Editorial / ¿Quién defiende a las cooperativas de Chubut?
Mientras Milei y sus aliados compensan a grandes distribuidoras eléctricas, las entidades que distribuyen la electricidad en la provincia siguen sin respuestas. Luz y Fuerza prepara un informe que podría ser la base para un reclamo de los poderes concedentes
El gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Energía y con el apoyo siempre a flor de piel de bloques presuntamente opositores y gobernadores extremadamente dialoguistas, insiste en avanzar con la condonación de una deuda a un grupo de grandes empresas distribuidoras de energía eléctrica por un monto de U$S 1.842 millones.
Según la información comunicada por la Jefatura de Gabinete, que todavía comanda el chamuscado Manuel Adorni, las distribuidoras eléctricas mantienen una deuda total de ese valor con la administradora del mercado eléctrico mayorista, CAMMESA. El 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
Edenor encabeza la nómina con U$S 438 millones, seguida por Edesur, con U$S 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA, el mayor conglomerado energético de la Provincia de Buenos Aires, con U$S 474 millones acumulados en conjunto. Entre todas reúnen una deuda de U$S 1.257 millones.
Como parte del proyecto de reducción de los subsidios por Zona Fría, la Cámara de Diputados otorgó hace diez días media sanción a un artículo que habilita al Estado nacional a aplicar un esquema de compensación cruzada para cerrar el conflicto con estas grandes distribuidoras eléctricas.
Entre los diputados nacionales que le dieron ese enorme beneficio a las grandes distribuidoras eléctricas estuvieron los libertarios chubutenses César Treffinger y Maira Frías, y el inescrutable Jorge “Loma” Ávila, que mistura su encendida defensa de los trabajadores petroleros de Chubut con sucesivos apoyos parlamentarios a intereses empresarios o de la derecha libertaria.
Si el proyecto finalmente es aprobado por el Senado (donde ya se abren especulaciones sobre el papel que jugarán las inconsecuentes senadoras chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina, acostumbradas a poner el guiño a la izquierda y doblar a la derecha), el Poder Ejecutivo deberá calcular los ingresos que dejaron de percibir estas distribuidoras durante la vigencia de las leyes de emergencia tarifaria, cuando el propio Estado incumplió los mecanismos de actualización previstos en los contratos de concesión, siempre y cuando las empresas no hayan renunciado a esos reclamos en negociaciones anteriores, como la realizada en 2017.
Una vez determinada la cifra, se habilitará a las firmas a utilizar ese crédito para compensar sus deudas con CAMMESA, a cambio de desistir de acciones judiciales.
Hasta aquí, el Gobierno nacional parece dispuesto a reconocer el perjuicio económico sufrido por las grandes distribuidoras bajo jurisdicción federal. Lo que no queda claro es qué ocurrirá con las restantes empresas distribuidoras del país, particularmente aquellas que no están reguladas por el Estado nacional, como sucede con numerosas cooperativas y distribuidoras provinciales, como es el caso de Chubut.
Sin embargo, hay un aspecto que no admite discusión: el derecho a una reparación económica alcanza a todas las empresas distribuidoras a las que se les impidió aplicar las actualizaciones tarifarias que les correspondían. Si el Estado nacional reconoce ese principio para algunas compañías, resulta difícil justificar por qué no debería regir para el resto. La diferencia parece radicar únicamente en el peso político y económico de quienes reclaman.
Y es precisamente allí donde Chubut debería encender todas las alarmas.
Mientras en Buenos Aires se discuten mecanismos para compensar a empresas que acumulan deudas multimillonarias, en la provincia persiste un silencio llamativo respecto de la situación de las cooperativas eléctricas, que durante años han soportado esquemas tarifarios deficientes, intervenciones políticas permanentes y decisiones administrativas que deterioraron gravemente su situación económica y financiera.
El caso de Trelew es paradigmático. Recientemente, el Concejo Deliberante de Trelew, con el voto de los concejales Rubén Napoléon Cáceres, Martín Luna, Juan Aguilar, Belén Baskovc, Alicia Severich y Daniel Asciutto, rechazó el pedido de actualización tarifaria solicitado por la Cooperativa Eléctrica local.
La decisión volvió a poner en evidencia el anómalo funcionamiento del sistema de regulación tarifaria vigente en la ciudad y en buena parte de Chubut, donde los concejos deliberantes terminan asumiendo funciones propias de organismos regulatorios especializados.
En los hechos, dirigentes políticos sometidos a la lógica electoral terminan definiendo cuestiones técnicas complejas que impactan directamente sobre la sustentabilidad de servicios públicos esenciales.
Aunque muchos lo dicen por lo bajo, quien siempre ha señalado que se trata de un esquema impropio e inadecuado para garantizar el funcionamiento eficiente de un sistema de distribución eléctrica ha sido el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia. Paradójicamente, ha sido insistentemente cuestionado por estos concejales (y muchos otros de gestiones anteriores), que son los que construyeron la falacia de que el problema de las cooperativas son los salarios de sus trabajadores.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en la causa “Maruba SCA c/ Estado Nacional” que, en todo régimen de prestación de servicios públicos concesionados, las tarifas deben ser fijadas, aprobadas o verificadas por el poder público conforme a la ley y a los contratos, procurando asegurar tanto la continuidad y regularidad del servicio como la protección de los usuarios.
Para que se entienda mejor, el máximo tribunal judicial del país destacó que el equilibrio propio del contrato de concesión exige tarifas justas y razonables tanto para los usuarios como para los concesionarios, otorgando previsibilidad y seguridad jurídica a todas las partes involucradas.
No se trata de una cuestión menor. La tarifa constituye el eje central sobre el cual gira toda la estructura contractual de los servicios públicos. Sin ella, no existe equilibrio económico posible ni garantía alguna de prestación eficiente.
Por eso, ¿cuánta justicia, razonabilidad y previsibilidad puede existir cuando el análisis tarifario queda en manos de órganos deliberativos integrados, salvo excepciones, por personas que no poseen la formación técnica necesaria para evaluar costos, inversiones, estructura financiera o sostenibilidad del servicio?
La irregularidad del sistema es aún más evidente cuando, en numerosas ocasiones, los informes técnicos elaborados por el Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos (OMRESP) son ignorados o directamente desestimados por razones estrictamente políticas.
Como consecuencia de esta fragmentación regulatoria, en Chubut las tarifas terminan definiéndose bajo criterios diferentes en cada localidad, vulnerando principios elementales de equidad y previsibilidad. Usuarios con características similares pagan tarifas distintas según el lugar donde viven, mientras las prestadoras enfrentan reglas cambiantes y criterios discrecionales para la determinación de sus ingresos.
Frente a este escenario, la discusión que hoy impulsa el Gobierno nacional respecto de las compensaciones a las grandes distribuidoras debería servir para abrir un debate mucho más amplio. Si se reconoce que existieron daños económicos derivados del congelamiento o la distorsión tarifaria, entonces corresponde analizar quién responderá por los perjuicios ocasionados a las cooperativas y distribuidoras más pequeñas que durante años fueron sometidas a mecanismos similares por parte de distintos poderes concedentes provinciales y municipales.
Lo contrario implicaría consolidar un sistema de privilegios donde las grandes empresas obtienen reconocimiento y compensaciones, mientras las cooperativas del interior continúan soportando las consecuencias de decisiones políticas que afectaron su sustentabilidad económica.
En ese contexto, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, con asistencia técnica de la Fundación Patagonia Tercer Milenio y otros especialistas, ha comenzado a desarrollar un informe detallado destinado a fundamentar los reclamos que correspondan, en defensa del correcto funcionamiento de la Cooperativa Eléctrica de Trelew y de los miles de trabajadores, usuarios y familias que dependen de la continuidad y calidad de un servicio esencial.
Porque si el Estado nacional reconoce que debe reparar a unos, también deberá explicar por qué no está dispuesto a reparar a todos.
El gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Energía y con el apoyo siempre a flor de piel de bloques presuntamente opositores y gobernadores extremadamente dialoguistas, insiste en avanzar con la condonación de una deuda a un grupo de grandes empresas distribuidoras de energía eléctrica por un monto de U$S 1.842 millones.
Según la información comunicada por la Jefatura de Gabinete, que todavía comanda el chamuscado Manuel Adorni, las distribuidoras eléctricas mantienen una deuda total de ese valor con la administradora del mercado eléctrico mayorista, CAMMESA. El 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
Edenor encabeza la nómina con U$S 438 millones, seguida por Edesur, con U$S 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA, el mayor conglomerado energético de la Provincia de Buenos Aires, con U$S 474 millones acumulados en conjunto. Entre todas reúnen una deuda de U$S 1.257 millones.
Como parte del proyecto de reducción de los subsidios por Zona Fría, la Cámara de Diputados otorgó hace diez días media sanción a un artículo que habilita al Estado nacional a aplicar un esquema de compensación cruzada para cerrar el conflicto con estas grandes distribuidoras eléctricas.
Entre los diputados nacionales que le dieron ese enorme beneficio a las grandes distribuidoras eléctricas estuvieron los libertarios chubutenses César Treffinger y Maira Frías, y el inescrutable Jorge “Loma” Ávila, que mistura su encendida defensa de los trabajadores petroleros de Chubut con sucesivos apoyos parlamentarios a intereses empresarios o de la derecha libertaria.
Si el proyecto finalmente es aprobado por el Senado (donde ya se abren especulaciones sobre el papel que jugarán las inconsecuentes senadoras chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina, acostumbradas a poner el guiño a la izquierda y doblar a la derecha), el Poder Ejecutivo deberá calcular los ingresos que dejaron de percibir estas distribuidoras durante la vigencia de las leyes de emergencia tarifaria, cuando el propio Estado incumplió los mecanismos de actualización previstos en los contratos de concesión, siempre y cuando las empresas no hayan renunciado a esos reclamos en negociaciones anteriores, como la realizada en 2017.
Una vez determinada la cifra, se habilitará a las firmas a utilizar ese crédito para compensar sus deudas con CAMMESA, a cambio de desistir de acciones judiciales.
Hasta aquí, el Gobierno nacional parece dispuesto a reconocer el perjuicio económico sufrido por las grandes distribuidoras bajo jurisdicción federal. Lo que no queda claro es qué ocurrirá con las restantes empresas distribuidoras del país, particularmente aquellas que no están reguladas por el Estado nacional, como sucede con numerosas cooperativas y distribuidoras provinciales, como es el caso de Chubut.
Sin embargo, hay un aspecto que no admite discusión: el derecho a una reparación económica alcanza a todas las empresas distribuidoras a las que se les impidió aplicar las actualizaciones tarifarias que les correspondían. Si el Estado nacional reconoce ese principio para algunas compañías, resulta difícil justificar por qué no debería regir para el resto. La diferencia parece radicar únicamente en el peso político y económico de quienes reclaman.
Y es precisamente allí donde Chubut debería encender todas las alarmas.
Mientras en Buenos Aires se discuten mecanismos para compensar a empresas que acumulan deudas multimillonarias, en la provincia persiste un silencio llamativo respecto de la situación de las cooperativas eléctricas, que durante años han soportado esquemas tarifarios deficientes, intervenciones políticas permanentes y decisiones administrativas que deterioraron gravemente su situación económica y financiera.
El caso de Trelew es paradigmático. Recientemente, el Concejo Deliberante de Trelew, con el voto de los concejales Rubén Napoléon Cáceres, Martín Luna, Juan Aguilar, Belén Baskovc, Alicia Severich y Daniel Asciutto, rechazó el pedido de actualización tarifaria solicitado por la Cooperativa Eléctrica local.
La decisión volvió a poner en evidencia el anómalo funcionamiento del sistema de regulación tarifaria vigente en la ciudad y en buena parte de Chubut, donde los concejos deliberantes terminan asumiendo funciones propias de organismos regulatorios especializados.
En los hechos, dirigentes políticos sometidos a la lógica electoral terminan definiendo cuestiones técnicas complejas que impactan directamente sobre la sustentabilidad de servicios públicos esenciales.
Aunque muchos lo dicen por lo bajo, quien siempre ha señalado que se trata de un esquema impropio e inadecuado para garantizar el funcionamiento eficiente de un sistema de distribución eléctrica ha sido el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia. Paradójicamente, ha sido insistentemente cuestionado por estos concejales (y muchos otros de gestiones anteriores), que son los que construyeron la falacia de que el problema de las cooperativas son los salarios de sus trabajadores.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en la causa “Maruba SCA c/ Estado Nacional” que, en todo régimen de prestación de servicios públicos concesionados, las tarifas deben ser fijadas, aprobadas o verificadas por el poder público conforme a la ley y a los contratos, procurando asegurar tanto la continuidad y regularidad del servicio como la protección de los usuarios.
Para que se entienda mejor, el máximo tribunal judicial del país destacó que el equilibrio propio del contrato de concesión exige tarifas justas y razonables tanto para los usuarios como para los concesionarios, otorgando previsibilidad y seguridad jurídica a todas las partes involucradas.
No se trata de una cuestión menor. La tarifa constituye el eje central sobre el cual gira toda la estructura contractual de los servicios públicos. Sin ella, no existe equilibrio económico posible ni garantía alguna de prestación eficiente.
Por eso, ¿cuánta justicia, razonabilidad y previsibilidad puede existir cuando el análisis tarifario queda en manos de órganos deliberativos integrados, salvo excepciones, por personas que no poseen la formación técnica necesaria para evaluar costos, inversiones, estructura financiera o sostenibilidad del servicio?
La irregularidad del sistema es aún más evidente cuando, en numerosas ocasiones, los informes técnicos elaborados por el Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos (OMRESP) son ignorados o directamente desestimados por razones estrictamente políticas.
Como consecuencia de esta fragmentación regulatoria, en Chubut las tarifas terminan definiéndose bajo criterios diferentes en cada localidad, vulnerando principios elementales de equidad y previsibilidad. Usuarios con características similares pagan tarifas distintas según el lugar donde viven, mientras las prestadoras enfrentan reglas cambiantes y criterios discrecionales para la determinación de sus ingresos.
Frente a este escenario, la discusión que hoy impulsa el Gobierno nacional respecto de las compensaciones a las grandes distribuidoras debería servir para abrir un debate mucho más amplio. Si se reconoce que existieron daños económicos derivados del congelamiento o la distorsión tarifaria, entonces corresponde analizar quién responderá por los perjuicios ocasionados a las cooperativas y distribuidoras más pequeñas que durante años fueron sometidas a mecanismos similares por parte de distintos poderes concedentes provinciales y municipales.
Lo contrario implicaría consolidar un sistema de privilegios donde las grandes empresas obtienen reconocimiento y compensaciones, mientras las cooperativas del interior continúan soportando las consecuencias de decisiones políticas que afectaron su sustentabilidad económica.
En ese contexto, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, con asistencia técnica de la Fundación Patagonia Tercer Milenio y otros especialistas, ha comenzado a desarrollar un informe detallado destinado a fundamentar los reclamos que correspondan, en defensa del correcto funcionamiento de la Cooperativa Eléctrica de Trelew y de los miles de trabajadores, usuarios y familias que dependen de la continuidad y calidad de un servicio esencial.
Porque si el Estado nacional reconoce que debe reparar a unos, también deberá explicar por qué no está dispuesto a reparar a todos.