Suganuma no vuelve a manejar y debe más plata

Es el médico condenado por atropellar y matar al joven de Rawson. Su defensa pidió que lo rehabiliten para conducir pero deberá esperar hasta marzo de 2027. La jueza Breckle respaldó el reclamo de la querella, que dijo que Suganuma pagó la reparación económica a la familia de Guerra pero sin actualizar los montos.

Nicolás Suganuma siguió la audiencia vía virtual (MPF)
27 ABR 2026 - 17:26 | Actualizado 27 ABR 2026 - 18:08

Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada

Nicolás Suganuma deberá esperar otro año para intentar volver a manejar. Es el médico que la madrugada del 18 de enero de 2021 atropelló y mató al joven Ronald Guerra en Rawson. Fue inhabilitado por 10 años para conducir pero a la mitad de esa década puede pedir su rehabilitación.

Suganuma atropelló desde atrás a Guerra cuando la víctima iba en bicicleta a su trabajo en Puerto Rawson. El médico tenía 1,60 de alcohol en sangre. La imputación fue homicidio culposo por conducción antirreglamentaria triplemente agravada por intoxicación alcohólica, exceso de velocidad e intentó de fuga.

En una audiencia este lunes, su defensor Fabián Gabalachis argumentó que Suganuma estuvo en prisión preventiva en la Alcaidía Policial de Trelew desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, fecha de su condena. Como encerrado no pudo conducir, debe computarse ese lapso hasta llegar al día hoy y así completar los 5 años necesarios para pedir su regreso al volante.

El penalista presentó los diplomas de los cursos que Suganuma completó desde su condena ante la Secretaría de Transporte de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud. Incluyeron educación vial y los peligros de la adicción al alcohol. “Demostró su preocupación por remediar lo ocurrido, cumplir con el fallo, mejorarse él mismo y que no haya temor de que incurra en un nuevo abuso”, dijo Gabalachis. “Los cursos pueden gustar más o menos, pero cumplió con el fallo”.

Analía Acuña, funcionaria de Fiscalía de Rawson, respondió que según la jurisprudencia la preventiva de Suganuma no se puede contar para completar 5 años y subrayó que desde la acusación “desconocemos cuál fue el programa de los cursos que hizo”. Para saber si realmente el médico tomó conciencia de la gravedad de su conducta debería intervenir el Cuerpo Interdisciplinario Forense.

Gladys Olavarría, la querellante.


Olavarría, abogada de Liliana Guerra, madre de Ronald, calificó de “rebuscada” la interpretación de los plazos de parte de la defensa. “Recién el 30 de marzo de 2027 se puede discutir su rehabilitación”, precisó.

La penalista cuestionó fuerte los cursos de Suganuma por su escasa carga horaria, y que se los intente usar para demostrar que aprendió algo de sus actos. “Tampoco sabemos sus contenidos o si alguien lo evaluó”, dijo, al tiempo que diferenció “participar en un curso donde no se coloca como autor de los hechos, de hacer un tratamiento”.
Olavarría sugirió que ir a Alcohólicos Anónimos hubiese sido un gesto real del médico. “De otra forma no se acredita que se haya hecho responsable ni demuestra superar su adicción al alcohol. ¿Pasaron 5 años y recién en 2025 se preocupó en hacer cursos? No es serio”.

Desde la izquierda, la jueza Breckle, Gabalachis y Uad.


La jueza Karina Breckle coincidió con los acusadores: el joven fue inhabilitado recién al ser condenado. La preventiva anterior no se puede sumar. “Y para pedir una rehabilitación primero hay que estar inhabilitado”, graficó. Es lo que firmaron las partes cuando acordaron un juicio abreviado. Por eso los 5 años se cumplen en marzo de 2027.

La magistrada cuestionó que un curso de 10 horas sea suficiente para acreditar buen comportamiento y reparar la “incompetencia” para manejar. “Suganuma es médico y conoce los efectos del alcohol en sangre; cualquiera de las materias que haya cursado tiene más asidero que un curso así”.

Dinero

Además de los 10 años sin manejar y los 4 de prisión, Suganuma acordó con la familia de Ronald una reparación de 24 cuotas mensuales y consecutivas de 100 mil pesos, atados al valor del dólar actualizado cada mes, billete difícil de conseguir en esos tiempos.

Ronald Guerra, la víctima del caso.


En la audiencia Olavarría reclamó que los pagos nunca se actualizaron: según la moneda que se elija, hoy la deuda del condenado es de $ 8.472.715 o más de U$S 20 mil incluyendo honorarios. “En su momento aceptaron que podían cumplir; no queremos denunciarlo por el delito de quebrantamiento de pena”, advirtió.

Gustavo Uad, abogado civil del médico, contestó que aquel acuerdo no incluyó actualizar los montos. “Todo el acuerdo ya se abonó puntual e íntegramente”, aseguró.

Al decidir, Breckle pidió a las partes “respetar” lo que firmaron en 2022. La jueza fue parte de la discusión de ese convenio y la recordó. “En aquella audiencia se habló de actualización; de lo contrario sería ilógico ya que comenzaba a depreciarse la moneda”, explicó.

La audiencia en Rawson.


Aquel acuerdo de reparación ligó los pagos a la cotización del dólar vendedor. “Suganuma pasó de pagar U$S 860 en marzo de 2022a pagar U$S 125 en marzo de 2024”, sintetizó la jueza, que aunque no ordenó abonar el saldo, avaló el reclamo de la querella.

Además del médico condenado, al debate lo siguió vía virtual la madre de la víctima, con una remera y un cartel reclamando Justicia por su hijo.

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Nicolás Suganuma siguió la audiencia vía virtual (MPF)
27 ABR 2026 - 17:26

Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada

Nicolás Suganuma deberá esperar otro año para intentar volver a manejar. Es el médico que la madrugada del 18 de enero de 2021 atropelló y mató al joven Ronald Guerra en Rawson. Fue inhabilitado por 10 años para conducir pero a la mitad de esa década puede pedir su rehabilitación.

Suganuma atropelló desde atrás a Guerra cuando la víctima iba en bicicleta a su trabajo en Puerto Rawson. El médico tenía 1,60 de alcohol en sangre. La imputación fue homicidio culposo por conducción antirreglamentaria triplemente agravada por intoxicación alcohólica, exceso de velocidad e intentó de fuga.

En una audiencia este lunes, su defensor Fabián Gabalachis argumentó que Suganuma estuvo en prisión preventiva en la Alcaidía Policial de Trelew desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, fecha de su condena. Como encerrado no pudo conducir, debe computarse ese lapso hasta llegar al día hoy y así completar los 5 años necesarios para pedir su regreso al volante.

El penalista presentó los diplomas de los cursos que Suganuma completó desde su condena ante la Secretaría de Transporte de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud. Incluyeron educación vial y los peligros de la adicción al alcohol. “Demostró su preocupación por remediar lo ocurrido, cumplir con el fallo, mejorarse él mismo y que no haya temor de que incurra en un nuevo abuso”, dijo Gabalachis. “Los cursos pueden gustar más o menos, pero cumplió con el fallo”.

Analía Acuña, funcionaria de Fiscalía de Rawson, respondió que según la jurisprudencia la preventiva de Suganuma no se puede contar para completar 5 años y subrayó que desde la acusación “desconocemos cuál fue el programa de los cursos que hizo”. Para saber si realmente el médico tomó conciencia de la gravedad de su conducta debería intervenir el Cuerpo Interdisciplinario Forense.

Gladys Olavarría, la querellante.


Olavarría, abogada de Liliana Guerra, madre de Ronald, calificó de “rebuscada” la interpretación de los plazos de parte de la defensa. “Recién el 30 de marzo de 2027 se puede discutir su rehabilitación”, precisó.

La penalista cuestionó fuerte los cursos de Suganuma por su escasa carga horaria, y que se los intente usar para demostrar que aprendió algo de sus actos. “Tampoco sabemos sus contenidos o si alguien lo evaluó”, dijo, al tiempo que diferenció “participar en un curso donde no se coloca como autor de los hechos, de hacer un tratamiento”.
Olavarría sugirió que ir a Alcohólicos Anónimos hubiese sido un gesto real del médico. “De otra forma no se acredita que se haya hecho responsable ni demuestra superar su adicción al alcohol. ¿Pasaron 5 años y recién en 2025 se preocupó en hacer cursos? No es serio”.

Desde la izquierda, la jueza Breckle, Gabalachis y Uad.


La jueza Karina Breckle coincidió con los acusadores: el joven fue inhabilitado recién al ser condenado. La preventiva anterior no se puede sumar. “Y para pedir una rehabilitación primero hay que estar inhabilitado”, graficó. Es lo que firmaron las partes cuando acordaron un juicio abreviado. Por eso los 5 años se cumplen en marzo de 2027.

La magistrada cuestionó que un curso de 10 horas sea suficiente para acreditar buen comportamiento y reparar la “incompetencia” para manejar. “Suganuma es médico y conoce los efectos del alcohol en sangre; cualquiera de las materias que haya cursado tiene más asidero que un curso así”.

Dinero

Además de los 10 años sin manejar y los 4 de prisión, Suganuma acordó con la familia de Ronald una reparación de 24 cuotas mensuales y consecutivas de 100 mil pesos, atados al valor del dólar actualizado cada mes, billete difícil de conseguir en esos tiempos.

Ronald Guerra, la víctima del caso.


En la audiencia Olavarría reclamó que los pagos nunca se actualizaron: según la moneda que se elija, hoy la deuda del condenado es de $ 8.472.715 o más de U$S 20 mil incluyendo honorarios. “En su momento aceptaron que podían cumplir; no queremos denunciarlo por el delito de quebrantamiento de pena”, advirtió.

Gustavo Uad, abogado civil del médico, contestó que aquel acuerdo no incluyó actualizar los montos. “Todo el acuerdo ya se abonó puntual e íntegramente”, aseguró.

Al decidir, Breckle pidió a las partes “respetar” lo que firmaron en 2022. La jueza fue parte de la discusión de ese convenio y la recordó. “En aquella audiencia se habló de actualización; de lo contrario sería ilógico ya que comenzaba a depreciarse la moneda”, explicó.

La audiencia en Rawson.


Aquel acuerdo de reparación ligó los pagos a la cotización del dólar vendedor. “Suganuma pasó de pagar U$S 860 en marzo de 2022a pagar U$S 125 en marzo de 2024”, sintetizó la jueza, que aunque no ordenó abonar el saldo, avaló el reclamo de la querella.

Además del médico condenado, al debate lo siguió vía virtual la madre de la víctima, con una remera y un cartel reclamando Justicia por su hijo.