“Repudian que nos den casa, pero no a quienes no las pagan”
Daniela Bergerat, mujer trans e integrante de la comisión de la Marcha del Orgullo, cuestionó las dificultades que enfrenta la comunidad LGBTQ+ para acceder a las viviendas contempladas por la legislación provincial. Mientras se reclama el cumplimiento del cupo destinado a personas trans, también se presentó ante el IPV un pedido de informes para conocer por qué no se implementa plenamente la Ley XXV Nº 65, que establece un plan de acceso a la vivienda para este sector.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
El acceso a una vivienda continúa siendo una de las principales dificultades para muchas personas trans. Daniela Bergerat sostiene que el problema no se encuentra necesariamente en la inscripción ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sino en las condiciones exigidas posteriormente para acceder a una adjudicación.
Para inscribirse se debe presentar una declaración jurada de ingresos. En los casos en que no existe un trabajo registrado que permita acreditar esos ingresos, existe la posibilidad de recurrir al juez de paz para realizar la correspondiente certificación. Sin embargo, las dificultades aparecen cuando comienza el proceso de adjudicación.
Uno de los principales obstáculos es la exigencia de acreditar ingresos mediante un contador público. Para quienes trabajan de manera informal o no cuentan con documentación que permita respaldar sus ingresos, conseguir esa certificación se vuelve prácticamente imposible.
“Somos contadas las personas trans que tenemos laburo y que podemos justificar eso de alguna forma”, explicó. La situación se vuelve todavía más compleja para quienes ejercen el trabajo sexual, ya que sus ingresos tampoco suelen contar con mecanismos formales de acreditación.
A esto se suma la exigencia de contar con codeudores. Uno de ellos puede dejar de cumplir esa función después de la entrega de la vivienda, mientras que el otro debe acompañar el crédito durante las dos décadas o más que puede extenderse el pago de la casa.
Este requisito representa una dificultad adicional para quienes no cuentan con una red familiar o de apoyo en la provincia. En su caso particular, señaló que no tiene familia en Chubut y que los garantes deben cumplir determinadas condiciones y acreditar ingresos.
La referente también cuestionó la cantidad de personas trans que efectivamente pudieron acceder a una vivienda a través de estos mecanismos.
En toda la provincia fueron cinco las personas trans que lograron hacerlo durante estos años.
La legislación contempla un cupo del 3% para personas trans. Bergerat advierte que, al no establecer mayores precisiones sobre su implementación, el porcentaje puede traducirse en una cantidad muy reducida de viviendas.
Como ejemplo, mencionó que sobre un total de 114 viviendas a entregar en Puerto Madryn, el cupo representaría tres unidades habitacionales.
En paralelo, los integrantes de la comisión de la Marcha del Orgullo presentaron ante el IPV un pedido de informes de seis páginas para solicitar explicaciones sobre el incumplimiento de la Ley XXV Nº 65, denominada Plan de Acceso a la Vivienda para Personas Trans.
Otro de los puntos cuestionados es la participación de sindicatos dentro de los sorteos. Bergerat considera que debería revisarse ese esquema, ya que los trabajadores sindicalizados cuentan con mecanismos diferenciados de acceso a terrenos y viviendas y no necesariamente enfrentan las mismas condiciones que quienes ingresan por los cupos especiales.
El debate sobre las viviendas también se trasladó a las críticas que recibe el otorgamiento de unidades a personas trans. Frente a quienes cuestionan que el Estado destine viviendas mediante cupos específicos, Bergerat pidió revisar primero la situación de quienes ya poseen una vivienda del IPV pero mantienen deudas durante años.
“Repudian que nos den una casa, pero no a quien no paga hace 20 años”, sostuvo. Para la dirigente, antes de cuestionar las políticas destinadas a nuevos adjudicatarios debería existir una discusión sobre las deudas acumuladas por quienes ya recibieron una vivienda.
Planteó la necesidad de que la sociedad realice una autocrítica antes de cuestionar los cupos destinados a determinados grupos. La discusión no debería centrarse únicamente en quién recibe una vivienda, sino también en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por quienes ya fueron beneficiarios.
Bergerat también vinculó las dificultades habitacionales con otras situaciones de discriminación que atraviesan las personas trans en su relación cotidiana con el Estado. Mencionó casos en los que sistemas o plataformas oficiales continúan mostrando el nombre anterior de una persona pese a que ya realizó el cambio registral de identidad.
Este tipo de situaciones constituye una forma de violencia institucional, especialmente cuando los datos personales ya fueron actualizados en organismos como Renaper, Anses o AFIP.
La discusión sobre el acceso a la vivienda se inscribe en una problemática más amplia relacionada con la inclusión social y el reconocimiento efectivo de derechos. En ese marco, cuestionó que determinadas políticas públicas aparezcan con mayor fuerza durante los períodos electorales y reclamó medidas sostenidas en el tiempo.
Defendió la existencia de cupos específicos para distintos sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Si existen mecanismos destinados a mujeres víctimas de violencia, madres solteras u otros grupos, sostiene que también debe comprenderse la situación particular de las personas trans y las barreras que históricamente enfrentaron para acceder a un empleo formal, una vivienda y otros derechos básicos.
“¿Por qué hay un cupo para personas que son víctimas de violencia si también son personas comunes, igual que las personas trans?”, planteó Bergerat, al cuestionar los argumentos utilizados para deslegitimar los cupos.
El debate debería partir de información concreta y no de prejuicios. Quienes cuestionan la entrega de viviendas a personas trans deberían revisar primero su propia situación y, especialmente, si cumplen con las obligaciones vinculadas a las viviendas que ya poseen.
“Si vos sos una persona que tenés tu casa del IPV, la tenés al día, pagaste todo, nunca te atrasaste, vení y golpeame la puerta”, afirmó.
El reclamo apunta no solamente a obtener viviendas, sino también a revisar las condiciones bajo las cuales se implementan los cupos destinados a personas trans.
Garantizar el acceso efectivo implica contemplar las características socioeconómicas del colectivo y evitar que requisitos pensados para el conjunto de los postulantes terminen funcionando como una barrera para quienes justamente deberían ser alcanzados por una política de inclusión.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
El acceso a una vivienda continúa siendo una de las principales dificultades para muchas personas trans. Daniela Bergerat sostiene que el problema no se encuentra necesariamente en la inscripción ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sino en las condiciones exigidas posteriormente para acceder a una adjudicación.
Para inscribirse se debe presentar una declaración jurada de ingresos. En los casos en que no existe un trabajo registrado que permita acreditar esos ingresos, existe la posibilidad de recurrir al juez de paz para realizar la correspondiente certificación. Sin embargo, las dificultades aparecen cuando comienza el proceso de adjudicación.
Uno de los principales obstáculos es la exigencia de acreditar ingresos mediante un contador público. Para quienes trabajan de manera informal o no cuentan con documentación que permita respaldar sus ingresos, conseguir esa certificación se vuelve prácticamente imposible.
“Somos contadas las personas trans que tenemos laburo y que podemos justificar eso de alguna forma”, explicó. La situación se vuelve todavía más compleja para quienes ejercen el trabajo sexual, ya que sus ingresos tampoco suelen contar con mecanismos formales de acreditación.
A esto se suma la exigencia de contar con codeudores. Uno de ellos puede dejar de cumplir esa función después de la entrega de la vivienda, mientras que el otro debe acompañar el crédito durante las dos décadas o más que puede extenderse el pago de la casa.
Este requisito representa una dificultad adicional para quienes no cuentan con una red familiar o de apoyo en la provincia. En su caso particular, señaló que no tiene familia en Chubut y que los garantes deben cumplir determinadas condiciones y acreditar ingresos.
La referente también cuestionó la cantidad de personas trans que efectivamente pudieron acceder a una vivienda a través de estos mecanismos.
En toda la provincia fueron cinco las personas trans que lograron hacerlo durante estos años.
La legislación contempla un cupo del 3% para personas trans. Bergerat advierte que, al no establecer mayores precisiones sobre su implementación, el porcentaje puede traducirse en una cantidad muy reducida de viviendas.
Como ejemplo, mencionó que sobre un total de 114 viviendas a entregar en Puerto Madryn, el cupo representaría tres unidades habitacionales.
En paralelo, los integrantes de la comisión de la Marcha del Orgullo presentaron ante el IPV un pedido de informes de seis páginas para solicitar explicaciones sobre el incumplimiento de la Ley XXV Nº 65, denominada Plan de Acceso a la Vivienda para Personas Trans.
Otro de los puntos cuestionados es la participación de sindicatos dentro de los sorteos. Bergerat considera que debería revisarse ese esquema, ya que los trabajadores sindicalizados cuentan con mecanismos diferenciados de acceso a terrenos y viviendas y no necesariamente enfrentan las mismas condiciones que quienes ingresan por los cupos especiales.
El debate sobre las viviendas también se trasladó a las críticas que recibe el otorgamiento de unidades a personas trans. Frente a quienes cuestionan que el Estado destine viviendas mediante cupos específicos, Bergerat pidió revisar primero la situación de quienes ya poseen una vivienda del IPV pero mantienen deudas durante años.
“Repudian que nos den una casa, pero no a quien no paga hace 20 años”, sostuvo. Para la dirigente, antes de cuestionar las políticas destinadas a nuevos adjudicatarios debería existir una discusión sobre las deudas acumuladas por quienes ya recibieron una vivienda.
Planteó la necesidad de que la sociedad realice una autocrítica antes de cuestionar los cupos destinados a determinados grupos. La discusión no debería centrarse únicamente en quién recibe una vivienda, sino también en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por quienes ya fueron beneficiarios.
Bergerat también vinculó las dificultades habitacionales con otras situaciones de discriminación que atraviesan las personas trans en su relación cotidiana con el Estado. Mencionó casos en los que sistemas o plataformas oficiales continúan mostrando el nombre anterior de una persona pese a que ya realizó el cambio registral de identidad.
Este tipo de situaciones constituye una forma de violencia institucional, especialmente cuando los datos personales ya fueron actualizados en organismos como Renaper, Anses o AFIP.
La discusión sobre el acceso a la vivienda se inscribe en una problemática más amplia relacionada con la inclusión social y el reconocimiento efectivo de derechos. En ese marco, cuestionó que determinadas políticas públicas aparezcan con mayor fuerza durante los períodos electorales y reclamó medidas sostenidas en el tiempo.
Defendió la existencia de cupos específicos para distintos sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Si existen mecanismos destinados a mujeres víctimas de violencia, madres solteras u otros grupos, sostiene que también debe comprenderse la situación particular de las personas trans y las barreras que históricamente enfrentaron para acceder a un empleo formal, una vivienda y otros derechos básicos.
“¿Por qué hay un cupo para personas que son víctimas de violencia si también son personas comunes, igual que las personas trans?”, planteó Bergerat, al cuestionar los argumentos utilizados para deslegitimar los cupos.
El debate debería partir de información concreta y no de prejuicios. Quienes cuestionan la entrega de viviendas a personas trans deberían revisar primero su propia situación y, especialmente, si cumplen con las obligaciones vinculadas a las viviendas que ya poseen.
“Si vos sos una persona que tenés tu casa del IPV, la tenés al día, pagaste todo, nunca te atrasaste, vení y golpeame la puerta”, afirmó.
El reclamo apunta no solamente a obtener viviendas, sino también a revisar las condiciones bajo las cuales se implementan los cupos destinados a personas trans.
Garantizar el acceso efectivo implica contemplar las características socioeconómicas del colectivo y evitar que requisitos pensados para el conjunto de los postulantes terminen funcionando como una barrera para quienes justamente deberían ser alcanzados por una política de inclusión.