Defensa Pública, y Tomás Malerba, defensor jefe.
En cuanto a actividades de esparcimiento, los seis podrán participar en talleres acordados con la Municipalidad. La Policía deberá garantizar el uso del comedor y del sector de visitas para que los internos cenen y almuercen juntos o en tandas separadas, de acuerdo al personal de seguridad disponible. Esto incluye provisión de cubiertos plásticos y un sector donde puedan preparar infusiones en el día.
Los internos podrán llamar al teléfono de guardia del defensor público o privado las 24 horas. Y el personal de la Comisaría deberá asegurar trato adecuado a detenidos, familiares y allegados, para que las requisas en las visitas “se cumplan dentro del respeto a la dignidad”.
Jefe
El jefe policial deberá disponer la reparación de las instalaciones eléctricas en calabozos y sanitarios. Y ejecutar las obras necesarias para que las celdas estén ventiladas, cambiando la ubicación de las chapas que cubren las ventanas y que obstruyen el ingreso de aire y luz.
Si para estos trabajos es necesario clausurar algún sector de la Comisaría y trasladar a algún interno, o a todos, el jefe deberá gestionar ante sus superiores la obtención de plazas en otras dependencias. El secretario de Seguridad, Federico Massoni; el jefe de la Policía, Leonardo Bustos, y el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia deberán instrumentar los medios para cumplir la orden judicial. En cuanto a la ausencia de espacio para esparcimiento al aire libre, el juez Rosales libró oficio a Massoni para que informe cuándo se habilitará la alcaidía contigua a la Comisaría.
En el habeas corpus, la Defensa Pública y los presos habían cuestionado el acceso a la luz natural, las precarias condiciones eléctricas, la poca higiene y la ausencia de espacio para prácticas deportivas y de esparcimiento al aire libre.
Además objetaron el trato y se quejaron porque dejaron de hacer sus actividades manuales. Antes las celdas permanecían abiertas y les permitía compartir actividades. Ahora hasta se obstaculizan las comunicaciones telefónicas y escritas con sus defensores y familiares.
Los seis internos testimoniaron ante el juez, que además inspeccionó la Comisaría. El interno Marín ratificó la falta de luz natural en los calabozos culpa de las chapas. Y no poder realizar las artesanías que vendían para comprar artículos personales y de higiene, además de la continuidad de los talleres de guitarra e inglés una vez por semana en el salón de visitas.
Pidió ir al baño libremente y mantener su higiene; comer en el salón de visitas como antes y que se les provea de cubiertos para las comidas, agua caliente para infusiones, y un lugar para tender ropa. Reclamó que al requisar a los menores que los visitan, sea sin contacto físico. Lo mismo pidió el resto de los presos.
Falencias
En audiencia con el juez, el jefe González admitió falencias de la Comisaría y habló del poco personal policial a su cargo. Pero mostró voluntad de modificar algunos detalles.
Y la directora de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social, Ivalú Francia, se comprometió a elevar un informe sobre el estado de la obra de la “mini alcaidía” aledaña a la Comisaría. La secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad, Nathalia Rua, recordó talleres recreativos y de formación que ya no se realizan. Germán Lagos, excomisario de Sarmiento, dijo que esos talleres en 2014 “les daban una actitud distinta a los internos”. Contaban con libre acceso al baño y a los lugares comunes, comían en la sala de visitas y rotaban para limpiar y cocinar. “No había presos conflictivosy trataba de mantener el diálogo ante las disputas”.
Decisión del juez
Según el juez, “nos encontramos ante la situación de detenidos en condiciones higiénicas insuficientes, y por ende de salubridad, por la escasa limpieza en el sector del sanitario que es compartido por varios internos, siete distribuidos en cuatro celdas”.
Las ventanas de las celdas están tapadas y pasan la mayor parte del tiempo encerrados en calabozos donde no entran más de dos personas. Allí almuerzan y cenan, “sin siquiera gozar de unos cuantos minutos para movilizarse fuera del calabozo. Ni siquiera se autoriza que las puertas de las celdas permanezcan abiertas diariamente, al menos durante unas horas, para que puedan interrelacionarse y compartir alguna actividad”. Esto permitiría limpiar el baño, evitar emanaciones cloacales y que se tape el desagüe.
Es un derecho
“La dispersión de las personas privadas de libertad es un derecho que debe asegurarse –dice el fallo- pues contribuye a descomprimir el encierro, máxime cuando se ha firmado un convenio institucional de cooperación entre el municipio local y el Poder Judicial que apunta a las finalidades resocializadoras de la sanción penal”.
Las visitas “no han sido tratadas con respeto y seriedad”: se les negó usar el baño común, se demoró la hora programada sin compensar el tiempo perdido y no se resguardó el pudor en las requisas corporales, especialmente en menores. “La situación descripta debe ser revertida”, afirmó el juez Rosales en su escrito. .
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
Claudio Lamonega, único acusado por el resonante triple crimen de Sarmiento, junto con otros cinco presos alojados en la Comisaría de esa localidad, fueron beneficiados por un habeas corpus admitido por el juez Gustavo Rosales.
El magistrado le dio 90 días al jefe de esa dependencia para que repare el edificio y asegure a los internos el libre acceso y uso de las instalaciones sanitarias, y el mantenimiento y limpieza diaria del baño.
Rosales también ordenó al jefe Jesús González que provea elementos de higiene suficientes y que los seis alojados tengan acceso al espacio común entre celdas unas horas al día. De ser necesario se hará paulatinamente o por grupos, para resguardar la integridad física de todos.
Quiénes
Lamonega está imputado por el homicidio de Marisa Santos y de sus hijos Lucas y Victoria. Además de su caso, el habeas corpus correctivo es a favor de Julián Marín, Denis Gallardo, Daniel Muñoz, Maximiliano Care y Gabriel Díaz. Al recurso lo presentaron Gustavo Oyarzún, abogado adjunto de la Defensa Pública, y Tomás Malerba, defensor jefe.
En cuanto a actividades de esparcimiento, los seis podrán participar en talleres acordados con la Municipalidad. La Policía deberá garantizar el uso del comedor y del sector de visitas para que los internos cenen y almuercen juntos o en tandas separadas, de acuerdo al personal de seguridad disponible. Esto incluye provisión de cubiertos plásticos y un sector donde puedan preparar infusiones en el día.
Los internos podrán llamar al teléfono de guardia del defensor público o privado las 24 horas. Y el personal de la Comisaría deberá asegurar trato adecuado a detenidos, familiares y allegados, para que las requisas en las visitas “se cumplan dentro del respeto a la dignidad”.
Jefe
El jefe policial deberá disponer la reparación de las instalaciones eléctricas en calabozos y sanitarios. Y ejecutar las obras necesarias para que las celdas estén ventiladas, cambiando la ubicación de las chapas que cubren las ventanas y que obstruyen el ingreso de aire y luz.
Si para estos trabajos es necesario clausurar algún sector de la Comisaría y trasladar a algún interno, o a todos, el jefe deberá gestionar ante sus superiores la obtención de plazas en otras dependencias. El secretario de Seguridad, Federico Massoni; el jefe de la Policía, Leonardo Bustos, y el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia deberán instrumentar los medios para cumplir la orden judicial. En cuanto a la ausencia de espacio para esparcimiento al aire libre, el juez Rosales libró oficio a Massoni para que informe cuándo se habilitará la alcaidía contigua a la Comisaría.
En el habeas corpus, la Defensa Pública y los presos habían cuestionado el acceso a la luz natural, las precarias condiciones eléctricas, la poca higiene y la ausencia de espacio para prácticas deportivas y de esparcimiento al aire libre.
Además objetaron el trato y se quejaron porque dejaron de hacer sus actividades manuales. Antes las celdas permanecían abiertas y les permitía compartir actividades. Ahora hasta se obstaculizan las comunicaciones telefónicas y escritas con sus defensores y familiares.
Los seis internos testimoniaron ante el juez, que además inspeccionó la Comisaría. El interno Marín ratificó la falta de luz natural en los calabozos culpa de las chapas. Y no poder realizar las artesanías que vendían para comprar artículos personales y de higiene, además de la continuidad de los talleres de guitarra e inglés una vez por semana en el salón de visitas.
Pidió ir al baño libremente y mantener su higiene; comer en el salón de visitas como antes y que se les provea de cubiertos para las comidas, agua caliente para infusiones, y un lugar para tender ropa. Reclamó que al requisar a los menores que los visitan, sea sin contacto físico. Lo mismo pidió el resto de los presos.
Falencias
En audiencia con el juez, el jefe González admitió falencias de la Comisaría y habló del poco personal policial a su cargo. Pero mostró voluntad de modificar algunos detalles.
Y la directora de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social, Ivalú Francia, se comprometió a elevar un informe sobre el estado de la obra de la “mini alcaidía” aledaña a la Comisaría. La secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad, Nathalia Rua, recordó talleres recreativos y de formación que ya no se realizan. Germán Lagos, excomisario de Sarmiento, dijo que esos talleres en 2014 “les daban una actitud distinta a los internos”. Contaban con libre acceso al baño y a los lugares comunes, comían en la sala de visitas y rotaban para limpiar y cocinar. “No había presos conflictivosy trataba de mantener el diálogo ante las disputas”.
Decisión del juez
Según el juez, “nos encontramos ante la situación de detenidos en condiciones higiénicas insuficientes, y por ende de salubridad, por la escasa limpieza en el sector del sanitario que es compartido por varios internos, siete distribuidos en cuatro celdas”.
Las ventanas de las celdas están tapadas y pasan la mayor parte del tiempo encerrados en calabozos donde no entran más de dos personas. Allí almuerzan y cenan, “sin siquiera gozar de unos cuantos minutos para movilizarse fuera del calabozo. Ni siquiera se autoriza que las puertas de las celdas permanezcan abiertas diariamente, al menos durante unas horas, para que puedan interrelacionarse y compartir alguna actividad”. Esto permitiría limpiar el baño, evitar emanaciones cloacales y que se tape el desagüe.
Es un derecho
“La dispersión de las personas privadas de libertad es un derecho que debe asegurarse –dice el fallo- pues contribuye a descomprimir el encierro, máxime cuando se ha firmado un convenio institucional de cooperación entre el municipio local y el Poder Judicial que apunta a las finalidades resocializadoras de la sanción penal”.
Las visitas “no han sido tratadas con respeto y seriedad”: se les negó usar el baño común, se demoró la hora programada sin compensar el tiempo perdido y no se resguardó el pudor en las requisas corporales, especialmente en menores. “La situación descripta debe ser revertida”, afirmó el juez Rosales en su escrito. .