El contrato de concesión actual de Hidroeléctrica Tucumán S.A., que abarca los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tiene como fecha de vencimiento el 30 de julio de 2026.
Ante la proximidad de este plazo, el Estado Nacional dispuso el inicio de un período de transición conforme a las facultades previstas en el contrato original.
Bajo este esquema, la empresa concesionaria deberá continuar a cargo de la operación de las centrales y cumplir con todas sus obligaciones contractuales hasta el 15 de diciembre de 2026.
Para garantizar el control durante estos meses de transición, la resolución dispone la designación de la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor de los tres complejos hidroeléctricos, para supervisar todas las actividades desarrolladas por la concesionaria hasta la entrega final de los activos.
Asimismo, el Gobierno invitó a la provincia de Tucumán a designar a un representante que colabore en las tareas de supervisión durante este proceso.
Cabe recordar que la provincia posee una participación accionaria del 39% en la sociedad actual debido a su rol de propietaria de la represa El Cadillal y responsable del mantenimiento de infraestructuras críticas de riego y agua potable.
La concesión de estos complejos fue otorgada originalmente en 1996 por un plazo de treinta años, en el marco del proceso de privatización iniciado en la década de 1990.
El Estado Nacional y la provincia de Tucumán habían acordado en 1995 la transferencia de estas unidades de negocio a través de la venta del paquete accionario mayoritario de Hidroeléctrica Tucumán S.A..
Según lo estipulado en la normativa vigente y el propio contrato, una vez finalizado el vínculo, el dominio y la posesión de los equipos y bienes cedidos deben revertir al Estado Nacional de pleno derecho y sin contraprestación económica adicional.
El contrato de concesión actual de Hidroeléctrica Tucumán S.A., que abarca los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tiene como fecha de vencimiento el 30 de julio de 2026.
Ante la proximidad de este plazo, el Estado Nacional dispuso el inicio de un período de transición conforme a las facultades previstas en el contrato original.
Bajo este esquema, la empresa concesionaria deberá continuar a cargo de la operación de las centrales y cumplir con todas sus obligaciones contractuales hasta el 15 de diciembre de 2026.
Para garantizar el control durante estos meses de transición, la resolución dispone la designación de la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor de los tres complejos hidroeléctricos, para supervisar todas las actividades desarrolladas por la concesionaria hasta la entrega final de los activos.
Asimismo, el Gobierno invitó a la provincia de Tucumán a designar a un representante que colabore en las tareas de supervisión durante este proceso.
Cabe recordar que la provincia posee una participación accionaria del 39% en la sociedad actual debido a su rol de propietaria de la represa El Cadillal y responsable del mantenimiento de infraestructuras críticas de riego y agua potable.
La concesión de estos complejos fue otorgada originalmente en 1996 por un plazo de treinta años, en el marco del proceso de privatización iniciado en la década de 1990.
El Estado Nacional y la provincia de Tucumán habían acordado en 1995 la transferencia de estas unidades de negocio a través de la venta del paquete accionario mayoritario de Hidroeléctrica Tucumán S.A..
Según lo estipulado en la normativa vigente y el propio contrato, una vez finalizado el vínculo, el dominio y la posesión de los equipos y bienes cedidos deben revertir al Estado Nacional de pleno derecho y sin contraprestación económica adicional.