La concejal Maite Luque respaldó la citación del secretario de Infraestructura de Comodoro Rivadavia, Fernando Ostoich, al Concejo Deliberante para responder un cuestionario de alrededor de 102 preguntas relacionadas principalmente con los mecanismos utilizados para la contratación de obras municipales.
Cuestionó la utilización reiterada de contrataciones directas, aseguró que no pudieron acceder a expedientes solicitados y planteó dudas sobre costos y certificaciones de algunas obras. “Tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y los fondos públicos”, sostuvo.
La edil reconoció que la decisión adquiere una dimensión particular por tratarse de un funcionario perteneciente al mismo gobierno municipal, aunque remarcó que la gravedad institucional de los planteos obliga al cuerpo legislativo a ejercer su función de control. “Por la gravedad que para nosotros implica institucionalmente, sobre todo como oficialismo tener que acompañar esto, se fueron generando y trabajando las preguntas”, explicó Luque.
Según sostuvo, la discusión no debe quedar reducida a la figura de Ostoich, sino que apunta fundamentalmente a los procedimientos empleados por el área para adjudicar obras. “Se personaliza por ahí un poco en la figura del secretario porque es el responsable, pero acá lo que se está cuestionando son procesos de contratación”, indicó.
Luque aseguró que durante el año pasado y lo transcurrido del actual prácticamente no se recurrió a licitaciones públicas para determinadas obras, sino a contrataciones directas y concursos donde se invita a empresas seleccionadas por los responsables del área.
La concejal también puso en discusión cuáles fueron las prioridades elegidas para destinar los recursos. Señaló que desde el Concejo, al momento de analizar y aprobar el presupuesto, se plantean necesidades relacionadas principalmente con infraestructura básica en sectores que todavía carecen de servicios. Sin embargo, indicó que una importante cantidad de los trabajos ejecutados corresponde a otro tipo de intervenciones. “Las obras que se están llevando a cabo no tienen que ver con lo que nosotros, cada vez que aprobamos el presupuesto, venimos solicitando, que en general tiene que ver con las necesidades básicas de los habitantes de Comodoro”, expresó.
Uno de los casos que generó cuestionamientos es el estacionamiento construído en inmediaciones del estadio Socios Fundadores, cuya inversión rondaría los 200 millones de pesos. Luque aclaró que los concejales cuentan con fotocopias que les fueron acercadas a partir de denuncias y que justamente pretenden acceder a los expedientes originales para determinar si la información recibida es correcta.
Entre las presuntas inconsistencias mencionó el cobro de metros cuadrados cuando, según la denuncia, correspondería computar metros lineales; la certificación de cinco portones cuando habría uno colocado y la utilización de una calidad de hormigón que sería excesiva para las características de la obra y encarecería considerablemente su costo. “No estamos hablando de una denuncia que nosotros podamos certificar. Lo que queremos son los expedientes”, remarcó la edil al explicar que el objetivo es comprobar documentalmente si esas sospechas tienen fundamento.
Otro aspecto señalado por Luque es lo que describió como un comportamiento reiterado en los concursos. Según afirmó, aparecen repetidamente las mismas firmas y existiría una dinámica similar en las cotizaciones y posteriores adjudicaciones. “Se termina invitando, insistimos, siempre a las mismas empresas y se da un comportamiento sistemático que lo podemos verificar en resoluciones”, sostuvo. Para Luque, la licitación pública permitiría ampliar la cantidad de oferentes, incrementar la competencia y eventualmente conseguir mejores condiciones para el Estado municipal. Desde el Concejo se pidió la presencia del secretario y se solicitaron los expedientes correspondientes a las contrataciones cuestionadas. Según la concejal ante el argumento de que se trataba de una cantidad importante de carpetas, los ediles propusieron alternativas: recibir la documentación digitalizada o acceder directamente al lugar donde se encuentran los expedientes para revisarlos. “El Legislativo tiene una responsabilidad de control sobre el Ejecutivo”, señaló.
Luque insistió en que el pedido no responde a una disputa personal con Ostoich. “Si este fuera el comportamiento y la operación, sería la misma situación fuese quien fuese el secretario que estuviera ocupando esa cartera”, afirmó.
La Carta Orgánica Municipal faculta al Concejo a convocar a funcionarios para brindar explicaciones y rendir cuentas sobre cuestiones vinculadas con sus áreas. Los distintos bloques incluso comenzaron a analizar cuáles serían los pasos a seguir ante una eventual ausencia del secretario.
Para Luque, detrás de las más de cien preguntas existe un punto central que deberá aclararse: cómo se utilizaron los recursos destinados a infraestructura y por qué el Concejo no pudo acceder hasta ahora a la documentación requerida. “Acá hay una obligación y una responsabilidad frente a la ciudadanía y los fondos públicos”, concluyó.
La concejal Maite Luque respaldó la citación del secretario de Infraestructura de Comodoro Rivadavia, Fernando Ostoich, al Concejo Deliberante para responder un cuestionario de alrededor de 102 preguntas relacionadas principalmente con los mecanismos utilizados para la contratación de obras municipales.
Cuestionó la utilización reiterada de contrataciones directas, aseguró que no pudieron acceder a expedientes solicitados y planteó dudas sobre costos y certificaciones de algunas obras. “Tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y los fondos públicos”, sostuvo.
La edil reconoció que la decisión adquiere una dimensión particular por tratarse de un funcionario perteneciente al mismo gobierno municipal, aunque remarcó que la gravedad institucional de los planteos obliga al cuerpo legislativo a ejercer su función de control. “Por la gravedad que para nosotros implica institucionalmente, sobre todo como oficialismo tener que acompañar esto, se fueron generando y trabajando las preguntas”, explicó Luque.
Según sostuvo, la discusión no debe quedar reducida a la figura de Ostoich, sino que apunta fundamentalmente a los procedimientos empleados por el área para adjudicar obras. “Se personaliza por ahí un poco en la figura del secretario porque es el responsable, pero acá lo que se está cuestionando son procesos de contratación”, indicó.
Luque aseguró que durante el año pasado y lo transcurrido del actual prácticamente no se recurrió a licitaciones públicas para determinadas obras, sino a contrataciones directas y concursos donde se invita a empresas seleccionadas por los responsables del área.
La concejal también puso en discusión cuáles fueron las prioridades elegidas para destinar los recursos. Señaló que desde el Concejo, al momento de analizar y aprobar el presupuesto, se plantean necesidades relacionadas principalmente con infraestructura básica en sectores que todavía carecen de servicios. Sin embargo, indicó que una importante cantidad de los trabajos ejecutados corresponde a otro tipo de intervenciones. “Las obras que se están llevando a cabo no tienen que ver con lo que nosotros, cada vez que aprobamos el presupuesto, venimos solicitando, que en general tiene que ver con las necesidades básicas de los habitantes de Comodoro”, expresó.
Uno de los casos que generó cuestionamientos es el estacionamiento construído en inmediaciones del estadio Socios Fundadores, cuya inversión rondaría los 200 millones de pesos. Luque aclaró que los concejales cuentan con fotocopias que les fueron acercadas a partir de denuncias y que justamente pretenden acceder a los expedientes originales para determinar si la información recibida es correcta.
Entre las presuntas inconsistencias mencionó el cobro de metros cuadrados cuando, según la denuncia, correspondería computar metros lineales; la certificación de cinco portones cuando habría uno colocado y la utilización de una calidad de hormigón que sería excesiva para las características de la obra y encarecería considerablemente su costo. “No estamos hablando de una denuncia que nosotros podamos certificar. Lo que queremos son los expedientes”, remarcó la edil al explicar que el objetivo es comprobar documentalmente si esas sospechas tienen fundamento.
Otro aspecto señalado por Luque es lo que describió como un comportamiento reiterado en los concursos. Según afirmó, aparecen repetidamente las mismas firmas y existiría una dinámica similar en las cotizaciones y posteriores adjudicaciones. “Se termina invitando, insistimos, siempre a las mismas empresas y se da un comportamiento sistemático que lo podemos verificar en resoluciones”, sostuvo. Para Luque, la licitación pública permitiría ampliar la cantidad de oferentes, incrementar la competencia y eventualmente conseguir mejores condiciones para el Estado municipal. Desde el Concejo se pidió la presencia del secretario y se solicitaron los expedientes correspondientes a las contrataciones cuestionadas. Según la concejal ante el argumento de que se trataba de una cantidad importante de carpetas, los ediles propusieron alternativas: recibir la documentación digitalizada o acceder directamente al lugar donde se encuentran los expedientes para revisarlos. “El Legislativo tiene una responsabilidad de control sobre el Ejecutivo”, señaló.
Luque insistió en que el pedido no responde a una disputa personal con Ostoich. “Si este fuera el comportamiento y la operación, sería la misma situación fuese quien fuese el secretario que estuviera ocupando esa cartera”, afirmó.
La Carta Orgánica Municipal faculta al Concejo a convocar a funcionarios para brindar explicaciones y rendir cuentas sobre cuestiones vinculadas con sus áreas. Los distintos bloques incluso comenzaron a analizar cuáles serían los pasos a seguir ante una eventual ausencia del secretario.
Para Luque, detrás de las más de cien preguntas existe un punto central que deberá aclararse: cómo se utilizaron los recursos destinados a infraestructura y por qué el Concejo no pudo acceder hasta ahora a la documentación requerida. “Acá hay una obligación y una responsabilidad frente a la ciudadanía y los fondos públicos”, concluyó.