En diálogo con Jornada Radio, Gervasio Muñoz, referente nacional de Inquilinos Agrupados explicó que la organización detectó un patrón similar al ocurrido en Bahía Blanca cuando se produjo la gran inundación. “Empezamos a recibir consultas individuales, pero cuando vemos que la demanda se vuelve masiva, armamos un mecanismo más ordenado. Por eso publicamos un flyer y abrimos un grupo de WhatsApp para concentrar el asesoramiento. Hoy hay muchísimos inquilinos de Comodoro que están atravesando la misma situación”.
Según detalló, los reclamos más habituales tienen que ver con propietarios y agencias que pretenden cobrar alquileres, aplicar multas o retener depósitos, incluso cuando la vivienda quedó dañada o la autoridad ordenó la evacuación. “Es exactamente lo mismo que pasó en Bahía Blanca: casas a las que no se puede entrar, paredes rotas, desprendimientos, órdenes de desalojo por seguridad, y aun así algunos propietarios quieren cobrar. Es una práctica muy común. Por eso insistimos en que la gente no acepte presiones y haga el reclamo formal”.
En relación al marco jurídico vigente, Muñoz resaltó: “El Código Civil es clarísimo. Cuando hay una causa de fuerza mayor que impide el uso de la vivienda, el contrato se suspende. El inquilino no debe seguir pagando el alquiler, no corresponde aplicar multas y el depósito debe devolverse. Y esto vale tanto si hay contrato escrito como si el acuerdo es verbal. La ley es igual para todos”.
Y agregó que en situaciones de colapso estructural como el del Cerro Hermitte muchos contratos se pierden o la gente abandona la vivienda sin poder rescatar la documentación. Aún así, el respaldo legal existe siempre que pueda acreditarse la relación locativa y el pago del alquiler. “En Comodoro hay familias que tuvieron que irse corriendo, que ni siquiera pudieron sacar sus papeles. Eso no invalida el reclamo. Se puede acreditar por otros medios y las cartas documento se redactan igual”.

En diálogo con Jornada Radio, Gervasio Muñoz, referente nacional de Inquilinos Agrupados explicó que la organización detectó un patrón similar al ocurrido en Bahía Blanca cuando se produjo la gran inundación. “Empezamos a recibir consultas individuales, pero cuando vemos que la demanda se vuelve masiva, armamos un mecanismo más ordenado. Por eso publicamos un flyer y abrimos un grupo de WhatsApp para concentrar el asesoramiento. Hoy hay muchísimos inquilinos de Comodoro que están atravesando la misma situación”.
Según detalló, los reclamos más habituales tienen que ver con propietarios y agencias que pretenden cobrar alquileres, aplicar multas o retener depósitos, incluso cuando la vivienda quedó dañada o la autoridad ordenó la evacuación. “Es exactamente lo mismo que pasó en Bahía Blanca: casas a las que no se puede entrar, paredes rotas, desprendimientos, órdenes de desalojo por seguridad, y aun así algunos propietarios quieren cobrar. Es una práctica muy común. Por eso insistimos en que la gente no acepte presiones y haga el reclamo formal”.
En relación al marco jurídico vigente, Muñoz resaltó: “El Código Civil es clarísimo. Cuando hay una causa de fuerza mayor que impide el uso de la vivienda, el contrato se suspende. El inquilino no debe seguir pagando el alquiler, no corresponde aplicar multas y el depósito debe devolverse. Y esto vale tanto si hay contrato escrito como si el acuerdo es verbal. La ley es igual para todos”.
Y agregó que en situaciones de colapso estructural como el del Cerro Hermitte muchos contratos se pierden o la gente abandona la vivienda sin poder rescatar la documentación. Aún así, el respaldo legal existe siempre que pueda acreditarse la relación locativa y el pago del alquiler. “En Comodoro hay familias que tuvieron que irse corriendo, que ni siquiera pudieron sacar sus papeles. Eso no invalida el reclamo. Se puede acreditar por otros medios y las cartas documento se redactan igual”.