Recuperan una estancia tomada por una comunidad mapuche

En un operativo con un importante despliegue, Policía recuperó un establecimiento rural en Gualjaina que había sido usurpado y detuvo a cuatro personas además de secuestrar un vehículo, tarjetas de crédito, documentación y celulares.

La tarde de este jueves 6, el administrador de una estancia local alertó al personal policial sobre el ingreso de personas ajenas al predio que intentaron ocultar los registros de las cámaras de seguridad colocadas en el sector.
Los efectivos concurrieron al lugar donde dos personas manifestaron que “el campo les pertenecía por tratarse de tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad Mapuche”. En ese momento, se constató la presencia de otras tres personas en inmediaciones.

Se informó la situación al fiscal de turno, Ismael Cerda, y el juez Ricardo Rolón ordenó allanamientos.

Además del delito de usurpación, se configuró el agravante de “robo doblemente calificado por haber sido cometido en despoblado y en banda” debido a que el denunciante comprobó la sustracción de herramientas del establecimiento. Se restituyó la propiedad al damnificado de manera inmediata.

Si bien las cuatro personas no invocaron la pertenencia a ninguna comunidad mapuche en particular, dos de ellos tienen vinculación con grupos radicalizados que operaron en la zona con distintas modalidades delictivas que incluyeron usurpaciones de tierras privadas.

El Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, recordó que ante los cambios "en la Ley Procesal, en lo referido a usurpación hay que desalojar inmediatamente".

Según el parte de prensa de Fiscalía de Esquel, en la audiencia de apertura de investigación se supo que las cuatro personas ingresaron en el predio con sus rostros cubiertos, dañando un candado y las cámaras de seguridad del predio.

Fiscalía sostuvo que, una vez adentro, los acusados forzaron la puerta de un depósito y se llevaron una motosierra y una amoladora inalámbrica. Por el lugar en que ocurrió y la cantidad de personas posiblemente involucradas, calificó provisoriamente el robo como agravado por ser cometido en despoblado y en banda.

Luis Virgilio Sánchez, defensor de los cuatro imputados, desconoció el robo indicando que los imputados no tenían los elementos faltantes al ser aprehendidos.

El punto central de la defensa fue que la disputa es de naturaleza compleja y territorial, señalando que la zona es territorio comunitario mapuche. Mencionó la existencia de denuncias previas de los imputados por fraude y venta ilegal de tierras. Añadió que no hubo clandestinidad sino una "reivindicación territorial" que había sido notificada previamente al organismo competente.

El juez sostuvo que las cuestiones de propiedad se resolverán en los fueros civil o administrativo, ordenando la restitución inmediata de la posesión del inmueble al propietario, aunque aclaró que es una medida provisoria que no resuelve quién es el dueño definitivo de la tierra.

También dispuso que los cuatro imputados tienen prohibido acercarse o ingresar al establecimiento rural por un plazo de seis meses y ordenó la devolución de la camioneta secuestrada a su titular, una vez que la Fiscalía finalice las medidas que deba realizar sobre el vehículo. La imputada recibirá su camioneta en carácter de depositaria judicial, no podrá venderla o transferirla.

Al cierre de la audiencia, uno de los imputados hizo uso de la palabra como representante mapuche y refutó las acusaciones de robo y violencia.

Sostuvo que su presencia era para legitimar la reivindicación territorial y actuar como conexión con el INAI. Concluyó que el conflicto es de naturaleza política y debe resolverse a través del diálogo con las máximas autoridades, no en la justicia penal, insistiendo en que las tierras son territorio comunitario mapuche reconocido.