Tres meses de prisión por estafa y asociación ilícita
La jueza María Alejandra Hernández ordenó tres meses de prisión preventiva para Alan Germino, Lautaro Germino y Carlos Santiago Hazarabedian, ahora investigados por el presunto delito de asociación ilícita y estafa en el marco de una causa que investiga una red de falsas plataformas de inversión con una víctima en Puerto Madryn y en otras provincias del país.
El Ministerio Público Fiscal de Chubut, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), llevó a cabo este domingo la audiencia de control de detención y apertura de investigación por tres imputados ante la jueza Hernández. Participaron el fiscal general Fernando Rivarola, la fiscal general Eugenia Domínguez y la licenciada en Crminalistica, Anneris Morales. De manera virtual, estuvieron presentes fiscales de distintas provincias del país con víctimas acreditadas bajo la misma modalidad delictiva.
La audiencia duró más de cuatro horas y tras un cuarto intermedio, la magistrada resolvió la apertura formal de la investigación, declaró el caso como complejo y ordenó tres meses de prisión preventiva para los tres imputados, en línea con lo solicitado por la UFECyED.
La jueza consideró que se encuentran presentes los peligros procesales, con probabilidades altas conforme el relato fiscal y en atención a los medios económicos de los imputados y a la complejidad de la causa.
El Ministerio Público Fiscal contará con un año para llevar adelante la investigación. Los tres serán investigados en carácter de imputados
El operativo
Las detenciones se produjeron el sábado en el marco de un operativo simultáneo en diez domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante los allanamientos se secuestraron 19 teléfonos celulares, notebooks y dispositivos de almacenamiento digital, además de dinero en efectivo en moneda nacional y 7.400 dólares. El procedimiento contó con la colaboración de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrolló como complemento de las diligencias realizadas el 28 de abril, a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn. Los tres detenidos fueron trasladados por vía terrestre y llegaron a Chubut el día anterior a la audiencia.
La maniobra investigada
Según la hipótesis fiscal, la organización habría montado una academia de negocios fraudulenta que operaba como fachada para captar víctimas mediante falsas propuestas de capacitación e inversión financiera. Las personas damnificadas eran inducidas a realizar transferencias de dinero bajo promesas de ganancias extraordinarias. El fiscal Rivarola expuso que se crearon distintas sociedades comerciales y cuentas digitales para canalizar el dinero obtenido mediante las estafas, que hasta el momento ascienden a 90 millones de pesos, monto determinado tras varios allanamientos que permitieron reconstruir la maniobra. Uno de los integrantes identificados como titular de una de las empresas era una persona en situación de calle, informó una gacetilla de la Fiscalía.
La investigación tiene alcance federal. Fiscales de distintas provincias participaron de la audiencia, con víctimas acreditadas bajo la misma modalidad delictiva y con las mismas empresas identificadas como receptoras del dinero. La coordinación entre jurisdicciones se encuadra en los lineamientos de la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, marco internacional que regula la cooperación en la investigación de este tipo de delitos.
Las defensas
El defensor particular de Carlos Santiago Hazarabedian, el letrado Osvaldo Heiber, no se opuso a la apertura de la investigación pero sí a la prisión preventiva. Sostuvo que el material tecnológico ya se encuentra en resguardo, que su asistido no registra antecedentes penales, es contador matriculado y tiene 64 años con problemas de salud. Planteó que la causa podría resolverse mediante una salida alternativa al proceso y propuso como medida cautelar la prisión domiciliaria.
La defensora pública María Laura Martensen, a cargo de la defensa de los hermanos Alan y Lautaro Germino, también se opuso a la prisión preventiva y argumentó que no existen los peligros procesales que justifiquen la medida.
Condiciones de detención y traslado
Antes de que la jueza pasara a cuarto intermedio, los tres imputados manifestaron haber padecido condiciones irregulares durante su alojamiento previo al traslado: refirieron que no recibieron almuerzo, no pudieron higienizarse y permanecieron incomunicados. La jueza Hernández tomó nota de los planteos y dispuso que los tres detenidos fueran revisados por un médico.
El Ministerio Público Fiscal de Chubut, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), llevó a cabo este domingo la audiencia de control de detención y apertura de investigación por tres imputados ante la jueza Hernández. Participaron el fiscal general Fernando Rivarola, la fiscal general Eugenia Domínguez y la licenciada en Crminalistica, Anneris Morales. De manera virtual, estuvieron presentes fiscales de distintas provincias del país con víctimas acreditadas bajo la misma modalidad delictiva.
La audiencia duró más de cuatro horas y tras un cuarto intermedio, la magistrada resolvió la apertura formal de la investigación, declaró el caso como complejo y ordenó tres meses de prisión preventiva para los tres imputados, en línea con lo solicitado por la UFECyED.
La jueza consideró que se encuentran presentes los peligros procesales, con probabilidades altas conforme el relato fiscal y en atención a los medios económicos de los imputados y a la complejidad de la causa.
El Ministerio Público Fiscal contará con un año para llevar adelante la investigación. Los tres serán investigados en carácter de imputados
El operativo
Las detenciones se produjeron el sábado en el marco de un operativo simultáneo en diez domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante los allanamientos se secuestraron 19 teléfonos celulares, notebooks y dispositivos de almacenamiento digital, además de dinero en efectivo en moneda nacional y 7.400 dólares. El procedimiento contó con la colaboración de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrolló como complemento de las diligencias realizadas el 28 de abril, a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn. Los tres detenidos fueron trasladados por vía terrestre y llegaron a Chubut el día anterior a la audiencia.
La maniobra investigada
Según la hipótesis fiscal, la organización habría montado una academia de negocios fraudulenta que operaba como fachada para captar víctimas mediante falsas propuestas de capacitación e inversión financiera. Las personas damnificadas eran inducidas a realizar transferencias de dinero bajo promesas de ganancias extraordinarias. El fiscal Rivarola expuso que se crearon distintas sociedades comerciales y cuentas digitales para canalizar el dinero obtenido mediante las estafas, que hasta el momento ascienden a 90 millones de pesos, monto determinado tras varios allanamientos que permitieron reconstruir la maniobra. Uno de los integrantes identificados como titular de una de las empresas era una persona en situación de calle, informó una gacetilla de la Fiscalía.
La investigación tiene alcance federal. Fiscales de distintas provincias participaron de la audiencia, con víctimas acreditadas bajo la misma modalidad delictiva y con las mismas empresas identificadas como receptoras del dinero. La coordinación entre jurisdicciones se encuadra en los lineamientos de la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, marco internacional que regula la cooperación en la investigación de este tipo de delitos.
Las defensas
El defensor particular de Carlos Santiago Hazarabedian, el letrado Osvaldo Heiber, no se opuso a la apertura de la investigación pero sí a la prisión preventiva. Sostuvo que el material tecnológico ya se encuentra en resguardo, que su asistido no registra antecedentes penales, es contador matriculado y tiene 64 años con problemas de salud. Planteó que la causa podría resolverse mediante una salida alternativa al proceso y propuso como medida cautelar la prisión domiciliaria.
La defensora pública María Laura Martensen, a cargo de la defensa de los hermanos Alan y Lautaro Germino, también se opuso a la prisión preventiva y argumentó que no existen los peligros procesales que justifiquen la medida.
Condiciones de detención y traslado
Antes de que la jueza pasara a cuarto intermedio, los tres imputados manifestaron haber padecido condiciones irregulares durante su alojamiento previo al traslado: refirieron que no recibieron almuerzo, no pudieron higienizarse y permanecieron incomunicados. La jueza Hernández tomó nota de los planteos y dispuso que los tres detenidos fueran revisados por un médico.