Cuando el sistema falla, la sociedad paga


24 AGO 2026 - 13:15 | Actualizado 24 AGO 2026 - 13:21

Por Esteban Gallo

La muerte de un delincuente en manos de un comerciante armado sacudió a los trelewenses la semana pasada y puso sobre la mesa la necesidad de abordar la problemática de la inseguridad, no solamente desde el impacto emocional que provoca, sino desde la integralidad del flagelo.

Es lamentable que en determinadas zonas de Trelew (en chacras y comercios del centro especialmente), los vecinos estén armados, preparados para enfrentar a los malhechores que entran en sus casas o negocios, arriesgando sus vidas en una peligrosa lógica de autodefensa, porque sienten que el Estado no les garantiza algo tan básico como vivir en paz.

Según palabras del ministro Héctor Iturrioz, en marzo de 2021, el mismo comerciante fue salvajemente atacado por un grupo de ladrones que le propinaron una paliza brutal, mientras lo amenazaban con cortarle los dedos si no les daba la clave de seguridad de la caja fuerte, todo, a la vista de sus hijos y esposa.

Para los investigadores, el joyero actuó en legítima defensa, pero la decisión judicial no cierra el debate ni mucho menos resuelve el drama que viven los vecinos de Trelew. El verdadero problema comienza antes, cuando un ciudadano siente que debe defenderse por sus propios medios porque el Estado no puede garantizarle seguridad.

Es justo señalar que las autoridades han adoptado algunas medidas de prevención, desde la puesta en marcha del Comando Unificado hasta la instalación de cámaras de monitoreo en toda la ciudad. Sin embargo, a la luz de los hechos, esas herramientas no están dando los resultados que la sociedad espera.

Entonces, hay que tener la lucidez y la honestidad intelectual para reconocer que, si los vecinos se están armando para defenderse por sus propios medios, algo está fallando.

Al mismo tiempo, el episodio de violencia de la semana pasada vuelve a poner bajo la lupa al sistema que permite que personas condenadas gocen del beneficio de las salidas transitorias y luego vuelven a delinquir.

Marcos Dip, el joven ultimado de un balazo el jueves pasado había sido condenado a cuatro años de prisión efectiva a principios del 2025. Un año y medio después gozaba de salidas transitorias.

El caso expone una doble falla del sistema de Justicia. Por un lado, el condenado accede a salidas transitorias antes de haber cumplido siquiera la mitad de la pena. Pero, además, el sujeto termina reincidiendo, lo que demuestra que no merecía las salidas transitorias, que no estaba preparado para reinsertarse en la comunidad.

Este análisis no puede quedar en un discurso, en una declaración o una editorial. Las autoridades judiciales, políticas y legislativas tienen que actuar con urgencia para evitar que vuelva a suceder. Si el sistema con el que se conceden las salidas transitorias no funciona habrá que reformarlo, si fallan los mecanismos de aplicación habrá que corregirlos y si el problema está en quienes toman las decisiones habrá que deslindar responsabilidades y cambiar a quien corresponda.

En relación a Marcos Dip, ¿Qué juez o jueza le concedió las salidas transitorias? ¿Quiénes fueron los psicólogos o psiquiatras que actuaron en este caso? Porque si alguien recupera anticipadamente la libertad y vuelve a delinquir, también corresponde preguntarse si las evaluaciones psicológicas fueron las adecuadas y si los controles están funcionando bien.

Sería muy apropiado que quienes conducen al Poder Judicial miren hacia afuera de sus despachos y se pregunten si el sistema y quienes lo aplican está dando respuesta a los requerimientos de la sociedad. Hemos visto en el último tiempo al Superior Tribunal de Justicia enfrascado en una reforma de los códigos procesales no penales que no le interesa a nadie.

Sería bueno que levante la mirada de sus discusiones y ponga el foco en los problemas que afectan a la gente.

Y que ningún poder del Estado mire para otro lado. El Ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen responsabilidades distintas, pero la solución les incumbe a todos. La sociedad no necesita que se pasen la pelota de unos a otros; sino que trabajen juntos para corregir lo que no está funcionando.

Enterate de las noticias de POLITICA a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.

24 AGO 2026 - 13:15

Por Esteban Gallo

La muerte de un delincuente en manos de un comerciante armado sacudió a los trelewenses la semana pasada y puso sobre la mesa la necesidad de abordar la problemática de la inseguridad, no solamente desde el impacto emocional que provoca, sino desde la integralidad del flagelo.

Es lamentable que en determinadas zonas de Trelew (en chacras y comercios del centro especialmente), los vecinos estén armados, preparados para enfrentar a los malhechores que entran en sus casas o negocios, arriesgando sus vidas en una peligrosa lógica de autodefensa, porque sienten que el Estado no les garantiza algo tan básico como vivir en paz.

Según palabras del ministro Héctor Iturrioz, en marzo de 2021, el mismo comerciante fue salvajemente atacado por un grupo de ladrones que le propinaron una paliza brutal, mientras lo amenazaban con cortarle los dedos si no les daba la clave de seguridad de la caja fuerte, todo, a la vista de sus hijos y esposa.

Para los investigadores, el joyero actuó en legítima defensa, pero la decisión judicial no cierra el debate ni mucho menos resuelve el drama que viven los vecinos de Trelew. El verdadero problema comienza antes, cuando un ciudadano siente que debe defenderse por sus propios medios porque el Estado no puede garantizarle seguridad.

Es justo señalar que las autoridades han adoptado algunas medidas de prevención, desde la puesta en marcha del Comando Unificado hasta la instalación de cámaras de monitoreo en toda la ciudad. Sin embargo, a la luz de los hechos, esas herramientas no están dando los resultados que la sociedad espera.

Entonces, hay que tener la lucidez y la honestidad intelectual para reconocer que, si los vecinos se están armando para defenderse por sus propios medios, algo está fallando.

Al mismo tiempo, el episodio de violencia de la semana pasada vuelve a poner bajo la lupa al sistema que permite que personas condenadas gocen del beneficio de las salidas transitorias y luego vuelven a delinquir.

Marcos Dip, el joven ultimado de un balazo el jueves pasado había sido condenado a cuatro años de prisión efectiva a principios del 2025. Un año y medio después gozaba de salidas transitorias.

El caso expone una doble falla del sistema de Justicia. Por un lado, el condenado accede a salidas transitorias antes de haber cumplido siquiera la mitad de la pena. Pero, además, el sujeto termina reincidiendo, lo que demuestra que no merecía las salidas transitorias, que no estaba preparado para reinsertarse en la comunidad.

Este análisis no puede quedar en un discurso, en una declaración o una editorial. Las autoridades judiciales, políticas y legislativas tienen que actuar con urgencia para evitar que vuelva a suceder. Si el sistema con el que se conceden las salidas transitorias no funciona habrá que reformarlo, si fallan los mecanismos de aplicación habrá que corregirlos y si el problema está en quienes toman las decisiones habrá que deslindar responsabilidades y cambiar a quien corresponda.

En relación a Marcos Dip, ¿Qué juez o jueza le concedió las salidas transitorias? ¿Quiénes fueron los psicólogos o psiquiatras que actuaron en este caso? Porque si alguien recupera anticipadamente la libertad y vuelve a delinquir, también corresponde preguntarse si las evaluaciones psicológicas fueron las adecuadas y si los controles están funcionando bien.

Sería muy apropiado que quienes conducen al Poder Judicial miren hacia afuera de sus despachos y se pregunten si el sistema y quienes lo aplican está dando respuesta a los requerimientos de la sociedad. Hemos visto en el último tiempo al Superior Tribunal de Justicia enfrascado en una reforma de los códigos procesales no penales que no le interesa a nadie.

Sería bueno que levante la mirada de sus discusiones y ponga el foco en los problemas que afectan a la gente.

Y que ningún poder del Estado mire para otro lado. El Ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen responsabilidades distintas, pero la solución les incumbe a todos. La sociedad no necesita que se pasen la pelota de unos a otros; sino que trabajen juntos para corregir lo que no está funcionando.