Martín Castro, sumariado y suspendido sin goce de haberes
Una resolución del fiscal de Estado Andrés Meiszner lo separó del organismo por 30 días preventivamente. La investigación administrativa determinará su responsabilidad en una presunta coima por $ 12 millones. Quieren saber si hubo "conflicto de intereses" entre su trabajo en el Estado y su labor particular como defensor de "El Chavo" Ferreyra.
Tras las repercusiones del video del escándalo, el fiscal de Estado Andrés Meiszner decidió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias del abogado Martín Castro. El letrado de Trelew aparece en la cámara oculta cobrando $ 12 millones a cambio de gestionar ante la fiscal Julieta Gamarra un alivio de pena para Pablo “El Chavo” Ferreyra.
Castro –empleado de planta permanente de Fiscalía- también fue suspendido preventivamente sin goce de haberes por 30 días, plazo en el cual debe sustanciarse el sumario.
La resolución hace referencia a la “transgresión de normas legales y reglamentarias” que pudo haber cometido Castro.
“La Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública establece el deber de observar frente al público, en el servicio o fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función, evitando conductas que puedan socavar la confianza del público en la integridad del funcionario y de la institución a la que sirve”.
Además, el Convenio Colectivo de Trabajo de todo el personal de la Fiscalía de Estado incluye el deber de los funcionarios de “observar una conducta decorosa, compatible con la dignidad de la función de control”.
“Se tomó conocimiento de hechos y circunstancias que, prima facie, podrían configurar conductas incompatibles con los deberes de ética, probidad, lealtad y rectitud que deben regir el ejercicio de la función pública, que involucran al señor Castro”, agrega la decisión.
El expediente incluye copias de noticias de diversos medios y el video que lo involucran, en los que se exhibe denuncia de un "supuesto pago para reducir un pedido de condena a un preso".
El hecho de que el letrado sea personal de planta permanente del área “otorga a los hechos referidos una particular gravedad institucional, en tanto de verificarse podrían comprometer la imagen, la credibilidad y el adecuado funcionamiento del organismo, así como los estándares de integridad que deben observar quienes integran dicha institución”.
Si bien Castro habría actuado en su carácter de abogado particular “no resultan ajenos a la actividad administrativa en tanto su investidura como perteneciente a éste organismo de control”.
El objetivo del sumario será determinar la eventual existencia de responsabilidades disciplinarias y establecer si el abogado incurrió en un “conflicto de intereses” en virtud de ser defensor de Ferreyra.
Tras las repercusiones del video del escándalo, el fiscal de Estado Andrés Meiszner decidió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias del abogado Martín Castro. El letrado de Trelew aparece en la cámara oculta cobrando $ 12 millones a cambio de gestionar ante la fiscal Julieta Gamarra un alivio de pena para Pablo “El Chavo” Ferreyra.
Castro –empleado de planta permanente de Fiscalía- también fue suspendido preventivamente sin goce de haberes por 30 días, plazo en el cual debe sustanciarse el sumario.
La resolución hace referencia a la “transgresión de normas legales y reglamentarias” que pudo haber cometido Castro.
“La Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública establece el deber de observar frente al público, en el servicio o fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función, evitando conductas que puedan socavar la confianza del público en la integridad del funcionario y de la institución a la que sirve”.
Además, el Convenio Colectivo de Trabajo de todo el personal de la Fiscalía de Estado incluye el deber de los funcionarios de “observar una conducta decorosa, compatible con la dignidad de la función de control”.
“Se tomó conocimiento de hechos y circunstancias que, prima facie, podrían configurar conductas incompatibles con los deberes de ética, probidad, lealtad y rectitud que deben regir el ejercicio de la función pública, que involucran al señor Castro”, agrega la decisión.
El expediente incluye copias de noticias de diversos medios y el video que lo involucran, en los que se exhibe denuncia de un "supuesto pago para reducir un pedido de condena a un preso".
El hecho de que el letrado sea personal de planta permanente del área “otorga a los hechos referidos una particular gravedad institucional, en tanto de verificarse podrían comprometer la imagen, la credibilidad y el adecuado funcionamiento del organismo, así como los estándares de integridad que deben observar quienes integran dicha institución”.
Si bien Castro habría actuado en su carácter de abogado particular “no resultan ajenos a la actividad administrativa en tanto su investidura como perteneciente a éste organismo de control”.
El objetivo del sumario será determinar la eventual existencia de responsabilidades disciplinarias y establecer si el abogado incurrió en un “conflicto de intereses” en virtud de ser defensor de Ferreyra.