En la reunión semanal de la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, se resolvió archivar el pedido de juicio político que un grupo de vecinos, algunos afiliados al Partido Liberal, enviaron a los ediles hace una semana.
De esta forma se cierra la solicitud de que el cuerpo deliberativo trate la posibilidad de analizar y sancionar el accionar del concejal Samuel Alarcón por presunto “conflicto de intereses”.
Para avanzar en esa línea, la nota ingresada días atrás al Concejo Deliberante hace referencia al artículo 44 de la Carta Orgánica Municipal y establece que el edil habría incumplido con el mismo por haber votado oportunamente un aumento de tarifas para la empresa Ceferino. El presunto conflicto de interés se daría debido a que él tendría una vinculación laboral con la prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros, aunque gozando de licencia.
El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Hernán Pereira, explicó que en la Comisión de Gobierno “el oficialismo decidió archivar el pedido, no darle cabida a armar una sala de acusar, para que se pudiese investigar la situación del concejal Samuel Alarcón tras ser denunciado para un juicio político”.
Con relación a esta iniciativa, el edil aclaró que “si bien consideramos que el juicio político era algo exagerado para el pedido, queríamos que se abriera la sala de acusar para investigar si había una incompatibilidad de intereses en su voto a favor de Ceferino. Terminó archivado”.
En la reunión semanal de la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, se resolvió archivar el pedido de juicio político que un grupo de vecinos, algunos afiliados al Partido Liberal, enviaron a los ediles hace una semana.
De esta forma se cierra la solicitud de que el cuerpo deliberativo trate la posibilidad de analizar y sancionar el accionar del concejal Samuel Alarcón por presunto “conflicto de intereses”.
Para avanzar en esa línea, la nota ingresada días atrás al Concejo Deliberante hace referencia al artículo 44 de la Carta Orgánica Municipal y establece que el edil habría incumplido con el mismo por haber votado oportunamente un aumento de tarifas para la empresa Ceferino. El presunto conflicto de interés se daría debido a que él tendría una vinculación laboral con la prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros, aunque gozando de licencia.
El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Hernán Pereira, explicó que en la Comisión de Gobierno “el oficialismo decidió archivar el pedido, no darle cabida a armar una sala de acusar, para que se pudiese investigar la situación del concejal Samuel Alarcón tras ser denunciado para un juicio político”.
Con relación a esta iniciativa, el edil aclaró que “si bien consideramos que el juicio político era algo exagerado para el pedido, queríamos que se abriera la sala de acusar para investigar si había una incompatibilidad de intereses en su voto a favor de Ceferino. Terminó archivado”.