Crisis judicial: la AMFJCH apelará la medida de la Fiscalía
La entidad que nuclea a magistrados y funcionarios cuestionó al Ministerio Público Fiscal que sostuvo que no hubo delitos de los ministros del máximo organismo judicial chubutense. Insistirán con su denuncia e indicó que "la impunidad del poder repugna a toda la ciudadanía”.
A propósito del dictamen fiscal en la denuncia de la AMFJCH contra el STJ. La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut hizo saber que “ante la arbitrariedad e ilegalidad del dictamen de los fiscales Lucas Papini, Lucas Kolstch e Ivana Berazategui”, mediante el cual desestiman la denuncia penal presentada por esta Asociación en contra de los ministros y ministras del STJ por distintas medidas dictadas en su exclusivo beneficio, presentará “los recursos procesales que le confiere la ley, recurriendo, si fuese necesario, a las instancias internacionales”.
En ese sentido, dicha entidad denunció “que el MPF (Ministerio Público Fiscal) omitió notificar a esta institución como quedaría integrado el equipo de fiscales que suscriben la decisión desestimatoria, impidiéndonos ejercer las facultades de recusar a los mismos.
Hacemos notar que intervino el doctor Lucas Papini, designado hace pocos meses, quien debió excusarse en razón de mantener amistad, pública y notoria, con el Dr. Andrés Giacomone, además de haber sido Fiscal de Estado Adjunto al tiempo que el ministro antes citado era Fiscal de Estado y fueron juntos cofundadores de la Asociación de Derecho Administrativo de Chubut, que ambos dirigen en la actualidad”, informó.
Cabe recordar que “el Dr. Papini fue cuestionado por no tener los años de matrícula para acceder al cargo de Fiscal, logrando revertir la decisión inicial adversa del Consejo de la Magistratura y, en la audiencia ante dicho organismo, expresó que de encontrarse en una situación como la que aquí se denuncia se apartaría de la investigación”.
Agregó que “el tratamiento en tiempo récord de la denuncia, comparado con cualquier otra interpuesta por un ciudadano común, sumado a la falta de investigación real de los pormenores del caso, contraviene el principio constitucional de objetividad que rige la función del Ministerio Público Fiscal que respetan, a diario, la gran mayoría de los integrantes de dicha institución”.
Grosero desconocimiento
Añadió que “se verifica en el dictamen fiscal de dicha terna, un grosero desconocimiento del derecho al afirmar que rigen o mantienen su vigencia acordadas dictadas por el STJ, con anterioridad a la sanción de las leyes de Porcentualidad, de Libre Acceso a las Fuentes de Información y Orgánica de la Magistratura, por la sola circunstancia de no haber sido reglamentadas, desconociendo la operatividad de las Leyes sancionadas por la Legislatura y la supremacía de estas respecto de cualquier otro acto administrativo o que se oponga a las mismas”.
También dijo que “es notoria la contrariedad de dicha afirmación con el sistema jurídico ya que de ser así bastaría que una ley no se reglamente para evitar su entrada en vigencia. Es contrario al sistema republicano la pretensa justificación de los sobresueldos sobre la base de que los mismos se habrían abonados con una partida de “Fondos Reservados”, porque ello implica aceptar que el dinero público puede ser utilizado sin ningún tipo de control y sin verificar -mínimamente- que el monto de esa partida del Presupuesto del Poder Judicial para el año 2025, ni siquiera alcanza para pagar las sumas que se le abonaron a los ministros/as durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo”.
Consignó luego que “es evidente que el problema no es sólo el abuso de poder de quienes ejercen la máxima magistratura provincial, sino su ocultamiento por parte de los tres fiscales ya mencionados, que deliberadamente legitima hechos ilegales y normaliza acciones que se contradicen con los Tratados que nuestro país ha suscripto para erradicar la corrupción, tales como: auto concederse adicionales de sueldo de hasta un 60%, pasajes aéreos, viáticos excesivos y diferenciados, uso de vehículos de autos de alta gama, tarjetas bancarias corporativas, designaciones de familiares y amistades en altos cargos sin el debido concurso, ocultar información pública, entre otros”.
Finalmente, la Asociación de Magistrados sostuvo que “el dictamen fiscal que se cuestiona confirma que sin independencia judicial no hay justicia y que la impunidad del poder repugna a toda la ciudadanía”.
A propósito del dictamen fiscal en la denuncia de la AMFJCH contra el STJ. La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut hizo saber que “ante la arbitrariedad e ilegalidad del dictamen de los fiscales Lucas Papini, Lucas Kolstch e Ivana Berazategui”, mediante el cual desestiman la denuncia penal presentada por esta Asociación en contra de los ministros y ministras del STJ por distintas medidas dictadas en su exclusivo beneficio, presentará “los recursos procesales que le confiere la ley, recurriendo, si fuese necesario, a las instancias internacionales”.
En ese sentido, dicha entidad denunció “que el MPF (Ministerio Público Fiscal) omitió notificar a esta institución como quedaría integrado el equipo de fiscales que suscriben la decisión desestimatoria, impidiéndonos ejercer las facultades de recusar a los mismos.
Hacemos notar que intervino el doctor Lucas Papini, designado hace pocos meses, quien debió excusarse en razón de mantener amistad, pública y notoria, con el Dr. Andrés Giacomone, además de haber sido Fiscal de Estado Adjunto al tiempo que el ministro antes citado era Fiscal de Estado y fueron juntos cofundadores de la Asociación de Derecho Administrativo de Chubut, que ambos dirigen en la actualidad”, informó.
Cabe recordar que “el Dr. Papini fue cuestionado por no tener los años de matrícula para acceder al cargo de Fiscal, logrando revertir la decisión inicial adversa del Consejo de la Magistratura y, en la audiencia ante dicho organismo, expresó que de encontrarse en una situación como la que aquí se denuncia se apartaría de la investigación”.
Agregó que “el tratamiento en tiempo récord de la denuncia, comparado con cualquier otra interpuesta por un ciudadano común, sumado a la falta de investigación real de los pormenores del caso, contraviene el principio constitucional de objetividad que rige la función del Ministerio Público Fiscal que respetan, a diario, la gran mayoría de los integrantes de dicha institución”.
Grosero desconocimiento
Añadió que “se verifica en el dictamen fiscal de dicha terna, un grosero desconocimiento del derecho al afirmar que rigen o mantienen su vigencia acordadas dictadas por el STJ, con anterioridad a la sanción de las leyes de Porcentualidad, de Libre Acceso a las Fuentes de Información y Orgánica de la Magistratura, por la sola circunstancia de no haber sido reglamentadas, desconociendo la operatividad de las Leyes sancionadas por la Legislatura y la supremacía de estas respecto de cualquier otro acto administrativo o que se oponga a las mismas”.
También dijo que “es notoria la contrariedad de dicha afirmación con el sistema jurídico ya que de ser así bastaría que una ley no se reglamente para evitar su entrada en vigencia. Es contrario al sistema republicano la pretensa justificación de los sobresueldos sobre la base de que los mismos se habrían abonados con una partida de “Fondos Reservados”, porque ello implica aceptar que el dinero público puede ser utilizado sin ningún tipo de control y sin verificar -mínimamente- que el monto de esa partida del Presupuesto del Poder Judicial para el año 2025, ni siquiera alcanza para pagar las sumas que se le abonaron a los ministros/as durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo”.
Consignó luego que “es evidente que el problema no es sólo el abuso de poder de quienes ejercen la máxima magistratura provincial, sino su ocultamiento por parte de los tres fiscales ya mencionados, que deliberadamente legitima hechos ilegales y normaliza acciones que se contradicen con los Tratados que nuestro país ha suscripto para erradicar la corrupción, tales como: auto concederse adicionales de sueldo de hasta un 60%, pasajes aéreos, viáticos excesivos y diferenciados, uso de vehículos de autos de alta gama, tarjetas bancarias corporativas, designaciones de familiares y amistades en altos cargos sin el debido concurso, ocultar información pública, entre otros”.
Finalmente, la Asociación de Magistrados sostuvo que “el dictamen fiscal que se cuestiona confirma que sin independencia judicial no hay justicia y que la impunidad del poder repugna a toda la ciudadanía”.