Una Comisión investigó y acusó al intendente de Epuyén
Un dictamen detectó presuntas irregularidades en la gestión del intendente José Contreras. Incluye habilitaciones irregulares; acuerdos para que un comerciante no fuera inspeccionado ni pagara tasas y falta de información sobre el destino de los fondos para la Emergencia Ígnea de 2025.
Por mayoría, la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Epuyén formuló acusación contra el intendente José Contreras. Está sospechado por la presunta habilitación irregular otorgada a la Asociación Civil Antú Quillén sobre el edificio municipal "Centro de Visitantes Puerto Bonito"; el acuerdo extrajudicial con el comerciante Lautaro Márquez; la falta de respuestas a pedidos de informes y la no entrega de datos sobre la emergencia ígnea.
El dictamen fue elevado al Concejo para que se pronuncie y al jefe comunal para que haga su descargo. La sesión especial será el miércoles 29.
El informe detalla que se habrían otorgado habilitaciones provisorias sucesivas a favor de la Asociación Civil Antú Quillén primero por 60 días y luego por otros 60, totalizando 120 días de funcionamiento provisorio. Esto es “contradictorio” ya que la condición para habilitar el inmueble era finalizar obras. Debió existir un instrumento legal para apartarse del acuerdo. “El reproche institucional se asienta en la falta de respaldo jurídico suficiente para levantar o morigerar una restricción previa que vinculaba al propio Ejecutivo”.
En cuanto al acuerdo con el comerciante Lautaro Márquez, su local no debió renovar su habilitación comercial por observaciones como la falta de baño y otras exigencias incumplidas.
La exdirectora de Inspecciones, la bromatóloga Melina Bellizio, reveló que tras el conflicto y el reclamo del comerciante, a ella le comunicaron que no debía realizar nuevas inspecciones durante dos años, que Márquez no debía abonar tasas en ese período ni renovar su habilitación.
“Este segundo hecho no debe ser reducido a un mero debate acerca de la conveniencia económica o jurídica de una transacción, sino apreciado en
toda su dimensión institucional: aparece comprometida la eventual disposición de recursos públicos y el otorgamiento de beneficios con incidencia directa sobre potestades de inspección y habilitación, sin que se acredite la intervención del Concejo respecto de decisiones de esa magnitud”, dice el dictamen.
Otorgar una exención de pago de la tasa de habilitación comercial diciembre de 2027 por parte del Ejecutivo fue una “extralimitación de sus funciones” toda vez que correspondía al Concejo.
La bromatóloga Bellizzio declaró que Márquez había reclamado por las inspecciones que detectaron mercadería vencida a la venta. La exdirectora consideró que no había motivo para anular las actuaciones ni para resarcir al comerciante.
En cuanto al uso de recursos públicos en el marco de la Emergencia Ígnea 2025, la Comisión concluyó “un cuadro reiterado de falta de integración documental,respuestas parciales, dispersión de antecedentes y ausencia de expedientescompletos que permitan reconstruir, de modo claro, el iteradministrativo seguidopara la evaluación de daños, asignación de subsidios, recepción de recursos ydestino de fondos”.
Hay notas a la entonces presidenta del Concejo, Débora Roxana Sabaria, y reiterados y sistemáticos pedidos de información al intendente Contreras “sin que tales pedidoshayan sido respondidos en forma oportuna, completa o verificable”.
La Comisión constató “un cuadro persistente de incumplimiento del deber deinformar, documentar, integrar expedientes y permitir el control del Concejo sobre materias especialmente sensibles, como lo son la disposición de fondos públicos, la asistencia a damnificados y la ejecución de recursos”.
“Tales extremos presentan entidad bastante para configurar, en principio,posibles transgresiones graves a los deberes institucionales y funcionales del
cargo, en tanto comprometen la legalidad administrativa, la transparencia, larendición de cuentas, la regularidad en la disposición de recursos públicos y elefectivo ejercicio de las potestades de control del Concejo”, remata el dictamen.
A la conclusión la firmaron los concejales Anuar Fernández, Lidia Barría y Mara Sánchez. En disidencia firmó la edil Angélica Caprano.
Por mayoría, la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Epuyén formuló acusación contra el intendente José Contreras. Está sospechado por la presunta habilitación irregular otorgada a la Asociación Civil Antú Quillén sobre el edificio municipal "Centro de Visitantes Puerto Bonito"; el acuerdo extrajudicial con el comerciante Lautaro Márquez; la falta de respuestas a pedidos de informes y la no entrega de datos sobre la emergencia ígnea.
El dictamen fue elevado al Concejo para que se pronuncie y al jefe comunal para que haga su descargo. La sesión especial será el miércoles 29.
El informe detalla que se habrían otorgado habilitaciones provisorias sucesivas a favor de la Asociación Civil Antú Quillén primero por 60 días y luego por otros 60, totalizando 120 días de funcionamiento provisorio. Esto es “contradictorio” ya que la condición para habilitar el inmueble era finalizar obras. Debió existir un instrumento legal para apartarse del acuerdo. “El reproche institucional se asienta en la falta de respaldo jurídico suficiente para levantar o morigerar una restricción previa que vinculaba al propio Ejecutivo”.
En cuanto al acuerdo con el comerciante Lautaro Márquez, su local no debió renovar su habilitación comercial por observaciones como la falta de baño y otras exigencias incumplidas.
La exdirectora de Inspecciones, la bromatóloga Melina Bellizio, reveló que tras el conflicto y el reclamo del comerciante, a ella le comunicaron que no debía realizar nuevas inspecciones durante dos años, que Márquez no debía abonar tasas en ese período ni renovar su habilitación.
“Este segundo hecho no debe ser reducido a un mero debate acerca de la conveniencia económica o jurídica de una transacción, sino apreciado en
toda su dimensión institucional: aparece comprometida la eventual disposición de recursos públicos y el otorgamiento de beneficios con incidencia directa sobre potestades de inspección y habilitación, sin que se acredite la intervención del Concejo respecto de decisiones de esa magnitud”, dice el dictamen.
Otorgar una exención de pago de la tasa de habilitación comercial diciembre de 2027 por parte del Ejecutivo fue una “extralimitación de sus funciones” toda vez que correspondía al Concejo.
La bromatóloga Bellizzio declaró que Márquez había reclamado por las inspecciones que detectaron mercadería vencida a la venta. La exdirectora consideró que no había motivo para anular las actuaciones ni para resarcir al comerciante.
En cuanto al uso de recursos públicos en el marco de la Emergencia Ígnea 2025, la Comisión concluyó “un cuadro reiterado de falta de integración documental,respuestas parciales, dispersión de antecedentes y ausencia de expedientescompletos que permitan reconstruir, de modo claro, el iteradministrativo seguidopara la evaluación de daños, asignación de subsidios, recepción de recursos ydestino de fondos”.
Hay notas a la entonces presidenta del Concejo, Débora Roxana Sabaria, y reiterados y sistemáticos pedidos de información al intendente Contreras “sin que tales pedidoshayan sido respondidos en forma oportuna, completa o verificable”.
La Comisión constató “un cuadro persistente de incumplimiento del deber deinformar, documentar, integrar expedientes y permitir el control del Concejo sobre materias especialmente sensibles, como lo son la disposición de fondos públicos, la asistencia a damnificados y la ejecución de recursos”.
“Tales extremos presentan entidad bastante para configurar, en principio,posibles transgresiones graves a los deberes institucionales y funcionales del
cargo, en tanto comprometen la legalidad administrativa, la transparencia, larendición de cuentas, la regularidad en la disposición de recursos públicos y elefectivo ejercicio de las potestades de control del Concejo”, remata el dictamen.
A la conclusión la firmaron los concejales Anuar Fernández, Lidia Barría y Mara Sánchez. En disidencia firmó la edil Angélica Caprano.