Disculpen las molestias, nos están matando
Mientras las estadísticas muestran una aparente disminución de femicidios, organizaciones feministas advierten sobre el subregistro de casos, el desmantelamiento de políticas públicas y el recrudecimiento de las desigualdades. A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, el reclamo continúa atravesando generaciones: vivir libres, vivas y desendeudadas. La marcha en Trelew es este miércoles a las 17 desde la Plaza Independencia.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
La frase apareció escrita en carteles improvisados, pintada sobre telas blancas, repetida en gargantas quebradas por el dolor y multiplicada en cientos de miles de voces que el 3 de junio de 2015 colmaron las plazas de la Argentina. Aquella tarde no fue una marcha más. Fue una irrupción colectiva. Una reacción desesperada frente a una violencia que durante años se había naturalizado, minimizado o escondido detrás de titulares policiales.
La sociedad dijo basta.
Basta de mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas o agresores. Basta de madres enterrando hijas. Basta de niñas creciendo sin sus madres. Basta de una violencia que parecía repetirse una y otra vez sin respuestas suficientes por parte del Estado.
Once años después, el grito sigue resonando.
Y sigue siendo necesario.
Este 3 de junio encuentra a la Argentina atravesada por una realidad compleja. Los datos difundidos por organizaciones que monitorean la violencia de género muestran que durante 2025 se registró una disminución del 12,3 por ciento en los femicidios respecto del año anterior. Actualmente se investigan 219 posibles casos en todo el país. La cifra equivale a una víctima directa cada 44 horas.
Tres provincias no registraron casos durante el período relevado.
A primera vista, los números podrían interpretarse como una señal alentadora.
Sin embargo, detrás de esa aparente mejora se esconde una advertencia que preocupa a especialistas, familiares de víctimas y organizaciones feministas: la reducción estadística no necesariamente implica una disminución real de la violencia machista.
Por el contrario.
Muchas voces sostienen que existe un creciente subregistro de casos que impide conocer la verdadera dimensión del problema.
Porque cuando los casos dejan de aparecer en los medios, también desaparecen de las estadísticas.
Y eso no significa que hayan dejado de ocurrir.
La violencia de género continúa atravesando la vida cotidiana de miles de mujeres y diversidades en todo el país. Continúa presente en los hogares, en las relaciones sexoafectivas, en los espacios laborales, en las calles y también en las instituciones.
Continúa dejando huérfanos.
Continúa destruyendo familias.
Continúa cobrando vidas.
Cada femicidio es mucho más que un número.
Es una historia interrumpida.
Es una habitación vacía.
Es una mesa familiar donde alguien ya no volverá a sentarse.
Es un cumpleaños que nunca más será igual.
Es una madre que no volverá a abrazar a sus hijos.
Es una hermana, una amiga, una compañera de trabajo, una vecina.
Es una ausencia que permanece.
Desde la irrupción del movimiento Ni Una Menos hasta mayo de 2026, las organizaciones registraron 3.205 víctimas letales de violencia por motivos de género.
Las cifras estremecen.
En estos once años hubo 3.144 femicidios directos y vinculados. También se contabilizaron 46 transfemicidios y travesticidios y 15 casos de instigación al suicidio.
Detrás de cada uno de esos números hay una vida truncada.
Hay proyectos que quedaron inconclusos.
Hay familias obligadas a reconstruirse sobre el dolor.
Hay niños y niñas que crecieron preguntando por qué.
Y hay una sociedad que todavía no encuentra respuestas suficientes para detener una violencia que persiste.
La incorporación de la categoría “instigación al suicidio” en los registros constituye una de las novedades más significativas de los últimos años. A partir de denuncias realizadas por familiares y personas cercanas a las víctimas, comenzó a visibilizarse una realidad muchas veces ignorada: mujeres, travestis y personas trans que terminan quitándose la vida luego de atravesar contextos prolongados de violencia de género.
Desde enero de 2024 hasta mayo de 2026 se registraron quince casos.
Quince historias atravesadas por el hostigamiento, el aislamiento, las amenazas y la violencia sistemática.
Quince historias que también exigen justicia.
Porque la violencia machista no siempre deja la misma marca.
Pero siempre deja consecuencias.
La situación preocupa aún más en un contexto económico y social profundamente desigual.
Las organizaciones feministas advierten que la pobreza y las desigualdades estructurales afectan de manera diferencial a mujeres y diversidades. La pérdida de empleo, la precarización laboral, la feminización de la pobreza y el endeudamiento familiar generan escenarios de mayor vulnerabilidad para quienes intentan salir de situaciones de violencia.
Muchas mujeres continúan dependiendo económicamente de sus agresores.
Muchas no cuentan con redes de contención.
Muchas deben elegir entre permanecer en una situación de riesgo o enfrentar la incertidumbre absoluta.
Por eso la consigna que este año vuelve a escucharse en las calles incorpora una dimensión que trasciende la violencia física.
“Libres, vivas y desendeudadas nos queremos”.
Porque la autonomía económica también salva vidas.
Porque sin independencia económica muchas veces no existe posibilidad real de escapar de la violencia.
A once años del primer Ni Una Menos, otro de los puntos centrales del debate pasa por el retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género.
Organizaciones sociales y feministas denuncian que desde diciembre de 2023 se profundizó un proceso de desmantelamiento institucional que incluye el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el vaciamiento de programas específicos y la reducción de recursos destinados a la prevención, asistencia y acompañamiento de víctimas.
La preocupación no se limita únicamente a la reducción presupuestaria.
También alcanza a los discursos públicos.
Para los movimientos feministas, negar las desigualdades de género implica desconocer las condiciones estructurales que permiten la reproducción de la violencia. Sostienen además que los discursos estigmatizantes y las expresiones que minimizan la problemática contribuyen a generar un clima social donde las violencias encuentran mayores niveles de legitimación.
La discusión no es solamente estadística.
Es profundamente humana.
Porque detrás de cada porcentaje hay vidas.
Detrás de cada informe hay familias.
Detrás de cada registro hay una historia que no debería haber terminado de esa manera.
La aparente disminución de los femicidios tampoco puede analizarse sin observar lo ocurrido en el sistema de medios.
Las organizaciones advierten que la cobertura periodística constituye una de las principales fuentes para la construcción de estadísticas sobre violencia de género. Por eso señalan que el cierre de medios públicos, las dificultades económicas de medios comunitarios y la pérdida de espacios especializados impactan directamente en la visibilización de los casos.
Menos cobertura no significa menos violencia.
Significa menos información.
Menos registro.
Menos visibilidad.
Y muchas veces, menos posibilidades de exigir justicia.
Mientras tanto, las fotografías de las víctimas vuelven a ocupar las calles.
Rostros jóvenes.
Rostros adultos.
Rostros que sonríen desde carteles sostenidos por familiares que se niegan a olvidar.
Madres que marchan por sus hijas.
Hijas que marchan por sus madres.
Amigas que siguen reclamando lo mismo que reclamaban hace once años.
Verdad.
Justicia.
Y una vida libre de violencias.
La historia de Ni Una Menos es también la historia de una sociedad que aprendió a nombrar aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto.
Aprendió a hablar de femicidios.
Aprendió a reconocer las múltiples formas de violencia.
Aprendió que detrás de muchos crímenes existían relaciones de poder, control y dominación que no podían seguir siendo explicadas como hechos aislados.
Pero el aprendizaje colectivo no alcanzó para erradicar la violencia.
Por eso, once años después, la consigna sigue vigente.
No como una consigna del pasado.
No como un recuerdo.
Sino como una demanda urgente.
Porque las ausencias continúan acumulándose.
Porque las familias siguen llorando a sus muertas.
Porque todavía hay quienes creen que la violencia de género no existe.
Porque todavía hay quienes llegan tarde.
Y porque mientras una sola mujer sea asesinada por razones de género, el grito seguirá atravesando plazas, calles y generaciones enteras.
Once años después, la Argentina vuelve a repetirlo.
Con dolor.
Con memoria.
Con bronca.
Con esperanza.
Paren de matarnos.
Libres, vivas y desendeudadas nos queremos.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
La frase apareció escrita en carteles improvisados, pintada sobre telas blancas, repetida en gargantas quebradas por el dolor y multiplicada en cientos de miles de voces que el 3 de junio de 2015 colmaron las plazas de la Argentina. Aquella tarde no fue una marcha más. Fue una irrupción colectiva. Una reacción desesperada frente a una violencia que durante años se había naturalizado, minimizado o escondido detrás de titulares policiales.
La sociedad dijo basta.
Basta de mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas o agresores. Basta de madres enterrando hijas. Basta de niñas creciendo sin sus madres. Basta de una violencia que parecía repetirse una y otra vez sin respuestas suficientes por parte del Estado.
Once años después, el grito sigue resonando.
Y sigue siendo necesario.
Este 3 de junio encuentra a la Argentina atravesada por una realidad compleja. Los datos difundidos por organizaciones que monitorean la violencia de género muestran que durante 2025 se registró una disminución del 12,3 por ciento en los femicidios respecto del año anterior. Actualmente se investigan 219 posibles casos en todo el país. La cifra equivale a una víctima directa cada 44 horas.
Tres provincias no registraron casos durante el período relevado.
A primera vista, los números podrían interpretarse como una señal alentadora.
Sin embargo, detrás de esa aparente mejora se esconde una advertencia que preocupa a especialistas, familiares de víctimas y organizaciones feministas: la reducción estadística no necesariamente implica una disminución real de la violencia machista.
Por el contrario.
Muchas voces sostienen que existe un creciente subregistro de casos que impide conocer la verdadera dimensión del problema.
Porque cuando los casos dejan de aparecer en los medios, también desaparecen de las estadísticas.
Y eso no significa que hayan dejado de ocurrir.
La violencia de género continúa atravesando la vida cotidiana de miles de mujeres y diversidades en todo el país. Continúa presente en los hogares, en las relaciones sexoafectivas, en los espacios laborales, en las calles y también en las instituciones.
Continúa dejando huérfanos.
Continúa destruyendo familias.
Continúa cobrando vidas.
Cada femicidio es mucho más que un número.
Es una historia interrumpida.
Es una habitación vacía.
Es una mesa familiar donde alguien ya no volverá a sentarse.
Es un cumpleaños que nunca más será igual.
Es una madre que no volverá a abrazar a sus hijos.
Es una hermana, una amiga, una compañera de trabajo, una vecina.
Es una ausencia que permanece.
Desde la irrupción del movimiento Ni Una Menos hasta mayo de 2026, las organizaciones registraron 3.205 víctimas letales de violencia por motivos de género.
Las cifras estremecen.
En estos once años hubo 3.144 femicidios directos y vinculados. También se contabilizaron 46 transfemicidios y travesticidios y 15 casos de instigación al suicidio.
Detrás de cada uno de esos números hay una vida truncada.
Hay proyectos que quedaron inconclusos.
Hay familias obligadas a reconstruirse sobre el dolor.
Hay niños y niñas que crecieron preguntando por qué.
Y hay una sociedad que todavía no encuentra respuestas suficientes para detener una violencia que persiste.
La incorporación de la categoría “instigación al suicidio” en los registros constituye una de las novedades más significativas de los últimos años. A partir de denuncias realizadas por familiares y personas cercanas a las víctimas, comenzó a visibilizarse una realidad muchas veces ignorada: mujeres, travestis y personas trans que terminan quitándose la vida luego de atravesar contextos prolongados de violencia de género.
Desde enero de 2024 hasta mayo de 2026 se registraron quince casos.
Quince historias atravesadas por el hostigamiento, el aislamiento, las amenazas y la violencia sistemática.
Quince historias que también exigen justicia.
Porque la violencia machista no siempre deja la misma marca.
Pero siempre deja consecuencias.
La situación preocupa aún más en un contexto económico y social profundamente desigual.
Las organizaciones feministas advierten que la pobreza y las desigualdades estructurales afectan de manera diferencial a mujeres y diversidades. La pérdida de empleo, la precarización laboral, la feminización de la pobreza y el endeudamiento familiar generan escenarios de mayor vulnerabilidad para quienes intentan salir de situaciones de violencia.
Muchas mujeres continúan dependiendo económicamente de sus agresores.
Muchas no cuentan con redes de contención.
Muchas deben elegir entre permanecer en una situación de riesgo o enfrentar la incertidumbre absoluta.
Por eso la consigna que este año vuelve a escucharse en las calles incorpora una dimensión que trasciende la violencia física.
“Libres, vivas y desendeudadas nos queremos”.
Porque la autonomía económica también salva vidas.
Porque sin independencia económica muchas veces no existe posibilidad real de escapar de la violencia.
A once años del primer Ni Una Menos, otro de los puntos centrales del debate pasa por el retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género.
Organizaciones sociales y feministas denuncian que desde diciembre de 2023 se profundizó un proceso de desmantelamiento institucional que incluye el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el vaciamiento de programas específicos y la reducción de recursos destinados a la prevención, asistencia y acompañamiento de víctimas.
La preocupación no se limita únicamente a la reducción presupuestaria.
También alcanza a los discursos públicos.
Para los movimientos feministas, negar las desigualdades de género implica desconocer las condiciones estructurales que permiten la reproducción de la violencia. Sostienen además que los discursos estigmatizantes y las expresiones que minimizan la problemática contribuyen a generar un clima social donde las violencias encuentran mayores niveles de legitimación.
La discusión no es solamente estadística.
Es profundamente humana.
Porque detrás de cada porcentaje hay vidas.
Detrás de cada informe hay familias.
Detrás de cada registro hay una historia que no debería haber terminado de esa manera.
La aparente disminución de los femicidios tampoco puede analizarse sin observar lo ocurrido en el sistema de medios.
Las organizaciones advierten que la cobertura periodística constituye una de las principales fuentes para la construcción de estadísticas sobre violencia de género. Por eso señalan que el cierre de medios públicos, las dificultades económicas de medios comunitarios y la pérdida de espacios especializados impactan directamente en la visibilización de los casos.
Menos cobertura no significa menos violencia.
Significa menos información.
Menos registro.
Menos visibilidad.
Y muchas veces, menos posibilidades de exigir justicia.
Mientras tanto, las fotografías de las víctimas vuelven a ocupar las calles.
Rostros jóvenes.
Rostros adultos.
Rostros que sonríen desde carteles sostenidos por familiares que se niegan a olvidar.
Madres que marchan por sus hijas.
Hijas que marchan por sus madres.
Amigas que siguen reclamando lo mismo que reclamaban hace once años.
Verdad.
Justicia.
Y una vida libre de violencias.
La historia de Ni Una Menos es también la historia de una sociedad que aprendió a nombrar aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto.
Aprendió a hablar de femicidios.
Aprendió a reconocer las múltiples formas de violencia.
Aprendió que detrás de muchos crímenes existían relaciones de poder, control y dominación que no podían seguir siendo explicadas como hechos aislados.
Pero el aprendizaje colectivo no alcanzó para erradicar la violencia.
Por eso, once años después, la consigna sigue vigente.
No como una consigna del pasado.
No como un recuerdo.
Sino como una demanda urgente.
Porque las ausencias continúan acumulándose.
Porque las familias siguen llorando a sus muertas.
Porque todavía hay quienes creen que la violencia de género no existe.
Porque todavía hay quienes llegan tarde.
Y porque mientras una sola mujer sea asesinada por razones de género, el grito seguirá atravesando plazas, calles y generaciones enteras.
Once años después, la Argentina vuelve a repetirlo.
Con dolor.
Con memoria.
Con bronca.
Con esperanza.
Paren de matarnos.
Libres, vivas y desendeudadas nos queremos.