De boca en boca y #Satirita
Quién es Gerosa Lewis, el abogado y empresario que aseguran está detrás de las presiones a las fiscales Bottini y Bagnato. Una fiscal de Madryn, complicada por su propio jefe. Santilli le prometió a Torres entregarle a Futaleufú. Tailhade vs. Leal Ibarra, nuevo round. Y más.
Siguen resonando los ecos de las declaraciones de la fiscal jefa de Esquel, María Bottini, quien denunció públicamente una serie de presiones, amenazas e intentos de condicionamiento en el marco de la causa por el presunto fraude en la Mutual Aonikenk, y señaló directamente al abogado Ricardo Gerosa Lewis como uno de los responsables de la campaña de hostigamiento que, según afirmó, busca frenar la investigación.
La reacción de Bottini tuvo el respaldo del Consejo de Fiscales, de la Procuración y de la Asociación Argentina de Fiscales, quienes expresaron su respaldo institucional y repudiaron las presiones y los hechos de hostigamiento denunciados, que presuntamente tendrían la intención de beneficiar la situación judicial del contador Jorge Vernengo, del jefe de Personal de la Coop. 16, Carlos Moraga, y de la extesorera de la entidad, Graciela Warrel, imputados por los desmanejos en la Mutual.
Bottini sostiene que tanto ella como la procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato, son blanco de una campaña de desprestigio impulsada a través de un medio digital vinculado a personas allegadas a la Cooperativa 16 de Octubre: “Están haciendo un hostigamiento mediático. Publicaron nueve notas en contra de mi persona y de la Fiscalía, buscando desprestigiarnos y afectar la independencia del Ministerio Público Fiscal”, afirmó Bottini.
La fiscal aseguró que el objetivo es condicionar su actuación, aunque aclaró que no piensa apartarse de la investigación. “No nos sentimos amedrentadas y sabemos quién lo hace circular", expresó.
La acusación contra Gerosa Lewis
El momento de mayor tensión se produjo cuando Bottini identificó públicamente al abogado Ricardo Tomás Gerosa Lewis, un reconocido profesional de Esquel, como quien —según denunció— difunde esas publicaciones y transmite mensajes para que la investigación contra uno de los imputados pierda intensidad.
“Se encarga de repartirlo por todos lados y de decir que hasta que yo no le levante la pata a Vernengo, no me van a dejar de hostigar mediáticamente”, afirmó la fiscal.
Gerosa Lewis es un influyente abogado de Esquel del que muchos hablan en privado pero muy pocos en público. Le adjudican un enorme poder en el manejo de la Cooperativa 16 de Octubre, también en el Poder Judicial cordillerano y desde siempre en algunos medios de comunicación.
Según él mismo se definió en las redes sociales hace un par de años, es “abogado, malvinero, alberdiano y 100 por ciento bilardista. Soy el que hace que las cosas sucedan”, se jactó en su perfil de Facebook.
Bottini rompió ese molde de silencio y agregó que las presiones incluso alcanzaron a su entorno familiar. “También involucraron a mi familia, evidentemente para quebrarme desde lo emocional. Llegan hasta a hablar de mi propia hija. Hasta eso me tengo que fumar por este caso”, sostuvo.
Según relató, recibió mensajes desde números desconocidos advirtiéndole que el hostigamiento continuaría mientras no modificara su postura procesal respecto del contador Vernengo, una persona que desde hace muchos años en Esquel es señalada como “un hombre de Gerosa”.
La fiscal fue terminante al sostener que las maniobras denunciadas no modificarán el rumbo de la investigación. “No me voy a apartar del caso ni mucho menos”, aseguró.
También reveló que el procurador general Jorge Miquelarena ya fue informado sobre las presiones que, dijo, recibe incluso de abogados de la matrícula.
El escándalo es tan impactante que llama mucho la atención el silencio de muchos sectores influyentes del Poder Judicial y de la política chubutense.
Novarino, bajo la lupa
Todo el affaire merece ser contado más en detalle porque hirvieron los pasillos de los Tribunales de Esquel luego de que el juez Jorge Novarino convocara a una audiencia con un motivo insólito: pedirle explicaciones a la fiscal Bottini por decirle a Jornada que el magistrado estaba “del lado de los malos” en la causa por la estafa en la Mutual Aonikenk.
Nadie entendía por qué el magistrado invitaba a discutir un tema que no es parte del expediente sino más bien un malestar personal. Tampoco lo entendió Bottini, que terminó por explotar y denunciar las presiones que estaba recibiendo de parte de conocidos abogados por investigar el caso.
Afectado en su sensibilidad por el periodismo, la excusa de Novarino fue “despejar todo atisbo de duda que pudiera haber surgido para que pudiéramos debatir abiertamente y avanzar con el proceso saneado”.
Más insólito es que en la misma audiencia aseguró que, por motivos de salud, “decidí hace tiempo no entrar en redes sociales ni medios de prensa”, pero que llamó a una audiencia porque “me mandaron” el artículo de Jornada. Sugestivo para alguien que se define por no informarse.
“Quería analizar si las palabras habían sido mal interpretadas por quien emitió la nota o si iban a ser ratificadas por quien se le atribuía ese mensaje, ¿se tergiversaron sus dichos?”, le dijo a Bottini. Pero la fiscal no se amilanó y hasta le reclamó que parecía estar más preocupado por un artículo que por proteger la independencia del Ministerio Público Fiscal, atacado por las amenazas.
“No tengo práctica en los medios. En las pocas oportunidades que tuve contacto con los medios me fue pésimo y prefiero apartarme de brindar notas, de brindar información”, dijo Novarino, que se definió “de la vieja escuela: nosotros hablamos por nuestras decisiones y muy pocas veces es necesario dar explicaciones para no afectar nuestra imparcialidad aunque parezca fuera de estilo, fuera de moda y fuera de modernidad”. Los vecinos, únicos beneficiarios del servicio de Justicia, agradecidos.
Otra funcionaria judicial complicada
Se trata de la fiscal general de Puerto Madryn, Romina Vanesa Carrizo Díaz. Es que una Comisión de Evaluación del Consejo de la Magistratura revisó su trabajo en sus primeros tres años en el cargo. Pero cuando debieron pedirle opinión a su jefe, el fiscal Alex Williams advirtió que desde diciembre de 2025 Carrizo Díaz “presenta dificultades para adaptarse al principio de jerarquía del Ministerio Público Fiscal”.
Según reveló Williams, la fiscal “modificó sin autorización el diagrama de guardias en perjuicio de una compañera para beneficio personal, justificándose en un supuesto ‘criterio no escrito’ que resultaría inexistente”. A raíz de este conflicto, Carrizo Díaz “interrumpió de manera manifiesta y total el diálogo con el fiscal jefe”. Además, según su jefe, “no acató la recomendación de llevar a sus colaboradores a las audiencias más importantes para formarlos en técnicas de litigación”.
Ante estas advertencias, el pleno del Consejo decidió de manera unánime suspender la evaluación y recolectar información complementaria “antes de emitir una resolución definitiva sobre las aptitudes y desempeño de la magistrada evaluada”.
Por eso el fiscal jefe fue citado para que “amplíe lo informado referido a las dinámicas organizacionales internas puestas en discusión”. Luego de la declaración de Williams, los consejeros convocarán y escucharán en forma personal a la magistrada evaluada, “garantizando de este modo el ejercicio efectivo de su derecho a ser oída y el debido proceso legal, postergándose la adopción de una decisión final”.
Santilli y el futuro de Futaleufú
La reunión que hace diez días mantuvieron el nuevo jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Nacho Torres, dejó un compromiso político de alto impacto para la provincia. Según pudo confirmar Jornada de fuentes del Gobierno nacional, el “Colorado” le habría prometido al mandatario chubutense avanzar con las gestiones para concretar la cesión de la presa de Futaleufú a la Provincia.
El planteo forma parte de una vieja aspiración de Chubut, que busca tener un mayor control sobre una infraestructura estratégica para el desarrollo energético y productivo provincial.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el tema ocupó un lugar central en el encuentro y Santilli manifestó su disposición a impulsar el proceso dentro de la administración nacional.
Si bien por el momento no existen anuncios oficiales ni definiciones sobre los plazos o el mecanismo jurídico para concretar la transferencia, la promesa fue interpretada como una señal política relevante hacia el gobierno de Torres.
Ahora, la expectativa estará puesta en que ese compromiso avance desde el plano de las conversaciones hacia medidas concretas que permitan materializar la cesión de la presa.
El Complejo Hidroeléctrico de Futaleufú, ubicado a pocos kilómetros de Trevelin, fue construido entre 1971 y 1976 e inaugurado oficialmente en abril de 1978. Fue proyectado por la entonces Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, a instancias de la Comisión Permanente para el Desarrollo de los Metales Livianos (COPEDESMEL), dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.
El Complejo fue realizado principalmente con el fin de proveer de energía eléctrica a la planta de aluminio a instalarse en la ciudad de Puerto Madryn (aquí el original quedó truncado en "hoy ALUAR ALU"; deberías completar esa frase desde tu archivo original).
En el año 1994 el Estado nacional creó la empresa Hidroeléctrica Futaleufú S.A. para la explotación del complejo hidroeléctrico y le otorgó por un plazo de 30 años la concesión de la represa y, en el proceso de privatización implementado dentro del marco de la reforma del Estado del menemismo, en junio de 1995 le vendió el paquete accionario de la sociedad al Grupo Aluar.
Actualmente, Hidroeléctrica Futaleufú S.A. es propiedad de Aluar (60,2 %), la Provincia del Chubut (33,51 %) y accionistas menores (6,29 %).
El contrato de concesión venció el 15 de junio del año pasado y, desde entonces, el Gobierno nacional ha realizado cuatro prórrogas a una “veeduría” que incluye dejar en manos del actual concesionario la operación de la presa.
Se estima que antes de fin de año el Gobierno de Javier Milei tomará una decisión final: ¿licitará una nueva concesión o, como le prometió Santilli a Torres, le cederá el control de esa licitación a la Provincia de Chubut?
Con de todo
El diputado nacional Rodolfo Tailhade lanzó una durísima contraofensiva pública contra el camarista federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra, a quien acusó de percibir desde hace 14 años un alquiler financiado con fondos públicos pese a cobrar, según sostuvo, un salario mensual de 25 millones de pesos.
El contrapunto entre ambos había surgido hace unas semanas cuando el legislador peronista aseguró que el camarista, que reside en Comodoro Rivadavia, se había acogido al blanqueo de capitales a través de la “inocencia fiscal”.
Leal de Ibarra negó el hecho pero, de manera confusa, le echó la culpa a su contador por la situación. Sin embargo, pocos días después querelló a Tailhade por sus dichos.
Ahora, en un extenso mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador afirmó que el Consejo de la Magistratura destina cerca de dos millones de pesos mensuales para la vivienda del magistrado y aseguró que ese beneficio ya habría significado para el Estado un desembolso equivalente a unos 250.000 dólares.
El tramo más explosivo de la publicación llegó sobre el final. Allí, Tailhade reclamó que Leal de Ibarra explique quién financia los estudios universitarios de su hija en Estados Unidos desde 2022. “Sería conveniente, a efectos de despejar dudas acerca de eventuales conflictos de interés, que aclare qué fundación o empresa paga con una beca la educación universitaria de su hija en EE. UU.”, afirmó.
“Me voy a encargar personalmente de que el Consejo de la Magistratura deje de pagar con la guita de todos los argentinos el alquiler de este pillo”, escribió Tailhade, al tiempo que sostuvo que el camarista intentaría “apretarlo” mediante presentaciones judiciales.
Lo cierto es que el diputado presentó un escrito formal ante el Consejo de la Magistratura.
Hasta el momento, el camarista federal no respondió públicamente a estas nuevas acusaciones formuladas por el legislador.
Merino defiende la reelección indefinida
Sigue dividiendo aguas dentro del radicalismo de Chubut la iniciativa aprobada por los actuales diputados provinciales que habilita la reelección indefinida de los jefes comunales de localidades sin Carta Orgánica, tras la modificación de otra ley impulsada hace una década por otra diputada radical, Jacqueline Caminoa (de allí su nombre de "ley Caminoa").
Apenas se votó en la Legislatura, desde varios comités radicales del interior reclamaron que el gobernador Nacho Torres vete esta ley, pero otros dirigentes la defienden. Entre ellos, el intendente de Trelew, Gerardo Merino.
Quien fuera presidente de la UCR en "el pueblo de Luis" aseguró que hay que entender que existen "circunstancias electorales o circunstancias políticas de diferentes momentos y está bien que así se manifiesten".
"Esto no priva de que cualquier candidato pueda participar, hay que ser claro porque uno escucha algunas voces y dice: bueno, me van a proscribir o me van a prohibir participar porque un intendente va a reelegir", agregó Merino.
"De ninguna manera, quienes tengan intenciones de participar en una elección a intendente, esta ley no los inhabilita para nada", concluyó.
Nicanor, intendente
La inauguración del nuevo local político de Chubut Futuro reunió el pasado 9 de julio a militantes y vecinos de Trelew en un acto encabezado por el intendente de Dolavon y precandidato a gobernador, Dante Bowen, y por Nicanor Rodríguez, un conocido comerciante local que se postula para la Intendencia.
Ambos presentaron el espacio como un punto de encuentro para impulsar una propuesta que busca consolidarse como una alternativa para la ciudad y la provincia, con un fuerte llamado a la participación ciudadana.
Durante el lanzamiento, Bowen afirmó que el objetivo es acercar la política a la comunidad y convocó a los chubutenses a involucrarse en un proyecto colectivo que, según señaló, pretende transformar la realidad de Chubut y de Trelew.
En la misma línea, Rodríguez destacó que el local funcionará como una casa abierta para los vecinos, con la intención de que sean ellos quienes participen activamente en la construcción de las propuestas y en las decisiones sobre el futuro de la ciudad.
Siguen resonando los ecos de las declaraciones de la fiscal jefa de Esquel, María Bottini, quien denunció públicamente una serie de presiones, amenazas e intentos de condicionamiento en el marco de la causa por el presunto fraude en la Mutual Aonikenk, y señaló directamente al abogado Ricardo Gerosa Lewis como uno de los responsables de la campaña de hostigamiento que, según afirmó, busca frenar la investigación.
La reacción de Bottini tuvo el respaldo del Consejo de Fiscales, de la Procuración y de la Asociación Argentina de Fiscales, quienes expresaron su respaldo institucional y repudiaron las presiones y los hechos de hostigamiento denunciados, que presuntamente tendrían la intención de beneficiar la situación judicial del contador Jorge Vernengo, del jefe de Personal de la Coop. 16, Carlos Moraga, y de la extesorera de la entidad, Graciela Warrel, imputados por los desmanejos en la Mutual.
Bottini sostiene que tanto ella como la procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato, son blanco de una campaña de desprestigio impulsada a través de un medio digital vinculado a personas allegadas a la Cooperativa 16 de Octubre: “Están haciendo un hostigamiento mediático. Publicaron nueve notas en contra de mi persona y de la Fiscalía, buscando desprestigiarnos y afectar la independencia del Ministerio Público Fiscal”, afirmó Bottini.
La fiscal aseguró que el objetivo es condicionar su actuación, aunque aclaró que no piensa apartarse de la investigación. “No nos sentimos amedrentadas y sabemos quién lo hace circular", expresó.
La acusación contra Gerosa Lewis
El momento de mayor tensión se produjo cuando Bottini identificó públicamente al abogado Ricardo Tomás Gerosa Lewis, un reconocido profesional de Esquel, como quien —según denunció— difunde esas publicaciones y transmite mensajes para que la investigación contra uno de los imputados pierda intensidad.
“Se encarga de repartirlo por todos lados y de decir que hasta que yo no le levante la pata a Vernengo, no me van a dejar de hostigar mediáticamente”, afirmó la fiscal.
Gerosa Lewis es un influyente abogado de Esquel del que muchos hablan en privado pero muy pocos en público. Le adjudican un enorme poder en el manejo de la Cooperativa 16 de Octubre, también en el Poder Judicial cordillerano y desde siempre en algunos medios de comunicación.
Según él mismo se definió en las redes sociales hace un par de años, es “abogado, malvinero, alberdiano y 100 por ciento bilardista. Soy el que hace que las cosas sucedan”, se jactó en su perfil de Facebook.
Bottini rompió ese molde de silencio y agregó que las presiones incluso alcanzaron a su entorno familiar. “También involucraron a mi familia, evidentemente para quebrarme desde lo emocional. Llegan hasta a hablar de mi propia hija. Hasta eso me tengo que fumar por este caso”, sostuvo.
Según relató, recibió mensajes desde números desconocidos advirtiéndole que el hostigamiento continuaría mientras no modificara su postura procesal respecto del contador Vernengo, una persona que desde hace muchos años en Esquel es señalada como “un hombre de Gerosa”.
La fiscal fue terminante al sostener que las maniobras denunciadas no modificarán el rumbo de la investigación. “No me voy a apartar del caso ni mucho menos”, aseguró.
También reveló que el procurador general Jorge Miquelarena ya fue informado sobre las presiones que, dijo, recibe incluso de abogados de la matrícula.
El escándalo es tan impactante que llama mucho la atención el silencio de muchos sectores influyentes del Poder Judicial y de la política chubutense.
Novarino, bajo la lupa
Todo el affaire merece ser contado más en detalle porque hirvieron los pasillos de los Tribunales de Esquel luego de que el juez Jorge Novarino convocara a una audiencia con un motivo insólito: pedirle explicaciones a la fiscal Bottini por decirle a Jornada que el magistrado estaba “del lado de los malos” en la causa por la estafa en la Mutual Aonikenk.
Nadie entendía por qué el magistrado invitaba a discutir un tema que no es parte del expediente sino más bien un malestar personal. Tampoco lo entendió Bottini, que terminó por explotar y denunciar las presiones que estaba recibiendo de parte de conocidos abogados por investigar el caso.
Afectado en su sensibilidad por el periodismo, la excusa de Novarino fue “despejar todo atisbo de duda que pudiera haber surgido para que pudiéramos debatir abiertamente y avanzar con el proceso saneado”.
Más insólito es que en la misma audiencia aseguró que, por motivos de salud, “decidí hace tiempo no entrar en redes sociales ni medios de prensa”, pero que llamó a una audiencia porque “me mandaron” el artículo de Jornada. Sugestivo para alguien que se define por no informarse.
“Quería analizar si las palabras habían sido mal interpretadas por quien emitió la nota o si iban a ser ratificadas por quien se le atribuía ese mensaje, ¿se tergiversaron sus dichos?”, le dijo a Bottini. Pero la fiscal no se amilanó y hasta le reclamó que parecía estar más preocupado por un artículo que por proteger la independencia del Ministerio Público Fiscal, atacado por las amenazas.
“No tengo práctica en los medios. En las pocas oportunidades que tuve contacto con los medios me fue pésimo y prefiero apartarme de brindar notas, de brindar información”, dijo Novarino, que se definió “de la vieja escuela: nosotros hablamos por nuestras decisiones y muy pocas veces es necesario dar explicaciones para no afectar nuestra imparcialidad aunque parezca fuera de estilo, fuera de moda y fuera de modernidad”. Los vecinos, únicos beneficiarios del servicio de Justicia, agradecidos.
Otra funcionaria judicial complicada
Se trata de la fiscal general de Puerto Madryn, Romina Vanesa Carrizo Díaz. Es que una Comisión de Evaluación del Consejo de la Magistratura revisó su trabajo en sus primeros tres años en el cargo. Pero cuando debieron pedirle opinión a su jefe, el fiscal Alex Williams advirtió que desde diciembre de 2025 Carrizo Díaz “presenta dificultades para adaptarse al principio de jerarquía del Ministerio Público Fiscal”.
Según reveló Williams, la fiscal “modificó sin autorización el diagrama de guardias en perjuicio de una compañera para beneficio personal, justificándose en un supuesto ‘criterio no escrito’ que resultaría inexistente”. A raíz de este conflicto, Carrizo Díaz “interrumpió de manera manifiesta y total el diálogo con el fiscal jefe”. Además, según su jefe, “no acató la recomendación de llevar a sus colaboradores a las audiencias más importantes para formarlos en técnicas de litigación”.
Ante estas advertencias, el pleno del Consejo decidió de manera unánime suspender la evaluación y recolectar información complementaria “antes de emitir una resolución definitiva sobre las aptitudes y desempeño de la magistrada evaluada”.
Por eso el fiscal jefe fue citado para que “amplíe lo informado referido a las dinámicas organizacionales internas puestas en discusión”. Luego de la declaración de Williams, los consejeros convocarán y escucharán en forma personal a la magistrada evaluada, “garantizando de este modo el ejercicio efectivo de su derecho a ser oída y el debido proceso legal, postergándose la adopción de una decisión final”.
Santilli y el futuro de Futaleufú
La reunión que hace diez días mantuvieron el nuevo jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Nacho Torres, dejó un compromiso político de alto impacto para la provincia. Según pudo confirmar Jornada de fuentes del Gobierno nacional, el “Colorado” le habría prometido al mandatario chubutense avanzar con las gestiones para concretar la cesión de la presa de Futaleufú a la Provincia.
El planteo forma parte de una vieja aspiración de Chubut, que busca tener un mayor control sobre una infraestructura estratégica para el desarrollo energético y productivo provincial.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el tema ocupó un lugar central en el encuentro y Santilli manifestó su disposición a impulsar el proceso dentro de la administración nacional.
Si bien por el momento no existen anuncios oficiales ni definiciones sobre los plazos o el mecanismo jurídico para concretar la transferencia, la promesa fue interpretada como una señal política relevante hacia el gobierno de Torres.
Ahora, la expectativa estará puesta en que ese compromiso avance desde el plano de las conversaciones hacia medidas concretas que permitan materializar la cesión de la presa.
El Complejo Hidroeléctrico de Futaleufú, ubicado a pocos kilómetros de Trevelin, fue construido entre 1971 y 1976 e inaugurado oficialmente en abril de 1978. Fue proyectado por la entonces Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, a instancias de la Comisión Permanente para el Desarrollo de los Metales Livianos (COPEDESMEL), dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.
El Complejo fue realizado principalmente con el fin de proveer de energía eléctrica a la planta de aluminio a instalarse en la ciudad de Puerto Madryn (aquí el original quedó truncado en "hoy ALUAR ALU"; deberías completar esa frase desde tu archivo original).
En el año 1994 el Estado nacional creó la empresa Hidroeléctrica Futaleufú S.A. para la explotación del complejo hidroeléctrico y le otorgó por un plazo de 30 años la concesión de la represa y, en el proceso de privatización implementado dentro del marco de la reforma del Estado del menemismo, en junio de 1995 le vendió el paquete accionario de la sociedad al Grupo Aluar.
Actualmente, Hidroeléctrica Futaleufú S.A. es propiedad de Aluar (60,2 %), la Provincia del Chubut (33,51 %) y accionistas menores (6,29 %).
El contrato de concesión venció el 15 de junio del año pasado y, desde entonces, el Gobierno nacional ha realizado cuatro prórrogas a una “veeduría” que incluye dejar en manos del actual concesionario la operación de la presa.
Se estima que antes de fin de año el Gobierno de Javier Milei tomará una decisión final: ¿licitará una nueva concesión o, como le prometió Santilli a Torres, le cederá el control de esa licitación a la Provincia de Chubut?
Con de todo
El diputado nacional Rodolfo Tailhade lanzó una durísima contraofensiva pública contra el camarista federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra, a quien acusó de percibir desde hace 14 años un alquiler financiado con fondos públicos pese a cobrar, según sostuvo, un salario mensual de 25 millones de pesos.
El contrapunto entre ambos había surgido hace unas semanas cuando el legislador peronista aseguró que el camarista, que reside en Comodoro Rivadavia, se había acogido al blanqueo de capitales a través de la “inocencia fiscal”.
Leal de Ibarra negó el hecho pero, de manera confusa, le echó la culpa a su contador por la situación. Sin embargo, pocos días después querelló a Tailhade por sus dichos.
Ahora, en un extenso mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador afirmó que el Consejo de la Magistratura destina cerca de dos millones de pesos mensuales para la vivienda del magistrado y aseguró que ese beneficio ya habría significado para el Estado un desembolso equivalente a unos 250.000 dólares.
El tramo más explosivo de la publicación llegó sobre el final. Allí, Tailhade reclamó que Leal de Ibarra explique quién financia los estudios universitarios de su hija en Estados Unidos desde 2022. “Sería conveniente, a efectos de despejar dudas acerca de eventuales conflictos de interés, que aclare qué fundación o empresa paga con una beca la educación universitaria de su hija en EE. UU.”, afirmó.
“Me voy a encargar personalmente de que el Consejo de la Magistratura deje de pagar con la guita de todos los argentinos el alquiler de este pillo”, escribió Tailhade, al tiempo que sostuvo que el camarista intentaría “apretarlo” mediante presentaciones judiciales.
Lo cierto es que el diputado presentó un escrito formal ante el Consejo de la Magistratura.
Hasta el momento, el camarista federal no respondió públicamente a estas nuevas acusaciones formuladas por el legislador.
Merino defiende la reelección indefinida
Sigue dividiendo aguas dentro del radicalismo de Chubut la iniciativa aprobada por los actuales diputados provinciales que habilita la reelección indefinida de los jefes comunales de localidades sin Carta Orgánica, tras la modificación de otra ley impulsada hace una década por otra diputada radical, Jacqueline Caminoa (de allí su nombre de "ley Caminoa").
Apenas se votó en la Legislatura, desde varios comités radicales del interior reclamaron que el gobernador Nacho Torres vete esta ley, pero otros dirigentes la defienden. Entre ellos, el intendente de Trelew, Gerardo Merino.
Quien fuera presidente de la UCR en "el pueblo de Luis" aseguró que hay que entender que existen "circunstancias electorales o circunstancias políticas de diferentes momentos y está bien que así se manifiesten".
"Esto no priva de que cualquier candidato pueda participar, hay que ser claro porque uno escucha algunas voces y dice: bueno, me van a proscribir o me van a prohibir participar porque un intendente va a reelegir", agregó Merino.
"De ninguna manera, quienes tengan intenciones de participar en una elección a intendente, esta ley no los inhabilita para nada", concluyó.
Nicanor, intendente
La inauguración del nuevo local político de Chubut Futuro reunió el pasado 9 de julio a militantes y vecinos de Trelew en un acto encabezado por el intendente de Dolavon y precandidato a gobernador, Dante Bowen, y por Nicanor Rodríguez, un conocido comerciante local que se postula para la Intendencia.
Ambos presentaron el espacio como un punto de encuentro para impulsar una propuesta que busca consolidarse como una alternativa para la ciudad y la provincia, con un fuerte llamado a la participación ciudadana.
Durante el lanzamiento, Bowen afirmó que el objetivo es acercar la política a la comunidad y convocó a los chubutenses a involucrarse en un proyecto colectivo que, según señaló, pretende transformar la realidad de Chubut y de Trelew.
En la misma línea, Rodríguez destacó que el local funcionará como una casa abierta para los vecinos, con la intención de que sean ellos quienes participen activamente en la construcción de las propuestas y en las decisiones sobre el futuro de la ciudad.