Editorial / Toma y daca
Los gobernadores reclaman federalismo pero a la hora de la reforma laboral y la coparticipación terminan defendiendo un centralismo fiscal que los termina convirtiendo en dependientes de la Casa Rosada.
La reforma laboral se transformó en el primer campo de batalla del año. El Gobierno quiere aprobarla en febrero y para eso desplegó una operación territorial para reclutar votos en las provincias.
El ministro del Interior, Diego Santilli, oficia de emisario: tours por las provincias, reuniones, fotos y el intento de cerrar acuerdos que nunca se sellan en público. Hasta ahí, política básica.
Lo curioso no es el método del oficialismo, sino la respuesta de los gobernadores. Los mismos mandatarios que celebran la “modernización laboral” ante los micrófonos, se transforman en defensores feroces de la “autonomía provincial” cuando miran la planilla fiscal.
La discusión no pasa por derechos laborales ni por productividad, sino por la caja. Más aún: por la parte de la caja que llega a las provincias, cada vez menor o nada. Para muestra basta un botón: ¿YPF qué dejó en Chubut? Un pasivo ambiental y laboral, y nadie se hace cargo de miles de trabajadores despedidos y de las regalías que dejan de percibir las provincias.
La CGT, relegada desde el primer día -“Gracias por sus palabras, ahora volvemos a lo importante”, chicaneó Bullrich a los popes cegetistas después de la marcha del 18 de diciembre pasado- entendió rápido el mapa. Si la puerta nacional está cerrada, la llave está en los territorios (las provincias). Y allí encontró un terreno fértil: gobernadores más sensibles y ocupados al deterioro de la recaudación que a la arquitectura del mercado de trabajo.
En esa línea, el ministro de Economía tucumano, Daniel Abad, fue de los pocos funcionarios provinciales que se animó a advertir públicamente que el proyecto de reforma, tal como trascendió, reduciría los ingresos provinciales por la caída del Impuesto a las Ganancias. El dato no llama la atención sólo por el oscuro pronóstico que afectaría a las 24 provincias, sino también, porque la luz amarilla se encendió desde una provincia absolutamente alineada a la Casa Rosada. Ahí se termina la épica de la “modernización” que vende el Gobierno libertario y que muchos gobernadores compran con inusual ingenuidad. O a sabiendas.
Los gobernadores no peronistas de Provincias Unidas, en donde sigue abrevando Nacho Torres, y los (ex)peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) encarnan esta “doble moral” económica. En público acompañan el discurso del “cambio” y de la “actualización laboral”. En privado presionan por compensaciones, un eufemismo que en el federalismo argentino significa recursos, obras o condonaciones fiscales. No parece haber convicción, apenas una tasa de retorno. Sólo eso pareciera que les importa.
En la CGT no se hacen ilusiones: “No te olvides que les votan leyes, así que hay que también ir a conversarlos”, advirtió Horacio Arreceygor, el secretario de prensa de la central obrera. Fue una confesión descarnada del paisaje: nada está atado a una idea, todo está vinculado a una conveniencia personal de ellos mismos, que no se les incendien ni se les generen conflictos en sus provincias.
Los gobernadores no juegan a construir una reforma, sino a cotizar y acordar para hacer levantar las manos necesarias en la Cámara de Diputados y en el Senado. Políticamente, se ubican donde el precio sea más alto.
La central obrera ya asumió que tiene más chances de moderar el proyecto oficial que de imponer la contrapropuesta peronista. Y parecen sobrarle razones: en la Argentina contemporánea no avanzan los proyectos con mejores argumentos sino los que logran mejores transacciones.
Siendo buenos, estas actitudes podrían ser catalogadas como un ejemplo de “pragmatismo provincial”. Pero más honesto sería llamarlo especulación política sin proyecto alguno, que generen trabajo digno y genuino.
La gran paradoja es que, mientras el Gobierno nacional imaginó una reforma laboral como parte de un cambio estructural, el verdadero debate no ocurre sobre el trabajo sino sobre la coparticipación con las provincias. La arquitectura institucional queda subordinada a la contabilidad. Los derechos laborales quedan subordinados a la recaudación. Y los gobernadores, supuestos guardianes del federalismo, se comportan como intermediarios de la caja y no como constructores de políticas públicas por y para los habitantes de sus provincias.
Lo que le pasó a Chubut en las últimas semanas podría ser utilizado de ejemplo de cómo se comporta el Gobierno nacional con las provincias: los incendios arrasadores se apagaron -principalmente- por la lluvia y la encomiable tarea de brigadistas y bomberos voluntarios desfinanciados por el Gobierno de Milei.
Hasta ahora, la Casa Rosada no mandó un solo peso y el gobernador Torres tuvo que poner cara de póker más de una vez cuando los periodistas insistieron en saber cuánto dinero bajará Nación para hacer frente a la reconstrucción del desastre ambiental que causó el fuego.
La pregunta final es inevitable: ¿qué pasaría si los gobernadores dejaran de defender sólo su coparticipación y empezaran a defender una visión de país? La respuesta, seguramente, no llegue en febrero. Lo que sí llegará es una reforma laboral cuyo contenido dependerá no del debate democrático, sino del precio que logren cobrar quienes se la pasan reclamando federalismo y terminan actuando como meros unitarios serviles, contra los intereses que “dicen” y deberían representar y defender.
No sólo los gobernadores sino también los diputados y diputadas, que son los presuntos representantes de los habitantes de cada provincia, como asimismo los senadores y senadoras, que debieran defender los intereses de las provincias, pero quedan en evidencia en cada sesión que defienden sus propios intereses personales coyunturales para mantenerse en el cargo que ostentan, mintiendo que lo que hacen “en beneficio del pueblo” de todas y cada una de las provincias que los eligieron.
Dicen ser como un sahumerio de buen aroma pero, al fin de cuentas, sólo echan puro humo.
La reforma laboral se transformó en el primer campo de batalla del año. El Gobierno quiere aprobarla en febrero y para eso desplegó una operación territorial para reclutar votos en las provincias.
El ministro del Interior, Diego Santilli, oficia de emisario: tours por las provincias, reuniones, fotos y el intento de cerrar acuerdos que nunca se sellan en público. Hasta ahí, política básica.
Lo curioso no es el método del oficialismo, sino la respuesta de los gobernadores. Los mismos mandatarios que celebran la “modernización laboral” ante los micrófonos, se transforman en defensores feroces de la “autonomía provincial” cuando miran la planilla fiscal.
La discusión no pasa por derechos laborales ni por productividad, sino por la caja. Más aún: por la parte de la caja que llega a las provincias, cada vez menor o nada. Para muestra basta un botón: ¿YPF qué dejó en Chubut? Un pasivo ambiental y laboral, y nadie se hace cargo de miles de trabajadores despedidos y de las regalías que dejan de percibir las provincias.
La CGT, relegada desde el primer día -“Gracias por sus palabras, ahora volvemos a lo importante”, chicaneó Bullrich a los popes cegetistas después de la marcha del 18 de diciembre pasado- entendió rápido el mapa. Si la puerta nacional está cerrada, la llave está en los territorios (las provincias). Y allí encontró un terreno fértil: gobernadores más sensibles y ocupados al deterioro de la recaudación que a la arquitectura del mercado de trabajo.
En esa línea, el ministro de Economía tucumano, Daniel Abad, fue de los pocos funcionarios provinciales que se animó a advertir públicamente que el proyecto de reforma, tal como trascendió, reduciría los ingresos provinciales por la caída del Impuesto a las Ganancias. El dato no llama la atención sólo por el oscuro pronóstico que afectaría a las 24 provincias, sino también, porque la luz amarilla se encendió desde una provincia absolutamente alineada a la Casa Rosada. Ahí se termina la épica de la “modernización” que vende el Gobierno libertario y que muchos gobernadores compran con inusual ingenuidad. O a sabiendas.
Los gobernadores no peronistas de Provincias Unidas, en donde sigue abrevando Nacho Torres, y los (ex)peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) encarnan esta “doble moral” económica. En público acompañan el discurso del “cambio” y de la “actualización laboral”. En privado presionan por compensaciones, un eufemismo que en el federalismo argentino significa recursos, obras o condonaciones fiscales. No parece haber convicción, apenas una tasa de retorno. Sólo eso pareciera que les importa.
En la CGT no se hacen ilusiones: “No te olvides que les votan leyes, así que hay que también ir a conversarlos”, advirtió Horacio Arreceygor, el secretario de prensa de la central obrera. Fue una confesión descarnada del paisaje: nada está atado a una idea, todo está vinculado a una conveniencia personal de ellos mismos, que no se les incendien ni se les generen conflictos en sus provincias.
Los gobernadores no juegan a construir una reforma, sino a cotizar y acordar para hacer levantar las manos necesarias en la Cámara de Diputados y en el Senado. Políticamente, se ubican donde el precio sea más alto.
La central obrera ya asumió que tiene más chances de moderar el proyecto oficial que de imponer la contrapropuesta peronista. Y parecen sobrarle razones: en la Argentina contemporánea no avanzan los proyectos con mejores argumentos sino los que logran mejores transacciones.
Siendo buenos, estas actitudes podrían ser catalogadas como un ejemplo de “pragmatismo provincial”. Pero más honesto sería llamarlo especulación política sin proyecto alguno, que generen trabajo digno y genuino.
La gran paradoja es que, mientras el Gobierno nacional imaginó una reforma laboral como parte de un cambio estructural, el verdadero debate no ocurre sobre el trabajo sino sobre la coparticipación con las provincias. La arquitectura institucional queda subordinada a la contabilidad. Los derechos laborales quedan subordinados a la recaudación. Y los gobernadores, supuestos guardianes del federalismo, se comportan como intermediarios de la caja y no como constructores de políticas públicas por y para los habitantes de sus provincias.
Lo que le pasó a Chubut en las últimas semanas podría ser utilizado de ejemplo de cómo se comporta el Gobierno nacional con las provincias: los incendios arrasadores se apagaron -principalmente- por la lluvia y la encomiable tarea de brigadistas y bomberos voluntarios desfinanciados por el Gobierno de Milei.
Hasta ahora, la Casa Rosada no mandó un solo peso y el gobernador Torres tuvo que poner cara de póker más de una vez cuando los periodistas insistieron en saber cuánto dinero bajará Nación para hacer frente a la reconstrucción del desastre ambiental que causó el fuego.
La pregunta final es inevitable: ¿qué pasaría si los gobernadores dejaran de defender sólo su coparticipación y empezaran a defender una visión de país? La respuesta, seguramente, no llegue en febrero. Lo que sí llegará es una reforma laboral cuyo contenido dependerá no del debate democrático, sino del precio que logren cobrar quienes se la pasan reclamando federalismo y terminan actuando como meros unitarios serviles, contra los intereses que “dicen” y deberían representar y defender.
No sólo los gobernadores sino también los diputados y diputadas, que son los presuntos representantes de los habitantes de cada provincia, como asimismo los senadores y senadoras, que debieran defender los intereses de las provincias, pero quedan en evidencia en cada sesión que defienden sus propios intereses personales coyunturales para mantenerse en el cargo que ostentan, mintiendo que lo que hacen “en beneficio del pueblo” de todas y cada una de las provincias que los eligieron.
Dicen ser como un sahumerio de buen aroma pero, al fin de cuentas, sólo echan puro humo.