“Usaron esa carne para comer asados con el intendente”
Julieta Gamarra, jefa de la Unidad Anticorrupción, reveló más datos sobre la mercadería que no llegó a las familias vulnerables de Trelew y terminó en reuniones políticas. Audios comprometedores, licitaciones dibujadas y cámaras frigoríficas rotas. Fiscalía tiene un año para terminar su investigación. La versión de las defensas.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
“Usaron esa carne de buena calidad para comer asados con el intendente y para organizar reuniones políticas”. Lo reveló Julieta Gamarra, jefa de la Unidad Anticorrupción, en la audiencia de apertura de investigación para 7 personas por la causa Pollos de Papel, que investiga el destino de mercadería que debía ir para ayuda sociales pero cuyo rastro se perdió.
Este jueves, el juez Marcelo Nieto Di Biase declaró al expediente como “caso complejo”: significa que la Fiscalía tiene tiempo hasta noviembre de 2026 para buscar más evidencia del presunto fraude de casi $ 170 millones en perjuicio de la Municipalidad de Trelew.
Aunque la pantalla en la sala de audiencias estaba preparada, el juez escuchó la queja de la defensora Romina Rowlands y no permitió a la fiscal reproducir los audios de WhatsApp enviados entre los 5 exfuncionarios y los dos comerciantes. Consideró que es prueba que debe conocerse recién en un juicio oral y público.
Aún así Gamarra explicó que Marcelo Olivera, exsecretario de Hacienda, sostuvo una “comunicación permanente” con Rainiero Frontini y Elías Tellechea, los proveedores imputados.
Olivera, junto con el exsecretario de Desarrollo Social, Ángel Castillo, y la excoordinadora del área de Contratación, Eliana Gómez, ordenaban quiénes y cuándo debían retirar pollos y carne de los locales. Gómez les avisaba a los comerciantes cuándo se lanzarían las licitaciones y a qué precios debían cotizar para no tener competidores.
La fiscal leyó transcripciones de audios donde Frontini preguntaba a Olivera “si lo que se iba a licitar era por la mercadería ya entregada, y le contestaban que sí”.
Cuando los comerciantes preguntaban los montos a licitar, Gómez les prometía: “De armar los expedientes me encargo yo”. El origen del trámite ya era fraudulento.
“Fue una estructura delictiva compleja y organizada, nacida en el municipio con funcionarios de jerarquía que tenían el control de los bienes públicos y en connivencia con los comerciantes”, subrayó Gamarra.
Frontini y Tellechea entregaron pollos y carne respectivamente. Debían llegar a una lista oficial de familias vulnerables incluida en el Programa de Asistencia Alimentaria, que rigió entre 2022 y 2023. Pero esa lista nunca existió y esa comida alimentó otros encuentros, con el exintendente Adrián Maderna incluido según la versión de la acusación.
“Los expedientes se armaban de acuerdo a las necesidades de ese Plan pero esos papeles no coincidían con lo que se entregaba, como chorizos, asado de buena calidad y carne para locro”, graficó la fiscal. “Los remitos y las facturas eran falsos”.
El depósito de Acción Social posee tres cámaras frigoríficas, no congeladoras. Dos no funcionaban desde 2001. Sin embargo, en esa época Castillo firmó una nota oficial asegurando que las tres cámaras estaban prendidas.
Aunque hubiese sido obligatorio que tantas cajas de pollos y carne se depositaran en el único espacio disponible, era imposible que entraran. Dos antiguas empleadas del depósito declararon que nunca vieron esa mercadería.
Otros audios reflejan cómo los involucrados buscaban alguien para firmar los remitos falsos. “Por eso aparece Diego Catrimay (exjefe del Programa de Protección Social). No fue una desprolijidad sino una defraudación multimillonaria”, describió la fiscal.
Fabián Gabalachis y Federico Ruffa, defensores de Tellechea y Frontini, insistieron con que sus clientes entregaron los alimentos sin sobreprecios. “Si pollos y carne no fueron donde debían ir no es problema de los comerciantes sino de los exfuncionarios; como hombres de negocios, pedían cobrar. Ellos dos no le causaron daño al municipio”.
Rowlands y Sergio Rey, que patrocinan a los cinco exfuncionarios, acusaron a la Fiscalía de “recortar los hechos y los testimonios a su conveniencia” ya que en la propia investigación preliminar hay testigos –incluso de la Coordinación de Intendencia- que explicaron cómo fue el procedimiento de entrega de los productos y el camino que siguieron.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
“Usaron esa carne de buena calidad para comer asados con el intendente y para organizar reuniones políticas”. Lo reveló Julieta Gamarra, jefa de la Unidad Anticorrupción, en la audiencia de apertura de investigación para 7 personas por la causa Pollos de Papel, que investiga el destino de mercadería que debía ir para ayuda sociales pero cuyo rastro se perdió.
Este jueves, el juez Marcelo Nieto Di Biase declaró al expediente como “caso complejo”: significa que la Fiscalía tiene tiempo hasta noviembre de 2026 para buscar más evidencia del presunto fraude de casi $ 170 millones en perjuicio de la Municipalidad de Trelew.
Aunque la pantalla en la sala de audiencias estaba preparada, el juez escuchó la queja de la defensora Romina Rowlands y no permitió a la fiscal reproducir los audios de WhatsApp enviados entre los 5 exfuncionarios y los dos comerciantes. Consideró que es prueba que debe conocerse recién en un juicio oral y público.
Aún así Gamarra explicó que Marcelo Olivera, exsecretario de Hacienda, sostuvo una “comunicación permanente” con Rainiero Frontini y Elías Tellechea, los proveedores imputados.
Olivera, junto con el exsecretario de Desarrollo Social, Ángel Castillo, y la excoordinadora del área de Contratación, Eliana Gómez, ordenaban quiénes y cuándo debían retirar pollos y carne de los locales. Gómez les avisaba a los comerciantes cuándo se lanzarían las licitaciones y a qué precios debían cotizar para no tener competidores.
La fiscal leyó transcripciones de audios donde Frontini preguntaba a Olivera “si lo que se iba a licitar era por la mercadería ya entregada, y le contestaban que sí”.
Cuando los comerciantes preguntaban los montos a licitar, Gómez les prometía: “De armar los expedientes me encargo yo”. El origen del trámite ya era fraudulento.
“Fue una estructura delictiva compleja y organizada, nacida en el municipio con funcionarios de jerarquía que tenían el control de los bienes públicos y en connivencia con los comerciantes”, subrayó Gamarra.
Frontini y Tellechea entregaron pollos y carne respectivamente. Debían llegar a una lista oficial de familias vulnerables incluida en el Programa de Asistencia Alimentaria, que rigió entre 2022 y 2023. Pero esa lista nunca existió y esa comida alimentó otros encuentros, con el exintendente Adrián Maderna incluido según la versión de la acusación.
“Los expedientes se armaban de acuerdo a las necesidades de ese Plan pero esos papeles no coincidían con lo que se entregaba, como chorizos, asado de buena calidad y carne para locro”, graficó la fiscal. “Los remitos y las facturas eran falsos”.
El depósito de Acción Social posee tres cámaras frigoríficas, no congeladoras. Dos no funcionaban desde 2001. Sin embargo, en esa época Castillo firmó una nota oficial asegurando que las tres cámaras estaban prendidas.
Aunque hubiese sido obligatorio que tantas cajas de pollos y carne se depositaran en el único espacio disponible, era imposible que entraran. Dos antiguas empleadas del depósito declararon que nunca vieron esa mercadería.
Otros audios reflejan cómo los involucrados buscaban alguien para firmar los remitos falsos. “Por eso aparece Diego Catrimay (exjefe del Programa de Protección Social). No fue una desprolijidad sino una defraudación multimillonaria”, describió la fiscal.
Fabián Gabalachis y Federico Ruffa, defensores de Tellechea y Frontini, insistieron con que sus clientes entregaron los alimentos sin sobreprecios. “Si pollos y carne no fueron donde debían ir no es problema de los comerciantes sino de los exfuncionarios; como hombres de negocios, pedían cobrar. Ellos dos no le causaron daño al municipio”.
Rowlands y Sergio Rey, que patrocinan a los cinco exfuncionarios, acusaron a la Fiscalía de “recortar los hechos y los testimonios a su conveniencia” ya que en la propia investigación preliminar hay testigos –incluso de la Coordinación de Intendencia- que explicaron cómo fue el procedimiento de entrega de los productos y el camino que siguieron.