Familias se movilizan en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La marcha tendrá lugar este miércoles en la Plaza San Martín bajo la modalidad de micrófono abierto. Exigen que los diputados voten a favor de la prórroga de la norma hasta 2027 para evitar el retroceso en la cobertura del 100% de las prestaciones y denuncian el vaciamiento del sector.
Este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación se trataría la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ante su inminente votación el colectivo de las familias de personas con discapacidad convocan a toda la comunidad a manifestarse este miércoles, a partir de las 11, en plaza San Martín.
Desde la organización se explicó que la jornada busca visibilizar la profunda incertidumbre que atraviesa el colectivo de discapacidad y presionar por la aprobación legislativa que postergue la vigencia de la emergencia hasta el año 2027. Según advierten los organizadores, la caída de esta norma habilitaría modificaciones que desregularían la obligación de las obras sociales y prepagas, dejando a miles de personas sin la asistencia terapéutica, médica y educativa que por ley les corresponde.
Yanina Navarro, integrante de las familias en la ciudad, advirtió "si se cae la ley de discapacidad de emergencia lo vamos a perder. Nos van a meter artículos a la ley que no existen, que son muy viejos y no cuentan con nada de los servicios y tratamientos que hacen las personas con discapacidad hoy en día".
Navarro remarcó que el principal temor radica en la pérdida de la obligatoriedad de la cobertura integral. "Hoy en día la ley dice que te tienen que cubrir el 100% del tratamiento. Si la obra social mañana me quiere cubrir solamente el 20% de los tratamientos de mi hija, no voy a poder hacer nada si se aprueban cambios que les permitan cubrir lo que ellos quieran. No tenemos que dejar que eso pase", enfatizó.
Por otra parte, la mamá cruzó el discurso del gobierno nacional sobre la procedencia de los fondos de salud: "Se dice que sale todo del Estado y no es así. El que tiene obra social o PAMI debe ser cubierto por su entidad. Las personas que trabajamos aportamos para que respondan con tratamientos adecuados para nuestros hijos, y eso hoy no se está cumpliendo" planteó Navarro.
En este aspecto, narró que en la actualidad conseguir especialistas como fonoaudiólogos o psicopedagogos en la zona se ha convertido en una tarea titánica debido a los aranceles congelados y los plazos de pago por parte de las obras sociales que superan los 90 días.
"Consiguir hoy para un chico de 3 o 4 años una fonoaudióloga es buscar un tesoro” dijo Navarro, quien puntualizó “no es que los profesionales no quieran trabajar, es que los poquitos que nos quedan no pueden seguir así cobran a 90 días y se terminan volcando a la atención privada", explicó Navarro.
A este panorama se suma una "inclusión disfrazada" en el ámbito escolar y cotidiano, donde las familias tropiezan a diario con nuevas trabas burocráticas e institucionales. "Ante todo somos personas con derechos, no somos un número ni la pérdida de plata de nadie", ratificó la mamá que convocó a toda la comunidad para este miércoles a las 11, en plaza San Martín, para abrazar al colectivo y acompañar el pedido de quórum y votación favorable en la Cámara Baja.
Este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación se trataría la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ante su inminente votación el colectivo de las familias de personas con discapacidad convocan a toda la comunidad a manifestarse este miércoles, a partir de las 11, en plaza San Martín.
Desde la organización se explicó que la jornada busca visibilizar la profunda incertidumbre que atraviesa el colectivo de discapacidad y presionar por la aprobación legislativa que postergue la vigencia de la emergencia hasta el año 2027. Según advierten los organizadores, la caída de esta norma habilitaría modificaciones que desregularían la obligación de las obras sociales y prepagas, dejando a miles de personas sin la asistencia terapéutica, médica y educativa que por ley les corresponde.
Yanina Navarro, integrante de las familias en la ciudad, advirtió "si se cae la ley de discapacidad de emergencia lo vamos a perder. Nos van a meter artículos a la ley que no existen, que son muy viejos y no cuentan con nada de los servicios y tratamientos que hacen las personas con discapacidad hoy en día".
Navarro remarcó que el principal temor radica en la pérdida de la obligatoriedad de la cobertura integral. "Hoy en día la ley dice que te tienen que cubrir el 100% del tratamiento. Si la obra social mañana me quiere cubrir solamente el 20% de los tratamientos de mi hija, no voy a poder hacer nada si se aprueban cambios que les permitan cubrir lo que ellos quieran. No tenemos que dejar que eso pase", enfatizó.
Por otra parte, la mamá cruzó el discurso del gobierno nacional sobre la procedencia de los fondos de salud: "Se dice que sale todo del Estado y no es así. El que tiene obra social o PAMI debe ser cubierto por su entidad. Las personas que trabajamos aportamos para que respondan con tratamientos adecuados para nuestros hijos, y eso hoy no se está cumpliendo" planteó Navarro.
En este aspecto, narró que en la actualidad conseguir especialistas como fonoaudiólogos o psicopedagogos en la zona se ha convertido en una tarea titánica debido a los aranceles congelados y los plazos de pago por parte de las obras sociales que superan los 90 días.
"Consiguir hoy para un chico de 3 o 4 años una fonoaudióloga es buscar un tesoro” dijo Navarro, quien puntualizó “no es que los profesionales no quieran trabajar, es que los poquitos que nos quedan no pueden seguir así cobran a 90 días y se terminan volcando a la atención privada", explicó Navarro.
A este panorama se suma una "inclusión disfrazada" en el ámbito escolar y cotidiano, donde las familias tropiezan a diario con nuevas trabas burocráticas e institucionales. "Ante todo somos personas con derechos, no somos un número ni la pérdida de plata de nadie", ratificó la mamá que convocó a toda la comunidad para este miércoles a las 11, en plaza San Martín, para abrazar al colectivo y acompañar el pedido de quórum y votación favorable en la Cámara Baja.