Crímenes de odio LGBTQI+: alertan sobre la violencia estructural
En los primeros seis meses de 2025, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ registró 102 ataques violentos motivados por odio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.
El informe semestral, elaborado por la Defensoría LGBTQI+ en articulación con la Federación Argentina LGBTQI+ y organismos públicos, revela un aumento del 70% con respecto al mismo período del año anterior y evidencia un contexto de creciente violencia institucional y social.
Según el relevamiento, el 70,6?% de las víctimas fueron mujeres trans, seguidas por varones gay cis 16,7?% y lesbianas 6,9?%.
Estos casos se concentran en lesiones a la integridad física 83,3?%, aunque 17 personas murieron como consecuencia directa de la violencia de odio, ya sea por asesinatos, muertes evitables derivadas de la exclusión estructural, o suicidios.
Las formas de agresión incluyeron golpes, puñaladas, abusos sexuales, disparos y privación ilegítima de la libertad, aunque lo que es más alarmante aún es que el 54% de estos hechos ocurrieron en contextos de encierro institucional, como comisarías y cárceles.
Además, el informe denuncia que en el 64,7?% de los casos el Estado fue responsable directo de la violencia, ya sea por la acción de las fuerzas de seguridad o por omisión de otras instituciones públicas.
El Observatorio advierte que los discursos de odio provenientes desde el Poder Ejecutivo, incluidos los del Presidente de la Nación, no solo alimentan el estigma social, sino que se traducen en represión concreta contra las personas LGBTQI+.
Cita como ejemplo los maltratos sistemáticos en el penal de Sierra Chica, localidad del partido de Olavarría y los operativos policiales contra trabajadoras trans en espacios públicos.
Por último, el documento concluye con que los crímenes de odio sean tipificados como tales por la Justicia y que se apruebe de forma urgente una nueva Ley Nacional contra la Discriminación, actualmente en estado parlamentario.
Finalmente el Observatorio atacó contra este pedido y manifestó: “No podemos permitir que el odio se convierta en doctrina oficial ni que la violencia se naturalice. La violencia institucional es hoy una de las principales formas de disciplinamiento social hacia la diversidad sexual”.
El informe semestral, elaborado por la Defensoría LGBTQI+ en articulación con la Federación Argentina LGBTQI+ y organismos públicos, revela un aumento del 70% con respecto al mismo período del año anterior y evidencia un contexto de creciente violencia institucional y social.
Según el relevamiento, el 70,6?% de las víctimas fueron mujeres trans, seguidas por varones gay cis 16,7?% y lesbianas 6,9?%.
Estos casos se concentran en lesiones a la integridad física 83,3?%, aunque 17 personas murieron como consecuencia directa de la violencia de odio, ya sea por asesinatos, muertes evitables derivadas de la exclusión estructural, o suicidios.
Las formas de agresión incluyeron golpes, puñaladas, abusos sexuales, disparos y privación ilegítima de la libertad, aunque lo que es más alarmante aún es que el 54% de estos hechos ocurrieron en contextos de encierro institucional, como comisarías y cárceles.
Además, el informe denuncia que en el 64,7?% de los casos el Estado fue responsable directo de la violencia, ya sea por la acción de las fuerzas de seguridad o por omisión de otras instituciones públicas.
El Observatorio advierte que los discursos de odio provenientes desde el Poder Ejecutivo, incluidos los del Presidente de la Nación, no solo alimentan el estigma social, sino que se traducen en represión concreta contra las personas LGBTQI+.
Cita como ejemplo los maltratos sistemáticos en el penal de Sierra Chica, localidad del partido de Olavarría y los operativos policiales contra trabajadoras trans en espacios públicos.
Por último, el documento concluye con que los crímenes de odio sean tipificados como tales por la Justicia y que se apruebe de forma urgente una nueva Ley Nacional contra la Discriminación, actualmente en estado parlamentario.
Finalmente el Observatorio atacó contra este pedido y manifestó: “No podemos permitir que el odio se convierta en doctrina oficial ni que la violencia se naturalice. La violencia institucional es hoy una de las principales formas de disciplinamiento social hacia la diversidad sexual”.