De boca en boca y #Satirita
El Superior Tribunal ventiló datos oficiales: cuántos vehículos compró y por qué monto. El acto por los 30 años del Consejo de la Magistratura estuvo picante. Y más. Don Otto, la concesionaria de La Hoya, en la picota en Chubut y Neuquén.
Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut contestó el pedido de informes de la Legislatura Provincial, enmarcado en la Resolución N°119/25, mediante la cual los diputados provinciales se dirigieron al presidente del STJ, Javier Raidan “a los efectos de que, en un plazo 72 horas” remitiera un informe completo sobre las acordadas dictadas en durante 2025, sobre todo las relacionadas al eje del escándalo que se desató hace pocas semanas: los aumentos salariales encubiertos; y la polémica compra de vehículos de alta gama.
Sobre este punto en particular hay una novedad en el informe que Raidan envió a la Legislatura: no se tratarían de cinco vehículos comprados, como se traslucía de una acordada del año pasado, sino de un total de siete.
Dice textualmente la respuesta del Superior Tribunal a los diputados que “por medio del Expte. N° 1525/2024 PJ se tramitó la Licitación Pública N° 42/2024 caratulada ‘Adquisición de Vehículos Oficiales p/el STJ’, y mediante Acuerdo Plenario N° 5373/2024 de fecha 05/12/2024” se adjudicó a una concesionaria de Trelew la adquisición de cinco vehículos. Se trata de tres Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7ª, valuadas en $ 89.600.000 cada una; y dos Toyota Corolla Cross 2.0 XLI CVT, valuadas en $ 47.050.000 cada una.
Sin embargo, en la misma nota, el Superior da cuenta de otro expediente para adquirir vehículos: “Mediante Expte. N° 387/2025 - PJ se encuentra en trámite la Licitación Pública N° 13/2025 caratulada ‘Adquisición de Vehículos Oficiales p/el STJ’”. Y agrega que “a través del Acuerdo Plenario N° 5490/2025 de fecha 29/05/2025” se adjudicó a la misma concesionaria de Trelew la adquisición de dos vehículos por un total de $ 131.470.120: se trata de una Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7ª, valuada en $ 83.960.000; y una Toyota Corolla Cross 2.0 XLI CVT, valuada en $ 47.510.120.
“Al día de la fecha no se cuenta con el dominio de estos últimos, ya que aún no fueron entregados”, aclara Raidan en su respuesta a los diputados.
Es decir que, según estos registros oficiales, los ministros del Superior aprobaron entre el año pasado y el actual las compras de cuatro lujosas Toyota SW4 por un total de $ 352.760.000; y tres Toyota Corolla Cross por un total de $ 141.610.000. En total, para renovar la flota de vehículos, los ministros del Superior Tribunal gastaron la friolera de $ 494.370.000.
El dato no fue confirmado, pero las cuatro camioentas 4x4 están destinadas a los cuatro ministros hombres (Raidan, Andrés Giacomone, Ricardo Napolitani y Mario Vivas). En tanto, doslos Corolla Cross serían para las ministras mujeres (Camila Banfi Saaavedra y Silvia Bustos). El tercero ya tendría destino, pero aún no se filtró el nombre del beneficiado o beneficiada.
De este pedido de informes se desprende que un rumor echado a correr por algunos empleados del Poder Judicial de Chubut no era cierto: las camionetas en cuestión no habían sido adquiridas en una concesionaria Toyota de la ciudad de Comodoro Rivadavia, propiedad del grupo empresario que lidera Cristóbal López, sino en una de Trelew que no tiene vínculos con el conocido empresario.
Y otro dato erróneo, divulgado hace unos meses por el diario Clarín y que se comentó en esta misma Columna hace una semana: Raidan nunca ofició como abogado de López en ninguna situación.
¿Cuántos millones son?
“Un grito federal y soberano que se escucha desde el sur”, tituló su posteo en redes sociales el gobernador Nacho Torres para referirse a la firma del acuerdo con sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, para realizar las obras en el Gasoducto Patagónico que debería hacer el Gobierno nacional.
Hasta ahí, todo bien. El tema es que hubo una curiosa y gruesa disparidad en las cifras divulgadas por los gobernadores oficialmente. Por un lado, Torres anunció “el inicio de la ampliación del Gasoducto Cordillerano, una obra estratégica, financiada con fondos propios de las tres provincias, con una inversión de 50 millones de dólares, que llevará gas natural a más de 12 mil hogares de la Patagonia”.
El neuquino Figueroa se expresó en el mismo sentido: afirmó que “las obras demandarán una inversión estimada de 50 mil millones de pesos” y que “el Banco Provincia del Neuquén (BPN) otorgó esta semana un préstamo de 12.400 millones de pesos a la empresa Camuzzi para ejecutar los trabajos” y que “el Banco del Chubut financiará a la firma un monto similar”.
Pero el rionegrino Weretilneck tiene otros números: “Las provincias hacemos lo que Nación abandonó”, escribió en sus redes sociales. Y agregó: “Río Negro, Chubut y Neuquén decidimos avanzar con fondos propios. Invertiremos $ 20.000 millones para terminar una obra que ya tiene más del 80% de ejecución. Una decisión responsable, concreta y urgente para mejorar la calidad de vida de miles de familias”.
Entre los $ 20.000 millones de Weretilneck y los $ 50.000 millones de Torres y Figueroa hay una enorme diferencia matemática.
Magistratura: aniversario picante
Al cumplir sus primeros 30 años de vida, el Consejo de la Magistratura de Chubut realizó un acto en Trelew al que asistieron muchos actores importantes de la Justicia y de la política de la Provincia.
“Saludamos a todos aquellos que han sido parte y que con su aporte hicieron posible el funcionamiento de una institución que llegó para cambiar la transparencia en el Poder Judicial de la provincia de Chubut”, señaló en su invitación el Dr. Rafael Lucchelli, titular del Consejo de la Magistratura.
“Celebramos el aniversario del inicio de un camino pionero que alumbró con la reforma constitucional de 1994 y que fue un ejemplo y un faro para otros organismos provinciales. Con la motivación de siempre, renovamos el compromiso de seguir cumpliendo con un rol clave que integró a la ciudadanía en la selección y el control de los miembros más altos de la Justicia”, agregó la invitación oficial del organismo.
Pero al momento de los discursos hubo algunos picantes. Como el del Dr. Eduardo Palacios, dos veces consejero por el Colegio de Abogados de Trelew (1995/1997 y 2009/2013), que les dedicó unos duros conceptos a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, hoy en el ojo de la tormenta por los aumentos de sueldos y la compra de vehículos de alta gama.
Palacios no tuvo dudas a la hora de cuestionar al Superior, a pesar de que entre los presentes estaban los actuales ministros del Superior Andrés Giacomone y Camila Banfi Saavedra, además de otros integrantes de la cúpula del Poder Judicial: el procurador Jorge Miquelarena y el defensor general Sebastián Daroca.
Entre los políticos se destacó el vicegobernador Gustavo Menna, que inclusive subió fotos del evento en sus redes sociales, además del intendente de Rawson, Damián Biss, y el secretario electoral de Chubut, Alejandro Tullio, entre otros.
A algunos les llamó la atención que entre el público, algunos asientos más atrás, se sentara la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sirtajuch), Gabriela Huenchual, pero ninguna de las autoridades de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial.
“¿Los habrán invitado?”, se preguntó con cierta ironía uno de los asistentes.
Críticas de los abogados
Demostrando que en el ámbito de la Justicia enfrentamientos de todo tipo, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn salió a pedir “transparencia” y “profesionalismo” al Consejo de la Magistratura, al afirmar en un comunicado que 30 años de su creación “hay muy poco para festejar”.
Los abogados madrynenses renovaron las críticas que habían formulado en el 25° aniversario, en especial, sobre el rumbo de la institución. Aquel pronunciamiento advertía que “los Colegios de Abogados -históricamente protagonistas en la elección de Magistrados- habían quedado totalmente desconectados del Consejo. Quienes ocuparon los asientos reservados a la matrícula de Puerto Madryn lo hicieron sin atender las posiciones que el Colegio recoge, como actor institucional independiente, acerca de las falencias que afectan al Poder Judicial”.
Según el Colegio de Abogados de Madryn, el paso del tiempo “no hizo más que confirmar aquel diagnóstico: salvo contadas excepciones, el tratamiento de las designaciones ha mostrado un sesgo marcadamente político, con resultados funestos para los justiciables, llegando hoy a la etapa más cuestionada en la historia del Poder Judicial chubutense”.
Es desde allí que “el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn exige, una vez más, que las normas vigentes se apliquen estrictamente y que el Consejo recupere la transparencia y el profesionalismo que justifiquen su existencia. A treinta años de su creación, el balance es adverso y no hay motivos para celebrar mientras persista esta erosión de la confianza ciudadana en el sistema de justicia”.
Los viáticos de Coliñir
En una situación inusual, el diputado provincial Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) salió a contestarle por redes sociales a una cuenta anónima que suele ventilar documentación pública sobre el Gobierno provincial, la Legislatura y el Poder Judicial. Según consta en una resolución publicada por la Legislatura, Coliñir solicitó pasajes y viáticos para los días 8, 9 y 10 de junio en la Ciudad de Buenos Aires.
Pero más allá de la contundencia del documento ventilado, que inclusive tiene la firma del vicegobernador Gustavo Menna, Coliñir lo desmintió: “Hola, jamás solicité viáticos. Un error de ajenos que me excedió, pero me ocupé de saber exactamente por qué se armó esa resolución, y quien fue el pícaro que aprovechando el error de asesoría legal, la difundió”, escribió el legislador en su cuenta de X.
Y agregó: “Me comuniqué por este tema con el presidente de Legislatura, de quien reconozco rápidamente lo resolvió. En breve compartiremos la resolución que rectifica ese error”, prometió.
¿Es posible que la Asesoría Legal de la Legislatura cometa errores de este tipo y que haya “pícaros” que los divulgan, como sugiere Coliñir? Raro.
Incendios: sigue la polémica
El juicio por los incendios en los edificios públicos de Rawson durante las protestas antimineras de diciembre de 2021 sigue sin concluir por los planteos que se han presentado.
En abril de este año se realizó el segundo juicio, porque el primero fue apelado cuando la jueza María Laura Martini aceptó paquetes de fideos, dinero en cuotas y trabajo comunitario de los imputados para no ir al debate.
En la última jornada del juicio oral (muy accidentado porque los imputados no se presentaban, por lo que dos de ellos terminaron presos durante el debate y posteriormente uno de ellos se quitó la vida), la jueza Eve Ponce resolvió que se realizaría una nueva audiencia para que la Fiscalía desarrolle correctamente sus pretensiones del alegato final porque en el debate no ocurrió.
Esto motivó que el defensor público Miguel Moyano haga una presentación para recursar a la jueza Ponce y, posteriormente, anular el juicio. En su justificación, el defensor entendió que la jueza afectó la garantía de imparcialidad ya que la magistrada “luego de declarar cerrado el debate, reabrió el juicio para otorgarle la posibilidad al Ministerio Público Fiscal de enmendar una grave omisión, fundar acabadamente los pedidos de pena”.
Analizado el caso, los jueces Ana Karina Breckle y Gustavo Daniel Castro hicieron lugar a la presentación realizada por el Dr. Moyano por lo cual recusaron a la jueza Eve Ponce. El siguiente paso ahora es plantear ante la Cámara de Apelaciones de Trelew la nulidad del juicio. Si esto se concreta, sería el segundo juicio que se anula, quedando sin responsables ni autores de los incendios que destruyeron gran parte de los edificios públicos de distintos organismos en la ciudad de Rawson.
Don Otto, en la mira por La Hoya (y Chapelco)
En los últimos días se profundizó el avance y las críticas del intendente de Esquel, Matías Taccetta, contra la concesionaria del centro de esquí La Hoya, Don Otto S.A., la empresa que en Chubut se hizo famosa como empresa de transporte de larga distancia pero que desde hace años es utilizada por el Grupo Trappa como cabecera de sus negocios como concesionarios de centros de esquí.
Al concesionario le endilgan haber aumentado el costo de los pases en La Hoya y, a su vez, de mantener los precios del Cerro Catedral, lo que hace poco competitivo al centro de esquí chubutense en relación al rionegrino. Los Trappa son una poderoso familia de Neuquén vinculada al negocio del transporte de pasajeros y la carga de paquetería (Vía Bariloche), con fuertes vínculos con la política, que hace algunos años se quedaron con el negocio del Cerro Catedral, en Bariloche (Río Negro) y más tarde con La Hoya, en Esquel, durante el gobierno de Mariano Arcioni.
La embestida de Taccetta y algunos sectores vinculados al turismo tendría el respaldo del Gobierno provincial, que ya tendría planes para La Hoya si el actual concesionario decide dar un paso al costado, aunque tiene un contrato vigente hasta 2049. Aquel contrato, firmado en 2019 durante la gestión de Arcioni, fue motorizado por el titular de CORFO en aquellos años, el ahora diputado de Despierta Chubut, el empresario Sixto Bermejo.
Es más, en el contrato vigente figuran las firmas de Bermejo y del apoderado de Don Otto, Nicolás Herrera, que todavía sigue siendo el gerente de La Hoya pero al que ya no se lo ve asiduamente por la ciudad cordillerana. Es entendible: acaba de asumir como gerente de Chapelco.
Nieve negra
En medio de ese ruido con su negocio en Chubut, el Grupo Trappa se quedó con la concesión por 25 años del cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, Neuquén. La decisión generó un fuerte rechazo por parte de los otros oferentes finalistas, que presentaron impugnaciones formales por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio.
La propuesta ganadora, según publicaron medios neuquinos y rionegrinos, incluye un ambicioso plan de inversión para modernizar y ampliar las instalaciones, con una oferta irrevocable de financiamiento por hasta $ 30.000 millones, respaldada por Transporte Integrado América S.A. (TRIAM S.A.), otra empresa vinculada a los Trappa.
Parte de esa inversión contempla la adquisición de nuevos medios de elevación -valorados en más de $ 29.000 millones- y una reconfiguración del dominio esquiable para cumplir con las normativas vigentes en materia ambiental y de seguridad.
Sin embargo, Plumas Verdes S.A. y Santiago Casanova, otros dos oferentes, presentaron impugnaciones y acusan al Estado neuquino de haber direccionado la licitación en favor de Don Otto sin respetar los principios de transparencia, legalidad e igualdad entre oferentes.
Además, denunciaron un posible “monopolio encubierto”, ya que el Grupo Trappa pasaría a controlar tres de los principales centros de esquí de la Patagonia.
Satirita, por Descartes
Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut contestó el pedido de informes de la Legislatura Provincial, enmarcado en la Resolución N°119/25, mediante la cual los diputados provinciales se dirigieron al presidente del STJ, Javier Raidan “a los efectos de que, en un plazo 72 horas” remitiera un informe completo sobre las acordadas dictadas en durante 2025, sobre todo las relacionadas al eje del escándalo que se desató hace pocas semanas: los aumentos salariales encubiertos; y la polémica compra de vehículos de alta gama.
Sobre este punto en particular hay una novedad en el informe que Raidan envió a la Legislatura: no se tratarían de cinco vehículos comprados, como se traslucía de una acordada del año pasado, sino de un total de siete.
Dice textualmente la respuesta del Superior Tribunal a los diputados que “por medio del Expte. N° 1525/2024 PJ se tramitó la Licitación Pública N° 42/2024 caratulada ‘Adquisición de Vehículos Oficiales p/el STJ’, y mediante Acuerdo Plenario N° 5373/2024 de fecha 05/12/2024” se adjudicó a una concesionaria de Trelew la adquisición de cinco vehículos. Se trata de tres Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7ª, valuadas en $ 89.600.000 cada una; y dos Toyota Corolla Cross 2.0 XLI CVT, valuadas en $ 47.050.000 cada una.
Sin embargo, en la misma nota, el Superior da cuenta de otro expediente para adquirir vehículos: “Mediante Expte. N° 387/2025 - PJ se encuentra en trámite la Licitación Pública N° 13/2025 caratulada ‘Adquisición de Vehículos Oficiales p/el STJ’”. Y agrega que “a través del Acuerdo Plenario N° 5490/2025 de fecha 29/05/2025” se adjudicó a la misma concesionaria de Trelew la adquisición de dos vehículos por un total de $ 131.470.120: se trata de una Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7ª, valuada en $ 83.960.000; y una Toyota Corolla Cross 2.0 XLI CVT, valuada en $ 47.510.120.
“Al día de la fecha no se cuenta con el dominio de estos últimos, ya que aún no fueron entregados”, aclara Raidan en su respuesta a los diputados.
Es decir que, según estos registros oficiales, los ministros del Superior aprobaron entre el año pasado y el actual las compras de cuatro lujosas Toyota SW4 por un total de $ 352.760.000; y tres Toyota Corolla Cross por un total de $ 141.610.000. En total, para renovar la flota de vehículos, los ministros del Superior Tribunal gastaron la friolera de $ 494.370.000.
El dato no fue confirmado, pero las cuatro camioentas 4x4 están destinadas a los cuatro ministros hombres (Raidan, Andrés Giacomone, Ricardo Napolitani y Mario Vivas). En tanto, doslos Corolla Cross serían para las ministras mujeres (Camila Banfi Saaavedra y Silvia Bustos). El tercero ya tendría destino, pero aún no se filtró el nombre del beneficiado o beneficiada.
De este pedido de informes se desprende que un rumor echado a correr por algunos empleados del Poder Judicial de Chubut no era cierto: las camionetas en cuestión no habían sido adquiridas en una concesionaria Toyota de la ciudad de Comodoro Rivadavia, propiedad del grupo empresario que lidera Cristóbal López, sino en una de Trelew que no tiene vínculos con el conocido empresario.
Y otro dato erróneo, divulgado hace unos meses por el diario Clarín y que se comentó en esta misma Columna hace una semana: Raidan nunca ofició como abogado de López en ninguna situación.
¿Cuántos millones son?
“Un grito federal y soberano que se escucha desde el sur”, tituló su posteo en redes sociales el gobernador Nacho Torres para referirse a la firma del acuerdo con sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, para realizar las obras en el Gasoducto Patagónico que debería hacer el Gobierno nacional.
Hasta ahí, todo bien. El tema es que hubo una curiosa y gruesa disparidad en las cifras divulgadas por los gobernadores oficialmente. Por un lado, Torres anunció “el inicio de la ampliación del Gasoducto Cordillerano, una obra estratégica, financiada con fondos propios de las tres provincias, con una inversión de 50 millones de dólares, que llevará gas natural a más de 12 mil hogares de la Patagonia”.
El neuquino Figueroa se expresó en el mismo sentido: afirmó que “las obras demandarán una inversión estimada de 50 mil millones de pesos” y que “el Banco Provincia del Neuquén (BPN) otorgó esta semana un préstamo de 12.400 millones de pesos a la empresa Camuzzi para ejecutar los trabajos” y que “el Banco del Chubut financiará a la firma un monto similar”.
Pero el rionegrino Weretilneck tiene otros números: “Las provincias hacemos lo que Nación abandonó”, escribió en sus redes sociales. Y agregó: “Río Negro, Chubut y Neuquén decidimos avanzar con fondos propios. Invertiremos $ 20.000 millones para terminar una obra que ya tiene más del 80% de ejecución. Una decisión responsable, concreta y urgente para mejorar la calidad de vida de miles de familias”.
Entre los $ 20.000 millones de Weretilneck y los $ 50.000 millones de Torres y Figueroa hay una enorme diferencia matemática.
Magistratura: aniversario picante
Al cumplir sus primeros 30 años de vida, el Consejo de la Magistratura de Chubut realizó un acto en Trelew al que asistieron muchos actores importantes de la Justicia y de la política de la Provincia.
“Saludamos a todos aquellos que han sido parte y que con su aporte hicieron posible el funcionamiento de una institución que llegó para cambiar la transparencia en el Poder Judicial de la provincia de Chubut”, señaló en su invitación el Dr. Rafael Lucchelli, titular del Consejo de la Magistratura.
“Celebramos el aniversario del inicio de un camino pionero que alumbró con la reforma constitucional de 1994 y que fue un ejemplo y un faro para otros organismos provinciales. Con la motivación de siempre, renovamos el compromiso de seguir cumpliendo con un rol clave que integró a la ciudadanía en la selección y el control de los miembros más altos de la Justicia”, agregó la invitación oficial del organismo.
Pero al momento de los discursos hubo algunos picantes. Como el del Dr. Eduardo Palacios, dos veces consejero por el Colegio de Abogados de Trelew (1995/1997 y 2009/2013), que les dedicó unos duros conceptos a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, hoy en el ojo de la tormenta por los aumentos de sueldos y la compra de vehículos de alta gama.
Palacios no tuvo dudas a la hora de cuestionar al Superior, a pesar de que entre los presentes estaban los actuales ministros del Superior Andrés Giacomone y Camila Banfi Saavedra, además de otros integrantes de la cúpula del Poder Judicial: el procurador Jorge Miquelarena y el defensor general Sebastián Daroca.
Entre los políticos se destacó el vicegobernador Gustavo Menna, que inclusive subió fotos del evento en sus redes sociales, además del intendente de Rawson, Damián Biss, y el secretario electoral de Chubut, Alejandro Tullio, entre otros.
A algunos les llamó la atención que entre el público, algunos asientos más atrás, se sentara la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sirtajuch), Gabriela Huenchual, pero ninguna de las autoridades de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial.
“¿Los habrán invitado?”, se preguntó con cierta ironía uno de los asistentes.
Críticas de los abogados
Demostrando que en el ámbito de la Justicia enfrentamientos de todo tipo, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn salió a pedir “transparencia” y “profesionalismo” al Consejo de la Magistratura, al afirmar en un comunicado que 30 años de su creación “hay muy poco para festejar”.
Los abogados madrynenses renovaron las críticas que habían formulado en el 25° aniversario, en especial, sobre el rumbo de la institución. Aquel pronunciamiento advertía que “los Colegios de Abogados -históricamente protagonistas en la elección de Magistrados- habían quedado totalmente desconectados del Consejo. Quienes ocuparon los asientos reservados a la matrícula de Puerto Madryn lo hicieron sin atender las posiciones que el Colegio recoge, como actor institucional independiente, acerca de las falencias que afectan al Poder Judicial”.
Según el Colegio de Abogados de Madryn, el paso del tiempo “no hizo más que confirmar aquel diagnóstico: salvo contadas excepciones, el tratamiento de las designaciones ha mostrado un sesgo marcadamente político, con resultados funestos para los justiciables, llegando hoy a la etapa más cuestionada en la historia del Poder Judicial chubutense”.
Es desde allí que “el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn exige, una vez más, que las normas vigentes se apliquen estrictamente y que el Consejo recupere la transparencia y el profesionalismo que justifiquen su existencia. A treinta años de su creación, el balance es adverso y no hay motivos para celebrar mientras persista esta erosión de la confianza ciudadana en el sistema de justicia”.
Los viáticos de Coliñir
En una situación inusual, el diputado provincial Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) salió a contestarle por redes sociales a una cuenta anónima que suele ventilar documentación pública sobre el Gobierno provincial, la Legislatura y el Poder Judicial. Según consta en una resolución publicada por la Legislatura, Coliñir solicitó pasajes y viáticos para los días 8, 9 y 10 de junio en la Ciudad de Buenos Aires.
Pero más allá de la contundencia del documento ventilado, que inclusive tiene la firma del vicegobernador Gustavo Menna, Coliñir lo desmintió: “Hola, jamás solicité viáticos. Un error de ajenos que me excedió, pero me ocupé de saber exactamente por qué se armó esa resolución, y quien fue el pícaro que aprovechando el error de asesoría legal, la difundió”, escribió el legislador en su cuenta de X.
Y agregó: “Me comuniqué por este tema con el presidente de Legislatura, de quien reconozco rápidamente lo resolvió. En breve compartiremos la resolución que rectifica ese error”, prometió.
¿Es posible que la Asesoría Legal de la Legislatura cometa errores de este tipo y que haya “pícaros” que los divulgan, como sugiere Coliñir? Raro.
Incendios: sigue la polémica
El juicio por los incendios en los edificios públicos de Rawson durante las protestas antimineras de diciembre de 2021 sigue sin concluir por los planteos que se han presentado.
En abril de este año se realizó el segundo juicio, porque el primero fue apelado cuando la jueza María Laura Martini aceptó paquetes de fideos, dinero en cuotas y trabajo comunitario de los imputados para no ir al debate.
En la última jornada del juicio oral (muy accidentado porque los imputados no se presentaban, por lo que dos de ellos terminaron presos durante el debate y posteriormente uno de ellos se quitó la vida), la jueza Eve Ponce resolvió que se realizaría una nueva audiencia para que la Fiscalía desarrolle correctamente sus pretensiones del alegato final porque en el debate no ocurrió.
Esto motivó que el defensor público Miguel Moyano haga una presentación para recursar a la jueza Ponce y, posteriormente, anular el juicio. En su justificación, el defensor entendió que la jueza afectó la garantía de imparcialidad ya que la magistrada “luego de declarar cerrado el debate, reabrió el juicio para otorgarle la posibilidad al Ministerio Público Fiscal de enmendar una grave omisión, fundar acabadamente los pedidos de pena”.
Analizado el caso, los jueces Ana Karina Breckle y Gustavo Daniel Castro hicieron lugar a la presentación realizada por el Dr. Moyano por lo cual recusaron a la jueza Eve Ponce. El siguiente paso ahora es plantear ante la Cámara de Apelaciones de Trelew la nulidad del juicio. Si esto se concreta, sería el segundo juicio que se anula, quedando sin responsables ni autores de los incendios que destruyeron gran parte de los edificios públicos de distintos organismos en la ciudad de Rawson.
Don Otto, en la mira por La Hoya (y Chapelco)
En los últimos días se profundizó el avance y las críticas del intendente de Esquel, Matías Taccetta, contra la concesionaria del centro de esquí La Hoya, Don Otto S.A., la empresa que en Chubut se hizo famosa como empresa de transporte de larga distancia pero que desde hace años es utilizada por el Grupo Trappa como cabecera de sus negocios como concesionarios de centros de esquí.
Al concesionario le endilgan haber aumentado el costo de los pases en La Hoya y, a su vez, de mantener los precios del Cerro Catedral, lo que hace poco competitivo al centro de esquí chubutense en relación al rionegrino. Los Trappa son una poderoso familia de Neuquén vinculada al negocio del transporte de pasajeros y la carga de paquetería (Vía Bariloche), con fuertes vínculos con la política, que hace algunos años se quedaron con el negocio del Cerro Catedral, en Bariloche (Río Negro) y más tarde con La Hoya, en Esquel, durante el gobierno de Mariano Arcioni.
La embestida de Taccetta y algunos sectores vinculados al turismo tendría el respaldo del Gobierno provincial, que ya tendría planes para La Hoya si el actual concesionario decide dar un paso al costado, aunque tiene un contrato vigente hasta 2049. Aquel contrato, firmado en 2019 durante la gestión de Arcioni, fue motorizado por el titular de CORFO en aquellos años, el ahora diputado de Despierta Chubut, el empresario Sixto Bermejo.
Es más, en el contrato vigente figuran las firmas de Bermejo y del apoderado de Don Otto, Nicolás Herrera, que todavía sigue siendo el gerente de La Hoya pero al que ya no se lo ve asiduamente por la ciudad cordillerana. Es entendible: acaba de asumir como gerente de Chapelco.
Nieve negra
En medio de ese ruido con su negocio en Chubut, el Grupo Trappa se quedó con la concesión por 25 años del cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, Neuquén. La decisión generó un fuerte rechazo por parte de los otros oferentes finalistas, que presentaron impugnaciones formales por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio.
La propuesta ganadora, según publicaron medios neuquinos y rionegrinos, incluye un ambicioso plan de inversión para modernizar y ampliar las instalaciones, con una oferta irrevocable de financiamiento por hasta $ 30.000 millones, respaldada por Transporte Integrado América S.A. (TRIAM S.A.), otra empresa vinculada a los Trappa.
Parte de esa inversión contempla la adquisición de nuevos medios de elevación -valorados en más de $ 29.000 millones- y una reconfiguración del dominio esquiable para cumplir con las normativas vigentes en materia ambiental y de seguridad.
Sin embargo, Plumas Verdes S.A. y Santiago Casanova, otros dos oferentes, presentaron impugnaciones y acusan al Estado neuquino de haber direccionado la licitación en favor de Don Otto sin respetar los principios de transparencia, legalidad e igualdad entre oferentes.
Además, denunciaron un posible “monopolio encubierto”, ya que el Grupo Trappa pasaría a controlar tres de los principales centros de esquí de la Patagonia.
Satirita, por Descartes