El Sitrajuch y Magistrados piden el juicio político contra Javier Raidan
El gremio y la asociación que agrupa a jueces, fiscales y defensores formalizaron la denuncia contra el presidente del máximo órgano del Poder Judicial de Chubut. Lo acusan de mal desempeño, incumplimiento de los deberes a su cargo y de desconocimiento inexcusable del derecho, entre otros puntos.
Con el patrocinio letrado de los reconocidos abogados Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (Sitrajuch) y la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial de Chubut (AMFJCh) presentaron ante la Legislatura de Chubut el pedido formal de juicio político contra Javier Raidan, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, actualmente de licencia por cuestiones de salud.
Según el texto de la denuncia presentada, al que accedió Jornada, se solicita de dé inicio al procedimiento de juicio político y se detalla a lo largo de 70 páginas todos los hechos que, según los denunciantes, “configuran causas de destitución”.
En el primer punto se habla de “independencia, autonomía e imparcialidad”, y se cuestiona severamente la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Se consigna que “la idea de la República democrática se construye sobre la base de tres poderes que se equilibran y controlan, que se reparten las competencias del Estado conforme normas constitucionales, y que las defienden de toda intromisión indebida de otro de los poderes. Para controlar el desmadre de su rol cuando uno de los poderes abusa de las atribuciones asignadas, hay remedios constitucionales”.
También se cuestiona el “sometimiento del Poder Judicial a la Subsecretaría de Trabajo”, en relación al reclamo del sindicato que terminó con una intervención inusual de este organismo provincial; “el sometimiento del Poder Judicial a una reprimenda del Poder Ejecutivo cuando se conoció que los ministros del Superior tribunal de Justicia aumentaron sus remuneraciones quebrantando las disposiciones de la Ley de porcentualidad, que incluyó un cuestionamiento del gobernador Nacho Torres al alto Tribunal.
También se lo acusa a Raidan de “delegación prohibida de competencias asignadas por vía constitucional y legal”; por el “aumento de las remuneraciones del Superior Tribunal sin sustento legal en la Ley de Porcentualidad”; por el “uso de vehículos del Poder Judicial para el traslado de los Ministros a sus domicilios particulares, ubicados a más de 70 km de la sede del Tribunal”; por la asignación de “viáticos diferenciados para los ministros/as y para los choferes de ministros/as”, entre otros puntos.
“Como hemos anticipado supra, los hechos descriptos en la esta presentación son pasibles de ser encuadrados dentro de las causales que ameritan la realización de un juicio político y la remoción del cargo que ostenta el acusado, establecidos en el art. 10 de la Ley V – 79 y 198, ss y cc. de la Constitución de Chubut”, señala la denuncia.
“Principalmente -agregan los denunciantes-, las conductas expuestas son encuadrables como ‘incumplimiento de los deberes a su cargo” (Art. 11 nc. A Ley V-79), pero también podrían ser abarcadas por las causales de ‘faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones’ y ‘desconocimiento inexcusable del derecho” (art. 10, incs. a, b y c, Ley V – 79 y arts. 165 conforme 195, CN).”
Ahora, la denuncia será girada a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, y una vez verificada su admisibilidad, llegaría a la Sala de Acusar para dar inicio al juicio político.
Es importante tener en cuenta que el oficialismo provincial tiene mayoría en esta comisión y en la Sala de Acusar, por lo cual ahora se abre un camino de discusión política que será clave para saber si el pedido avanza o es desestimado.
Con el patrocinio letrado de los reconocidos abogados Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (Sitrajuch) y la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial de Chubut (AMFJCh) presentaron ante la Legislatura de Chubut el pedido formal de juicio político contra Javier Raidan, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, actualmente de licencia por cuestiones de salud.
Según el texto de la denuncia presentada, al que accedió Jornada, se solicita de dé inicio al procedimiento de juicio político y se detalla a lo largo de 70 páginas todos los hechos que, según los denunciantes, “configuran causas de destitución”.
En el primer punto se habla de “independencia, autonomía e imparcialidad”, y se cuestiona severamente la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Se consigna que “la idea de la República democrática se construye sobre la base de tres poderes que se equilibran y controlan, que se reparten las competencias del Estado conforme normas constitucionales, y que las defienden de toda intromisión indebida de otro de los poderes. Para controlar el desmadre de su rol cuando uno de los poderes abusa de las atribuciones asignadas, hay remedios constitucionales”.
También se cuestiona el “sometimiento del Poder Judicial a la Subsecretaría de Trabajo”, en relación al reclamo del sindicato que terminó con una intervención inusual de este organismo provincial; “el sometimiento del Poder Judicial a una reprimenda del Poder Ejecutivo cuando se conoció que los ministros del Superior tribunal de Justicia aumentaron sus remuneraciones quebrantando las disposiciones de la Ley de porcentualidad, que incluyó un cuestionamiento del gobernador Nacho Torres al alto Tribunal.
También se lo acusa a Raidan de “delegación prohibida de competencias asignadas por vía constitucional y legal”; por el “aumento de las remuneraciones del Superior Tribunal sin sustento legal en la Ley de Porcentualidad”; por el “uso de vehículos del Poder Judicial para el traslado de los Ministros a sus domicilios particulares, ubicados a más de 70 km de la sede del Tribunal”; por la asignación de “viáticos diferenciados para los ministros/as y para los choferes de ministros/as”, entre otros puntos.
“Como hemos anticipado supra, los hechos descriptos en la esta presentación son pasibles de ser encuadrados dentro de las causales que ameritan la realización de un juicio político y la remoción del cargo que ostenta el acusado, establecidos en el art. 10 de la Ley V – 79 y 198, ss y cc. de la Constitución de Chubut”, señala la denuncia.
“Principalmente -agregan los denunciantes-, las conductas expuestas son encuadrables como ‘incumplimiento de los deberes a su cargo” (Art. 11 nc. A Ley V-79), pero también podrían ser abarcadas por las causales de ‘faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones’ y ‘desconocimiento inexcusable del derecho” (art. 10, incs. a, b y c, Ley V – 79 y arts. 165 conforme 195, CN).”
Ahora, la denuncia será girada a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, y una vez verificada su admisibilidad, llegaría a la Sala de Acusar para dar inicio al juicio político.
Es importante tener en cuenta que el oficialismo provincial tiene mayoría en esta comisión y en la Sala de Acusar, por lo cual ahora se abre un camino de discusión política que será clave para saber si el pedido avanza o es desestimado.